Hugo Prieto
PRODAVINCI
Las cifras, que en este caso, pudieran atribuirse a una alianza de organizaciones de la sociedad civil son espeluznantes: 12 millones de venezolanos están pasando hambre y cuatro millones tiene enormes dificultades para acceder a los medicamentos. ¿Si esto no es una emergencia humanitaria, qué es?
Feliciano Reyna, activista pro Derechos Humanos desde los años 90 y presidente de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, conoce a fondo la erosión de los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna que se aprobó en 1999. En distintas áreas —políticos, sociales, económicos, ambientales, indígenas— ha habido un retroceso como consecuencia directa del conflicto que tiene en jaque a la sociedad venezolana. La única solución es un acuerdo consensuado, un diálogo de buena fe, tal como se viene hablando en distintos escenarios. Una demostración de que la cosa va en serio sería permitir la apertura del canal humanitario (alimentos y medicinas). “Esto debería quedar fuera de los lapsos de las negociaciones, es un tema que no puede esperar”, dice Reyna. Ahorrarle sufrimientos a la población debería ser una prioridad para quienes dialogan en República Dominicana.
¿Cómo caracterizaría la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela?
Viendo el conjunto de hechos que afectan los Derechos Humanos, que nos han traído a una situación crítica, encontramos un concepto trabajado ya durante muchos años. Hay documentos (a partir de 2000) referidos a situaciones, a otros contextos y otros países. El concepto como tal —que ya se maneja en Naciones Unidas— es el de Emergencia Humanitaria Compleja. Pero este concepto no es más que un eufemismo para la violación masiva y deliberada de Derechos Humanos. Nosotros estamos en esa situación. Aquí no hay un mínimo de vigencia, en ninguna de las áreas, de Derechos Humanos.
¿Cuando habla de áreas se refiere a los derechos económicos, sociales y políticos? ¿Incluso de áreas que todavía no han sido categorizadas como Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos tienen un piso, pero no tienen un techo, van creciendo y van apareciendo nuevos temas que son de importancia. Pero incluso en los temas más recientes, como es el caso de los derechos de la comunidad LGTBI, Venezuela es uno de los países más atrasados de la región. Se habló, digamos, de que había una postura progresista en ese sentido. O el caso de derechos ambientales, hay que ver el tremendo daño que se le está haciendo al país con el proyecto del Arco Minero. O los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente, con el Arco Minero, se está violando el derecho a la consulta previa que debería hacerse a los pueblos afectados. Para que puedas hablar de vida digna, tienes que tener una serie de condiciones que, además, están entrelazadas. Desde la posibilidad de pensar una cosa y expresarla libremente, incluso, para exigir aquello que no está funcionando (servicios de agua y electricidad, por ejemplo) hasta la posibilidad de tener acceso a los alimentos y medicinas.
Se supone que el Estado es el garante de esos derechos. Pero aquí tenemos unas instituciones que, en lugar de cumplir con su misión, buscan un culpable, <>. La responsabilidad siempre es del otro.
Aquella promesa de un proyecto que supuestamente se iba a ocupar de las personas, sirvió para que un grupo se atrincherara en las instituciones del Estado con la única misión de defender sus intereses. Al escuchar los discursos, lo primero que adviertes es la desconexión con la vida de las personas. Es muy claro como uno de esos grupos terminó enquistado en el Tribunal Supremo de Justicia, el otro en Consejo Nacional Electoral, el otro en las instituciones del gobierno y, además, en el ámbito militar. Al final, digamos, han corporativizado al Estado. De hecho, cuando hablamos de esta asamblea, que es un fraude, y que yo he preferido llamarla Asamblea Nacional Corporativa, vemos como un pequeño grupo, que podríamos llamar la corporación, se apropió de un espacio de la población, y además lo han hecho de una manera desvergonzada, porque de las 545 personas que la integran, probablemente 45 son la Corporación, las que controlan el poder. Las demás, son solamente relleno, las que levantan la mano. Entonces, esas instituciones que deberían estar al servicio de la gente, aquí perdieron completamente esa esencia.
El tema de la democracia participativa y protagónica podríamos sintetizarlo en una frase. <>. Obviamente, eso implicaba una acción política, una toma de decisiones y una organización que hiciera valer la condición ciudadana de la gente. ¿Qué tanto queda de esa premisa?
Aún antes de este período —cuyo inicio lo marca el año 1999—, hemos visto a personas organizadas reclamando derechos. En lo personal, he venido trabajando desde 1995, con el tema del VIH Sida, una de las claves, incluso internacionalmente, ha sido la organización, la articulación de la gente para reclamar y exigir, porque si no se producía una respuesta inmediata, sencillamente, se perdía la vida. Pero lo más interesante ocurrió a raíz de la aprobación de la Constitución del 99, que, por un lado, tenía aspectos a la medida de Hugo Chávez para el control del poder y, por el otro, permitió que se colara ese gran capítulo de Derechos Humanos, que ha sido la bandera de la cual nos hemos agarrado todos. Pero cuando se pretende modificar y parcializar la Constitución, que tenía un carácter universal, hubo una respuesta de parte de esos grupos que impidió que se cerraran los espacios. Y todavía la hay, a pesar del manejo despiadado del poder. No es casual el informe del alto comisionado de Naciones Unidos en el que se cita expresamente el uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y abusos sexuales, físicos o de palabra, para tratar de silenciar esas voces que se niegan a ser silenciadas. ¿Silenciadas por quién? Precisamente, por los grupos que se han enquistado en el Estado para defender sus intereses.
Hay quien ha caracterizado a esos grupos como una secta, por su funcionamiento y estructura. ¿Cómo los definiría usted?
Terminan siendo una especie de mafia o de cosa nostra, que está orientada a defender sus intereses, como si se tratara de una corporación. Hemos visto con mucha rabia, con mucha frustración, que ese grupo pequeño ha tenido en sus manos recursos como nunca tuvo la república, que los desvió para beneficios personales de una manera absolutamente grosera, a la vista de todos. Es imposible explicar el marcado deterioro de tantas áreas del país, sin que esos recursos se hayan ido a beneficios personales. Lo otro es el daño a la población en su gran mayoría. Una de las cosas intolerables, en la década del 90, es que en Venezuela hubiera 40% de pobreza, pero en este momento supera el 80%. Esa realidad nos devuelve a lo que hablamos inicialmente, al concepto de la Emergencia Humanitaria Compleja. A que un grupo en el poder, de manera deliberada, ha provocado violaciones masivas a los Derechos Humanos.
Aquí se organizaron las Mesas Técnicas de Agua, en las que participaron sectores muy activos de la población más pobre, aquí se puso en marcha un proyecto masivo de construcción de viviendas, que puede verificarse a simple vista. Pero hay un trasfondo de insatisfacción, de protesta. ¿Podríamos hablar de un balance mixto? ¿Cuál es su lectura?
Al final volvemos sobre lo mismo. Hay un grupo que lleva adelante la autodenominada revolución o el proceso que, en lo personal, me recuerda una lectura que hice hace algunos años sobre un radical ruso que por allá, en 1840, hablaba del sacrificio de miles de seres humanos en los altares de las abstracciones (la cita corresponde a uno de los ensayos de Isaiah Berlin), a mí me impresionó mucho. ¡Todavía hoy, en medio de este drama, quienes detentan el poder sólo hablan de abstracciones! No están hablando de la vida cotidiana de las personas. El proyecto se convirtió en algo que impide que cada individuo se hiciese cada vez más autónomo, libre y titular de derechos. De ahí, por ejemplo, que la GMVV sea para adjudicatarios y no para propietarios. O incluso que ese proyecto se haya hecho mediante atropellos como ocurrió con las personas que tenían años ocupando terrenos al final de la avenida Libertador. O lo que resultaba evidente, al menos para mí, por mi formación en arquitectura, de que esas viviendas tenían que servir como piezas de propaganda. No se construyeron en áreas con acceso a los espacios públicos, sino en lugares donde fueran visibles, lo ves en el conjunto de edificios que están a un lado del aeropuerto de Maiquetía, ¿Para qué? Para que cuando te bajes del avión, digas. Ah, pero esta revolución construye viviendas. Pero no se hicieron pensando en las personas que allí iban a vivir. Para mí fue claro, desde el principio, que las personas eran instrumentos para avanzar con un proyecto de poder, un proyecto, digamos, de toma del país, y que nunca tuvo a la población como un fin en sí misma.
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