Después del 21N: ¿avance o frustración?

       ANGEL OROPEZA

EL NACIONAL 

El primer capítulo ya pasó. No fue lo ideal, pero la política se basa en hechos y no en deseos. Distinto a lo que hubiese sido deseable, los partidos políticos de la oposición democrática no se pusieron de acuerdo. Algunos decidieron participar en el evento electoral del próximo 21 de noviembre y otros prefirieron no hacerlo. Ambos grupos defendieron su decisión con argumentos racionales y de peso, por lo que no se trata aquí de emitir opinión sobre esas decisiones. Lo lamentable es que la unidad de las fuerzas políticas y sociales democráticas ya sufrió con ello un primer revés. Y la imposibilidad de alcanzar acuerdos en cuanto a las candidaturas en muchas circunscripciones ha significado un segundo y evitable tropiezo, muy conveniente por cierto para la oligarquía gobernante. Es urgente y necesario, por tanto, evitar que haya más.

Para tratar de impedir nuevas derrotas del ideal unitario –condición necesaria para el éxito de la lucha por liberación democrática de Venezuela– es importante poner el acento en al menos 6 elementos.

1. Más allá de las posiciones tomadas hacia el evento electoral de noviembre, el objetivo estratégico de todas las fuerzas democráticas es el mismo: superar a la dictadura madurista por medios pacíficos y constitucionales para iniciar un proceso de transición concertada, y poder comenzar a resolver la profunda crisis social que vivimos los venezolanos. Además, todos coinciden en que el camino estratégico para alcanzar ese objetivo es generar las condiciones de presión, producto de una fuerza cívica interna que se enlace con la acción coordinada de los actores internacionales, para logar el objetivo de unas elecciones libres y justas. Si el objetivo estratégico declarado por todos es el mismo, entonces lo que parece diferenciarnos son las consideraciones tácticas, entendiendo por táctica las acciones necesarias y tareas concretas para desarrollar la estrategia diseñada.

Si nuestra diferencia frente al evento electoral de finales de año es entonces táctica, no podemos permitir, por el bien del país, que ella nos fracture. Además, esta diferencia táctica coyuntural se va a mantener por apenas de 7 semanas. Después del 21 de noviembre tenemos que encontrarnos todos otra vez.

2. Más allá de nuestras diferencias, lo crucial y prioritario es ponernos de acuerdo para trabajar con urgencia en lo que todos parecen coincidir y es que sin presión social no hay salida posible, no importa la táctica que se adopte. Si las diversas opciones opositoras se conciben como formas distintas, pero no necesariamente excluyentes, de movilización social y de construcción de presión cívica interna, en esa medida se aleja el peligro de una indeseable ruptura que solo beneficia y fortalece a la dictadura. De nuevo, si no hay una presión social cívica sostenida y sistemática, ninguna de las opciones que actualmente se enfrentan tiene posibilidad alguna de triunfar. Es imperativo entonces encontrarnos allí y que eso sea lo que verdaderamente nos una.

3. Los objetivos declarados de quienes han decidido participar y de los que no, son loables y válidos. Los primeros buscan con la participación en el evento de noviembre objetivos como organizar a la ciudadanía, avanzar en la acumulación progresiva de  fuerzas, aceitar las maquinarias y mecanismos de movilización ciudadana, acercar la dirigencia política a la gente, avanzar en la construcción de una sólida estructura electoral e intentar ganar espacios geográficos –gobernaciones y alcaldías– para poder proteger a la gente de la tiranía. Por su parte, quienes han optado por no participar, persiguen igualmente los mismos objetivos de organización ciudadana y movilización popular a través de mecanismos diferentes, que incluyen iniciativas antifraude, la denuncia activa de las irregularidades, la auditoría popular sobre el estado real de las condiciones electorales y la socialización aguas debajo de la exigencia por elecciones libres. Pero para alcanzar los objetivos que cada sector persigue, hay que estar muy atentos a no incurrir en errores graves que deben y pueden evitarse.

4. Para los primeros, un lamentable equívoco sería convertir la campaña en una mera “fiesta electoral”, o vender perceptualmente a la población como único criterio de éxito el número de votos obtenidos o el ganar electoralmente las circunscripciones en disputa. Eso sería reducir la importancia estratégica de la participación y hacerla similar a las competiciones electorales democráticas. Y en el caso de los segundos, el peligro es la aparición de conductas de desmovilización, desatención y descuido sobre las posibilidades de la campaña para hacer valer sus objetivos. En ambos casos, hay que insistir en que el principal criterio de éxito, tanto para quienes hayan decidido participar como para los que no, es la movilización popular y el saldo de organización ciudadana en la lucha por elecciones libres. Lo demás es ganancia adicional.

5. Es necesario elevar la vista y mirar más allá de la campaña y de la jornada comicial convocada. El 22 de noviembre, una vez conocidas las resultas del evento, puede ser un día de satisfacción por el logro de los objetivos propuestos: protestar contra la dictadura, avanzar en la movilización nacional, desnudar aún más al régimen frente a los suyos, acumular fuerzas, conservar espacios importantes de poder para proteger a la ciudadanía, y obtener un saldo positivo en organización popular, insumo básico para la generación de la necesaria presión cívica interna. Si hay además logros electorales (nuevas alcaldías y gobernaciones ganadas), eso es un valor agregado importante a los objetivos anteriores

6. Pero el 22 de noviembre puede también ser un día de gran frustración en la población, si se vende incorrectamente que el único  criterio de éxito son solo números electorales y se desperdicia la oportunidad de la campaña para avanzar en el objetivo estratégico superior que a todos nos une.

Lo que tengamos después del 21N, en términos  de avance o de frustración, va a depender de lo que hagamos (o no) antes de ese día. Estamos a tiempo de evitar nuevos errores. El país que sufre, y que se siente muchas veces ajeno a los vaivenes del escenario político, lo necesita con urgencia.

@angeloropeza182

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 Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2021 de la UCAB

La severidad de la pobreza en el país tocó techo, impactando al 94,5% de la población.

76,6% vive en situación de pobreza extrema. Según comparación internacional, Venezuela tiene un nivel de pobreza extrema de 24,8%.

Las generaciones que nacieron en la crisis (2015-2020) van a vivir 3 años menos que las generaciones que nacieron entre 2000-2005. Estimábamos que para 2050 íbamos a llegar a 80 años de esperanza de vida, pero las proyecciones dan para 73 años.

El país tendría que duplicar su PIB para que todos salgan de pobreza extrema y entren en situación de pobreza.

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La unidad chucuta

          Trino Márquez

 

La oposición necesita presentarse como una opción real de poder ante la mayoría del país, pero no logra concretarlo. Cuando tiene la posibilidad de proyectarse como la alternativa frente a la incompetencia, corrupción y militarismo impúdico del régimen, se las arregla para lucir fragmentada y movida por odios mellizales. La división es uno de los grandes logros  del régimen. Con el apoyo de una reducida fracción del país, apenas un cuarto de la nación, Nicolás Maduro ha podido erigirse  en el eje del poder.

La balcanización de los sectores que lo adversan se debe a varis razones. Destaco dos que me parecen fundamentales.  Una se afinca en la estrategia divisionista instrumentada por el régimen. Esta se manifiesta de muchas maneras. Se ha perseguido, apresado, inhabilitado y obligado a irse al exilio a numerosos dirigentes de organizaciones políticas. Ha comprado figuras que en el pasado militaban en grupos opositores. Les arrebató los partidos, utilizando el Poder Judicial, a sus legítimos líderes, entregándoselos a esquiroles  que con anterioridad habían llegado a acuerdos con Maduro y su entorno. Ha financiado de forma abierta o encubierta grupúsculos que torpedean los esfuerzos unitarios. En algunas campañas electorales, ha promovido grupos disidentes que minan los esfuerzos unitarios  de la oposición. Se hace el desentendido frente a campañas millonarias de algunos personajes, que nadie sabe de dónde extraen tantos recursos financieros en una economía arruinada como la venezolana. Estas y muchas otras modalidades han sido instrumentadas por el régimen para fracturar la oposición.

La otra causa de la atomización es imputable a las propias limitaciones y errores de la oposición, que en muchos casos ha terminado siendo más ideológica y principista que el Gobierno y el   PSUV, desde hace tres lustros declarados ‘revolucionarios’ y ‘socialistas’. Los dirigentes del gobierno -tan aficionados al lenguaje patriotero, a las frases rimbombantes y a la retórica decimonónica- suelen resolver sus desencuentros con un pragmatismo autoritario implacable. Hablan de democracia protagónica y participación popular. En nombre de esta consigna, convocan primarias en las que utilizan los recursos públicos como si hubiesen sido logrados con el sudor de la frente de cada militante. Si el candidato victorioso no es del agrado de la corriente dominante de la dirección nacional, desconocen la victoria y lo sustituyen  por el que tenga mayor respaldo en la cúpula. Métodos  expeditos. Negociaciones desalmadas. Pacto dictados por la necesidad de mantener la coherencia y, sobre todo, el equilibrio de fuerzas en el comité central de la revolución.

Los miembros del régimen saben que la única forma de conservar el poder siendo una minoría tan reducida, inepta y aislada internacionalmente, es preservando los nexos que los mantienen atados. Las frases demagógicas son  buenas para los discursos de ocasión, pero no para eternizarse en Miraflores y resguardar la unidad cívico-militar que actúa como soporte  del modelo imperante.

Esta visión realista del  entorno sociopolítico se encuentra muy lejos de ser asumida por la oposición. En ninguna de las cuatro gobernaciones actualmente en manos de la oposición –Anzoátegui,  Mérida, Nueva Esparta y Táchira- se llegó a un acuerdo unitario pleno, basado en primarias o pactos convincentes. En Mérida, a Alexis Ramírez, actual mandatario regional, le aparecieron seis competidores. La MUD se decantó por Ramón Guevara, de AD Ramos Allup. Las posibilidades de triunfar en ese estado son casi nulas, a pesar de la buena labor de Ramírez. En Táchira, Laidy Gómez –muy bien evaluada por los electores-  fue descartada por la MUD por haber aceptado el respaldo de la AD de Bernabé Gutiérrez.  El aspirante  de la MUD será Fernando Andrade Roa. Esa gobernación lo más probable es que se pierda.   El gobierno podría apoderarse de una entidad que ha sido símbolo de resistencia contra los atropellos sufridos por esa población desde hace décadas. En Lara, un dirigente tan destacado como Alfonso Marquina no cesa de recriminar los acuerdos burocráticos excluyentes.

Miranda es otro caso emblemático. Por Carlos Ocariz se pronunció la MUD después que David Uzcátegui se negara a validar las supuestas encuestas que lo daban como triunfador. La validación por un comité independiente es una fórmula que se utiliza con frecuencia cuando los resultados de un estudio estadístico  son estrechos. Me da la impresión de que Uzcátegui concebía la unidad en torno a su figura, de forma irremediable. Era él el candidato, o no había unidad. Sin embargo, ese escollo pudo haberse tratado de sortear si se hubiesen agotado todas las instancias de negociación. Ese esfuerzo no se hizo. El resultado  previsible  es  que un gobernador tan opaco como el actual, repetirá sin poseer los  méritos requeridos. Otra derrota que habría sido evitable.

La oposición logró urdir apenas una unidad tardía e incompleta. Competirá el 21 de noviembre con desventaja frente al gobierno y los quinta columnas que le servirán de socios. Veremos cómo transcurre la campaña. Faltan menos de dos meses para minimizar los daños.

@trinomarquezc

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 MERKEL: UNA LIDER DEL SIGLO  XXI

HECTOR ABAD FACIOLINCE

EL ESPECTADOR

Cuando eligieron a Angela Merkel en el año 2005 yo me temía, como muchos otros, que estábamos ante la reencarnación de una dama neoliberal de corazón de hielo (o de hierro) al peor estilo de Margaret Thatcher. Trabajen, vagos, que en esta vida las desigualdades y la pobreza se deben solamente a la pereza y a la falta de esfuerzo. Cuando me fui a vivir a Berlín en el año 2006 supe más cosas sobre la nueva canciller alemana que hacían de ella un personaje mucho más complejo. No era, como Thatcher, la hija de un tendero que enseñaba a su hija a cuidar el centavo y a regatear los precios. El padre de Merkel, un pastor protestante, era hijo de un policía católico polaco que se había casado con una berlinesa y convertido a la Iglesia luterana.

Solo una fe religiosa muy honda —con toda la carga irracional que esto conlleva— permite entender que en 1954 su padre aceptara trasladarse a un pueblo de Alemania Oriental (RDA). Hay que entender lo que esto significa: en ese momento su primogénita, Angela Kasner, era una bebé recién nacida en Hamburgo, el puerto más próspero de Alemania Occidental (RFA). Su madre era profesora de inglés y de latín. Millones de ciudadanos de la RDA escapaban a occidente, hacia las libertades y el bienestar económico que ofrecía la República Federal Alemana. El pastor Kasner emprende el camino inverso, y en ese régimen opresivo (que solo ofrecía la comodidad mental de que nada podía ser cambiado) creció Kasi, como le decían a la joven Angela con un hipocorístico de su apellido.

En la RDA la joven Kasi se dedicó a estudiar y aprendió a callar. Se graduó con honores del bachillerato, de la carrera y del doctorado en Física. En todas las materias sacaba la máxima calificación, salvo en cultura marxista, donde pasaba raspando. Sin embargo, creo que en la RDA la joven Kasner y luego la señora Merkel aprendió algo valioso: la austeridad y el absoluto desinterés por la idiota banalidad del consumismo occidental. Un día yo paseaba cerca de la Isla de los Museos de Berlín con una amiga. Pasamos frente aun edificio modesto en cuya puerta había un tipo de uniforme. “Ahí vive Angela Merkel con su marido, en un apartamento de 60 m²”, me informó esta amiga. Siendo canciller, seguía viviendo ahí, en su casa de siempre, y a los palacios y residencias del gobierno solo iba para los actos oficiales.

La señora Merkel, protestante, supo entenderse y pactar con los católicos ultramontanos de Baviera. La señora Merkel, exministra de Seguridad Nuclear, pactó con los verdes el cierre de las centrales nucleares alemanas, a un costo económico enorme, que ella consideró inferior a los riesgos que se corrían. Esta misma señora inteligente y práctica, del partido Unión Demócrata Cristiana, supo entenderse con los socialdemócratas y con los liberales. Acogió más refugiados del Medio Oriente que ningún otro país occidental, contra el parecer del ala derecha de su propio partido. Les echó una mano (tan dura como generosa) a los países del sur de la Unión Europea. Se ha sabido plantar ante Putin hablándole en un ruso impecable. Ante Trump, con altiva firmeza, en el inglés que le enseñó su madre. Supongo que ha hablado en latín con los papas polaco y argentino.

Es tan grande su legado en Alemania que los candidatos que aspiran a sucederla no proponen “el cambio”, como lo hacen todos los políticos del mundo entero ante unos ciudadanos siempre insatisfechos con lo que hay. Tampoco se atreven a decir lo que muchos pensamos: que en Alemania lo mejor sería seguir el mismo rumbo y no cambiar. Esto no quiere decir, obviamente, que Frau Merkel sea o haya sido la perfección. Y sin embargo, siempre que la veo en las fotos, vestida de rojo, con las manos al frente en su típico gesto que une sencillamente las diez yemas de los dedos, rodeada de hombres tiesos que fingen seguridad, se me ocurre pensar que esa mujer íntegra y leal debería ser el modelo para los líderes de este siglo en que nos ha tocado vivir.

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¿Diálogo o circo?

JUIO CESAR MORENO

Lejos de contribuir a fortalecer la unidad de la oposición a la dictadura, las reuniones del oficialismo usurpador y la Plataforma Unitaria iniciadas en México han generado división, escepticismo y confusión en la ciudadanía.

En su condición de Presidente interino, Juan Guaidó había anunciado un plan de Salvación Nacional para recuperar la democracia y rescatar al país de la terrible crisis humanitaria que confronta. También es cierto que a petición de los países amigos y con el fin de impulsar esa propuesta, se decidió la asistencia a un encuentro con delegados de la dictadura y en presencia de representantes de la comunidad internacional, bajo la mediación de Noruega.

El anuncio de Guaidó estuvo acompañado de una intensa campaña en la que éste denunció la condición usurpadora de Maduro, y ratificó la exigencia de un pulcro cronograma electoral para elegir al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a gobernaciones, parlamentos regionales, alcaldes y concejos municipales. Asimismo planteó, con el pleno respaldo de la Plataforma Unitaria, el rechazo a las falsas y fraudulentas votaciones que el régimen pretende realizar el próximo mes de noviembre. Además propuso atender de manera urgente -al margen de discrepancias políticas- la grave situación social y sanitaria creada por la pandemia y por la crisis humanitaria.

Debido a ello, esa reunión supuestamente destinada a afrontar estos temas contó con una prudente expectativa de buena parte del país, por ser una exigencia compartida por los gobiernos amigos, y una oportunidad de contrastar la propuesta democrática del interinato legítimo frente al sectarismo e intransigencia de los usurpadores.

Por supuesto, dábamos por cierto que para defender estos objetivos los representantes del sector democrático asistirían a la capital azteca en la condición de delegados del presidente interino Juan Guaidó, vale decir, de la institucionalidad democrática ejercida y representada por su persona. Sin embargo cuando el noruego Dag Nylander dio  lectura al Memorándum de Entendimiento suscrito por Jorge Rodríguez en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Gerardo Blyde en representación de la Plataforma Unitaria, comprendimos que en México se  cambió el escenario, se renunció al interinato y se reconoció la legitimidad de quien hasta ayer era considerado usurpador.

Ante esa sorpresiva e inconsulta decisión de la ahora llamada Plataforma Unitaria es necesario recordarle a sus dirigentes los siguientes hechos, en los cuales fueron principales protagonistas los partidos y parlamentarios que integran esa nueva organización opositora:

1-    En medio del catastrófico naufragio de su popularidad, Maduro adelantó las elecciones presidenciales que deberían realizarse en diciembre de 2018 para el día 20 de mayo de ese mismo año y estableció arbitrarias medidas que negaron en la práctica el libre ejercicio del sufragio.

2-    Para hacer válida su fraudulenta elección presidencial Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional oficialista el 10 de enero de 2019, iniciándose a partir de esa fecha un gobierno de facto y usurpador del poder, que fue rechazado por el país y desconocido por la  comunidad democrática internacional.

3-    Ante la ausencia de un Presidente legítimamente electo y basándose en el artículo 233 de la Constitución, a partir del 23 de enero de 2019 el Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se encargó provisionalmente de la Presidencia de la República.

4-    Con el fin de establecer el marco jurídico de esa compleja provisionalidad el 5 de febrero de 2019 la Asamblea Nacional aprobó, y reformó luego el 26 de diciembre de 2020,  el Estatuto que rige la “Transición a la Democracia, para restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

5-    Este Estatuto se fundamenta en el artículo 333 constitucional que establece el deber de todo ciudadano, investido o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la Carta Magna  cuando ésta es derogada por la fuerza o por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

6-    Desde entonces los países de la comunidad democrática internacional reconocen la legitimidad del interinato y nos  acompañan de manera solidaria, mientras el usurpador es repudiado por la sociedad civilizada y se refugia bajo el ala protectora de las más crueles tiranías del planeta, las mismas que depredan nuestras riquezas y violan nuestra soberanía a cambio de esa protección.

 

Además, la legítima Asamblea Nacional, con el fin de repudiar la usurpación y de reforzar aún más el proceso de transición constitucional, realizó en diciembre de 2020 una consulta popular en la que votaron 6,4 millones de compatriotas, de los cuales 3,2 millones lo hicieron en Venezuela, 845.000 sufragaron en el exterior y 2,4 millones en forma virtual.

En esa consulta a la ciudadanía se aprobó:

1-       Rechazar el evento del 6 de diciembre organizado por el  régimen de Nicolás Maduro y solicitar de la comunidad internacional su desconocimiento.

2-       El cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocar la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres justas y verificables.

3-      Adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitieran rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad.

Al hacer memoria de estos hechos, que son tan sólo una pequeña parte de las luchas libradas contra un régimen de innegable vocación totalitaria, nos preguntamos cuáles circunstancias han motivado el nuevo e inesperado rumbo que desde México imponen al país los autores del llamado Memorándum de Entendimiento, con qué  legitimidad intentan hacerlo, y por qué los partidos del G-4 y la Plataforma Unitaria desconocen ahora el compromiso  político y moral de defender el instrumento jurídico aprobado por sus parlamentarios para preservar la legítima Asamblea Nacional, el legítimo gobierno y la vigencia de la Constitución violada por el usurpador.

 Luego de escuchar las palabras que pronunció Gerardo Blyde en la instalación de la primera jornada del diálogo, encontramos algunas respuestas a esas preguntas. Resulta que con el asesoramiento del gobierno de Noruega fue aprobada una agenda de negociaciones en reuniones “de naturaleza reservada”. Esta agenda implica pactar con el régimen el “acuerdo integral de largo alcance que garantice la convivencia democrática”.  Este acuerdo al ser concebido como un proyecto a cumplirse progresivamente en el transcurso de los próximos años, al parecer implicaría la continuidad de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder al menos hasta el año 2024, por ende la aceptación de su legitimidad como presidente y  la vigencia de todo su actual entramado institucional.  Al respecto el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Stalin González, quien forma parte de la delegación de la Plataforma Unitaria en representación de Un Nuevo Tiempo, ha señalado como gran objetivo de los diálogos “consolidar la convivencia”, y para ello propone acordar un cronograma para dos períodos constitucionales que le dé soporte al proceso. Además dijo González en sus declaraciones al diario El País de España: “no pretendemos que Maduro renuncie mañana, pero que tampoco se quede toda la vida”.

Dando pasos importantes en ese camino hacia la convivencia con el régimen, el G-4 y la Plataforma Unitaria decidieron acudir a las votaciones regionales de noviembre, reconociendo al CNE que convoca las elecciones, y a la Asamblea Nacional oficialista, presidida por Jorge Rodríguez, que designó a sus rectores. Además esos partidos acatan como válidas las condiciones electorales que hasta ayer condenaban como fraudulentas, y por supuesto, si alguno de sus candidatos resulta electo pasará a formar parte de una oposición restringida bajo los parámetros establecidos por la dictadura, y condicionada a la autoridad ejecutiva del poder socialista.

De manera que en las reuniones de México se inicia, como lo señalara recientemente el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, el desmontaje del interinato. Y se da paso a la ficción de una etapa de “normalización de la política”, con Maduro en la presidencia y en la que una oposición obediente se encargaría de apuntalar la maltrecha estabilidad de la dictadura.  

Sin embargo resulta difícil entender cómo se va a normalizar esa nueva política, cuando una de las partes que dialoga es agredida por la otra en lenguaje vejatorio y de  permanente descalificación. Y cuando esa descalificación va más allá de las continuas declaraciones públicas de Maduro, Rodríguez y demás capitostes y se transmite en documentos diplomáticos, tal y como ocurrió con la comunicación enviada por la Misión Permanente de Venezuela ante las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra a todos los países representados en ese organismo.

Para no dejar dudas del torcido proceder del oficialismo me limito, por mi parte, a entresacar  los siguientes párrafos de esa comunicación cuyos contenidos serían suficientes para suspender las negociaciones y  denunciar la nueva farsa que monta el régimen con el fin de distraer al país y engañar a la comunidad democrática internacional:

 *“Al respecto, algunos medios de comunicación internacional han pretendido instalar una matriz de opinión según la cual estaría en marcha una “negociación” entre dos factores políticos, intentando con ello dar continuidad a su fallida narrativa desatada desde el año 2019, sobre la supuesta existencia de dos gobiernos en la República”.

* “Se trata de un proceso de diálogo entre el Gobierno Constitucional de la República  Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición. En consecuencia, no se trata de una negociación entre dos factores políticos que se encuentren en igualdad de representación ni de legitimidad”.    

* “La firma del memorándum de entendimiento pone fin a  una diatriba que dio lugar al inicio del proceso de diálogo e implica, por parte de la oposición más extremista, el reconocimiento del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el Presidente Nicolás Maduro Moros la cual, repetimos, pone fin a una diatriba inconstitucional acerca de una supuesta institucionalidad paralela que condujo a un conflicto inédito e innecesario que ha afectado el bienestar de la población venezolana”.

En suma, el régimen califica a la Plataforma Unitaria de oposición extremista, niega que exista realmente una negociación entre dos factores políticos, y justifica la firma del Memorándum de Entendimiento como un reconocimiento de esa oposición, más extremista, a la legitimidad de Maduro poniendo fin a la “diatriba inconstitucional”.

Mientras tanto la tiranía se radicaliza más, y la oposición cada día se opone menos. Y en una cada vez más compleja realidad los partidos del G-4 y la Plataforma que asisten a las reuniones de México siguen adoleciendo de una falla esencial: no saben, o no quieren saber a quiénes se enfrentan.

 Por eso parecieran  intentar convencer en esos diálogos a la dictadura para que deje de ser dictadura, y para que emprenda en un “proyecto de largo alcance” la tarea de reconstruir junto a la oposición lo que ella misma destruyó.

Olvidan que después de casi treinta años, a partir del 4 de febrero de 1992, el chavo-madurismo jamás ha hecho una sola concesión que ponga en peligro la estabilidad de su tiranía.

Precisamente por eso, mirando con justificada desconfianza el panorama, creemos que los opositores deben exigir con urgencia en México, el retorno de los exiliados, la libertad de todos los presos políticos, y un cronograma, con plenas garantías de transparencia para todas las elecciones pendientes,  incluyendo por supuesto las votaciones presidenciales.

Sólo así se justifican esas negociaciones; si no cumplen ese objetivo deben suspenderse, a menos que quienes participan en ellas estén dispuestos a formar parte de otro circo que sirva a los objetivos del régimen.  

 

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Elecciones sin sobresaltos (para el oficialismo)

BENIGNO ALARCON

POLITIKA UCAB

A solo dos meses de las elecciones regionales, todo apunta a que la oposición saldrá con severos daños, no solo por la falta de condiciones competitivas, sino también por el fraccionamiento de la unidad y los partidos que compiten con el Gran Polo Patriótico. A la espera de la decisión de la Unión Europea y la ONU sobre el envío de técnicos electorales y los múltiples inconvenientes que se han presentado a lo largo del proceso, incluidos los desacuerdos entre candidaturas, las inhabilitaciones y la no devolución de tarjetas, entre otras, no se descarta la revisión de la decisión de participar en los comicios. Mientras, el gobierno se siente tan cómodo que ha podido mantener una política restrictiva del gasto público, algo inusual en épocas de comicios, y sigue dando señas de que las negociaciones en México pueden acabar más pronto de lo previsto

Cuando apenas faltan dos meses para la realización de las elecciones regionales, algunos decisores clave de la oposición comienzan a ver como un error la decisión de participar en esta contienda y, en la medida que el tiempo transcurre y las dificultades se multiplican, se hacen más conscientes de los altos costos que tendrá una muy probable derrota el próximo 21 de noviembre. Hoy existe la certeza de que, por las presiones internas y externas, el corto tiempo para decidir, y para evitar la confrontación entre los partidos que conforman el G4+, los acuerdos sobre candidaturas se hicieron de manera apresurada, dándole a cada organización lo que demandaba del reparto territorial, imponiéndose candidaturas que no tienen ningún chance de ganar, sin ninguna racionalidad estratégica, lo cual los pone en una muy débil situación de cara a lo electoral. Y por ello se cree que dicha derrota se dará, no solo como consecuencia de la abstención, sino también por la dispersión entre candidaturas y votantes.

Ante esta cruda realidad, que se veía venir desde antes de la elección parlamentaria del año pasado (ver Prospectiva 2020 Semestre II, Prospectiva 2021 Semestre I y Prospectiva 2021 Semestre II), producto de la estrategia de clientelismo competitivo político-electoral, a cuyo éxito no solo contribuyen “la mesita” y “los alacranes” coordinados bajo la figura de la “Alianza Democrática”, sino cualquier cantidad de aspirantes regionales y locales, actuando de buena o mala fe, a quienes se le facilitó su participación para terminar con, aproximadamente, unos 70.000 inscritos en el proceso, de los cuales 3.082 representan a las candidaturas oficialistas (una por cada cargo) y el resto a “las oposiciones”. El resultado de este proceso de inscripción abona, sin lugar a duda, en favor de la estrategia del régimen para constituirse en una minoría mayoritaria (o una mayoría relativa), entre las muchas minorías que intentan competir con ella. Es por eso que, ante esta realidad, algunos dirigentes comienzan a considerar, tras haber caído en la trampa oficialista, que una mejor opción sería retirarse. Decisión que, en la medida que se avanza, se pone cada día más cuesta arriba.

Para sumar a las dificultades, la decisión de enviar o no una misión electoral por parte de la Unión Europea aún sigue en stand by, aunque desde la Delegación Europea en Venezuela se están haciendo esfuerzos para que se firme el acuerdo que debió haberse perfeccionado el pasado 15 de septiembre. A todo evento, y pese a todos los inconvenientes, es evidente que Josep Borrell continuará insistiendo hasta el último minuto en el envío de una misión europea, pese a las limitaciones que el transcurrir del tiempo continúa sumando en contra del éxito de una delegación técnica que ya, debido al importante retraso, no puede cumplir con los protocolos propios de una misión de observación electoral (MOE).

Como era predecible, el gobierno ha ralentizado la aprobación de una misión que podría generarle problemas, por las características del plan de trabajo presentado por los europeos, que incluye la presencia de un equipo de alto nivel desde un mes antes de la elección, así como el inconveniente de un potencial veredicto público que pudiera ser adverso, como fue el caso del de la última Misión de Observación Electoral (MOE) Europea que monitoreó la elección presidencial de 2006. Sin lugar a duda, tanto el régimen como sus representantes ante el directorio del Consejo Nacional Electoral estarían mucho más cómodos limitando la misión europea a un esquema de acompañamiento similar al que acordó con el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos del (CEELA), que no es una MOE y es muy distinto del plan de trabajo presentado por la UE.

Elecciones sin sobresaltos
La estrategia de clientelismo competitivo político-electoral aplicada por el régimen ha logrado, por ahora, tres resultados clave para el régimen. Primero, el distanciamiento entre las fuerzas opositoras se incrementó, tanto entre los partidos del G4+ como con los disidentes (los conocidos como “la mesita” y “los alacranes”, que ahora conforman la “Alianza Democrática”), así como con las nuevas organizaciones políticas, como Fuerza Vecinal y Centrados; el segundo es el que se ha dado al interior de los partidos, como es el caso de la postulación de Tomás Guanipa para la alcaldía del municipio Libertador en detrimento de Roberto Patiño, líder con un importante trabajo a nivel popular, ambos de Primero Justicia. Y el tercero es la forma en que todas estas confrontaciones y decisiones afectan la opinión pública y impactarán la disposición a votar por parte de los electores opositores. Es así como lo que va del proceso ha originado una mayor ruptura entre fuerzas políticas, como consecuencia de la estrategia oficialista de “divide et impera”, a la que nos hemos venido refiriendo en nuestros escritos y en los análisis de Prospectiva desde el año pasado (ver supra).

Indudablemente, en medio de este caos político, la participación de los electores de oposición luce hasta ahora baja (estimamos en nuestro último estudio alrededor de un 50%) y no creemos que esta tendencia cambie dadas las expectativas decrecientes del votante opositor. Por ello, es muy probable que, en esta oportunidad, la oposición gane en un número muy limitado de estados. En la mayoría de las alcaldías la situación será similar. Más allá de la cantidad de candidaturas que hay por cada gobernación o alcaldía, lo grave es que estamos ante una elección que no logra generar expectativas ni polarizar el voto, por el efecto dispersión, lo que favorece al oficialismo.

En este sentido, debe destacarse que es poco probable que el régimen acepte revisar unas reglas de juego electoral que le permiten ir a este proceso, como fue a las parlamentarias, sin sentirse amenazado por los posibles resultados de la elección. Ello resulta evidente en el manejo de la economía, donde se ha mantenido una política fiscal de contracción, algo atípico en tiempos electorales en los que normalmente se produzca una importante expansión del gasto público. Eso no significa que se mantendrá así durante el resto del año. Es aún probable que el gasto público se incremente hacia finales de octubre y principios de noviembre, ya más cerca de los comicios, para amortiguar el impacto de la reconversión y el repunte de la inflación.

Bajas expectativas sobre la negociación en México
Mientras este fin de semana se celebra en México la tercera reunión de la Mesa de Negociación entre el gobierno y la oposición venezolana, la verdad es que las expectativas en cuanto a resultados positivos son muy bajas.

Entre las acciones que contribuyen a deteriorar las expectativas sobre la negociación, están los planteamientos poco pertinentes del gobierno, como el de solicitar la inclusión de Alex Saab como miembro de la delegación oficialista, la llegada con retraso de un día de la representación oficial, y el show de las caretas, lo que –más allá de atentar contra la viabilidad de la negociación- es una burla al institucionalismo internacional que se ha constituido para apoyar el proceso de negociación, y un mensaje en el que se deja claro que el régimen se presenta si quiere, cómo quiere y cuándo quiere.

Por eso, no es descabellado pensar que esta mesa de negociación tenga una vida muy corta, si no se cambian algunas dinámicas fuera de la mesa de negociación que impliquen alguna simetría en la relación entre gobierno y oposición, obligando al primero a considerar seriamente la necesidad de un acuerdo. Tampoco es de extrañar que el gobierno abandone las conversaciones y replantee en enero un regreso, pero con nuevos actores opositores, basándose en los resultados electorales de noviembre. Hay quienes consideran que esto no va a pasar porque el gobierno de Estados Unidos apoya incondicionalmente a la oposición liderada por Juan Guaidó, pero la realidad es que Maduro hará todo para reemplazar a esta oposición por otras oposiciones más cónsonas con sus intereses.

Nuevamente, estamos ante una coyuntura de gran repercusión estratégica para las fuerzas democráticas, donde la orientación y ejecución estratégica amerita revisión y una actuación del liderazgo que evite, no solo una derrota electoral de gran escala, sino también su disolución y una lucha de todos contra todos por el liderazgo después del 21 de noviembre, lo que haría mucho más difícil el apoyo internacional a cualquier iniciativa, así como la coordinación de nuevas acciones, bien sean encaminadas a aprovechar nuevos comicios en el mediano y largo plazo, incluyendo la posibilidad de un revocatorio, o para incrementar la presión interna.

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 DICTADURA  IMPRESENTABLE

         Carlos Canache Mata

Todas las dictaduras son imprensentables, pero si además se coronan con el oscuro adorno de unas  relaciones cómplices con el narcotráfico  y  el narcoterrorismo, alcanzan  la  cima del desprecio nacional  e  internacional, con la sola excepción  de los  países con gobiernos de igual prosapia antidemocrática. Ése es el caso del régimen que desde hace más de veintidos años despotiza a Venezuela.

Aquí no hay libertad de expresión, se han cerrado y se siguen cerrando medios de comunicación, se reduce el espacio de los partidos políticos y sus autoridades legítimas se ven obligadas a confrontar  la  pretendida  usurpación de autoridades  asignadas  judicialmente,  se  hostiliza  hasta a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las cárceles se hinchan con presos políticos, han muerto las libertades democráticas que  deambulan insepultas por las calles públicas, se enterró la separación de poderes (¡Ay!, gime Montesquieu desde su tumba), la Constitución  y  las  leyes son papel mojado postrado a los pies de la arbitrariedad. El doctor Ramón  Escovar  León  registra  la tragedia  que  azota al país  y  señala  su  causa  en  artículo  que  publicó en El Nacional del día 14 de este mes de septiembre: “…Una demostración de que en Venezuela  no  hay  Estado  de  derecho  es que nuestro  país  se  encuentra  en  el último  puesto  del  índice  de  Estado  de  derecho  publicado  por la organización World Justice Projec (WIP). Y ello porque el Poder Judicial está altamente  sometido  al  grupo  que  controla el poder  y  sus sentencias carecen de credibilidad”.  Por su parte, el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, al referirse a la necesaria reinstitucionalización de la justicia, expresa: “…Reestructurar el sistema implica, entre otras, la constitución inmediata de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, integrado por profesionales  capaces,  honestos,  liberados  de las órdenes  y  de  las  presiones  políticas a las que  ha  estado  sometido  el  actual  tribunal,  convertido en el brazo ‘judicial’  de la dictadura para perseguir  y  castigar sistemáticamente  a  la  oposición y a la disidencia”. Solo así pasaría a ser  árbitro  de  los  conflictos  de  la sociedad  venezolana  y  no guardia al servicio del Estado  pretoriano que usurpa el poder en nuestro país.

Como es sabido, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó en el año 2019 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela para investigar las acusaciones de violaciones de los derechos humanos (torturas, violencia sexual, tratos crueles)   contra opositores del régimen que preside Nicolás Maduro, acusaciones soportadas en medios de prueba manipulados o sembrados; fue precisamente esa Misión la que presentó el pasado jueves 16 de septiembre  su  segundo  informe,  de 212 páginas, acerca  del cual Marta Valiñas, la presidenta  de  la  Misión,  dijo: “ Según nuestra última investigación  existen  motivos  razonables para  creer  que  en  razón  de  una  presión  política  que  fue  intensificándose,  los  jueces, las  juezas  y  las y los  fiscales  han  desempeñado, a través  de sus  actos y  omisiones, un papel importante en graves  violaciones  de  derechos  humanos  y  crímenes  cometidos  por diversos actores del Estado en Venezuela”.

También es muy grave que en ese informe, punto 73,  de la Misión de la ONU, se reproduzca, a manera  de  confirmación,  el testimonio  de una víctima que informó a un tribunal venezolano que  durante  la sesión  de  interrogatorio  fue  asfixiado, lo  que  originó que  fuera trasladado a un  hospital  militar  para  ser  reanimado,  y  que “funcionarios de la DGCIM  le señalaron que aplicarían  el ‘Sippenhaft’… algunos  funcionarios  de  la  DGCIM  fueron  posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado”. ¿Qué es el Sippenhaft?  Una práctica de castigo colectivo  que  utilizaban los nazis  contra familiares  y  amigos  del  disidente  acusado  de un presunto  delito,  como forma  de  presión  para  obtener  confesiones. En el informe de la Misión de  la  ONU se  evidencia que  ese  procedimiento nazi, totalitario, lo aplica  la dictadura venezolana, tal  como  también  ha sido  denunciado,  con  la presentación  de  casos concretos, por los medios de comunicación del país.

Se tiene  al  totalitarismo  como  un  fenómeno  característico  del  siglo  XX, aunque  diversos autores  citan como antecedentes  históricos,  el dominio absoluto de los espartanos sobre los ilotas  en  la  antigüedad  griega, la  época  de Diocleciano  con su  régimen  corporativo  en  el Imperio  Romano,  la existencia  del  que se llamó despotismo oriental en Asia, y  la dictadura teocrática de  Calvino  en  Ginebra  que  tuvo su mayor  desarrollo desde 1555 hasta 1564. El totalitarismo moderno  surge, en el siglo pasado, sobre la base de  ideologías  conservadoras,  como  el fascismo  o  el nazismo, liderados por Mussolini y Hitler, respectivamente, o sobre bases  revolucionarias o de izquierda, como la dictadura soviética de Stalin.

Pero,  en  todos  los casos,  el  totalitarismo  recurre   al  terror,  que  forma parte  de  su  ser,  de  su  naturaleza.  Se  ha  señalado  “la utilización  del  terror como verdadera  esencia  del  totalitarismo  en  cuanto  sistema de gobierno”.  Así  lo apunta, en sus conclusiones, Hannah Arendt  en  su libro  “Los Orígenes del Totalitarismo” (1951),  del cual no  puedo  hacer la cita textual  porque  el  ejemplar  que  tenía  en  mi  biblioteca  se  lo regalé,  poco antes  de  su muerte, a  mi amigo Pompeyo Márquez, sí, a Pompeyo  Márquez,  quien  al final de su tránsito vital  fue  autocrítico de la actuación guerrillera del Partido Comunista  de  Venezuela,  en cuyas filas militó.

Entretanto,  después  del  informe  acusatorio   de la Misión de la ONU, que  deja al desnudo el talante totalitario de un régimen que recurre al terror policiaco del ‘sippenhaft’ nazi, los democraticidas de manos ensangrentadas  refugiados en  el Palacio de Miraflores  continúan  escribiendo  órdenes  que aumentan  su propio  prontuario, y  los venezolanos,  envueltos  con  la bandera  de  la “solidaridad  del  martirio”  de  que  habló   Albert  Camus, seguiremos  en  la resistencia y  en la lucha.

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"WANTED"

             RAMON PEÑA

Cada vez más, las noticias de nuestro país se insertan en las páginas de sucesos de los medios del mundo. Una buena parte de ellas recuerda los guiones de los Western, con la justicia a la búsqueda de indeseables, sin olvidar a los cazadores de recompensa.

Un ex-capitoste del régimen, con apodo plumífero, quien ya en una oportunidad escapó de una requisitoria de aprehensión prevalido de una credencial diplomática, es capturado por las autoridades españolas y está a la espera de extradición a EE.UU. por presunta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, entre otros.

Un ciudadano colombiano, operador clave de un entramado de importación de alimentos para el gobierno venezolano, capturado en Cabo Verde, a quien pretenden proteger con ardides, como cédula, pasaporte diplomático y hasta hacerlo vocero oficial del Venezuela, también está a la espera de extradición a EE. UU. por actividades ligadas al lavado de dinero y otros ilícitos que involucrarían a jerarcas del oficialismo.

El propio ocupante de la presidencia del país es solicitado por la vindicta pública de EE.UU. y, temeroso, opta por dar su discurso vía zoom ante la plenaria de la Asamblea Anual de la ONU. Esa misma espada de Damocles pende también sobre sus más cercanos colaboradores quienes igualmente se eximen de ausentarse del país. Buena parte de ellos, incluido el máximo jerarca, ostentan la calificación de “Wanted” con recompensa ofrecida por su captura.

Finalmente, la noticia que representa la mayor encrucijada del régimen ante la justicia internacional, y con poca capacidad de maniobra, es el expediente que examina el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, de delitos de lesa humanidad contra los venezolanos, en el cual se señala al máximo jerarca y su corte de colaboradores civiles y militares. Su sentencia, sin duda, no será noticia en la sección de  sucesos, sino en la primera plana de todos los medios internacionales.

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