Grupo La Colina

Crisis con Venezuela, ¿qué caminos le quedan a Colombia?

 

Francisco Barbosa

 

El Tiempo, Bogotá

 

La inmisericorde acción venezolana contra cientos de colombianos en la frontera ha alterado la geometría regional. En las dos últimas semanas, los dos gobiernos han subido el tono. El colombiano ante la defensa de sus connacionales expulsados de territorio venezolano de forma masiva y sin debido proceso alguno. Los venezolanos, ante la reacción colombiana que ha llevado a Nicolás Maduro a amenazar al Estado colombiano de continuar con acciones similares.

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Desde el mismo momento de la crisis, Colombia inició una serie de gestiones internacionales para frenar el éxodo de colombianos o, por lo menos, para armonizar el desplazamiento de población en el marco del debido proceso. Sin embargo, los caminos se han ido cerrando con el paso de los días y las soluciones temporales parecen hoy el único plan estratégico del gobierno nacional.

Tanto el Procurador como el Fiscal General han avanzado hipótesis acerca de una demanda ante la Corte Penal Internacional- CPI- que con el transcurso de los días se ha venido decantando y desinflando.

La pregunta que se hacen los ciudadanos frente a esta crisis es si existen caminos para lograr una salida a la luz del derecho internacional o, si por el contrario, los espacios diplomáticos desaparecieron. Frente a esto, vale la pena explicar las cinco hipótesis que se han puesto en la mesa.

En primer término, el gobierno colombiano trató de llevar el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese escenario, Colombia ni siquiera pudo hacer aprobar, a través de su Consejo Permanente, una resolución para discutir la grave crisis humanitaria derivada de las deportaciones arbitrarias y masivas de más de 2.000 colombianos expulsados por parte de un Estado que ha hecho trizas los derechos fundamentales y el respeto por la democracia en su propio país. El premio de consolación fue la visita del secretario general de esa organización, Luis Almagro, a la frontera. Así como llegó, se fue.

Un segundo camino es la de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese escenario debe recordarse que Colombia, en el caso de la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consideró que esas medidas no eran vinculantes por su carácter reglamentario y no convencional. Curioso que sea el mismo Procurador General, quien las promueva, cuando invocaba la Constitución Política como fuente principal de derecho excluyendo cualquier medida cautelar. Igual debe añadirse que Venezuela denunció la Convención Americana de DDHH y aunque la Comisión Interamericana de DDHH tiene competencia para conocer de casos contra ese país y de emitir medidas cautelares, el acatamiento de este órgano por parte de ese país es nulo.

Un tercer aspecto se dio con el noticia de una denuncia contra las autoridades venezolanas ante la CPI. En ese caso, aunque es posible presentar la queja, debe indicarse que existen dos razones para pensar en un fracaso diplomático.

El primero es jurídico. Ese tribunal conoce de delitos de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. En concreto, podría pensarse en la comisión de un delito de lesa humanidad consistente en el traslado forzoso de población. Esta conducta debe ser realizada de forma sistemática y general. En este caso, no es sistemática por la inexistencia de una política general de expulsión. Es tan así que estas lamentables acciones no se constatan en todo el territorio, sino en las zonas de frontera. Frente a la generalidad se requiere un gran número de víctimas que se hayan encontrado “legítimamente” en territorio venezolano. Evento que tampoco es claro porque solo ese Estado puede certificar esa información.

Del mismo modo, debe ser el Estado venezolano quien investigue esas conductas, entendiendo que la jurisdicción de la CPI es subsidiaria. Quiere esto decir que primero deben agotarse las vías internas. En caso de no agotamiento de los recursos internos o se constate una justicia fallida- artículo 17 del Estatuto de Roma-, la Corte podría conocer del asunto.

Por lo explicado, ni las conductas son generales y sistemáticas, ni Venezuela ha agotado sus instancias internas. Además sobra recordar que solo dos personas en 15 años de funcionamiento han sido juzgadas por ese tribunal.

La segunda razón es de conveniencia. Difícilmente se pueden restablecer las relaciones diplomáticas amenazando a un jefe de Estado y a su Estado mayor con buscar un escenario para criminalizarlos. Si la acción ni siquiera tiene una mínima posibilidad de éxito es mejor evitar utilizar políticamente esa sede judicial. Además, Colombia debe alejarse de la CPI que podría distorsionar nuestro proceso de paz.

Un cuarto camino es la utilización del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que permite que los afectados busquen, a través de una queja, una resolución. Este podría ser un camino, no jurídico, sino político en el abordaje de esta problemática.

Por último, queda el escenario para que los afectados inicien acciones contra el Estado venezolano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El resultado se da a través de un informe de carácter político que se produce contra ese Estado luego de un procedimiento contradictorio. Este proceso puede tomarse varios años en su trámite.

Tanto en el procedimiento ante el Consejo de DDHH como en el del Comité del Pacto deben agotarse los recursos de jurisdicción interna que, en el caso de la expulsión de colombianos, está en Venezuela.

Como se observa, los caminos jurídicos desde el derecho internacional no son ni expeditos, ni, en algunos casos, factibles. Colombia agotó el camino de la OEA y pocas alternativas tiene en Unasur por su ideología y por el lamentable liderazgo de Ernesto Samper. La presión internacional que se puede ejercer ante organismos políticos de Naciones Unidas y la actitud férrea de protección de los colombianos por parte del presidente Juan Manuel Santos pueden volver a abrir el escenario de la OEA o incluso la vía de la mediación a través del presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez.

Colombia debe repensar su diplomacia y la manera de gestionarla. Se requiere nuevas miradas. Los tiempos están cambiando en la región. La integración se juega con algo de real politik sobre todo, cuando las inversiones huyen, los precios de los productos minerales no renovables bajan y los nacionalismos caudillistas se incrementan. Algo de diálogo, sin caer en la inocencia.

FRANCISCO BARBOSA
@frbarbosa74
margencultural.blogspot.com
Ph D en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y profesor de la Universidad Externado de Colombia.