SIP rechazó "devastador golpe contra la democracia"
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos es un "devastador golpe contra lo que queda de democracia" en Venezuela, pues constituye un "mecanismo de atropello contra los ciudadanos, al quitarles su derecho a recibir información diversa y plural".
Para el presidente del organismo, Enrique Santos Calderón, la comunidad internacional ya no debe sentirse sorprendida por la forma en que el presidente Hugo Chávez continúa su estrategia para "deshacerse de las pocas libertades que le quedan a los ciudadanos venezolanos".
"Es, sin duda, un golpe a las libertades públicas y a lo que queda de democracia en Venezuela", citó Efe.
Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, subrayó que la iniciativa de ley "viola" el derecho a la libertad de opinión, de prensa y de expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes y promueve la autocensura.
Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el proyecto crea en Venezuela ciudadanos de distintas categorías, al crear un marco legal diferente para medios y periodistas.
"El Gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a través de la prensa", que están ya regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, dijo.
A juicio de los directivos de la SIP, la conducta de la fiscal Luisa Ortega y del ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, se debe a que Chávez, en una "diatriba" contra el canal Globovisión, llamó a sus funcionarios a "arremeter contra los medios o, de lo contrario, que abandonaran la revolución".
La SIP subrayó cada paso de la "estrategia" seguida por el presidente Chávez en sus 10 años de gobierno para "maniatar a la prensa", entre ellas la promulgación de la "ley mordaza" en 2004 y la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de 2005, que aumentó las penas por desacato y difamación.
Visita in situ de la CIDH La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) advirtió que el Gobierno nacional, con su proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos, aplica "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión en ese país''.
El organismo, que agrupa a más de 170.000 estaciones privadas de radio y televisión de América, Asia y Europa, pidió a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos "respaldar su sistema interamericano de protección de los derechos humanos, para que Venezuela permita la visita 'in situ' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e investigar las graves violaciones registradas en Venezuela".
Cerrar las puertas al ciudadano Tras calificar como "gravísima" la situación que enfrentarán los medios de comunicación de aprobarse este proyecto de ley, el presidente del Bloque de Prensa y director del Correo del Caroní, David Natera Febres, llamó a los venezolanos a luchar por la democracia, porque "ya está muy clara esta rebelión contra los derechos ciudadanos".
El diputado advierte que el proyecto de ley promoverá el "sapeo"
Luego de conocer el proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos, presentado el jueves por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el diputado Luis Tascón declaró: "Ese es un texto que se corresponde con el III Reich, el fascismo de Mussolini o Pinochet, pero no con la revolución bolivariana".
Para Tascón, más que "regular", la propuesta pretende "penalizar" la libertad de expresión . "Este borrador vulnera la libertad de expresión, el derecho a la protesta y otros principios constitucionales", advirtió el ex militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En particular, se refirió al artículo 7 del texto, que establece: "El director, gerente, editor o responsable del medio de comunicación social que se niegue a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima, cuando ésta le hubiere sido requerida por el Ministerio Público, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años". A su juicio, esa disposición busca oficializar el "sapeo". "Montará el cartel de los sapos", lamentó.
Sin motivo Antes que sancionar otro instrumento, Tascón recordó que el país ya cuenta con el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para condenar cualquier exceso. "Esas normas son coherentes, fueron consultadas y se hicieron con cuidado", destacó el tachirense.
Interrogado sobre las motivaciones de Ortega Díaz, el legislador respondió: "A veces, las personas exageran no sé con qué propósito político".
De no modificarse el proyecto, el parlamentario anunció que rechazará su aprobación.
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