Negociación y Consejo de DDHH de la ONU
ISMAEL PÉREZ VIGIL
El plan del régimen también se aclara. La dictadura venezolana ha venido desarrollando algunas estrategias que, al menos por el momento, le están dejando dividendos; tenemos como ejemplos concretos la negociación con la oposición y la obtención del puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El problema de la dictadura en Venezuela no es ganar tiempo, tiempo es lo que le sobra, nada lo apremia; con “diálogo” o con una “negociación” no busca ganar tiempo, porque es la fuerza de las armas la que le garantiza todo el tiempo que quiere y que necesita. La dictadura lo que busca es recuperar imagen y proyección internacional y frente a sus seguidores; el “diálogo”, la “negociación” y obtener el puesto en el Consejo de DDHH de la ONU, son acciones desarrolladas con ese propósito. Veamos algunas razones del por qué.
En enero de este año se presentaron algunos acontecimientos: el sorpresivo surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó, nombrado presidente interino por la Asamblea Nacional; la inmensa movilización de la población venezolana en apoyo a Guaidó y rechazo a la tiranía, que se prolongó por dos meses; el apoyo internacional a Juan Guaidó de más de 50 países democráticos, occidentales; y las declaraciones de altos funcionarios de Washington de que estaban sobre la mesa todo tipo de opciones, entre ellas la militar, para solucionar la crisis política en Venezuela. Todos esos fueron acontecimientos inesperados por el régimen, que le bajaron mucho la imagen a la dictadura y por consiguiente desarrollaron varias tácticas para recuperarla.
La fallida entrada de la ayuda humanitaria en febrero y el fallido “alzamiento” militar intentado frente a La Carlota, en abril, le confirmaron al régimen que la oposición venezolana no tiene una fuerza capaz de oponerse a su poderío militar y represivo y que la comunidad internacional no está dispuesta a ir más allá de amenazas o de algunas sanciones, la mayoría de carácter personal y una que otra que le dificulta hacer “negocios” a través de algunas de las empresas del estado, como las tomadas el 5 de agosto por el presidente Donald Trump. Quedaba así la mesa servida para desarrollar sus estrategias.
El régimen ensayó, entonces, a partir del mes de mayo, las negociaciones en Oslo que le ofreció Noruega y que luego trasladaron a Barbados; demostrando así a algunos de sus nerviosos aliados –que le pedían que “negociara”– y al mundo en general que ellos son una dictadura dispuesta a la negociación. Allí, logrado el objetivo de demostrar su “disposición al diálogo”, explorado el terreno con sus aliados internacionales e internos más radicales, una vez que en la negociación se llegó al punto de tener que dar respuestas concretas, buscó un pretexto para patear la mesa y cerrar las negociaciones. Simultáneamente, venía negociando con un pequeño sector de la oposición, que se prestó al juego –o fueron timados, pensando lo mejor– y firmó el acuerdo de la Casa Amarilla; con ello “demuestra” su disposición al diálogo y a realizar unas elecciones, obviamente parlamentarias, no presidenciales, sin dar nada a cambio, realmente, excepto la libertad de unos presos o rehenes políticos, que tiene muchos. Además, fue un negocio barato.
El pretexto para abandonar Oslo/Barbados fueron las sanciones adoptadas por los EEUU el 5 de agosto; la razón de fondo es que el esquema de negociación se había “agotado” y se esperaba de la dictadura una respuesta a las propuestas opositoras sobre el tema de la elección presidencial y las condiciones de ese proceso electoral. Obviamente rechazar la propuesta electoral opositora debilitaría más la imagen de la dictadura y era más “barato”, políticamente hablando, levantarse de la mesa con ínfulas de “mártir” afectado por las nuevas sanciones del presidente Donald Trump.
Así que, lo de la elección parlamentaria no es más que una táctica de negociación; el régimen sabe perfectamente que es imposible realizar esas elecciones este año, probablemente ni siquiera a principios del próximo; pero en todo caso, ya que constitucionalmente corresponde realizar esas elecciones en el 2020, el régimen las promoverá para el momento en el que las pueda ganar o le causen el menor daño posible; también ellos aprendieron de la lección del 2015.
La jugada del régimen ahora es seguir estimulando la abstención opositora —cosa que hoy por hoy es fácil— y la emigración, que le quita presión interna económica y social y al impedir que los emigrantes voten, con eso más la abstención y cierto control del CNE, piensan que tienen asegurada la victoria electoral; incluso, aceptar la observación internacional no les importaría mucho, pues más bien la misma los “avala”.
Con el puesto en el Consejo de DDHH de la ONU, algunos opositores se rasgan las vestiduras, olvidando que la ONU –cuando un tema es conflictivo, por razones políticas, para dar cabida a todas las tendencias y mantener equilibrios internos–, desarrolla estos organismos secundarios, totalmente ineficaces, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante. En ese Consejo estaba Cuba y han estado allí otros gobiernos violadores de DDHH; que ahora esté la dictadura venezolana, no tiene ningún significado y el régimen venezolano aprovecha una vez más la ineficacia de los organismos internacionales para enviar un mensaje a la oposición venezolana: “No sigan perdiendo el tiempo con denuncias en organismos y mecanismos internacionales, que no nos afectan, somos capaces de manejarlos y burlarnos de ellos”; ese es, en el fondo, el mensaje de la dictadura.
Desde luego también persigue quitarle fuerza al llamado Informe Bachelet, del que se ha conocido un borrador o informe oral –de marzo de 2019– y uno definitivo, tras su visita personal, en el mes de julio. En ambos informes queda muy mal parado el régimen venezolano, poniendo en evidencia innumerable violaciones a los derechos humanos, con el agravante de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pertenece al mismo “campo ideológico” al que dice pertenecer el régimen venezolano, por lo que no puede descalificarla por imperialista, neoliberal, títere de la derecha, enviada del gobierno de los EEUU y demás calificativos, que de todas formas ha intentado para desacreditar el demoledor informe, que le ha dado la vuelta al mundo. La Alta Comisionada, por cierto, depende directamente del Secretario General de la ONU, y no del Consejo al cual ahora pertenece Venezuela, por lo que es muy poco lo que podrá hacer en ese organismo en contra de ese informe.
Por otra parte, su actuación en los organismos internacionales a los que pertenece y ha ocupado cargos y asientos, es tan irrelevante e ineficaz como toda su obra de gobierno, un ejemplo actual es que está dejando la presidencia de los Países no Alineados, que ocupó durante tres años y paso por allí con más pena que gloria, sin promover nada importante, sin ni siquiera aprovechar la proyección que ese organismo le pudo dar. Ese organismo ha pasado también su mejor tiempo, pues no es hoy ni la sombra de lo que fue durante la época de Mahatma Gandhi, Gamal Abdel Nasser y hasta Tito, Sukarno y Castro, le supieron sacar partido. El régimen deja la presidencia del movimiento, sin alcanzar ninguna de las metas que con toda pompa y arrogancia propuso en la Conferencia de Margarita de 2016: la refundación de la ONU, la defensa del pueblo palestino, el fin del bloqueo a Cuba, la descolonización de Puerto Rico. Su única ganancia, y no es poca, es que 105 de sus 120 miembros –ni siquiera todos– le dieron su voto para obtener el puesto en el Consejo de DDHH de la ONU.
Compleja se nos presenta a nosotros la situación, ¿Cómo llegar a unas elecciones, en términos aceptables y cómo convencer y movilizar a la oposición a que se decida a apoyar, participar y votar? Y sin ponernos a pensar todavía en cómo nos la vamos a arreglar para “cobrar” cuando ganemos; aquí es donde entraría la “comunidad internacional”. Por lo pronto, tenemos que hacer consciente estas acciones de la dictadura y ponernos a pensar en opciones para contrarrestar la estrategia del régimen.
Politólogo
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