Trino Marquez
Con todo el respeto que merecen los militantes de Voluntad Popular y su líder más importante, el valiente Leopoldo López, preso arbitrariamente en la cárcel militar
de Ramo Verde por supuestos delitos que nunca cometió, considero que el planteamiento en torno a la Constituyente es un error táctico y estratégico, tal como lo han argumentado Elías Pino Iturrieta, Fernando Mires, Carlos Raúl Hernández, entre otros intelectuales y políticos que se han acercado al tema desde distintas perspectivas.
Es un error táctico porque la oposición debe concentrar los esfuerzos y recursos organizativos, propagandísticos y financieros (estos últimos muy escasos) en llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de la Asamblea Nacional previstas para el año entrante. Esos comicios con certeza se realizarán, salvo que ocurra un cataclismo político o social que reviente todos los sismógrafos. La situación del gobierno rojo y de su máximo dirigente, Nicolás Maduro, es tan precaria que el oficialismo podría recibir una felpa colosal en esa consulta. Obama, quien es infinitamente mejor que Maduro, salió con contusiones generalizadas en las elecciones legislativas recientes. Los republicanos no tuvieron compasión con el Presidente norteamericano. Ese triunfo no fue obra del azar, sino de una tenaz y eficiente oposición que se tradujo en una victoria contundente. Lo mismo podría ocurrir en Venezuela, no importa de cuántas trampas y malas mañas se valga el oficialismo. El único requisito indispensable consiste en acometer una preparación consciente y responsable, que incluye la elección de los mejores candidatos, la presentación de una plataforma programática atractiva y una maquinaria electoral que busque y preserve los votos. Si el triunfo es categórico, como resulta bastante probable, la Asamblea Nacional que surja de esa consulta podría transformarse en un Parlamento constituyente -como ocurrió el 1959, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez- que introduzca los cambios que se necesitan en la estructura del Estado, tal como propone VP.
No es cierto que sean compatibles los objetivos de participar en las elecciones parlamentarias y promover la Constituyente. Ni el tiempo ni los recursos son suficientes para lograr ambas metas. Esos fines se excluyen recíprocamente. La dispersión de esfuerzos fortalecerá a un gobierno débil y le podría proporcionar un triunfo que no merece.
Quienes promueven la Constituyente cometen, además, un error estratégico. La Constitución que saldría de las deliberaciones sería un paso atrás con respecto a la Carta de 1999, que contiene conceptos, principios y artículos positivos en derechos humanos, descentralización, autonomía universitaria, papel de las Fuerzas Armadas, independencia del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Banco central, definición del Estado y del Gobierno como alternativo, incluyente, plural. La nueva Carta Fundamental podría ser un coctel que contenga un poco de democracia liberal, defensa de la propiedad privada y promoción del mercado para responder a las exigencia de las distintas fuerzas democráticas integrantes de la oposición, y bastante de socialismo del siglo XXI, de Estado Comunal, de democracia directa, para complacer al oficialismo, que contaría con una sólida presencia de sus diversas tendencia en esa Asamblea Constituyente.
El nuevo contrato social no serviría para reunificar y reconciliar al país, dividido por el proyecto hegemónico que los rojos han intentado imponer, con relativo éxito, durante tres lustros. Venezuela seguiría tan erizada como lo ha estado a lo largo de esta dura etapa, con el agravante de que se sumaría una nueva frustración, pues el pueblo constataría de nuevo que los cambios aparecen como resultado de la acumulación de fuerzas que alcanzan tal capacidad trasformadora, que se tornan indetenibles.
Los militantes de VP -y otros sectores que defienden la Constituyente-no deberían dejarse encandilar por las encuestas que los favorecen. Los problemas nacionales no residen en la Constitución del 99, por lo demás bastante moderna y equilibrada –de allí que Chávez plantease su reforma total en 2007, con el fin de remover los obstáculos legales que le impedían imponer el comunismo-, sino en el asalto al Estado por una camarilla autoritaria, incompetente y corrupta, que se vale de las instituciones para aferrarse al poder y usufructuarlo. Esa claque, de la cual los militares son parte esencial, solo podrá desplazarse si en el país emerge poderoso movimiento político y social capaz de implantar el Estado diseñado en la Constitución del 99 y, a partir de allí, perfeccionarlo.
@trinomarquezc
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