ELSA CARDOZO
No cesan las declaraciones internacionales sobre la necesidad de observación electoral independiente y confiable de nuestras parlamentarias. El tema no se ha agotado ni se debe dejar de lado, aunque falte menos de un mes para las votaciones y precisamente por las muchas irregularidades acumuladas, reclamos no respondidos y solicitudes negadas por el Consejo Nacional Electoral. Es asunto a remover antes, durante y después del 6 de diciembre, porque en torno a ese momento se tejen las oportunidades y rondan los peligros para la recuperación democrática de Venezuela. Es una posibilidad de recuperación rodeada por circunstancias cuya gravedad ya no es posible silenciar. Ni siquiera en la Unión de Naciones Suramericanas, mucho menos en la Organización de Estados Americanos.
Si en abril de 2013 una cumbre de presidentes de la Unasur reconoció el apretado resultado electoral que daba el triunfo a Maduro, también apoyó la realización de una auditoría ampliada que el CNE nunca hizo en los términos anunciados. Algo semejante ocurrió en la estela de las protestas en la calle, entre abril y mayo de 2014, cuando ese foro designó a tres cancilleres para la facilitación del diálogo entre gobierno y oposición, en procura de acuerdos de especial significación política, tales como la configuración de una Comisión de la Verdad cuya composición le permitiera cumplir sus tareas de investigación a cabalidad, la designación de nuevos miembros de los poderes públicos y la recepción de propuestas del sector económico privado para la recuperación de la economía. En ninguno de esos tres temas, totalmente dependientes de decisiones gubernamentales, hubo avances; así quedó evidenciado de modo particularmente crítico en la consolidación de un CNE muy poco renovado y con apenas un rector no oficialista. Desde febrero de este año, tras reiterar la importancia de las elecciones parlamentarias, los socios de la Unasur insistieron en la urgencia de fijarles fecha, lo que el CNE retrasó hasta la tercera semana de junio. A esa secuencia se añaden las trabas de ese consejo al acompañamiento independiente y eficiente que la mayoría de los miembros de la Unasur considera deseable.
En la OEA, el silencio terminó con la llegada de Luis Almagro como secretario general. El ex canciller uruguayo de los años de José Mujica, que inauguró su período con una promesa franca de renovación y fortalecimiento de ese foro, ha ofrecido repetidas veces al gobierno de Venezuela la observación de la OEA. Los rechazos, que a falta de argumentos abundan en descalificaciones, no han hecho callar al señor Almagro. En cambio, le han llevado a insistir una y otra vez en la calidad y necesidad de la observación integral que ofrece la OEA. En estos días, en carta abierta a la presidente del CNE, el señor Almagro no solo ha reiterado esos conceptos y propuestas, sino que ha presentado un detallado diagnóstico que evidencia la falta de garantías de transparencia y justicia del proceso electoral venezolano.
Cuando Luis Almagro escribe: “Si yo no prestara atención o callara ante los hechos a los cuales hice referencia en la presente, me deslegitimaría, especialmente ante la esencia de los principios en los que creo y espero nunca abandonar de defensa de la democracia y firmeza en la promoción de los derechos humanos”, habla por sí mismo y desde su posición como secretario general de la OEA. Bienvenida sea su insistencia y la atención internacional que contribuye a mantener sobre Venezuela.
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