Tres escenarios y un mismo código

               

José Rafael Herrera

EL NACIONAL

Entrados los años setenta, durante los gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, en plena época de la llamada “pacificación” de la guerra de guerrillas, las universidades y liceos públicos venezolanos se transformaron en auténticos centros de resistencia de la subversión izquierdista contra el statu quo democrático, que no solo les había derrotado y reducido a su mínima expresión, sino que les ofrecía la oportunidad de enmendarse, de rectificar y de luchar por la conquista del poder no por medio de las armas sino por medio de los votos. Más consenso y menos beligerancia. Un grueso sector de la izquierda, proveniente de la juventud del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, críticos, además, de las prácticas totalitarias del “socialismo real” en la Unión Soviética y China, aceptaron el reto de asumir las reglas del juego dialógico y participar, desde sus posiciones críticas, en la consolidación de un país que, finalmente, se proponía dejar atrás los rencores de las guerras de caudillos -de las que tanto el militarismo como el populismo criollos no eran más que reminiscencias- para entrar, definitivamente, a un nuevo ciclo de la historia.

Pero no toda la izquierda se pacificó. Un reducido sector, quizá el más atrasado, primitivo e instintivo, quedó “picado de culebra”, con ganas de seguir en el frente hasta “tomar el cielo por asalto”. Para ellos, “los abajo firmantes” de la pacificación –los Pompeyo y Teodoro, los Moleiro y Martín, cabezas visibles del “nuevo modo de ser socialistas”– eran unos traidores a la causa, unos reformistas y revisionistas de las sagradas tablas del leninismo, el stalinismo y el “pensamiento Mao-Tse-tung”, como solían decir sus “camaradas” de otros tiempos y ahora detractores. Merecían la muerte tanto como la merecían los capitalistas, los adecos y los copeyanos. No había tregua posible y mucho menos armisticio. Solo quedaba dar “dos pasos atrás y uno adelante”, “desechar las ilusiones y prepararse para la lucha (armada)”. Y comenzó la recluta de jóvenes liceístas y universitarios, provenientes, en su mayoría, de las barriadas populares, en las que el resentimiento alimenta la violencia y la transforma en modo de vida. En no pocos casos se trataba de empalmar la agresión criminal con la política: “violencia de los ricos, violencia de los pobres”. Y, así, el potencial malandraje devino “militancia revolucionaria”.

No le fue fácil a la recién incorporada izquierda democrática morigerar el clima de hostilidades foquistas que, por un largo período, generaron los jóvenes estudiantes de la llamada “ultraizquierda”. Al principio, trataron de hacerlos entrar en razón, de establecer medios de entendimiento, de negociaciones, de diálogos. Pero el único lenguaje que “los compañeritos” manejaban era el de la confrontación a través de la única vía posible para ellos: la violencia física, empírica, auténticamente materialista, según las indicaciones bibliográficas dictadas por el diamat (la dialéctica materialista), auténtica reinvención de una “dialéctica” salida de los laboratorios de propaganda del stalinismo y el maoísmo. Llegados a un cierto punto, las reyertas llegaron a causar preocupación entre los dirigentes de la izquierda democrática, dada la cantidad de heridos y muertos que eran capaces de causar. Y, entonces, se tomó la decisión de derrotarlos políticamente en toda posible elección estudiantil, pero, además, de no permitir más agresiones, de organizarse para repeler sus ataques -más que con fuerza bruta con astucia- y no seguir cumpliendo el rol de víctimas de sus habituales emboscadas. Es de aquella época que proviene el irrefutable adagio: “cuando están solos, los malandros son cobardes”. La estrategia resultó y, finalmente, perdieron el control “político-militar” –así lo definían– de los liceos y universidades.

Pocos años después, a mediados de los años ochenta, la ya no tan adolescente ultraizquierda estudiantil se replegó en las universidades autónomas, aprovechando el hecho de que la izquierda democrática centró sus intereses en otros propósitos, al tiempo que iba abandonando el campo de la lucha ideológica –haciéndose cada vez más “pragmática”– y, con ello, desatendiendo la presencia militante en los centros de enseñanza. Iniciaba así la era de “el fin de las ideologías”, que contribuyó en no poca medida con la laxificación de los rígidos esquemas de la dogmática bolchevique, dentro de los cuales se había formado la nueva generación ultraizquierdista. No fue por casualidad que el ex-rector Chirinos la calificara de “boba”. Hasta que, al final, se produjo el “salto atrás”. Si el resentimiento, la sed de venganza y la violencia están a la base de la forma mentis de un determinado individuo que luego es adoctrinado, al resquebrajarse las bases de su doctrina al individuo en cuestión solo le queda saltar atrás, sustentar sus acciones en el estado de naturaleza que le resulta familiar. Y, así, la capucha del delincuente comenzó a cubrir el rostro del dirigente estudiantil universitario. Fue durante ese período que florecieron los dondiego de día, esa planta que no permite ver el rostro de sus capuyos en las sombras. Se iniciaba el tránsito del político al delincuente, o del político de día y delincuente al atardecer. Terminaron por imponer el chantaje, el terror y el caos como expresión de lucha política. Lo más parecido a las FARC, cuyos jerarcas habían iniciado una guerra contra el Estado colombiano y acabaron gerenciando uno de los más perversos negocios criminales de la historia contemporánea. Tampoco fue fácil su derrota en las universidades. Los daños fueron considerables y aún quedan las heridas. Desde entonces, dejaron por sentado el testimonio de que el único lenguaje que les resultaba familiar, su único código, “en última instancia”, era el de la violencia.

Ser es hacer. Las palabras de Mateo: “factis eorum cognoscetis eos” (por sus hechos los conoceréis). Ya a finales de los años ochenta comenzaron a organizar el asalto al poder con el que dos décadas atrás habían soñado. Pero esta vez habían aprendido a encubrir sus verdaderos propósitos. Primero fue “el Caracazo”, en 1989, tres días de saqueos y violencia generalizada que fueron presentados públicamente como una protesta espontánea de la ciudadanía contra el aumento de la gasolina, una de las medidas contempladas por el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Luego, ya en los años noventa, dos sangrientos intentos de golpe de Estado contra el gobierno legítimo, terminaron por vender la imagen de unos “ángeles” que se habían rebelado contra un despiadado e insensible régimen neoliberal. Ellos, ahora, eran las víctimas. Aquellas intentonas, con la ayuda de grandes sectores políticos y económicos conservatistas, terminaron por debilitar la democracia y poner el país en las garras de quienes lo han destruido todo, pedazo a pedazo. De quienes, a sangre y fuego, han saqueado el país, han reprimido, asesinado, encarcelado, secuestrado y exiliado a todo posible sospechoso de oponerse a sus tropelías. La violencia, el lenguaje de la barbarie, es el único que conoce y ha conocido el actual narcocartel. Ese es su “código de barra” de origen. Hay “palos” que nacen torcidos. Valdría la pena preguntarse si todavía es posible esperar que mediante un “entendimiento” con semejantes actores se logre decidir la suerte de Venezuela.

@jrherreraucv

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Por qué el chavismo no negocia


         Gonzalo González

La situación del país es gravísima, próxima al colapso, a que nada funcione. Estamos cosechando los resultados (predecibles y esperables) de dos décadas de desidia, ineficacia, corrupción, despilfarro e indolencia gubernamental; males que el covid 19 no ha hecho más que acelerar y profundizar. La posibilidad de un escenario de caos e ingobernabilidad es cada vez más probable. El régimen está desbordado y sin los recursos humanos ni materiales, y tampoco el equipamiento intelectual para afrontarla con éxito porque persiste en las mismas políticas responsables de la crisis.

Ante tal panorama, se hace más vigente la necesidad de impulsar un proceso de cambio en la dirección del Estado y en las políticas públicas. Al respecto han sido propuestas varias fórmulas: tregua, acuerdo nacional, gobierno de emergencia… Para la materialización de cualquiera de ellas es indispensable la anuencia del chavismo.

En mi criterio, tal anuencia es improbable, en el corto plazo; las señales y acciones del régimen así lo anuncian. No habrá tregua, tampoco acuerdo nacional ni gobierno de emergencia porque el chavismo no está de acuerdo ni lo considera necesario o útil a sus propósitos continuistas.

Considero que hay cuatro razones básicas que llevan al oficialismo usurpador a cerrarse a cualquiera de estas opciones: ideológicas, su lectura del momento político, la ausencia de incentivos y la dificultad para romper ciertas alianzas clave para su estabilidad.

l chavismo no es un movimiento político democrático – su ideario político ha terminado siendo una mixtura indigesta de castrismo, populismo y militarismo –, su cultura política es la de la imposición, el dominio y el control; por tanto es refractario al diálogo, los acuerdos y negociaciones en los asuntos de ejercicio del poder y de gobierno, negociar y ceder se considera un acto de debilidad.

El que hoy impere una dictadura no es una desviación sino algo congruente con su ideario. Su performance en los distintos escenarios de diálogo para buscar soluciones negociadas demuestra de manera reiterada que el régimen apela al diálogo buscando ganar tiempo o lavarse coyunturalmente la cara.

El Gobierno de Maduro pareciera estimar que el momento político, con todo y sus dificultades, favorece su estabilidad, que la pandemia abona a su favor para incrementar su control de la situación y dotarla de elementos que fortalecen su narrativa de achacarle sus fallos a terceros.

Aprecia que sus mecanismos de control socio-político son eficientes para evitar una crisis de gobernabilidad; además saben que las perturbaciones introducidas por el covid-19 en la economía mundial obliga a los gobiernos a dar prioridad a esos asuntos y en consecuencia a descuidar los temas internacionales y a no desviar recursos hacia otros asuntos. Esa realidad puede hacer que la presión contra el gobierno Maduro no escale y por tanto le proporcione un respiro al mismo.

La cúpula chavista no percibe todavía incentivos los suficientemente fuertes como para deponer su intransigencia y negociar una salida a la crisis de poder.

Los diversos ofrecimientos públicos y discretos de inmunidades y refugios seguros no los ha persuadido ni convencido; todavía sienten más seguridad, para su presente y futuro, si conservan el poder. El Estado ha terminado por ser su última guarimba. Es conveniente al respecto interrogarse si los cuadros medios del chavismo acatarán sin más un acuerdo que beneficie exclusivamente a la cúpula roja.

Asociarse con sectores que ejercen y lucran con actividades al margen de la ley puede ser beneficioso para ampliar y reforzar el control socio político y producir beneficios económicos; pero tiene consecuencias tóxicas en el aparato del Estado porque sus prácticas permean y contaminan a los cuadros del mismo y construyen lealtades ilegítimas e ilegales más fuertes que el espíritu de cuerpo ideológico o burocrático.

También puede dificultar en demasía cualquier operación para sustituir el status quo de las mismas porque, eventualmente, perjudicaría las ventajas competitivas inestimables derivadas de la protección de sectores del aparato estatal.

Por supuesto, estas conclusiones e hipótesis sobre el comportamiento del régimen pueden perder parte de su validez por imperativo del más humano y político de los instintos: el de la supervivencia.

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Los cuatro calvarios de la migración venezolana

                        Tulio Hernandez

TALCUAL

No me refiero a toda la migración. Uso el término “cuatro calvarios” para referirme específicamente a los padecimientos consecutivos de esa cuota de los migrantes venezolanos conformada por la población de menores recursos.

La última que salió del país. La que soportó estoicamente por casi 15 años hasta que —con Maduro ya al frente, profundizando los desaciertos de Hugo Chávez— la crisis económica, el desempleo y la escasez se les vino encima en forma de tragedia humanitaria difícil de sobrellevar.

Como antes lo habían hecho sectores de las clases altas y medias, ocurrió que a partir del año 2017 los más pobres —perdidas ya sus esperanzas en el mar de la felicidad ofrecido por el Comandante Eterno— comenzaron también a huir del país. Y así, agotados de esperar el milagro del fin de la pobreza prometido por una “revolución” que se había hecho en su nombre, multiplicaron exponencialmente el número de venezolanos en el exterior.

Como no tenían los recursos para irse en avión, y al final ni siquiera en autobús, la mayoría de los llamados eufemísticamente “grupos vulnerables” se marchó a Colombia. Y en algunos casos a Ecuador. Muchos lo hicieron a pie.

Cruzando páramos helados por las carreteras que atraviesan los andes colombianos. Rogando ayuda y albergue a lo largo del camino. Hasta llegar a una ciudad —Bogotá, Medellín, Cali o cualquier otra— en donde comenzar de nuevo.

Entonces el vecino país vio aparecer en sus calles, con sorpresa, un tipo de venezolano que no consigue empleo fijo, sobrevive en la economía informal vendiendo lo que encuentra al azar, haciendo trabajos menores a destajo, o mendigando abiertamente en las aceras y semáforos de las ciudades a donde arriban.

Así vivieron sus primeros padecimientos. El de abandonarlo todo, hogar y familia, para irse de “rebusque” a otro país y tratar de enviar algún dinero para ayudar a los suyos. El de pasar trabajos y miedos atravesando sin documentos una frontera controlada por las mafias, los guardias nacionales envilecidos y los colectivos paramilitares del gobierno venezolano. Para luego intentar sobrevivir como fuese, en algunos casos protegiéndose en campamentos improvisados como los refugios en la entrada de Pamplona, el Parque El Agua de Bucaramanga o las inmediaciones del terminal de transporte terrestre El Salitre en Bogotá.

Como si no fuese suficiente con las dificultades extremas que ya habían padecido, el año 2020 entró con cuatro nuevas tragedias que han venido a agravar su situación. La pandemia del coronavirus, primero, que amenaza por igual la salud y la vida misma de los migrantes y de la sociedad receptora. En segundo lugar, las dificultades económicas para sobrellevar la cuarentena decretada como obligatoria. Tercero, los brotes xenofóbicos, reforzados por algunos alcaldes y gobernadores que, a diferencia de la actitud solidaria del gobierno central, generan un ambiente hostil, de discriminación y rechazo en territorio colombiano.

Y, por último, a consecuencia de todo lo anterior, el caos y conflictos internos —y el fracaso personal— que ha significado el retorno forzoso de miles de migrantes al país del que partieron también forzados por las circunstancias. Lo más dramático.

La mayoría que retorna lo hace porque, dada la merma de sus ingresos producto de la economía informal por la cuarentena impuesta no tiene cómo pagar el día a día de los lugares donde pernoctan. Entonces el retorno obligado se convierte en el sufrimiento mayor. Pero, como han dicho algunos, prefieren “pasar hambre”, o “morirse cerca de su familia”, que hacerlo en el extranjero.

Quienes logran llegar a la frontera tienen dos opciones. O entran legalmente y caen en manos del gobierno, que los somete a cuarentena en lugares improvisados, sanitariamente mal dotados, y los utiliza como títeres a exhibir en sus campañas proselitistas a través de una operación propagandística que pomposamente han llamado “Vuelta a la patria””.

O, para no padecer la cuarentena y el encierro oficial, se escapan por las trochas, los “caminos verdes” que pueblan la frontera colombo-venezolana, y se arriesgan a caer en manos de los “coyotes” de lado y lado que les cobran, en dinero o en bienes, como teléfonos celulares, o incluso trabajos forzados, el paso ilegal por los ríos Táchira y Arauca.

Lo más doloroso de todo es la ola de miedo que se ha generado entre algunas poblaciones y pobladores de los estados Táchira y Apure quienes temen que los retornados sean agentes de contagio del coronavirus y manifiestan con protestas de calle su rechazo a la instalación de campamentos para recibir a los que vuelven.

A lo que hay que agregar las vejaciones y estigmas que altos representante del gobierno rojo escupen contra los retornados acusándoles de renegados que traicionaron a su patria, hablando mal de ella en el extranjero, y ahora retornan a buscar cobijo que, cínicamente agregan, el gobierno revolucionario con “cariño” les ofrece.

El pase de factura de parte de la cúpula de militares golpistas y fanáticos civiles ultraizquierdistas que gobiernan al país y ha tratado de ocultar el “Yo acuso” que significa la emigración masiva, más la repuesta improvisada y la escasa información que ofrecen sobre el destino final de los retornados, alimenta un nuevo conflicto entre venezolanos que hace de estos migrantes no solo víctimas de rechazo en el país al que habían ido sino, ahora también, sujetos de sospecha en el país al que regresan. Al que pertenecen.

Son los nuevos parias del siglo XXI. El producto más acabado del “socialismo” errático, destructivo y criminal que conduce a Venezuela. Como en la letra de aquella canción colombiana, un modelo militarista que nació “sin corazón en el pecho”.

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NI APRENDE , NI OLVIDA

 

            TRINO MARQUEZ

A la memoria de Emeterio Gómez, buen amigo e intelectual infatigable.

Teodoro Petkoff solía decir que los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro eran como los Borbones: ni aprenden, ni olvidan. Tenía razón el agudo Teodoro.

Maduro persiste en unos errores que desconciertan, no porque de él y la gente que lo rodea no pueda esperarse cualquier cosa, no importa cuán extravagante, ilógica o disparatada sea; sino porque regresaron con furia a los controles de precio y a la política económica represiva, luego de haberse anotado algunos pequeños logros desde que se hicieron los desentendidos con las regulaciones paranoides. Desaparecieron las largas colas en los supermercados. Dejaron de utilizarse las humillantes máquinas biométricas. Aparecieron los productos de primera necesidad y de consumo masivo. Los anaqueles dejaron de estar poblados sólo de refrescos o de los productos que abundaban según la ocasión. El mercado negro se blanqueó y los bachaqueros dejaron de ser el eslabón más importante de la cadena de comercialización. Las empresas productoras de alimentos agroindustriales y algunas actividades agrícolas se reanimaron levemente. El año pasado terminó y este comenzó en medio de una tenue burbuja, que le dio un respiro al régimen, luego de años de fracasos por los controles inútiles e inconvenientes que aplicaba. Daba la impresión de que los responsables de diseñar e instrumentar las políticas económicas  habían dejado de funcionar desde los sótanos del Sebin y habían subido a alguna oficina ubicada en una terraza a plena luz del sol y bien ventilada.

Ahora vuelven a las medidas compulsivas. La ocupación de Alimentos Polar, Plumrose y Distribuidora Capital (Coposa), ubicada en el estado Portuguesa, podría ser el inicio de una nueva jornada de ataques sistemáticos a la empresa privada. ¿Por qué toman medidas tan desatinadas si saben que se repetirá la vieja historia de la escasez, el desabastecimiento, la inflación, las colas interminables y todo el ciclo infernal que conocemos? ¿Qué impulsa al régimen a perpetrar actos tan insensatos en medio de un cuadro en el cual los empresarios particulares y los trabajadores realizan gigantescos esfuerzos por mantener en pie unas fábricas acosadas por la crisis global desatada por el Covid-19 y por los factores internos –escasez de divisas, falta de electricidad, gasolina, transporte, agua- que la agravan?

La respuesta podría ser que el componente comunista y, en consecuencia, autoritario del gobierno sigue siendo el predominante y el que dicta las medidas adoptadas por Maduro y su gente más cercana. Conforman estos una mezcla compuesta de fidelismo, maoísmo y cheguevarismo.  La burocracia del Estado posee una autoridad incuestionable y omnipotente, que le permite dominar las leyes que determinan la oferta, la demanda y la conformación de los precios. La economía gobernada por decretos es típica del intervenciosmo,  mil veces fracasado. El dogmatismo estatista no cambia con facilidad. Ni siquiera los éxitos lo modifican.

Maduro debe de estar pensando que en Venezuela es posible un estallido social en gran escala, debido al incremento tan acelerado de los precios en medio de la pandemia y a la caída de los ingresos petroleros, que le impiden aplicar una política expansiva del gasto social. Ese temor lo empuja a retornar al viejo patrón del control de precios y la ocupación de empresas. Las gríngolas ideológicas le impiden ver que esa es la forma más agresiva de crear un clima de desconfianza, temor e incertidumbre, factores que conspiran contra la posibilidad de enfrentar con éxito los desafíos que la actual coyuntura y el futuro plantean. La ocupación de empresas encalló en el pasado y volverá a seguir la misma trayectoria. Todas las empresas estatizadas o intervenidas temporal o indefinidamente, han terminado quebrando y siendo un lastre para el Estado y el país. Allí están la Cantv, Movilnet, La Electricidad de Caracas. Sidor, Agroisleña, Café Fama de América. La lista es demasiado larga y preocupante.

Si Empresas Polar, Plumrose y Coposa son finalmente estatizadas, el país se colocará muy cerca del desabastecimiento generalizado de los productos que esas firmas fabrican. Ese sí sería un peligro enorme. Llevaría a la nación a unos niveles de descontento e irritación difíciles de contener, aunque todo el andamiaje represivo construido por el madurismo se alinee  para someterlos.

Maduro debería corregir la política económica coercitiva, abrirse al diálogo y a la cooperación con los empresarios y sindicatos que han logrado sobrevivir.  Tendría que restablecer la seguridad jurídica y los derechos de propiedad. Sería ese un mensaje positivo al país y a la comunidad internacional, que tanto lo desprecia y aísla. Pero, no lo hará. Teodoro habría dicho: es como los Borbones.

@trinomarquezc

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La mujer del César no solo debe ser honrada sino parecerlo

MARTA DE LA VEGA

Una de las célebres frases del emperador Julio César, “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet”: «La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo,” que recoge Plutarco para la posteridad, nos recuerda la importancia del momento oportuno en la política.

En una de las crisis más graves de la historia venezolana, al borde de una hambruna de proporciones dantescas, entre la sanguinaria represión y la intervención o control de empresas de alimentos que aún funcionan, el rumor convertido en indignación creciente de muchos sectores ciudadanos estalló cuando agencias de prensa internacionales que no precisamente podrían ser calificadas como amarillistas, AP y Reuters, divulgan los montos que se aprobarían como consecuencia de las discusiones de presupuesto entre los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional.

Les serían asignados a los diputados 5.000 dólares mensuales para gastos de representación y para resarcir la ilegal suspensión de sus sueldos desde hace 4 años y 1.000 dólares menos para sus suplentes. Igualmente serían destinados emolumentos de mayor monto a embajadores y otros funcionarios públicos, como parte de su retribución económica.

Para colmo, una entrevista dada el 23 de abril por Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del gobierno interino, confirma que está en proceso de aprobación esta reivindicación justa, sin duda, pero inoportuna. En medio de saqueos, heridos y asesinato de pobladores con tiros a la cabeza por las fuerzas represivas del régimen madurista para intentar contener al gentío en varias regiones del interior del país en busca desesperada de comida, es una gravísima decisión política aprobar estas medidas en la AN.

La pandemia del coronavirus, que agudiza aún más la crisis, con el colapso de los servicios públicos, un sistema público de salud agonizante y la ruina del aparato productivo, se ha convertido en un mecanismo de control social para frenar las protestas, más que en una cuarentena obligatoria muy difícil de cumplir para muchos que viven al día sin ninguna política de Estado de subsidios o auxilios económicos.

Una de las armas más destructivas de la camarilla militar y civil tras la figura de Maduro en su lucha por mantenerse en el poder es la reiterada campaña de desprestigio contra las fuerzas democráticas. No han cesado de sembrar cizaña y de levantar toda clase de sospechas contra dirigentes de la oposición.

Más aún, ha sido constante la contribución, sea cándida, sea revanchista, de los llamados opositores radicales, muchos de los cuales se sienten “puros”, sin pragmatismo, que usan cuanta zancadilla pueden para destruir la credibilidad y la perspectiva de unidad de quienes abanderan la ruta por rescatar la democracia, la decencia y la dignidad de la gente.

No por eso podemos negar errores, inmediatismo, declaraciones infelices, falta de honradez, altura y visión a largo plazo de algunos de los políticos que lideran el proceso de rescate de la libertad y la democracia.

Es verdad que se trata de una lucha muy desigual y riesgosa en contra de los usurpadores, que ha costado persecución, muerte, exilio, cárcel, torturas y destrucción de sus familias.

En especial es importante destacar el coraje y probidad de muchos de los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional y de alcaldes, gobernadores y otros funcionarios, que se vieron forzados a huir y dejaron atrás familiares y bienes, por el peligro de las amenazas de muerte, camufladas bajo la acción del hampa desbordada en el país o por la posibilidad de un accidente inesperado.

En política, la percepción de los hechos es determinante, más que los hechos mismos. Y actuar a tiempo es decisivo para construir confianza cuando la catástrofe es inminente.

El Comunicado del gobierno interino presidido por Juan Guaidó que desmiente que haya sido aprobado el monto del respectivo y necesario apoyo económico para los parlamentarios es una medida rápida y políticamente acertada.

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