CARICATURA DE EL TIEMPO BOGOTÁ
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domingo, 31 de mayo de 2009
De Lula a Chávez, pasando por Néstor Kirchner
Por Mariano Grondona
La Nacion.
Las naciones latinoamericanas oscilan hoy entre dos modelos opuestos, representados por Luiz Inacio Lula da Silva y Hugo Chávez. La primera cumbre que divide las aguas entre ambos modelos, en su faz política, es el candente tema de la reelección . La segunda cumbre que las divide, ya de naturaleza económica, es la definición de las relaciones entre el Estado y el mercado .
Cuando el antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, tuvo que plasmar el modelo político brasileño que heredaría su sucesor, pronunció una frase histórica: "Tres presidencias consecutivas no es una democracia, sino una monarquía". En la medida en que Lula, ya en medio de su segunda presidencia, confirme el rechazo de una tercera presidencia consecutiva, que ya ha anticipado pero en cuya dirección lo tientan algunos de sus partidarios, impresionados por su alto nivel de popularidad, completará el modelo de Cardoso, esto es, el rechazo de toda "re-reelección" como aquella a la que aspiró sin lograrla el presidente Menem en 1999.
Al consagrar de este modo la "no re-reelección", el modelo político brasileño empieza a manifestarse más que como una sucesión de "ciclos" personalistas de incierta duración, como un verdadero sistema político. Una vez que un país pasa de una sucesión de ciclos personalistas marcados por la exaltación temporaria de un líder mesiánico a un "sistema político" caracterizado por una estabilidad de largo plazo, empieza a encaminarse hacia las duraderas "políticas de Estado" que trascienden las breves "políticas de gobierno" sujetas a la cambiante fortuna de los caudillos. En esta vía está Brasil. Con variaciones menores, hoy siguen la vía del "no re-reeleccionismo" otras naciones latinoamericanas como Chile y Uruguay. Junto con el Brasil de Lula, el Chile de Bachelet, el Uruguay de Tabaré Vázquez y eventualmente
De Lula a Chávez
La segunda cumbre, esta vez económica, que divide las aguas entre el modelo de Lula y el modelo de Chávez es la relación entre el Estado y el mercado. A principios del siglo XX, cuando todavía arreciaba en Occidente la polémica entre el primer socialismo que exaltaba el Estado y el liberalismo originario que exaltaba el mercado, el sociólogo Max Weber sostuvo que el desarrollo económico de las naciones no depende del triunfo del Estado o del triunfo del mercado, sino de una difícil pero factible combinación entre ambos o, con otras palabras, de que una clase empresaria caracterizada por su competitividad conviva con una burocracia caracterizada por su profesionalidad . Es en esta dirección que marcharon Europa occidental y los Estados Unidos, y que hoy marchan Brasil, Chile y Uruguay, los países de punta del desarrollo económico latinoamericano.
Si tuviéramos que definir ahora el modelo de Chávez, podríamos decir que en el plano político lo caracteriza el re-reeleccionismo y, en el plano económico, el estatismo. El re-reeleccionismo de Chávez es la expresión de un narcisismo que lo conduce a creerse algo así como una reencarnación contemporánea de Bolívar. Este narcisismo, prolongación a su vez del típico caudillismo latinoamericano que tanto atrasó a nuestra región, ha sido bautizado por el columnista Andrés Oppenheimer como un "narcisismo-leninismo" porque postula un "socialismo del siglo XXI" que no es más que un castrismo bañado en petróleo. Chávez profana en realidad el noble nombre del socialismo por desconocer su evolución histórica, que partió del llamado "socialismo utópico" del siglo XIX, bordeó peligrosamente el comunismo al comenzar el siglo XX y remató a comienzos del siglo XXI en lo que hoy llamamos la "socialdemocracia", una idea política y económica perfectamente compatible con la democracia, según lo muestran grandes figuras como el inglés Tony Blair o el español Felipe González y, ya en nuestra región, el Partido de los Trabajadores de Lula, el Frente Amplio de Tabaré Vázquez y
Es que lo de Chávez no es "socialismo" sino "estatismo", porque su política económica se parece más a la de los movimientos totalitarios que cundieron en los años 30 detrás de pretendientes del poder total (de ahí su adjetivo de "totalitarios") que, ya hayan venido de la derecha de un Hitler o de la izquierda de un Stalin, lo único que han querido es el sometimiento político, económico y cultural de la nación.
Que Chávez se halla al borde de esta escabrosa frontera lo prueba su persecución de los opositores, varios de los cuales han debido exiliarse; su intensa campaña para monopolizar los medios de comunicación, y su intento de bloquear el desplazamiento de aquellos predicadores contemporáneos de la libertad como Mario y Alvaro Vargas Llosa, que han osado profanar en Caracas el templo nada sublime del "pensamiento único".
Nuestro "medio modelo"
Siguen al pie de la letra el modelo chavista otros presidentes latinoamericanos también re-reeleccionistas y estatistas, como el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, pero aún podríamos decir que el programa que encarna entre nosotros Néstor Kirchner es por ahora sólo un "medio modelo", no porque dude íntimamente ante el atractivo ejemplo que le brinda Chávez, sino porque, a la inversa de Correa y de Morales, aún no ha podido imponerlo del todo en la democracia argentina, cuyo destino a partir de las elecciones del próximo 28 de junio se abre en dos direcciones alternativas.
Si el kirchnerismo triunfara categóricamente en ellas, entonces podríamos ver a Kirchner y a su esposa alinearse ya sin disimulo junto con el caudillo venezolano que en el fondo admiran, y algunos de cuyos rasgos como el re-reeleccionismo ya han adoptado bajo la forma, hasta cierto punto original, de la sucesión indefinida intraconyugal, que, en ese caso, trataría de imponerse de nuevo en 2011. Pero lo que aún permite calificar al de Kirchner como un "medio modelo" es que esa victoria categórica, plebiscitaria, a la que el ex presidente aspira, dista de ser probable.
Es más, lo que aún permite asignarle a Kirchner la adopción de un "medio modelo" es que, si el 28 de junio llega a perder el control del Congreso que hasta ahora ha tenido, se abrirá para él y para sus propios opositores una nueva instancia de equilibrio que los empujará a ese diálogo y a ese compromiso que hasta ahora el ex presidente ha rechazado. Un Congreso pluralista podría convertirse así en una alta muralla contra la invasión chavista en
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martes, 26 de mayo de 2009
GRUPO ÁVILA
CARTA DEL GRUPO ÁVILA AL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Caracas, 25 de mayo 2009
Excelentísimo señor
José Miguel Insulza
Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos
Washington DC
Señor Secretario General:
Los suscritos, diplomáticos profesionales, académicos en el área del derecho y las relaciones internacionales, todos ciudadanos preocupados por el creciente sesgo autoritario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitarle se sirva tener en cuenta, en ocasión de la venidera 39ª Asamblea General de la Organización, el contenido de la Resolución del Parlamento Europeo, de fecha 7 de mayo de 2009 y el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 8 del mismo mes.
En el primero de dichos documentos se expresa preocupación por diversas acciones recientes de los Poderes del Estado, todas las cuales revelan un pronunciado sesgo autoritario y antidemocrático además de la evidente sumisión de todos ellos a la voluntad del Jefe del Estado quien, al amparo de una legalidad formal “ad hoc”, ha venido arrinconando el tejido institucional del país en forma harto evidente.
Sentencias de severidad inusual dictadas contra funcionarios policiales procesados en un juicio plagado de irregularidades, leyes que sustraen atribuciones constitucionales y legales a funcionarios recientemente elegidos en votación popular por el hecho de que no comparten la orientación del gobierno central, leyes que ponen en riesgo el derecho a la propiedad consagrado por el texto constitucional vigente y otras irregularidades han sido tomadas en cuenta con preocupación por la instancia parlamentaria de Estrasburgo.
Paralelamente, dentro del marco del sistema regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado en su reciente informe anual la presencia de acciones y omisiones lesivas a los Derechos Humanos por parte de las autoridades de nuestro país.
Tales observaciones, en lugar de generar el deseo de superarlas, lo que han hecho es desatar toda clase de descalificaciones de boca tanto del Jefe del Estado como de los demás Poderes. Hasta hemos presenciado el hecho insólito de que la Presidenta de la Comisión, la compatriota Luz Patricia Mejías, en violación de las restricciones que le impone su investidura, se ha permitido hacer agrios comentarios acerca del informe del cuerpo que ella misma preside.
Es por todo ello señor Secretario General, que nosotros y muchos compatriotas mas, aspiramos a que la 39ª Asamblea General a celebrarse próximamente en San Pedro Sula, Honduras, no deje pasar la oportunidad para tomar nota de estos asuntos que atentan frontalmente contra todo el sistema interamericano, en especial contra los postulados de la Carta Democrática Interamericana y de hacer un pronunciamiento sobre el particular.
La democracia venezolana está en peligro. La instancia continental tiene por función primordial garantizarla. Les pedimos que lo hagan.
Adolfo P. Salgueiro
Jefe de la Cátedra de Derecho Internacional Embajador
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas
Fernando Gerbasi
Embajador
Director del Centro de Estudios Estratégicos
y Relaciones Internacionales –CEERI-
UNIMET
Rodrigo Arcaya
Embajador
Adolfo Taylhardat
Embajador
María Teresa Romero
PhD en Ciencias Políticas,
Profesora Titular Universidad
Central de Venezuela
Emilio Nouel
Abogado, Profesor Universitario
Alexandra París-Parra
Ministro Consejero
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lunes, 25 de mayo de 2009
GRUPO 400+ DE
Caracas, 18 de mayo de 2009
José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
Washington D.C.
Señor Secretario General:
Quienes la presente suscribimos tenemos a bien dirigirnos a Usted a propósito de la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 7 de mayo próximo pasado, sobre el Caso de Manuel Rosales, y del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2008, hecho público por ésta al día siguiente del antes indicado.
Como habrá de saberlo, el Parlamento Europeo, luego de recordar el cierre, por orden del Presidente de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, de la estación televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), y también las inhabilitaciones impuestas a dirigentes de la oposición venezolanos para participar en la vida política, esta vez hace constar “la preocupante deriva autoritaria” que acusa el gobierno del referido mandatario.
En lo particular, el órgano institucional europeo da cuenta del uso de la vía judicial para la práctica de la persecución de los opositores al presidente venezolano, señalando los casos del ex gobernador del Estado Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales, y del ex ministro de la defensa, General Raúl Isaías Baduel. Refiere sobre la decisión concertada entre el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional, mediante la que se desconoce, en los hechos, la elección popular del Alcalde Mayor de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, al retirársele mediante ley, una vez electo, sus competencias y recursos presupuestarios, transfiriéndolos a una Jefe de Gobierno del Distrito Capital nombrada a dedo por el primer mandatario en contravención de la Constitución de 1999, a cuyo tenor todas autoridades de la República, de los Estados y de los Municipios han de serlo mediante el ejercicio del voto popular y en elecciones libres.
Asimismo, refiere el Parlamento Europeo las decisiones últimas del citado gobernante, que otra vez de concierto con el parlamento y de espaldas al ordenamiento constitucional en vigor, centraliza en sus manos competencias administrativas propias de los gobernadores de Estados y Alcaldes municipales, a objeto de estrangular económica y financieramente a las entidades regionales y locales cuyos gobiernos los han asumido dirigentes de la oposición.
La resolución del señalado parlamento regional internacional, asimismo, hace constar la preocupación de sus miembros por el juicio penal al que fueron sometidos tres altos funcionarios policiales dependientes de la autoridad del entonces Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña, opositor al presidente, detenidos sin juicio durante casi 5 años y a quienes se les condena a la pena de 30 años de prisión por la presunta muerte de 3 de los 20 víctimas fallecidas durante los sucesos del 11 de abril de 2002 en Caracas; siendo evidente, como resulta de las actas judiciales respectivas, la ausencia de pruebas que comprometan la responsabilidad de dichos funcionarios y en paralelo la negativa del Estado venezolano a investigar el universo de los crímenes cometidos en dicho día – con más de un centenar de heridos de bala - y cuyos responsables, registrados en plena acción durante los sucesos, se encuentran en libertad y bajo protección oficial.
Deja registro el Parlamento Europeo, además, de la aprobación de una enmienda constitucional promovida por el mismo Presidente de Venezuela, de concierto con los demás poderes públicos, a fin de hacerse reelegir indefinidamente en el ejercicio de su cargo y a pesar de que la misma fue rechazada mediante el voto popular y como parte de una reforma constitucional precedente; todo en contravención del ordenamiento constitucional que prohíbe, expresamente, someter a nuevo referéndum, durante un mismo período constitucional, asuntos que han sido objeto de rechazo por parte de la soberanía popular.
Le preocupa a la señalada instancia internacional regional, por ende, “el cambio de las reglas del juego democrático, la falta absoluta de independencia de los diferentes poderes del Estado y el escaso respeto por la leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, constatadas.
Señor Secretario General,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, a su vez, en su señalado informe sobre Venezuela destaca “la existencia de un ambiente hostil para el disenso político” y también “la impunidad que rodea las denuncias sobre homicidios y sobre ejecuciones extrajudiciales”, lo cual “afecta el pleno goce y disfrute a los derechos protegidos por la Convención Americana”.
Señala la Comisión, en igual orden, la postura contumaz asumida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al decidir negarse a dar cumplimiento a las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instar el gobierno del Presidente Chávez para que denuncie la Convención o Pacto de San José; circunstancia ésta que se agrava cuando, al saber éste del Informe de la CIDH en cuestión, amenaza públicamente con retirar al país de la Organización de los Estados Americanos y de su Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos.
La Comisión hace constar, por otra parte, que, si bien el gobierno de Venezuela arguye haber alcanzado logros en sus programas sociales - a saber, las misiones en materia de educación, salud, alimentación y servicios sociales - mejorando la inclusión de los sectores de menores recursos, es deseable que se realice “un estudio más a fondo” y se le permita al órgano de la OEA realizar una visita in loco – lo que no ha sido posible hasta el presente – para verificar la confiabilidad de las cifras oficiales y constatar los avances que en tal aspecto se señalan.
Advierte, asimismo, que si bien durante la década de gobierno del presidente Chávez se han realizado doce eventos electorales supervisados por organismos internacionales, no obstante ha tomado conocimiento de “la existencia de actos de intimidación contra sectores de la sociedad abiertamente críticos o que expresan su disenso a las políticas del gobierno”. Y a ello se le suma, según la misma Comisión, que durante los recientes comicios de 2008 para la elección de gobernadores y de alcaldes, no solo medió el recurso a las inhabilitaciones políticas de candidatos opositores por el Estado venezolano, sino que, el propio presidente, unas veces amenaza con sacar “los tanques de la brigada blindada” para defender su revolución en caso de que se vote por los candidatos de la “oligarquía”, en tanto que otras, refiriéndose al candidato a la reelección como gobernador del Estado Sucre, Ramón Martínez, señala públicamente que “no sólo va a perder la gobernación sino que va a terminar en la cárcel”, ajustando en directa alusión del candidato opositor que “te vamos a barrer asqueroso traidor”. Palabras más, palabras menos es lo que igualmente dice el gobernante venezolano del ex candidato presidencial Manuel Rosales, objeto de la resolución del Parlamento Europeo y recientemente asilado en la República del Perú.
El reclamo de la Comisión al gobierno no se hace esperar. Le pide que “en los procesos electorales se promueva un ambiente de respeto a la pluralidad de las ideas y opiniones que garantice la participación de los diversos partidos y movimientos políticos de Venezuela. Además, constatadas la existencia de “pronunciamientos e incidentes antisemitas” como el allanamiento de instalaciones judías por parte de la policía venezolana, le hace saber al Gobierno de Venezuela que su información y explicaciones al respecto son insuficientes
A continuación, relaciona la Comisión Interamericana el número creciente de agresiones a periodistas – uno de ellos asesinado – y el ataque violento a las instalaciones de medios de comunicación privados como las amenazas de muerte a sus directivos por grupos que se dicen afectos al gobierno; destacando, al efecto, la mora e indiferencia oficial para el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales acordadas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericanas de Derechos Humanos en beneficio de los distintos trabajadores de la prensa, la radio y la televisión venezolanas.
En fin, sabiendo la Comisión de las amenazas de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de quienes defienden desde dentro y desde fuera de Venezuela los derechos humanos, “considera que las acciones de descrédito realizadas desde las autoridades estadales hacia defensoras y defensores de derechos humanos” vienen generando “un profundo daño a las democracias en el hemisferio”.
Señor Secretario General,
No escapa a su atención que los pronunciamientos internacionales intergubernamentales y los sucesos antes narrados concretan una clara cesación en Venezuela no de uno sino del conjunto y de cada uno de los elementos esenciales de la democracia y de los componentes fundamentales del ejercicio democrático, tal y como los describe la Carta Democrática Interamericana y los desarrolla a cabalidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De modo que, resulta difícil dejar de exigirle, más que recomendarle, que asuma con firmeza y sin ambages la defensa del patrimonio democrático que, desde el momento de su fundación, explica y justifica la existencia de la Organización de los Estados Americanos, cuya autoridad y representación Usted ejerce hoy y en momentos críticos como Secretario General
No se trata de que en Venezuela haya ocurrido un golpe de Estado – que si lo hubo, al menos en el caso concreto que implica el desconocimiento de la elección popular del Alcalde Mayor de Caracas y el establecimiento de una autoridad de facto designada en defecto de la anterior por el Primer Mandatario nacional – sino que, habiéndose sucedido los graves hechos mencionados supra, como el más reciente anuncio presidencial de que deja de existir el derecho a la propiedad privada en el país y que amenaza con clausurar en los próximos días la estación privada de televisión Globovisión, Canal 33, en cuyo beneficio han decidido la Comisión y la Corte Interamericanas, cristaliza de suyo “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente” el orden democrático” venezolano.
La “deriva autoritaria” que angustia a los europeos, encuentra su mejor expresión en la acción policial y militar represiva que desplegó el gobierno de Venezuela, por órdenes del propio Presidente Chávez, contra la marcha pacífica de los trabajadores durante el último 1° de mayo, disolviéndola violentamente para darle cabida a la reunión de los suyos en las vecindades del Palacio Presidencial de Miraflores
Finalmente no podemos menos que expresarle nuestra alarma por sus recientes declaraciones publicadas en el Diario El Pais de Madrid en su edición del 11 del presente, en las cuales al preguntarle el periodista si no hay un retroceso de la democracia en Venezuela usted respondió.”De eso ya no estoy tan seguro. Eso es un tema a discutir”.
Semejante declaración tan contraria a la realidad, y ya estando usted al tanto de la alarmante resolución del Parlamento Europeo nos lleva a recordarle que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana le fija como deber, al Secretario General de la OEA, en supuestos como los anteriores, de convocar al Consejo Permanente y realizar “una apreciación colectiva de la situación”. Es lo menos que le corresponde a usted realizar por las elevadas responsabilidades que le han confiado Las Américas, espacio geográfico en el que se deteriora aceleradamente la calidad de sus democracias con indiferencia inaudita de sus propios gobernantes.
"El pueblo venezolano no olvidará la indiferencia, la lenidad o, peor aun, la complicidad en la entronizacion de un regimen dictatorial en Venezuela de parte de quienes, teniendo la obligacion para asistirlo en su lucha por la plena vigencia de la Constitucion y la democracia, incumplieron su mandato. Toda vez que en el pasado, como le consta a usted personalmente, supo asistir moral y materialmente a pueblos hermanos y a personalidades politicas, academicas y sindicales en desgracia."
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Entrevista a Antonio Pasquali, comunicólogo
"Chávez pasará a la historia como el último dictador televisivo"
"Si el Presidente logra que el país digiera el cierre de Globovisión no lo para nada y le hincará el diente a Internet"
Ícono de las investigaciones sobre comunicación en el continente, a sus 80 años Antonio Pasquali, no abandona su proyecto de televisión de servicio público. Vapuleada como está la libertad de expresión (él prefiere el término "de comunicación") por un gobierno, a su juicio, totalmente cubanizado, persiste en su idea de una información de doble retorno como una forma de vencer la dictadura mediática, aquella que se limita sólo a emitir y bloquea el mensaje de vuelta.
-¿Es posible controlar o confiscar los medios de comunicación sin someter al resto de la sociedad?, ¿puede existir la democracia dentro de un régimen que controla diarios, televisión y radio?
-Es posible en el sentido junguiano. Jung contaba la historia de los dos príncipes. El príncipe malo, que mata al príncipe bueno, se pone la máscara de éste, para que no lo descubran. Pero un día los notables del reino le arrancan la máscara y descubren, debajo de la máscara, al príncipe bueno. Es decir, en ciertas ocasiones el traje sí hace al monje porque se comienza por la exterioridad y esto puede inducir a un proceso de modificación mental, sobre todo si lo apoyas en factores colaterales como el favoritismo, corrupción, misiones, becas.
-Cuando usted confisca medios lo que busca es consenso forzado en torno a un mensaje único.
-El ministro de Relaciones Interiores acusa a la rectora García Arocha de haber quemado autobuses y lo repite ad infinitum. ¿No cree usted que parte de la gente terminará cayendo en esa mentira mientras otra terminará dudando?
-Pero, ¿no cree usted que el lugar común goebeliano según el cual una mentira dicha cien veces se convierte en verdad, sólo es posible en regímenes totalitarios como el nazista? En Venezuela aún es posible contraponer la verdad real a la verdad oficial, como quedó demostrado la semana pasada, cuando Globovisión enterró la versión del Gobierno sobre la quema de vehículos al exhibir el video de los encapuchados dándole candela a los autobuses.
-Encapuchados a los cuales perteneció en su momento el actual ministro del Interior. Así es, pero nuestra capacidad de discernir merma cada día más, entre otras razones por la autocensura. Yo veo que la prensa avanza, centímetro a centímetro, hacia la autocensura. Comprendo que deben convivir, que no quieren perder los lectores del otro bando y al mismo tiempo ser objetivos. Pero por ahí van los procesos de autocensura.
-¿No hay también medios audiovisuales entregados al Gobierno bajo la forma de un supuesto equilibrio?
-Yo me siento cómodo en el 2008 comparado con los años 50. En aquella época se plegaron todos los medios. No sólo Víctor Saume y Renny Ottolina, sino todos los medios.
-¿No era eso así porque no había otra alternativa: o se plegaban o desaparecían?
-Pero es que no hubo ni siquiera un amago de resistencia. Claro, el país venía de un pasado distinto al actual. Ahora viene de 40 años de una democracia donde los medios abusaron de la libertad.
-¿En qué momento?
-Sobre todo en 2002. Ellos fabricaron a Chávez y demolieron el sistema democrático.
-¿Habla de 2002 o de 1992?
-De ambos. Ellos auparon la existencia de un Chávez. Ahora pasan por un momento difícil y yo deseo que entre todos los ayudemos a mantener un cierto margen de libertad. Me preocupa el caso de Globovisión per se y por lo que puede venir. Si él (Chávez) logra que el país digiera el cierre de Globovisión, no lo para nadie y ahí le va a meter el diente hasta a Internet.
-El cierre de RCTV le hizo pagar un costo político que se tradujo en su derrota electoral de 2007. ¿No puede ocurrir algo similar si se consuma el cierre de Globovisión?
-Pero él digirió lo de RCTV y lo dijo claramente al día siguiente de la derrota: "pase lo que pase con su victoria de mierda, yo sigo adelante con mi proyecto". Chávez está gobernando, desde hace dos años, con la Constitución que no le aprobamos.
-Todo eso es cierto, pero, ¿qué hacer?, ¿por qué la oposición no reacciona? Incluso se habla de un madrugonazo con la convocatoria a una Asamblea Nacional?
-En este momento no podemos sino defender lo poco de libertad que queda en ciertos medios, sin dejarnos chantajear por el pasado. A mí me tocó llegar a los 80 años para comprender a Fedro, personaje que vivió las porquerías del Senado romano, donde se le levantaban expedientes a los enemigos políticos para destruirlos. Así fue cómo inventó el aforismo del lobo y del cordero, sólo que el primero, antes de comerse al segundo, le levanta un expediente para cubrirse las espaldas. Lo mismo hicieron con Alberto Ravell cuando lo acusaron de terrorismo con el tema del sismo. Eso es cubano, eso es típico de la KGB (soviética). Yo he analizado lo que dijo Ravell una y otra vez y no encuentro nada censurable, todo lo contrario. Hay que elogiarlo. Pero le levantaron un expediente. Ese esquema hay que romperlo.
-¿Cómo?
-Con el ridículo. Hay que rediculizar a estos ministricos ex guerrilleros convertido en gerentes públicos. Vamos a reírnos en su cara. Que vayan a un tribunal internacional serio a ver si hubo terrorismo en lo que dijo Ravell. Terrorismo es cuando Chávez le dice a la gente del este de Caracas que si "hubiésemos querido, no habríamos dejado piedra sobre piedra". Hay que contraatacar con vigor y no lo estamos haciendo.
-Por qué no hay quien encauce el sentimiento de cinco millones de venezolanos.
-Eso tiene su aspecto lamentable y su aspecto admirable. Estamos viviendo en una democracia que brota sin que nadie abra el pozo, sin líderes, ante un país que están destrozando.
-Sin embargo, dentro del chavismo hay voces opuestas al cierre de Globovisión.
-Chávez está apretando un resorte que algún día le va a reventar en la cara. No es posible que cada vez que consigue un ente pensante lo bote a los seis meses. La única imagen positiva que uno apreciaba en este gobierno-dictadura era la de Vielma Mora, por quien llegué a sentir respeto. El fue el primer venezolano que convirtió este país de evasores en un país de contribuyentes. Y lo botó.
-¿No intenta Chávez una fuga hacia adelante ante una situación que, a corto plazo, puede tornarse conflictiva en lo económico y social?
-Él es un estratega con una sola opción: la fuga hacia adelante. Ahora está pisando el acelerador, pero creo que terminará en una tronco de bancarrota.
-Eso no parece posible a corto plazo.
-Siempre hay variables, hechos de calle. Pero la tendencia predominante es hacia el deterioro económico. Las estatizaciones de contratistas petrolera las hacen porque no pueden pagar la deuda. Y ahora le bajan el sueldo a los trabajadores.
--¿No encuentra usted algunas semejanza de este régimen con el de Berlusconi, quien maneja el poder desde los medios?
-En las última semanas Berlusconi ha tenido quejas de ese tipo y se ha pronunciado contra los medios. Ahora, él no es otra cosa sino un vulgar delincuente, un señor a quien han agarrado seis u ocho veces con las manos en la masa. Sólo que se mandó a hacer una ley que lo hace invulnerable mientras sea primer ministro. Y ahí sigue, tan campante. Pero al final todas las dictaduras, de izquierda o derecho, terminan pereciendo y con ellas los iluminados.
-¿No tiene Chávez el "mérito" de avanzar hacia un anacronismo como el totalitarismo del siglo XX con técnicas del XXI?
-Chávez pasará a la historia como uno de los últimos grandes explotadores de un medio inventado para los dictadores: la televisión. Se comienza a distinguir eras en la corta y violenta vida de los medios. Y después de la era de la prensa y el cine, a partir de los años 40, comienza la era (55 años) de la radio y la televisión. Instrumentos perfectos para impedir el retorno del mensaje y permitan al emisor hablarle al mundo entero sin recibir respuesta: Hitler, Mussoliní, Stalin.
-Franklin D. Roosevelt.
-Sólo que con otros fines. Pero el último dictador que ha explotado el carácter dictatorial de la televisión es Chávez. Después de él viene el reino del teléfono porque es absolutamente dialogal y el primer instrumento comunicante, de doble retorno, que funciona en total libertad.
Roberto Giusti
EL UNIVERSAL
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En el TSJ tampoco agrada la Ley de Procesos Electorales
En el Máximo Juzgado estiman que el borrador viola la Constitución
En el TSJ recomiendan que la Ley de Procesos Electorales regule todos los comicios, incluidos los de los partidos y gremios (Nicola Rocco/Archivo)
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La oposición y los sectores minoritarios del chavismo no son los únicos que están disconformes con el contenido del proyecto de Ley de Procesos Electorales que actualmente discute la Asamblea Nacional. Entre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también se escuchan críticas contra el borrador que eliminaría el principio de representación proporcional establecido en la Constitución de 1999.
No obstante, las quejas del Máximo Juzgado, al menos hasta ahora no se han referido a la modificación del sistema que consagraría la sobrerrepresentación de las mayorías, sino a otros no menos importantes.
En predios de la Sala Electoral fustigaron que la propuesta se limite a regular exclusivamente los comicios en los que se escogen cargos públicos.
"Cabe plantearse si no resulta conveniente la elaboración de un texto legal en materia electoral que regule no sólo los procesos de cargos de representación popular, sino también aquellos a que se refiere el artículo 293, numeral 6, de la Constitución, a saber: sindicatos, organizaciones con fines políticos y gremios profesionales", indicó un magistrado en un documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en el cual abogó por normar urgentemente los distintos tipos de referendos previstos en la Carta Magna (consultivos, revocatorios y abrogatorios).
Las consultas que hasta ahora se han celebrado en el país han sido reguladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante las potestades que le confirió la Sala Constitucional en 2003. En ese mismo año la intérprete del texto fundamental se reservó el conocimiento de las causas relacionadas con los referendos, debido a la ausencia de una ley que los regule.
Todo es recurrible ante un juez En el TSJ también criticaron tanto que el CNE, en la propuesta que presentó al Legislativo, como la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, en el texto que actualmente debaten los legisladores, establezcan que los ciudadanos sólo pueden impugnar el registro electoral preliminar.
"Parece evidenciarse la inimpugnabilidad absoluta del registro definitivo, solución que llevada hasta sus últimas consecuencias podría resultar de discutible constitucionalidad, toda vez que no puede limitarse de forma general y apriorística la posibilidad de revisión en vía jurisdiccional (artículo 26 constitucional", precisó el magistrado en su escrito.
El título dedicado a la Jurisdicción Electoral tampoco agradó en predios del Máximo Juzgado, pues la misma "al no ser tradicional de nuestra legislación y práctica forense, pudiera dar lugar a confusiones". Igualmente fustigaron que se incluya dentro de este ámbito a los procedimientos administrativos ante al Poder Electoral, cuando la misma debería limitarse a las acciones judiciales.
Fuentes de la Sala Electoral consultadas cuestionaron que en el borrador se remita a otros juzgados el conocimiento de las causas relacionadas con la materia electoral, pues "la única instancia que puede conocer de acciones relacionadas con procesos comiciales es el TSJ, a través de su Sala Electoral".
Cerrarle las puertas a la posibilidad de recurrir a la vía administrativa (recursos ante el CNE) para solicitar la subsanación o convalidación de vicios en las actas automatizadas distintos a la inconsistencias numéricas es otra de las críticas que figuran en el documento que elaboró el magistrado.
"Si bien su acaecimiento (de otros vicios) resulta poco probable en virtud de la automatización del proceso electoral, el legislador no puede prever todos los supuestos que se generen en la realidad a través de una prohibición absoluta, en contradicción con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la cláusula de universalidad de control jurisdiccional de todos los actos emanados de los órganos del Poder Público", indicó el miembro del TSJ.
Por último, el magistrado fustigó el incremento en más de 400% del número de firmas que necesita un ciudadano que aspire a postularse por iniciativa propia a un cargo de elección popular, lo cual, a su juicio, representa una "limitación para ejercer el derecho fundamental al sufragio pasivo".
Juan Francisco Alonso
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