martes, 11 de marzo de 2014

¿QUÉ PUEDE HACER LA OEA?
MARIANO DE ALBA URIBE |  

EL UNIVERSAL
Mucho se ha hablado durante las últimas semanas sobre una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Sin embargo, es importante que se conozca que la aplicación de dicho instrumento no es sencilla, depende en gran medida del consentimiento del Gobierno y en cualquier caso, la peor sanción a la cual podría estar expuesta Venezuela es a una suspensión de su condición de Estado Miembro de la OEA.
La Carta no es precisamente una panacea. Si bien es cierto que la misma define los elementos esenciales de un sistema democrático, también es cierto que la inexistencia de alguno o varios de esos elementos no faculta directamente a la organización internacional a intervenir en el país afectado. En otras palabras, si bien es cierto que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, el ejercicio del poder no es con sujeción a la Constitución y las leyes, se criminaliza la protesta y no hay separación e independencia de los poderes públicos, la OEA únicamente tiene mecanismos muy específicos para afrontar legítimamente tal situación.
En primer lugar, la Carta prevé que el gobierno de Venezuela podría solicitar ayuda al Secretario General o al Consejo Permanente de la OEA para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. Siendo el Gobierno el que invoca la Carta bajo este primer mecanismo, resulta obvia su inaplicabilidad al caso venezolano.
En segundo lugar, la Carta Democrática establece que el Secretario General o el Consejo Permanente podrán –con el consentimiento previo del gobierno afectado– disponer visitas y otras gestiones para realizar un análisis de la situación. Aunque aquí la decisión de la aplicación de la Carta depende del Secretario General o del Consejo Permanente, este segundo mecanismo requiere expresamente el consentimiento previo del gobierno afectado (sí, el consentimiento del presidente Maduro) para que una Misión de la OEA puede visitar Venezuela y realizar gestiones para analizar la crisis y fomentar el diálogo. Por ende, la procedencia de esta opción es (al menos, por ahora) prácticamente imposible.

Finalmente, la Carta Democrática establece que cuando haya una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático, cualquier Estado Miembro de la OEA o el Secretario General podrán convocar al Consejo Permanente (donde se reunirían todos los países y habría que ver si al menos la mayoría apoya interesarse en el caso venezolano) para realizar una apreciación colectiva de la situación y tomar las decisiones pertinentes. Este mecanismo, aplicado en el caso de Honduras en el 2009, busca en principio responder ante golpes de Estado contra gobiernos legítimamente constituidos.
Si bien es cierto que el Consejo Permanente podría considerar que las circunstancias actuales en Venezuela constituyen una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, lo cierto es que en todo caso la medida más gravosa que podría tomar esa organización es suspender a Venezuela como Estado Miembro de la OEA y empezar simples gestiones diplomáticas para tratar de restablecer la democracia en nuestro país.
¿Le importaría al Gobierno ser suspendido de la OEA? No lo creo. Ciertamente ello deterioraría muchísimo más la imagen internacional del régimen, pero conforme pasan los días hemos visto hechos concretos de que ello es cada vez menos importante con tal de asegurar el control del poder. Por ende, sin una verdadera voluntad del régimen para solventar la crisis y reconocer las solicitudes legítimas de la población que adversa sus políticas, la comunidad internacional está atada de manos. Hoy por hoy, la mejor vía internacional sigue siendo la presión de los gobiernos de otros Estados para hacer entrar al Ejecutivo en razón y obligarlo a otorgar garantías democráticas a la oposición para que pueda concretarse un diálogo. Para ello, las labores diplomáticas independientes que puedan hacer Estados como Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina serán cruciales. Al final del día, si en algo tiene razón el Gobierno, es que la crisis que está viviendo Venezuela debe ser resuelta por los venezolanos.
@marianodealba


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