Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela
Crisis Group
22-3-2018
¿Qué está pasando? Mientras el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, se prepara para buscar la reelección, la
implosión socio-económica del país se ha convertido en un problema mayor
para sus vecinos. Cientos de miles de venezolanos están huyendo del
hambre y la pobreza, mientras que las enfermedades y el crimen se están
extendiendo a través de las fronteras.
¿Por qué sucedió? Los bajos precios del petróleo, la
corrupción y la mala gestión estatal han devastado la economía. Un
gobierno profundamente impopular, consciente de que ya no puede ganar
elecciones competitivas, ha optado por la represión. Los intentos de
negociar un acuerdo entre el gobierno y la oposición han fracasado.
¿Por qué es importante? El colapso financiero y la
hiperinflación convierten a Venezuela una zona de desastre económico. La
crisis ya no está limitada confinada a una nación: los refugiados y
migrantes fluyen hacia los países vecinos. Las epidemias y el crimen
violento también permean las fronteras, poniendo en peligro el frágil
proceso de paz colombiano en las regiones fronterizas.
¿Qué debe hacerse? La prioridad es el apoyo
internacional para la asistencia humanitaria a lo largo de las
fronteras. Una transición negociada es esencial para restablecer un
sistema político más representativo y el bienestar social y económico.
Eso requiere una presión externa, que incluya amenazas de sanciones
específicas y exigencias realistas al gobierno de Maduro, de parte de
una coalición liderada por los gobiernos regionales pertenecientes al
Grupo de Lima.
RESUMEN EJECUTIVO
Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro busca consolidar su
poder, su país se sume en un hoyo de miseria. La hiperinflación ha
agravado la escasez de alimentos y medicinas. Las epidemias de
enfermedades prevenibles y la crisis de desnutrición infantil son cada
vez más mortales, mientras que el crimen violento se ha disparado. Se
estima que cuatro millones de venezolanos han emigrado y que decenas de
miles cruzan la frontera con Colombia cada mes en busca de un nuevo
hogar. Los vecinos de Venezuela, que una vez optaron por mantenerse al
margen de sus tensiones internas, hoy enfrentan una catástrofe en sus
fronteras. Los gobiernos de América Latina, la ONU, la Unión Europea y
los EE.UU. deben redoblar sus esfuerzos para manejar la crisis
humanitaria, incluso garantizando que los países vecinos tengan los
recursos para hacerle frente. También deberían presionar, idealmente
junto con China, para que se reanuden las conversaciones entre el
gobierno y la oposición con el objetivo de llevar a cabo reformas que
permitan una política más representativa y la recuperación económica;
amenazar con nuevas sanciones podría ayudar a empujar al gobierno hacia
concesiones.
La turbulencia del 2017 ha magnificado el sufrimiento que padece
Venezuela y la dificultad de encontrar soluciones. Mientras que el
gobierno sí logró extinguir los disturbios civiles después de varios
meses, despojar de su poder a la Asamblea Nacional, en manos de la
oposición, y establecer una nueva Asamblea Nacional Constituyente con
autoridad sobre todas las instituciones venezolanas, poco ha hecho por
aliviar los problemas económicos del país. Sin embargo, afirma que está
protegiendo al pueblo venezolano contra las potencias extranjeras y sus
aliados internos, y denuncia que los reportes acerca de la muy real
crisis humanitaria son mentiras destinadas a provocar una “intervención
imperialista”, bloqueando bajo esta lógica los esfuerzos por
proporcionar alimentos y asistencia médica.
El progresivo autoritarismo de los últimos años del régimen del
presidente Hugo Chávez y los primeros años del régimen Maduro hizo
metástasis hacia un abierto abuso partidista de las instituciones
estatales y judiciales. Cualquier información que desafíe una versión
oficial es desechada: el Estado no publica cifras económicas ni
estadísticas de salud pública confiables. El incumplimiento a gran
escala de la deuda externa parece ser solo una cuestión de tiempo. La
escasez y el hambre han llevado a más saqueos, aunque sigan siendo
esporádicos.
El deterioro del sector público ha dejado una marca profunda en las
regiones periféricas. En su afán por obtener divisas fuertes, el
gobierno ha destinado más de 100.000 kilómetros cuadrados para minería,
donde la falta de regulación fomenta la colusión entre los militares,
las bandas criminales y las guerrillas colombianas. Los migrantes que se
dirigen a Colombia tienen que eludir a las fuerzas de seguridad estatal
y a grupos armados en las zonas fronterizas. Después de cruzar, los más
pobres quedan relegados a ganarse la vida como puedan en una región con
una de las tasas de desempleo más altas de Colombia. La malaria volvió a
ser común y está cruzando fronteras. Enfermedades que habían sido
erradicadas, como el sarampión y la difteria, también han regresado.
Hubo un modesto optimismo alrededor de las conversaciones entre el
gobierno y la oposición durante diciembre de 2017 y enero de 2018. Las
potencias latinoamericanas, preocupadas por la gravedad de la crisis, su
extensión hacia países vecinos y la subversión del estado de derecho
por Maduro con la creación de la Asamblea Constituyente, se involucraron
de lleno en el esfuerzo. Las conversaciones arrojaron algunos indicios
de consenso, notablemente en el compromiso del gobierno, en principio,
de reformar la autoridad electoral y permitir la presencia de
observadores electorales internacionales en las elecciones
presidenciales.
Sin embargo, el llamado unilateral a elecciones anticipadas por parte
del gobierno– antes de llegar a un acuerdo sobre una fecha o
condiciones–en efecto frustró las conversaciones, que terminaron
agriamente y con textos antagónicos de un supuesto acuerdo en
circulación. El Grupo de Lima, un cuerpo de trece gobiernos
latinoamericanos y caribeños, más Canadá, establecido para encontrar una
solución a la crisis venezolana, rechazó el llamado unilateral de
Maduro a eleccionES.
A pesar de su lamentable gestión económica, el gobierno ocupa una
posición fuerte. La oposición venezolana está dividida y sin rumbo. Un
segmento considerable del electorado votará por Maduro, ya sea por
lealtad, o porque depende del gobierno para recibir raciones de
alimentos esenciales y otros bienes subsidiados. La autoridad electoral
permanece bajo el control del ejecutivo, y ha demostrado su disposición a
doblegar las reglas a favor del partido gobernante e incluso, en una
ocasión, a cometer un supuesto fraude redondo.
La oposición de línea más dura anhela un embargo petrolero de los
EE.UU. o una intervención extranjera como un atajo hacia la transición,
pero los riesgos que conllevan estas acciones en un país ya sitiado por
la violencia y el hambre son inaceptables. En cambio, los gobiernos
latinoamericanos, junto con potencias occidentales e internacionales,
deberían aprovechar el fuerte consenso internacional y regional que
existe sobre la difícil situación de Venezuela para intensificar sus
esfuerzos por resolverla.
La primera prioridad es aliviar el sufrimiento humano. El gobierno de
Maduro debería aceptar la creación de un grupo tripartito, de acuerdo
con una propuesta hecha por grupos humanitarios, compuesto por
representantes del Estado venezolano, la sociedad civil y organismos
especializados de la ONU, que coordinaría la provisión de asistencia
humanitaria. Dicho cuerpo debería abordar los temores del gobierno de
que permitir que agencias de ayuda entreguen alimentos daría paso a la
injerencia externa. La ONU debería trabajar con los vecinos de Venezuela
para ayudarlos a brindarles asistencia a los venezolanos que salen de
su país.
La segunda es reactivar las conversaciones entre el gobierno y la
oposición. Idealmente, el gobierno pospondría las próximas elecciones
presidenciales, pero incluso si los comicios siguen adelante, la
prioridad posterior debería ser un retorno rápido hacia unas
negociaciones sustantivas. Los EE.UU., Canadá y la UE han sancionado al
gobierno, y varios líderes regionales están considerando hacer lo mismo.
Tales sanciones raramente resultan efectivas en sí mismas. Pero en el
caso de Venezuela, la amenaza de nuevas sanciones, especialmente las
impuestas por gobiernos latinoamericanos, podría mejorar las
perspectivas de la negociación, siempre que esa amenaza esté acompañada
de una revitalizada diplomacia y vinculada a concesiones realistas
exigidas al gobierno de Maduro.
Las conversaciones deberían centrarse no solo en reformas electorales
específicas, sino en medidas de transición más amplias, incluida la
representación de la oposición en instituciones estatales claves,
reforma económica y garantías para los altos funcionarios del régimen si
eventualmente perdieran el poder. Aunque las rondas pasadas fracasaron,
las negociaciones entre el régimen y la oposición, facilitadas por
líderes regionales u otros, respaldadas por una presión internacional
concertada, y que apunten a establecer un orden político más inclusivo y
a restablecer los controles y equilibrios, siguen siendo la única
salida de la crisis.
Recomendaciones
Para abordar la crisis humanitaria derivada de la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y la consiguiente migración masiva a países vecinos:-
El gobierno venezolano debería facilitar que organizaciones
humanitarias puedan proveer alimentos, medicinas y otros suministros
necesarios para salvar vidas humanas, entre otras cosas, relajando los
controles de importación y cambio, y cesando la persecución de aquellos
que buscan aliviar el sufrimiento.
-
Éste debería comprometerse con la formación de un grupo tripartito,
propuesto por organizaciones humanitarias, que sería integrado por
representantes del Estado, de la sociedad civil y de organismos
especializados de las Naciones Unidas, con la misión única de coordinar
la prestación de asistencia humanitaria, con base en los principios de
estricta neutralidad.
-
La ONU debería darle seguimiento al compromiso del Secretario General
António Guterres de proporcionar asistencia a los vecinos de Venezuela
para ayudarlos a enfrentar la crisis migratoria, y también debería
proporcionar información clara y pública sobre temas como salud,
bienestar social y programas sociales.
-
Los vecinos inmediatos de Venezuela deberían trabajar con organismos
multilaterales, particularmente la ONU, para garantizar que se cumpla
adecuadamente con las necesidades de los migrantes, y que aquellos en
riesgo de caer en el tráfico de personas, incluidas mujeres y niñas,
están protegidos de la mejor manera posible.
- Colombia debería adaptar su ley de migración y las regulaciones que rigen los servicios educativos y de salud para eliminar los obstáculos burocráticos a proveer éstos a migrantes.
-
El Grupo de Lima (con el apoyo de EE.UU. y la UE) deberían aprovechar
el fuerte consenso internacional que existe sobre la gravedad de la
crisis y redoblar sus esfuerzos para que ambas partes vuelvan a la mesa
de negociaciones. Aquellos gobiernos y organizaciones que ya han
impuesto sanciones– Canadá, los EE.UU. y la UE – podrían amenazar con
intensificar esas sanciones contra personas que ya figuran en la lista, e
imponer sanciones individuales adicionales.
-
Los gobiernos latinoamericanos parte del Grupo de Lima están
contemplando sanciones propias. La amenaza, por parte de los gobiernos
de la región, de sanciones similares a los de las potencias
occidentales, incluidas potencialmente las restricciones financieras, la
congelación de activos y la prohibición de viajar a personas, seríacasi
sin precedentes. Podría traer una presión adicional sobre el gobierno,
que ya se ha visto sacudido por las sanciones de la UE y los EE.UU.
-
Cualquier amenaza de sanciones debe estar claramente relacionada con
pasos realistas que el gobierno debería tomar para evitar tales medidas y
potencialmente lograr el levantamiento de las sanciones existentes.
Éstos incluirían, primero, el retorno del gobierno a las conversaciones
facilitadas internacionalmente y podrían incluir medidas adicionales,
como la liberación de presos políticos y la eliminación de prohibiciones
arbitrarias para los líderes políticos y los partidos de participar en
las elecciones; garantías de integridad y neutralidad en instituciones
electorales y judiciales claves, lo que significaría la representación
de la oposición en esos órganos; la restauración de los poderes del
parlamento; y medidas para estabilizar la economía.
-
Ninguna potencia extranjera debería imponer embargos de amplio
alcance, por ejemplo sobre la industria petrolera, que probablemente
harían más daño al público en general antes que cambiar los incentivos
para los líderes venezolanos.
-
El Grupo de Lima debería alentar a China, con quienes muchos miembros
tienen lazos económicos estrechos, a usar su influencia sobre el
gobierno de Maduro para convencerlo de participar en negociaciones
genuinas con la oposición, bajo el entendimiento de que la estabilidad
política y económica en Venezuela no se puede lograr sin un gobierno con
base en un amplio consenso popular.
-
Las conversaciones renovadas entre el gobierno y la oposición deberían
centrarse no solo en las reformas electorales, sino en medidas de
transición para incluir la representación de la oposición en las
instituciones gubernamentales, reformas económicas y garantías para los
altos funcionarios si perdieran el poder en elecciones
- Todas las potencias externas deben estar preparadas para apoyar dicha transición con ayuda financiera, tanto bilateral como multilateral.
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