Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV: «El evento ejecutado el 6D es la definitiva ruptura del orden constitucional» (Comunicado)

Caracas 30 de diciembre de 2020. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se pronunciaron este miércoles sobre el panorama político actual en Venezuela, más específicamente ante las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que el chavismo obtuvo la mayoría de los curules de la nueva y cuestiona AN que se instalará el próximo 5 de enero de 2021.

Los académicos calificó a la administración de Maduro como un «régimen de facto» que «manipula la Constitución a conveniencia». Asimismo, denunciaron que Venezuela vive en un estado de precariedad institucional.

«No solo es un Estado forajido que incumple la normativa internacional, es un Estado fallido con una severa carencia de legitimidad de origen (…) Venezuela no tiene Estado. Estamos ante un régimen de facto, donde la Constitución se manipula a conveniencia (…) han arrasado con todas las organizaciones, sindicatos, gremios y universidades«, expresaron en rueda de prensa junto al Colegio Nacional de Periodistas desde Caracas.

Comunicado

La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conformada por los profesores que imparten esta materia, así como otros profesores de derecho público integrados a sus actividades, reunidos por convocatoria expresa de su jefatura, considera su deber emitir un pronunciamiento de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades, en los términos siguientes:

LOS HECHOS HABLAN POR SI MISMOS

En virtud de la realización del evento de fecha 6 de diciembre de 2020, se ha consumado el fraude electoral que denunciamos en el pronunciamiento de fecha 27 de agosto de 2020, documento en el que destacamos un diseño que ha sido objeto de desarrollo continuado y que parte del desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado Democrático. Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Aseveración tan grave por parte de profesores dedicados a la enseñanza del Derecho Constitucional es el producto de un análisis de la realidad política venezolana signada por las situaciones siguientes:

1. La sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos, la pérdida de la soberanía nacional y la crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por ineficiencia y corrupción, son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro.

2. La existencia de un Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido. Se trata del ejercicio del poder bajo un sistemático y anómico desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. En particular, de un accionar signado por la violación de los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, y los valores democráticos, que se asocia a la acción de grupos internos paramilitares y grupos criminales fuera del país, en complicidad con organizaciones transnacionales dedicadas a actividades ilícitas. Causando la depredación de los recursos de la Nación, un daño sistemático al ambiente, y comprometiendo la integridad del territorio y la soberanía de la Nación. Adicionalmente, este Estado forajido, que atiende a fines extraños al interés de los venezolanos, presenta la más absoluta incapacidad para cumplir con las obligaciones que un Estado debe poseer para garantizar el bienestar de la sociedad a la que se debe.

3. De manera que la depredación de los recursos nacionales y la trepidante corrupción, configura al Estado fallido con incumplimientos en su carga obligacional de bienestar y resguardo de las necesidades básicas de la población, lo que ha impulsado a millones de compatriotas a huir del país. Venezuela es, en este preciso momento, el país con la segunda más aguda crisis migratoria del mundo, después de Siria un país con una guerra civil, constituyéndose en un riesgo para la Región por tal hecho.

4. La Asamblea Nacional electa por el pueblo en diciembre de 2015 es actualmente la única institución constitucional que goza de legitimidad de origen en Venezuela. Así ha sido reconocido por los organismos internacionales y las democracias del mundo. Dicha elección reflejó el rechazo al proceso de instauración del Estado fallido y a la destrucción institucional de Venezuela. El resultado de dicho proceso electoral fue una contundente respuesta de la sociedad que no pudo ser contenida por el ventajismo, el fraude, ni los delitos electorales amparados por el Consejo Nacional Electoral y por un Poder Judicial, ilegítimo de origen, parcializado y al servicio exclusivo de la tiranía.

5. Desde el mismo momento de la elección de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, se produjo un desconocimiento de sus funciones constitucionales, lo que manifiesta un desacato a la soberanía nacional en ella representada. Las vías de hecho contra los diputados, que ha incluido la persecución, el secuestro, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de los parlamentarios, han sido complementadas con zarpazos judiciales como los contenidos en las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional del TSJ que, como denunciamos en su oportunidad, “constituyen actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial y la ruptura del orden constitucional”. A lo que se agregó la farsa de una “Asamblea Nacional Constituyente”, coaptada con el único objetivo de anular la expresión plural y democrática de la soberanía de la Nación representada en la Asamblea Nacional. En consecuencia, en Venezuela no existe Estado de Derecho, se violenta abiertamente el régimen de libertades públicas y se ha materializado la abrogación de facto de la Constitución.

6. La sistemática violación de derechos humanos y los crímenes atroces asociados a las ejecutorias del régimen de Nicolás Maduro, ha sido documentada en el Informe Detallado de la Misión de Determinación de los Hechos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de incontables documentos producidos por diversos organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas ONG nacionales como PROVEA y Acceso a la Justicia; e internacionales, como Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, DPLF y HRW, entre muchas otras. La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional que realiza un examen preliminar sobre la Situación I de Venezuela, ha establecido en su fase 2, que los hechos acontecidos en nuestro país son de la competencia material, territorial, personal y temporal de dicha instancia judicial, por lo que ahora estudia su admisibilidad (Fase 3 del examen preliminar).
7. El 6 de diciembre de 2020 la élite despótica culminó una nueva fase del fraude continuado dirigido a reproducir el dualismo institucional que ha implantado desde hace dos décadas en el ámbito, económico, político y social, para debilitar las bases del Estado Constitucional de Derecho y la misma Democracia. Previamente, mediante maniobras hilvanadas y ejecutadas por el Poder Judicial al servicio de esa cúpula autoritaria, los partidos políticos opuestos a la dominación totalitaria fueron inhabilitados y todos sus recursos y símbolos fueron confiscados y luego cedidos a simpatizantes y aliados del partido oficial, para eliminar así toda competencia.
8. El 5 de enero de 2021 debería expirar el mandato de la representación popular electa en el proceso electoral de 2015; sin embargo, las mismas instancias de la comunidad internacional y los Estados que le han dado reconocimiento y cualidad a la Asamblea Nacional 2016-2021, han procedido desde la convocatoria de las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado a realizar señalamientos válidos que califican su ilegitimidad e inconstitucionalidad. Existe consenso, entre las democracias consolidadas en el mundo, sobre que este último evento no puede ser definido como un proceso electoral válido, porque su único propósito era destruir el último resquicio de constitucionalidad y legitimidad democrática, refugiado en la Asamblea Nacional electa en 2015.

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL ESTÁ CONSUMADA, LA ENTREGA DE LA SOBERANIA NACIONAL ESTÁ EN EJECUCIÓN

Todo análisis o evaluación de la situación, cualquier planteamiento sobre la salida aplicable al caso venezolano, tiene que partir de la destrucción del Estado Constitucional y la captura del poder político subsistente por un régimen de facto que utiliza la violencia, en todas sus modalidades, para controlar en forma total a la población. La desintegración del Estado de Derecho, la constitucionalidad y la legalidad se manifiestan ante los siguientes elementos que implican la pérdida de soberanía:

i. La falta de control sobre el territorio nacional, especialmente en la frontera; y el riesgo inminente del despojo definitivo de territorio patrio, ante la debilidad institucional de Venezuela o la connivencia criminal del régimen de facto. Esta situación se evidencia en la situación planteada por acción incoada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la reciente decisión que asume la jurisdicción para conocer fondo y forma de la controversia sobre el Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899.

ii. Una dramática crisis migratoria venezolana que en este año superó la de países bajo conflicto bélico como lo son Sudán del Sur, Myanmar (Rohinyá), Afganistán y Somalia, en el orden de gravedad según la ACNUR, y pronto podría superar la de Siria . Un sufrimiento que se refleja en episodios como la tragedia que se vive en Güiria de La Costa, la frontera con Colombia y tantos actos de discriminación y xenofobia ejecutados en países a los que Venezuela brindó apoyo y refugio a sus nacionales. Esta situación justifica una intervención decidida y comprometida de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y los demás organismos multilaterales asociados a la solución de esta emergencia humanitaria compleja.

iii. El desmantelamiento de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como empresa a través de la cual el Estado venezolano se reservaba la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico de conformidad con los artículos 302 y 303 de la Constitución. La galopante corrupción produjo un dramático derrumbe en la producción nacional. No hay faceta del funcionamiento de PDVSA que no haya sido azotado por el tráfico de intereses; la desviación de la actividad productiva de la empresa con cargas económicas absolutamente apartadas de su objeto social; desfalco generalizado con la Flota de Transportes del Alba, Transalba y los negociados con fletamento de buques, gabarras y equipos auxiliares; convenios internacionales de suministro incontrolados; y, en especial, el impacto del Convenio Petrolero con Cuba. Asimismo, los más de 20 grandes casos penales de sobornos y estafas a PDVSA que se tramitan en otras jurisdicciones, evidencian la corrupción y falta de idoneidad de sus administradores, en complicidad con contratistas, clientes y testaferros . No son las sanciones impuestas por la comunidad internacional la causa eficiente de la postración de nuestra principal industria.

iv. El otorgamiento indiscriminado de concesiones desconociendo las más elementales normas técnicas de preservación del medio ambiente, irrespetando las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrificando la soberanía nacional, bajo una administración corrupta y caótica. En este sentido, la creación del Arco Minero del Orinoco, en manos de autoridades militares , conformado por una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de 111.843,70 km2 de superficie, afectando algo más del 12% del territorio de la República, puede

presentarse como uno de los más arbitrarios y audaces actos de enajenación masiva de la riqueza minera nacional bajo el antifaz inicial de la nacionalización de la explotación y exportación de metales y no metales. Esta inédita política concesionaria afecta la explotación de material radiactivo como el uranio y el torio, e igualmente de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita; además, constituye una fuente de ingresos sustantiva para mantener el régimen en el poder a pesar de que sus ejecutorias reflejan un Estado fallido. Se trata de un crimen ecológico de Estado no igualado, en su aspecto dañoso, en cuanto al impacto ambiental y humano.

v. La constante de comprometer el patrimonio de la República mediante empréstitos y la asunción de obligaciones económico-financieras que han sido suscritas en forma inconstitucional, ya que incumplieron el sistema de controles previstos para los contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras. La exposición de motivos de la Constitución de 1999 es terminante, en este aspecto: “En materia de contratos de interés público se mantiene, en general, la regulación constitucional existente, aunque se mejora su redacción. Se prevé, así, como regla general que los contratos de interés público nacional deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No obstante, se establece con carácter preceptivo esta aprobación en los supuestos de contratos de interés público nacional, estadal o municipal si los mismos pretenden celebrarse con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”. Cuando el Constituyente se refiere a la aprobación con “carácter preceptivo” de los contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras, está advirtiendo que este control siempre debe producirse para que opere su validez constitucional.

vi. De forma que cuando un contrato de interés público nacional celebrado con Estados o entidades oficiales extranjeras reviste forma de tratado, convenio o acuerdo internacional, aunque operen las excepciones contenidas en el artículo 154 de la Constitución, estaría sujeto a la autorización de la Asamblea Nacional. Lo que no puede es estar exento de controles. El mejor ejemplo de este modelo de corrupción transnacional han sido los componentes y derivaciones que se enmarcan en la relación con China, el cual se inició con el otorgamiento de un primer préstamo en 2008 previo a la aprobación de la Ley Aprobatoria del Convenio y prosiguió con varios convenios de enmienda para el otorgamiento de nuevos préstamos que incrementaron la deuda, en una primera etapa, en unos 50 mil millones de dólares; y Rusia, especialmente en el área petrolera, proyectos mineros, compra de material militar, importación de bienes y servicios, así como en la ejecución de todo tipo de proyectos vinculados al interés nacional.

vii. La adopción del Contrato CUPET-PDVSA, en el marco del convenio petrolero, redujo el valor patrimonial de PDVSA y produjo un daño económico a la República que se manifiesta, en forma creciente y paulatina, en el monto que corresponde a la diferencia entre el precio de venta establecido de cada embarque (valor original) y el valor real o efectivo de las cartas de crédito emitidas por el BNC por ese embarque. Se trata de un financiamiento que constituye la fuente de ingresos sustancial de Cuba hasta la fecha y la causa eficiente de su estabilidad política en las últimas dos décadas. Todo bajo la premisa de vigencia de un convenio internacional indubitablemente inconstitucional, así como lo ha sido el grotesco endeudamiento que ha asumido Venezuela con Rusia y China sin cumplir los parámetros de control establecidos en la Constitución para los contratos de interés nacional. Pero el grado de intervencionismo cubano no tiene parangón ni siquiera con estas dos potencias mundiales.

viii. Aunado al auxilio económico del cual depende el régimen cubano se encuentra un control efectivo y selectivo de actividades básicas del Estado venezolano, inconcebibles desde la perspectiva de pervivencia de un patrón mínimo de independencia y soberanía. En buena medida, ya sea a través de convenios complementarios o vías de hecho, el régimen cubano controla los sistemas de identificación, registros de propiedad y de transacciones mercantiles, controles migratorios, puertos y aeropuertos, sistemas informáticos de la administración pública y los programas sociales. Se constituyen en intermediarios de las importaciones de bienes y servicios efectuados por el Estado y los particulares que se sirven de los mecanismos de financiamiento y soporte de operaciones públicas. Constituyen los principales y más cercanos “consejeros en seguridad nacional”; represión política; seguimiento de los efectivos militares incluyendo al alto mando de una Fuerza Armada hoy desmantelada, dividida y corrompida; además, sus servicios de inteligencia están enquistados en la policía política.

NO AFRONTAMOS PROCESOS ELECTORALES O CONSTITUCIONALES, ESTE ES UN CONFLICTO POR LA LIBERACIÓN DE UN PAÍS QUE PERDIÓ SU SOBERANÍA

Por supuesto, cualquier proceso que implique un cambio de régimen en Venezuela es de interés nacional para Cuba y los otros “Estados Invasores”, además de los grupos económicos delincuenciales transnacionales, insurgencia vecina y terrorismo que se constituyen en “potencias de ocupación”, con la aquiescencia de las FANB y de algunos sectores políticos afines al régimen. Para hacer más complejo el panorama, debemos afirmar la interferencia directa de empresas transnacionales y factores económicos de todo tipo que se han enriquecido ilícitamente a costa del sufrimiento del pueblo venezolano, traducido en una descomunal y compleja emergencia humanitaria. Todos estos intereses son enemigos de un proceso que culmine en la sustitución del régimen fallido que ha permitido una depredación como nunca se había ejecutado en el Continente.

Ante este cuadro que ha implicado el quiebre del alma nacional, la destrucción de valores y la sumisión de parte de la población ante la opresiva marginalidad a la que ha sido sometida, los factores democráticos deben dar una respuesta marcada por una toma de consciencia que parece inexistente ante el comportamiento público, la improvisación y las vergonzosas actuaciones de buena parte del liderazgo político del país. Y la mayor señal de esta madurez estaría en orden al desplazamiento de sus propios intereses en aras de una integración real, no fingida, para hacer frente a tan poderoso enemigo.

Todo proceso de negociación política debe estar signado por el resguardo de los principios y condiciones que permitirían el acto de liberación a que hemos hecho referencia. Se trata de la búsqueda del respaldo internacional para forzar la expulsión de los intereses extranjeros presentes en Venezuela y que son un riesgo para la seguridad nacional de los países de la Región. Ahora bien, ante la realidad del Estado fallido, incapaz de proteger a su población y que la agrede con diversas manifestaciones de violencia que vulneran de manera consciente el derecho internacional humanitario, procede la Responsabilidad de Proteger de la Comunidad Internacional en el caso venezolano. Las organizaciones internacionales, especialmente las vinculadas a las Naciones Unidas, deben abandonar las poses y vinculación con intereses que atentan contra la paz y estabilidad de nuestros pueblos activándose en el cumplimiento de sus funciones en apoyo al Estado de Derecho; en especial, la intervención directa en Venezuela de OCHA, ACNUDH, FNUD, PNUD, PNUMA, ONU-Hábitat, ACNUR, UNICEF, OMS y el Banco Mundial, solo para ejemplificar.

Dada la postración, debilidad y parcialidad de la Fuerza Armada Nacional, contrariando el mandato del artículo 328 de la Carta Magna, debe considerarse la participación del Departamento de Operaciones de Mantenimiento, de la Paz (DOMP) y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DAAT), en la misión política del resguardo de la necesaria salida electoral que será la solución final del conflicto venezolano. Asimismo, para ejecutar la reforma judicial, penitenciaria y de la seguridad imprescindible para recuperar al país de los grupos delincuenciales que lo someten, bajo cualquiera de sus modalidades: narcotráfico, terrorismo, mega bandas, guerrilla, paramilitares, y para proteger a la población civil.

SOBRE LAS CONDICIONES ELECTORALES IMPRESCINDIBLES A LA SOLUCIÓN FINAL DEL CONFLICTO

Consideramos que deben concretarse las condiciones imprescindibles para participar en procesos electorales. Desde esta perspectiva, las elecciones que permitirán la restauración democrática en Venezuela deben partir de los condicionamientos siguientes:

a) Inmediata liberación de los presos políticos que fueron privados de su libertad conculcando el debido proceso y violentando sus derechos ciudadanos.

b) Desmilitarización de un proceso eminentemente civil y desplazamiento del factor militar de la protección de los factores que participen en el proceso electoral.

c) Cumplimiento irrestricto de las condiciones mínimas necesarias para la celebración de elecciones democráticas, libres, competitivas y universales en Venezuela que fueran presentadas al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 15 de febrero de 2019, por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la máxima instancia regional. Además, la necesidad de una observación integral protagonizada por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

d) Definición de un Consejo Nacional Electoral auténticamente independiente y que controle efectivamente a los órganos electorales subalternos. Esto implica la elección democrática de un Poder Electoral que garantice el equilibrio de los factores políticos actuantes en la sociedad.

e) Definición de un espacio efectivo para el debate público despojado de la manipulación, presiones, censura, y control de los órganos gubernamentales. Lo que implica la garantía al debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y el levantamiento a las restricciones al ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión consustanciales a cualquier campaña electoral.

f) Conformación de un nuevo Registro Electoral.

g) Restitución de los mecanismos de financiamiento y las garantías de funcionamiento del sistema partidista; adicionalmente, el cese del secuestro de los recursos y la inhabilitación de los partidos políticos.

h) Proscripción de la manipulación de los circuitos electorales y el diseño obstructivo y selectivo del proceso de votación garantizando el principio de intangibilidad.

i) En el supuesto de utilización de procesos automatizados, el respeto de las normas internacionales en materia de observación de los procesos electorales y, en especial, el sistema de auditorías que disminuya el riesgo de manipulación siempre presente en estos procesos. Además, garantizar el respeto del proceso de retorno del material, resguardo de las urnas electorales y las actas para garantizar su protección después de la jornada electoral. Igualmente, preservar los mecanismos de seguridad sobre el acceso a la red, el sistema de identificación de huellas y de cuadernos electorales, el hardware y software que serán utilizados en el acto de votación y escrutinio.

LA RESISTENCIA POLÍTICA ANTE LAS INMEDIATAS AGRESIONES DEL RÉGIMEN DE FACTO

Constituye un acto de supervivencia política la definición de una nueva instancia organizativa y de dirección en el esfuerzo de resistencia mancomunada contra el régimen de facto. La misma debe integrar a las organizaciones políticas y sociales con presencia ciudadana, y debe deslastrarse de aquellos factores económicos que representan intereses contrapuestos al proceso de liberación que se plantea en Venezuela. Inclusive, urge la sustitución de aquellos que has asumido la temática de las condiciones electorales y la representación de los factores democráticos ante las sedicentes autoridades electorales.

En la defensa de los derechos humanos fundamentales resulta vital la necesidad inmediata de la instrumentación efectiva de los protocolos y expresas recomendaciones tanto de la OEA, en sus diferentes manifestaciones, como de la ONU, en materia de libertad de expresión, libertad de información. Especialmente el cese de la escalada represiva, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, congelamientos de cuentas sin debido proceso, a través de instrumentos dictatoriales incorrectamente llamados leyes Antiodio y Antibloqueo, por parte de organismos policiales, militares, fiscales y un poder judicial sumiso, contra periodistas, trabajadores del sector salud, de la prensa, defensores DDHH, dirigentes comunitarios, sindicalistas e infociudadanos. En el marco de esta escalada represiva el despotismo, con su hegemonía comunicacional, adelanta campañas de descrédito y manipula la información sobre el colapso de los servicios públicos y el desarrollo de la pandemia, con el propósito de silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informadas, sin censura.

En cuanto a la pervivencia de la Asamblea Nacional legitimada en el año 2015, los principios axiológicos del derecho constitucional definen la inexistencia de un acto electoral el 6 de diciembre de 2020. Invocamos como acto de legitimación y consolidación institucional las decisiones de carácter vinculante asumidas el 16 de julio de 2017 y el 12 de diciembre de 2020, bajo la forma de referendo popular convocado de acuerdo con los parámetros del artículo 70 de la Constitución.

Al no ser reconocido el evento del 6 de diciembre pasado, ni por el pueblo de Venezuela ni por la comunidad internacional, tampoco se produjo el efecto de la renovación constitucional, y se materializa una situación que se enclava en un estado de necesidad que refleja la pervivencia de las funciones constitucionales atribuidas a la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Esto será así hasta tanto se produzca la restauración democrática y una elección que cumpla los parámetros que permitan su reconocimiento en todos los ámbitos, nacional e internacional.

Dada la circunstancia de existencia de un régimen de facto que usurpa las funciones constitucionales de los Poderes Públicos, los factores democráticos no pueden contraponer idéntica irregularidad. La gravedad de la crisis que afronta el pueblo de Venezuela deviene de una coyuntura en la que se ha desmontado el aparato institucional del Estado, en la que lo social y económico se constituye en la mecha del explosivo desintegrador. Una situación que presenta un “desmontamiento cultural y moral”, en el que se invierten valores. Un marco barbárico en el que se define un Estado Forajido que violenta los derechos ciudadanos y se infringen los principios más elementales que ordenan la naturaleza de las cosas. Un “narcoestado”, tal como afirma el Secretario General de la O.E.A. en uno de sus informes. Ante esta dramática situación, el artículo 333 de la Carta Fundamental ha sido activado. Constituye un impretermitible deber ciudadano, estén estos investidos o no de autoridad, asumir la defensa, protección y garantía de la constitucionalidad.

Parte fundamental del liderazgo político, aún hoy, no visualiza que el régimen de facto utiliza a la Constitución distorsionándola como un ariete contra la libertad. Solo vale y se usa para estabilizar un régimen ilegítimo de origen y de accionar. Se utiliza el engañoso argumento de la literalidad del Texto Fundamental para afirmar que lo no escrito no existe; olvidando la sustancia, la historia y justificación de un derecho que nació para dar vida, libertad y propiedad al ser humano. Un derecho cuyo soporte inicial fue la soberanía del Pueblo y la rebelión, causa y origen de la Revolución Francesa y las revoluciones en América. Y, por ahora, solo la Asamblea Nacional representa esa soberanía. Este es el punto principal para interpretar la Constitución en la búsqueda de las soluciones que no pueden estar escritas porque estamos bajo un esquema de “Necesidad Constitucional”.

Para concluir, debemos afirmar que, quizás, el efecto primario de la convocatoria del proceso que culminó con el evento ejecutado el 6 de diciembre de 2020 es la definitiva ruptura del orden constitucional y la certificación internacional de ilegitimidad de los usurpadores de la soberanía popular.

MIEMBROS DE LA CÁTEDRA DERECHO CONSTITUCIONAL
30 de diciembre de 2020
Prof. Tulio Álvarez
Jefe de Cátedra, Escuela de Derecho

Prof. Nelson Chitty La Roche
Jefe de Cátedra, Escuela de Estudios Políticos y Administrativos

Prof. Isabel Cecilia Esté
Jefe de Cátedra, Escuela de Estudios Internacionales
Prof. Oscar Arnal
Prof. Alberto Blanco-Uribe
Prof. Leonel Alfonso Ferrer
Prof. Gerardo Fernández
Prof. Julio César Fernández Toro
Prof. Jesús González Bethencourt
Prof. Jhuan Medina
Prof. Andrés Raúl Páez

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Breve ensayo sobre Raúl Leoni (segunda parte)

TOMAS STRAKA

PRODAVINC

 En la entrega pasada delineamos Raúl Leoni como la de un personaje clave, aunque en realidad muy poco conocido, de la contemporaneidad venezolana. Lejos de ser un “Número dos de primera”, como suele despacharse, sus ideas y actuaciones demuestran que no fue un papel secundario el que jugó en prácticamente todos los grandes procesos de la historia venezolana desde la década de 1930 hasta su muerte en 1972. Ya se consignó una hoja de servicio que obliga a reconsiderar todas las simplificaciones que se han tejido en torno a él: Presidente de la Federación de Estudiantes que se rebeló contra Gómez en 1928; organizador e ideólogo del ARDI; firmante del Plan de Barranquilla; hombre de aparato esencial en ORVE, el PDN y AD; miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno; Presidente del Congreso y finalmente Presidente de la República. Esto habla de cualquier cosa, menos de un hombre sin peso propio.

Sólo para redondear el cuadro de este breve ensayo, detengámonos ahora en tres cosas aún menos conocidas que lo anterior, pero cuyo impacto en la vida venezolana, incluso en aspectos cotidianos sobre cuya historia nunca pensamos, pero que son producto de decisiones políticas y de ejecutorias de funcionarios. En ellas podremos ver, tal vez con más fuerza que en los grandes hitos como el Plan de Barranquilla, por qué Leoni es un personaje importante que vale la pena estudiar.

Alocución televisada de Raúl Leoni, Presidente de la República (1964-1969) en el Palacio de Miraflores. Fotografía del Archivo Fotografía Urbana

La revolución de Leoni

Cuando comenzaron las quinielas electorales para 1963, corrió mucho la especie de que Betancourt no quería que Leoni fuera candidato, pero que al final el poderoso Buró Sindical lo impuso. A nivel documental no se ha encontrado nada que insinúe eso. Además, el más somero repaso de la relación política y personal habían tenido hasta el momento indica exactamente lo contrario: en realidad no parecía haber un mejor compañero de fórmula de que Leoni para que terminara de consolidar la democracia que el segundo estaba fundando. Tal vez la idea del “número dos de primera” se forjó allí, pero, como se ha dicho, era un tándem con una relación en general de igualdad (más allá, claro de que Betancourt fue una suerte de primus inter pares de su grupo). 

Si se revisan sus pasos desde Curazao y Barranquilla, la forma en la que en ORVE Leoni organizaba la estructura mientras Betancourt daba los grandes discursos; el modo en el que Leoni asumió la dirección del PDN cuando Betancourt salió al exilio, evitando que cayera en corrientes que iban demasiado hacia la izquierda; el papel de ambos ante la “peripecia” octubrista y después en las tormentas de gobierno de 1959 a 1964, período en el que Leoni fue presidente de la Cámara de Senadores y del Partido, ¿qué clase de reserva podía tener Betancourt a su nombre?

Tal vez cierto silencio, para mantenerse más o menos neutral en su condición de presidente, hizo levantar sospechas. Pero el punto que queremos destacar es lo referente al Buró Sindical. La prensa de la época, sobre todo la internacional, siempre definía a Leoni como una figura del sindicalismo y un connotado abogado laboral. Es muy probable que los periodistas de la época no supieran muy bien todo lo demás que había sido desde 1928, pero por otro lado para nosotros, que lo vemos desde hoy, tampoco nos resulta fácil percibir su papel en el sindicalismo. Y para los historiadores de hoy el presidente y, gracias a la historiografía, el líder de los años treinta, han eclipsado al abogado que entre 1939 y 1945 ayudó a fundar una gran cantidad de sindicatos, especialmente petroleros. Y también, en gran medida, al primer Ministro del Trabajo en 1945 (hasta entonces hubo un Ministerio del Trabajo y Comunicaciones).

Quedémonos sólo con ese momento del Ministerio del Trabajo. Como tal impulsó cosas que el día de hoy consideramos naturales, como los contratos colectivos y el pago del descanso dominical. Hay que ver lo que eso significa para la vida cotidiana de todos. En el sector público y en gran parte de las empresas privadas, se acabó la discrecionalidad con la que a cada quien se le asignaban los sueldos (al menos hasta cierto nivel del organigrama); y cosas que sorprenden a algunos venezolanos que el día de hoy emigran a otros países, como que en determinados cosas días de fiesta no se pagan porque no son jornada laboral, en Venezuela hay que buscarlas en la historia.

Esto no significa que antes no se hubiera recorrido un camino, pero el primer contrato colectivo firmado entre la Creole Petroleum Corporation y sus empleados en 1946 (Leoni había sido, por cierto, abogado del sindicato de la Creole y uno de los impulsores de esta idea antes de llegar al gobierno), o la Ley del Trabajo de 1947, son hitos históricos vinculados con nuestra vida de manera inmediata. Leoni también impulsó su propia “revolución dentro de la revolución” cuando amplió la sindicalización: durante el Trienio, entre 1945 y 1948, legalizaron más de setecientos sindicatos y se firmaron sobre los quinientos contratos colectivos. Lo que esto representa para la construcción de ciudadanía y la democratización es muy importante. El sindicato es otra forma, además de la del voto y la militancia en un partido, en la que el ciudadano participa, ejerce sus derechos, se empodera. Esos setecientos sindicatos son un dato tan decidor de la democratización que se impulsa en el período, como el voto universal, directo y secreto (que, además, también se ejerce eligiendo la dirigencia sindical).

En el exilio Leoni trabajó como técnico de la OIT. Y si bien una vez caída la Dictadura de 1958 su trabajo político se fue centrando en otras cosas, no es un dato menor que como presidente de la república haya establecido nada menos que las pensiones para los asegurados en el Seguro Social Obligatorio. ¿Es importante Leoni para nuestra historia? ¿Lo es importante para Usted? Pues, si Usted o un familiar suyo firmó alguna vez un contrato colectivo, si puede descansar los domingos sabiendo que le van a pagar el día y si recibe o espera recibir una pensión del IVSS, Leoni está presente en todo eso. En nuestras manos queda hacer que funcione mejor, recuperar lo que se haya perdido o incluso ampliar su espectro, pero los derechos a reclamar fueron consagrados en gran medida gracias al proyecto que lideró a mediados del siglo pasado.

Saludo entre Rómulo Gallegos, expresidente de la República (1949) y Raúl Leoni, Presidente de la República (1964 -1969) Al fondo, Sonia Gallegos. Fotografía del Archivo Fotografía Urbana

Con Leoni se graduó la democracia

La hora venezolana actual nos puede dar una pista sobre el papel de lo que significó el traspaso de la banda presidencial de 1963. Piense el lector en el panorama actual de Venezuela (no insistiremos en describirlo, ya que lector podrá hacerse su idea). Ahora vea lo que pasó en marzo de 1964 en el Capitolio Federal: Betancourt, un presidente civil, electo democráticamente, le entregaba el poder a otro civil electo bajo las mismas condiciones. Eso no había pasado nunca antes (el traspaso de Juan Pablo Rojas Paúl a Raimundo Andueza Palacio fue legal y pacífico, pero con todas las cortapisas de la llamada Constitución Suiza). Ningún venezolano de entonces tenía algo con qué compararlo. Se estaba creando una nueva referencia, una tradición que se extendería por varias décadas. 

Además, Betancourt lo lograba a pesar de los intentos de golpes de Estado, del atentado dinamitero, de los constantes disturbios promovidos por la izquierda comunista; del intento de sabotaje masivo de las elecciones –develado en la víspera- y del llamado a la abstención de los grupos insurreccionales. Su partido ganó a pesar de dos divisiones y de hasta incluso haber perdido su color y sus símbolos. El éxito fue rotundo. 

Cinco años después las cosas no le fueron tan bien a Acción Democrática: otra división, ésta más grande y significativa porque la lideró el viejoguardista Luis Beltrán Prieto Figueroa, hizo que perdiera las elecciones. Y sin embargo, esta derrota desembocó en una victoria institucional: al prodigio de que un presidente civil lograra mantenerse en el poder y le entregara el poder a otro electo democráticamente, se sumó el de que la oposición ganara las elecciones, le fuera reconocido el triunfo y se le entregara el poder. La democracia parecía haberse graduado.

No es cuestión de idealizar. Aquello no fue perfecto –Leoni mismo y sus ministros eran notable, asombrosamente autocríticos- pero ambos hitos marcaban un antes y un después, que no sólo asombraron a los venezolanos (y sobre todo a los extranjeros) de entonces, sino que siguen siendo una referencia en la actualidad.

Reunión de miembros de la JRG y UPM. Martín Carrillo Méndez y Germán Odreman (UPM); capitán Mario Vargas, Gonzalo Barrios, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Luis Beltrán Prieto (JRG); Rafael Alfonzo Ravard (UPM). Caracas, 1945. Fotografía del Archivo Fotografía Urbana

Leoni lideró uno de los triunfos más grandes de la lucha contrainsurgente de la historia

Terminemos con unas notas sobre el tema que genera más polémica: el de la guerrilla, su combate y su derrota. Poco se cuenta de Leoni y los contratos colectivos o la pensión del Seguro Social, pero sí mucho del modo en el que se enfrentó a quienes querían derrocar su gobierno electo democráticamente, y se oponían a esas cosas “reformistas” que estaba haciendo.

Veamos el contexto. Después de los fracasos del Carupanazo y Porteñazo (1962), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) decidieron reorientar sus acciones hacia las guerrillas rurales. No es que antes no hubieran organizado ya unas, pero las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), nacen en 1963, tocándole al gobierno de Leoni enfrentar el trecho más duro de la lucha guerrillera. Fue en ese contexto que ocurrieron los escándalos de la muerte del dirigente del PCV Alberto Lovera, ejecutado extrajudicialmente, y del líder de URD y comandante Fabricio Ojeda, quien según las autoridades se suicidó, pero que según sus compañeros murió en una sesión de torturas. Hubo otros casos, pero estos saltaron a la opinión pública de forma especialmente notoria, generando debates de todo tipo. El gobierno nunca negó los hechos, abrió averiguaciones, precisó a los responsables, y si bien muchos piensan que se pudo haber ido más allá, la sola discusión pública marcaba una gran diferencia con todo lo que había pasado en Venezuela hasta entonces.

En todo caso, la política de Estado muy rápidamente se decantó hacia la búsqueda de algún tipo de pacificación. Para finales del quinquenio la guerrilla estaba básicamente derrotada. A pesar de algunos atentados, secuestros y asaltos “revolucionarios” a bancos, que hacían mucho ruido, la posibilidad de que tomara el poder se demostraba cada vez más lejana. Por una parte, la reorganización de las Fuerzas Armadas permitió triunfos importantes en las áreas rurales, la acción policial fue efectiva en las ciudades, le dio golpes durísimos. Y tan importante como esto, las políticas sociales y el aceitado funcionamiento de los partidos y sindicatos, lograron limitar casi de forma casi completa su apoyo popular (salvo en ciertas regiones, como en la serranía de Coro o en las zonas altas de Lara y Portuguesa). Esto muy rápidamente hizo mella dentro del Frente de Liberación Nacional (MIR-PCV) y de su brazo armado, las FALN. Estaban lo que querían acogerse a la “paz democrática” y los que querían seguir la guerra, lo que seguían la línea de Cuba, que decidió intensificar el apoyo a la guerra, y los de la línea de Moscú, bastante menos interesada en crear nuevos conflictos en el Caribe. Por último se creó unas FALN disidentes (las FALN-PRV, de Douglas Bravo), el MIR se fue alejando del PCV y, tras el fracaso de la Invasión de Machurucuto (1967), formada por un contingente de militares cubanos y guerrilleros venezolanos, lo que siguió fue el declive.

La política de conmutación de penas por exilio (a veces acompañados con buenas becas), convenció a muchos ex guerrilleros. Ya para las elecciones de 1968 se le permitió al PCV participar con una organización de tapadera, Unión Para Avanzar (UPA). Cuando el gobierno de Rafael Caldera creó el Comité de Pacificación encabezado por el Cardenal José Humberto Quintero (1969), buena parte del camino estaba andando. Una vez más estamos ante algo que no había ocurrido nunca. Y que en realidad, de ese modo, no ocurriría en ninguna parte. En una era definida por Vietnam o las guerras africanas, las dos mejores cartas que pueden presentar los ejércitos en guerras contrainsurgentes son la Rebelión de Malasia y, de forma mucho más contundente, Venezuela. 

En efecto, si algo demostraron los movimientos guerrilleros que se expandieron por el mundo en las décadas de 1960 y 1970, es que fueron muy efectivos para tomar el poder (al menos en los procesos de descolonización frente a imperios cansados y con ciudadanos sin ganas de luchar) o siquiera subsistir por décadas, como en Colombia y Guatemala. La democracia venezolana, con una hábil combinación de reformas sociales, trabajo político en las bases, modernización de las Fuerzas Armadas y trabajo policial logró, en cosa de cinco años, desarticular a uno de los movimientos guerrilleros más famosos y en los que se invirtió más en el mundo. Si no existieran otras razones para estudiar a Leoni, ésta sola bastara. Ser uno de los más exitosos cold warriors no es poca cosa.

Manuel Benítez “El Cordobés” dedicando un toro a Raúl Leoni, Presidente de la República (1964-1969) en la Feria de Maracay. Gonzalo Barrios a la derecha del Presidente. Fotografía de Archivo Fotografía Urbana

Hay mucho más

Para intitularse “breve”, este ensayo se ha extendido tal vez demasiado. Con lo consignado se espera haber aportado al menos otros puntos de mira, algunas referencias desapercibidas o desconocidas por muchos, siquiera cierto utillaje para que el lector pueda dispersar la neblina que desdibuja el recuerdo de Leoni. Y sobre todo hacerse un criterio propio cuando le cuenten cosas, de la índole que fuera, sobre el personaje.

Pero de Leoni queda mucho, pero mucho más. El Acuerdo de Ginebra, acaso el más grande éxito diplomático de Venezuela en el siglo XX; la fundación del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), con el que se da inicio a las políticas culturales modernas en el país; Aura Celina Casanova, la primera mujer ministra en nuestra historia; Menca de Leoni, y su reconfiguración del rol de Primera Dama; los grandes debates sobre el modelo democrático que se dan en el Congreso…. Todo ello hace del quinquenio de Leoni un período que se merece cualquier cosa, menos el halo de olvido que lo envuelve. Ojalá estas líneas animen a buscar más para recordar al personaje y a su gestión. En ello estriban referencias muy importantes para entender nuestra vida actual y para forjar un mejor porvenir.

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 El eslabón perdido en el desarrollo económico

Ricardo Hausmann

Project Syndicate 

CAMBRIDGE – No hace falta ser un neurocientífico para entender que el cerebro determina lo que vemos al menos tanto como los objetos de percepción. Esto es aún más válido en el mundo social, que por lo general refleja conceptos –como libertad, democracia, corrupción o pobreza- que existen en nuestra mente antes de verlos. Pero si uno es economista, tiene la mente entrenada para ver al mundo a través de la capa adicional de los incentivos.

Los incentivos están en todas partes, y la economía ha desarrollado un marco conceptual rico y sutil para entender todas las maneras en las que se los podría distorsionar. Hablamos de riesgo moral, selección adversa, problemas de recursos comunes, problemas de agencia, externalidades, búsqueda de rentas, excluibilidad, rivalidad y poder de mercado. Con estos conceptos, los economistas pueden explicar por qué alguien podría hacer demasiado poco de algo bueno (como invertir, trabajar o brindar bienes públicos), o demasiado de algo malo (como tomar riesgos imprudentes o contaminar). Vistos de esta manera, la mayoría de los problemas en el mundo pueden atribuirse a incentivos distorsionados. 

Sin embargo, un antiguo proverbio advierte que no se debería ver cada problema como un clavo sólo porque tenemos un martillo en la mano. Si bien la economía puede captar muchas de las sutilezas de los incentivos, ha desarrollado una paleta relativamente acotada con la cual describir las capacidades y cómo se desarrollan. Pero las capacidades claramente importan. Si alguien no está haciendo algo que valoramos como sociedad, podría ser porque no puede, no porque no quiere. Esta debilidad en la economía tiene implicancias de amplio alcance respecto de cómo entendemos el crecimiento y el desarrollo económico, tema que tiene que ver esencialmente con la acumulación social de capacidades productivas.

Mientras que los incentivos afectan las elecciones que hacemos entre las opciones que enfrentamos, las capacidades determinan con qué opciones contamos. El crecimiento y el desarrollo económico tienen que ver con la expansión de esas opciones y, por ende, dependen fundamentalmente de políticas que catalicen o favorezcan la acumulación de capacidades. Sin embargo, debido al foco exclusivo en los incentivos, los economistas y los responsables de las políticas terminan buscando sólo clavos.

Por ejemplo, cuando se les pregunta qué se puede hacer para fomentar las exportaciones de un país, los economistas tienden a buscar desincentivos para exportar. Quizás el proteccionismo comercial esté haciendo que las empresas prefieran el mercado doméstico rentable por sobre mercados exportadores más competitivos y riesgosos. Quizá los aranceles a las importaciones estén haciendo subir los costos de los insumos haciendo que las exportaciones resulten menos rentables. Tal vez las políticas comerciales y los procedimientos aduaneros engorrosos estén sumando costos de transacción. O quizá los elevados costos del transporte se han vuelto un problema. No sorprende que todos estos factores basados en incentivos estén incluidos en el Índice Doing Business del Banco Mundial, y en el Índice de facilitación del comercio del Foro Económico Mundial.  

Son pocas las veces en que los economistas que estudian esta cuestión consideran si un país tiene o no las capacidades necesarias para producir los productos correctos de la calidad correcta. ¿Políticas destinadas a bajar las protecciones comerciales y reducir los costos de transporte mejorarían esa capacidad? ¿O una mayor competencia en el mercado doméstico impediría la industrialización y debilitaría la capacidad para negociar con empresas extranjeras? Sin una visión sobre cómo estas políticas afectan la acumulación de capacidades, ni siquiera se las puede evaluar como corresponde.

De la misma manera, ante la pregunta sobre por qué gran parte del empleo de los países emergentes y en desarrollo está en microempresas -es decir, en el sector informal-, la respuesta obvia, según sostieneSantiago Levy de la Brookings Institution, es que el gobierno, mediante impuestos y subsidios, ha conseguido que resulte ventajoso seguir siendo pequeño. ¿Pero no se puede también explicar el problema por la falta de acceso de las microempresas a las capacidades necesarias para crecer, o por la falta de acceso de las grandes enpresas a trabajadores distantes?

Para ampliar sus capacidades –y, por ende, sus opciones-, los países y las empresas necesitan aprender a hacer las cosas que todavía no saben cómo hacer. Sin embargo, no podemos aprender a hacer las cosas que no hacemos simplemente haciéndolas. No se puede adquirir experiencia haciendo cosas que uno no hace.

¿Cómo hace un país para escapar a esta encrucijada? Un primer paso obvio es convocar a personas o empresas que sí saben cómo hacer esas cosas. Muchos estudios han demostrado que la inmigración, las diásporas, la inversión extranjera directa y hasta los viajes de negocios son factores importantes en el crecimiento de las capacidades domésticas. Los responsables de las decisiones políticas tienen que preguntar si los países están haciendo cosas (o no están haciendo cosas) que pueden estar limitando (o mejorando) estos canales potencialmente transformadores.

Asimismo, lo que importa no es sólo la diversidad de las habilidades individuales sino también la disponibilidad local de proveedores o clientes, especialmente para insumos o productos que no se pueden transportar fácilmente. Una vez más, estos factores dependen de la estructura del ecosistema comercial existente que las empresas dan por hecho. Y ese ecosistema, a su vez, es un reflejo de la acumulación previa de capacidades, inclusive aquellas adquiridas por el gobierno y utilizadas para ofrecer bienes públicos y regulaciones específicas. Los mercados por sí solos no llevarán a un país a adoptar electricidad, trenes de alta velocidad, vacunas seguras y banca móvil; gobiernos interesados y capaces deben intervenir para guiar el proceso.

En suma, existen capacidades en diferentes niveles –desde individuos y empresas hasta cadenas de valor y ecosistemas enteros que comprenden entidades educativas, de capacitación, de investigación, regulatorias y otras-. Pero las capacidades no pueden ser coordinadas exclusivamente por los mercados, sobre todo porque muchas capacidades existen dentro de organizaciones que no pertenecen al mercado.

La acumulación de capacidades debe estar en el centro de cualquier agenda de crecimiento y desarrollo, y los gobiernos deben estar dispuestos a participar en discusiones nacionales y regionales de objetivos apropiados y estrategias efectivas. Hay muchos instrumentos que se podrían utilizar para desarrollar capacidades. Estos incluyen la protección comercial de las industrias incipientes; garantías de demanda (como los contratos para comprar vacunas contra el COVID-19 antes de que se haya demostrado que funcionan); empresas estatales (como en el sistema postal y los servicios públicos); políticas que instan a los conglomerados nacionales a diversificarse; corporaciones nacionales de desarrollo (como Temasek de Singapur y Khazanah de Malasia), sueños lunares (como propuso Mariana Mazzucato) y sistemas de innovación regionales y nacionales.

El aporte más importante de la economía al mundo ha sido profundizar nuestro entendimiento de los incentivos. Pero no tener una comprensión equivalente de las capacidades pueden llevarnos no sólo a ver todos los problemas como un clavo, sino también a clavar a los países en desarrollo a una cruz de falsa ortodoxia.

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