Grupo La Colina

MANU MILITARI

ELIAS PINO ITURRIETA

 

Si desde los tiempos de Chávez se ha presenciado en Venezuela un proceso ascendente de militarización, Maduro la ha elevado hasta escala escandalosa. El jefe del Estado se ve tan dependiente de la voluntad de los cuarteles, o tan necesitado de su auxilio, que la administración anterior parece una atemperada gestión de corte cívico. Un partido cada vez más alejado del sentir popular, la dirigencia del oficialismo sin palabras convincentes ante la crisis, la incapacidad para modificar el rumbo de un sistema descalabrado y la falta de carisma personal lo han conducido a pintar con brocha gorda un paisaje verde oliva. No estamos frente al hecho excepcional de llenar los cargos burocráticos con oficiales de las fuerzas armadas, ni de presentarlos como el soporte del “socialismo del siglo XXI”, pues todo ya se hizo con creces y continúa gracias a una receta del Comandante Eterno, sino ante la voluntad de colocarlos en el centro del candelero a través de movimientos que no pueden escapar de la vista de nadie, como el único soporte en la situación de asfixia que lo lleva por la calle de la amargura.

Entre todos esos movimientos destacan las medidas tomadas en la frontera con Colombia, que ahora se extienden hacia el oriente del país y hasta los límites con Guyana. Estamos, en principio, ante búsquedas o enredos de naturaleza política que se esfuman para convertirse en  operación militar. Solo el discurso presidencial se orienta en ocasiones a la difusión de argumentos como los que habitualmente divulgan los portavoces civiles en tiempos de aprieto, para que predomine sin interrupciones un panorama de órdenes superiores y de asuntos de obediencia inflexible; para que las ideas relacionadas con la atención de un problema social de trascendencia desaparezcan ante un desfile de carros blindados; para que la diplomacia solo cumpla el papel de vanguardia de uniformados, de segundona ante los actores estelares. El papel de los gobernadores de Táchira y Zulia pone en evidencia la situación.

Los dos mandatarios regionales son ahora funcionarios civiles, elegidos por el pueblo para la función de magistrados, pero se comportan como subalternos del estamento militar. El hecho de que sean originalmente criaturas de los cuarteles no los debe distanciar de un compromiso esencialmente cívico. Sin embargo, actúan como piezas obedientes de un alto mando residente en Caracas que los conmina a una conducta esencialmente castrense. Permiten que la atención de las peculiaridades de tales estados se diluya en el seguimiento sumiso de un asunto panorámico cuyas coordenadas se diseñan y ordenan en un alto comando de la capital. Aunque las comparaciones suelen ser inapropiadas, hacen el papel de procónsules que en el Táchira y Zulia desarrollaron durante el gomecismo unos funcionarios como Eustoquio Gómez y Vincencio Pérez Soto. No estuvieron ellos en sus cargos para la atención de los asuntos locales, sino para imponer la voluntad de don Juan Vicente. No eran los que mandaban en San Cristóbal o en Maracaibo, sino, en vivo y en directo, el señor de La Mulera, a quien obedecían ciegamente y por cuyos intereses se desvelaban porque de ello dependían su cargo y su vida misma. Los tachirenses y los zulianos eran entonces plato de segunda mesa frente a las necesidades del dictador. ¿No sucede ahora algo parecido, con las diferencias y los maquillajes que impone la evolución del almanaque? ¿No viene ahora primero, como en un pasado oscuro y doloroso, el sábado militar que el domingo civil?

El asunto es alarmante en esencia, no en balde relega y subestima las instancias propiamente republicanas que deben asistir a la sociedad en la solución de problemas de envergadura, pero sube en la escalera de la preocupación debido a la cercanía de las elecciones parlamentarias. Un acto de cuño civil y de naturaleza política que es fundamental ante la crisis que padecemos está prologado y circundado por la ostentación militar. El discurso habitualmente atractivo de las campañas electorales tiene como víspera y talanquera el lenguaje de los partes de guerra. Si persiste la situación, como parece, terminaremos comparando el gobierno de Chávez con la presidencia de José María Vargas.