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Gobierno de Venezuela carga contra la DEA por el caso de los sobrinos de Maduro

Alfredo Meza

El País

Aún no hay posición oficial del Gobierno venezolano, una semana después, de la detención en Haití de dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, acusados de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Pero la alta jerarquía del régimen comienza a dar explicaciones sobre lo que pudo ocurrir. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asegura que ambos fueron secuestrados por la agencia antidroga estadounidense.

Cabello se refirió al asunto en una entrevista con el canal Globovisión sin señalar el parentesco de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores, que los relaciona con la pareja presidencial. Una suposición similar elaboró el viernes el periódico chavista Últimas Noticias al analizar las circunstancias de la detención de los dos venezolanos cuando aterrizaron en el aeropuerto de Puerto Príncipe (Haití). El avión en el que viajaron desde Caracas no fue incautado por los agentes de la DEA y regresó a Caracas junto a sus cuatro tripulantes. En la acusación presentada la semana pasada en una corte federal de Nueva York contra los dos hombres no se habla de una sustancia decomisada, sino de la promesa de enviar drogas hacia Estados Unidos, una tentativa que es penada por leyes federales de ese país.

El chavismo está aprovechando esa suposición para focalizar la defensa de los dos familiares de la “primera combatiente”, expresión que identifica a Flores en el lenguaje gubernamental. Cabello agregó que en el caso de uno de los jóvenes —no identificó quién— tampoco está demostrado el vínculo con la esposa del presidente Nicolás Maduro. Y si así fuera, dejó entrever, no son el gobernante ni su mujer los responsables de las acciones de sus sobrinos. “Yo no puedo estar a las diez de la noche preguntándome qué estará haciendo un pariente mío. Son personas mayores de edad y responsables de sus actos”, ejemplificó. La cabeza del poder legislativo venezolano cree que se trata de un ataque político en plena campaña electoral que pretende “dañar a la revolución bolivariana”.

El régimen también utilizó esa explicación cuando en julio de 2014 fue detenido en Aruba el general Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, por supuestas actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Una intensa ofensiva diplomática con Holanda terminó impidiendo que el funcionario fuese trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. La primera vista del juicio, prevista para hoy, ha sido pospuesta para el 2 de diciembre.