NUEVA YORK (11 de septiembre de 2015) – Human Rights Foundation (HRF) deplora la decisión judicial dictada ayer por la jueza 28 de juicio de Caracas, Susana Barreiros, en contra del líder opositor y prisionero de conciencia Leopoldo López. La sentencia condenatoria dictada contra López le impone una pena privativa de libertad de 13 años y 9 meses —de un máximo posible de 14 años de acuerdo al Código Penal de Venezuela— por la supuesta comisión de los delitos de incendio, daños a la propiedad pública, instigación a delinquir y asociación para delinquir.
López fue detenido arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 en Caracas, mientras lideraba una marcha pacífica exigiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Posteriormente, en agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención de López era en efecto arbitraria y recomendó al gobierno que disponga su liberación inmediata. El gobierno venezolano ignoró la recomendación de la ONU.
“Los demócratas del mundo hoy estamos de luto por Venezuela. La jueza dictó la única sentencia posible bajo el régimen autoritario y predominantemente militar que gobierna el país. La totalidad de las pruebas exculpando a López fueron declaradas inadmisibles por la jueza, y es seguro que los dictadorzuelos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello —ambos dignos sucesores de Hugo Chávez— intervinieron para que la pena más gravosa posible fuese impuesta a quien ellos califican con el epíteto deshumanizante oficial de ‘monstruo de Ramo Verde’”, dijo Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF. “Hace ya muchos años que la maquinaria represiva del gobierno venezolano convirtió al poder judicial en su brazo certificador de abusos; hoy tristemente célebre por haber enviado a una jueza independiente a un calabozo donde fue víctima de una violación sexual. El juicio de López confirma una vez más que en Venezuela se encuentran suspendidos los derechos y libertades fundamentales de las personas, y que los venezolanos están en una situación de indefensión absoluta frente a los abusos del poder público. El mundo libre no debe abandonar a los demócratas venezolanos”, concluyó Kasparov.
El proceso penal contra Leopoldo López se desarrolló en el marco de una serie de violaciones a las garantías del debido proceso legal. El juicio transcurrió en setenta audiencias que fueron celebradas a puertas cerradas en violación del principio procesal de publicidad. El ingreso de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y observadores internacionales, entre otros, estuvo terminantemente prohibido. El abogado defensor del líder opositor denunció que, de un total aproximado de setecientas horas de juicio, López tuvo tan solo tres horas para argumentar en su defensa. En otra ostensible muestra de desproporcionalidad, parcialidad y trato desigual durante el juicio, la jueza Barreiros admitió ciento ocho testigos y treinta medios probatorios presentados por el ministerio público. Sin embargo, Barreiros desestimó cincuenta y ocho de los sesenta testigos propuestos por la defensa y declaró inadmisible la totalidad de la prueba documental presentada por el equipo legal de López. El juicio de Leopoldo López también se caracterizó por prejuzgamientos públicos sobre su culpabilidad a cargo de altas autoridades políticas del país, en violación de su derecho a la presunción de inocencia.
A lo largo del juicio, López estuvo encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques, estado Miranda, donde fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La reclusión de López en este centro penitenciario se ha caracterizado por la violación de estándares internacionales que protegen la dignidad humana de toda persona privada de libertad. A las deplorables condiciones de detención y aislamiento excesivo —López ha pasado al menos un tercio del tiempo de reclusión en aislamiento penitenciario, prohibiéndosele la visita de terceras personas y, en ocasiones, de su esposa, hijos y abogados— se suman múltiples y violentas requisas, la violación flagrante de la privacidad de su correspondencia y de la confidencialidad de las comunicaciones con sus abogados.
“Frases como ‘juicio arreglado’ o ‘simulación de justicia’ no empiezan a describir lo que sucedió en el proceso penal contra Leopoldo López. Cualquier estudiante de primer año de derecho se daría cuenta de que los cargos presentados por la fiscalía venezolana son absurdos jurídicos. López no estaría en prisión si Venezuela fuese una democracia”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Tras esta sentencia abusiva, López se une al grupo de prominentes activistas por la democracia bajo regímenes dictatoriales alrededor del mundo que han sido condenados a purgar largas penas de prisión por defender un valor fundamental: la libertad. En 2009, la dictadura china encarceló al Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, acusado de ‘incitar a la subversión del poder del Estado’ por escribir un manifiesto exigiendo libertades fundamentales. En 2012, el régimen autoritario de Kazajistán condenó al líder de la oposición democrática, Vladimir Kozlov, por ‘incitar al odio social’. Kozlov, cuyo caso es muy similar al de López, también fue condenado por ‘crear y dirigir un grupo del crimen organizado’, que es la etiqueta que el régimen le dio a su partido político, en una medida muy similar a la que Venezuela tomó contra Voluntad Popular, el partido de López”, dijo El-Hage.
La detención y el encarcelamiento arbitrario de López fueron condenados por múltiples organizaciones a nivel mundial, incluyendo Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo. HRF fue la primera organización en declarar a Leopoldo López como prisionero de conciencia tras determinar que el líder opositor fue perseguido, arrestado y encarcelado exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libre expresión de manera pacífica.
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
López fue detenido arbitrariamente el 18 de febrero de 2014 en Caracas, mientras lideraba una marcha pacífica exigiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Posteriormente, en agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención de López era en efecto arbitraria y recomendó al gobierno que disponga su liberación inmediata. El gobierno venezolano ignoró la recomendación de la ONU.
“Los demócratas del mundo hoy estamos de luto por Venezuela. La jueza dictó la única sentencia posible bajo el régimen autoritario y predominantemente militar que gobierna el país. La totalidad de las pruebas exculpando a López fueron declaradas inadmisibles por la jueza, y es seguro que los dictadorzuelos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello —ambos dignos sucesores de Hugo Chávez— intervinieron para que la pena más gravosa posible fuese impuesta a quien ellos califican con el epíteto deshumanizante oficial de ‘monstruo de Ramo Verde’”, dijo Garry Kasparov, presidente del Consejo Internacional de HRF. “Hace ya muchos años que la maquinaria represiva del gobierno venezolano convirtió al poder judicial en su brazo certificador de abusos; hoy tristemente célebre por haber enviado a una jueza independiente a un calabozo donde fue víctima de una violación sexual. El juicio de López confirma una vez más que en Venezuela se encuentran suspendidos los derechos y libertades fundamentales de las personas, y que los venezolanos están en una situación de indefensión absoluta frente a los abusos del poder público. El mundo libre no debe abandonar a los demócratas venezolanos”, concluyó Kasparov.
El proceso penal contra Leopoldo López se desarrolló en el marco de una serie de violaciones a las garantías del debido proceso legal. El juicio transcurrió en setenta audiencias que fueron celebradas a puertas cerradas en violación del principio procesal de publicidad. El ingreso de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y observadores internacionales, entre otros, estuvo terminantemente prohibido. El abogado defensor del líder opositor denunció que, de un total aproximado de setecientas horas de juicio, López tuvo tan solo tres horas para argumentar en su defensa. En otra ostensible muestra de desproporcionalidad, parcialidad y trato desigual durante el juicio, la jueza Barreiros admitió ciento ocho testigos y treinta medios probatorios presentados por el ministerio público. Sin embargo, Barreiros desestimó cincuenta y ocho de los sesenta testigos propuestos por la defensa y declaró inadmisible la totalidad de la prueba documental presentada por el equipo legal de López. El juicio de Leopoldo López también se caracterizó por prejuzgamientos públicos sobre su culpabilidad a cargo de altas autoridades políticas del país, en violación de su derecho a la presunción de inocencia.
A lo largo del juicio, López estuvo encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques, estado Miranda, donde fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La reclusión de López en este centro penitenciario se ha caracterizado por la violación de estándares internacionales que protegen la dignidad humana de toda persona privada de libertad. A las deplorables condiciones de detención y aislamiento excesivo —López ha pasado al menos un tercio del tiempo de reclusión en aislamiento penitenciario, prohibiéndosele la visita de terceras personas y, en ocasiones, de su esposa, hijos y abogados— se suman múltiples y violentas requisas, la violación flagrante de la privacidad de su correspondencia y de la confidencialidad de las comunicaciones con sus abogados.
“Frases como ‘juicio arreglado’ o ‘simulación de justicia’ no empiezan a describir lo que sucedió en el proceso penal contra Leopoldo López. Cualquier estudiante de primer año de derecho se daría cuenta de que los cargos presentados por la fiscalía venezolana son absurdos jurídicos. López no estaría en prisión si Venezuela fuese una democracia”, dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Tras esta sentencia abusiva, López se une al grupo de prominentes activistas por la democracia bajo regímenes dictatoriales alrededor del mundo que han sido condenados a purgar largas penas de prisión por defender un valor fundamental: la libertad. En 2009, la dictadura china encarceló al Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, acusado de ‘incitar a la subversión del poder del Estado’ por escribir un manifiesto exigiendo libertades fundamentales. En 2012, el régimen autoritario de Kazajistán condenó al líder de la oposición democrática, Vladimir Kozlov, por ‘incitar al odio social’. Kozlov, cuyo caso es muy similar al de López, también fue condenado por ‘crear y dirigir un grupo del crimen organizado’, que es la etiqueta que el régimen le dio a su partido político, en una medida muy similar a la que Venezuela tomó contra Voluntad Popular, el partido de López”, dijo El-Hage.
La detención y el encarcelamiento arbitrario de López fueron condenados por múltiples organizaciones a nivel mundial, incluyendo Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Parlamento Europeo. HRF fue la primera organización en declarar a Leopoldo López como prisionero de conciencia tras determinar que el líder opositor fue perseguido, arrestado y encarcelado exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libre expresión de manera pacífica.
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
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