Carlos Tablante
En noviembre de 2015, en nuestro libro El Gran Saqueo, donde denunciamos quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos, dedicamos un capítulo a la trama corrupta que se instaló en Venezuela con la empresa Odebrecht como centro de una red de corrupción cuyos tentáculos se extendieron desde Brasil por todo el continente y más allá, dejando en evidencia a toda una casta corrupta de políticos y seudo empresarios.
Este caso es solo una muestra de los oscuros negociados alrededor de las obras públicas con contratistas extranjeros que colocan sobreprecios millonarios, sobornan a altos funcionarios y políticos, cobran anticipos en dólares preferenciales y pagan a las empresas venezolanas que subcontratan, en bolívares, quedándose además con la jugosa ganancia producto del diferencial cambiario.
En el momento de su publicación, ejemplares de El Gran Saqueo con nuestra investigación sobre Odebrecht, entre otros casos, fueron entregados al Parlamento, al despacho presidencial de Miraflores y al Ministerio Público.
Después de más de un año, y sólo a raíz del escándalo internacional que dio a conocer los nombres y montos de los países involucrados, donde Venezuela aparece en el segundo lugar después de Brasil con mayor cantidad de coimas otorgadas a altos funcionarios a cambio de contratos, la Fiscalía de Venezuela se pronunció. El 1 de febrero anunció que investigaba el caso y que había emitido orden de detención contra una persona que no identificó.
Con medio continente en llamas con juicios, cuentas bloqueadas y autos de detención hasta contra ex presidentes, por fin Maduro habló. Inicialmente dijo que terminaría las obras de Odebrecht sin mirar para atrás. Dos días después rectifica, obligado por los conflictos internos del chavismo y por la presión de la opinión pública internacional, y anuncia auditorias e investigaciones, reconociendo así las irregularidades cometidas y pidiendo “cárcel” para los sobornados.
Mientras Maduro decía esto, en Maracaibo, el Sebin detenía y expulsaba del país a periodistas brasileños que junto a dos miembros de Transparencia Venezuela trataban de reportar sobre el estado del Puente Nigale, obra de Odebrecht paralizada desde hace varios años.
Maduro, con el mayor cinismo, habla como si los problemas de la contratista brasileña fueran ajenos a su régimen o al anterior, a pesar de que entre Chávez y él, le otorgaron más de 16 mil millones de dólares en contratos. Nada dice Maduro de revisar esos contratos y las respectivas obras en busca de sobreprecios. Nada sobre los vicepresidentes, ministros, viceministros y directores que ejercieron entre 2006 y 2015, responsables de las obras inconclusas en el aeropuerto de Maiquetía, el Puente Nigale, el III Puente sobre el Río Orinoco,Tocoma, la línea 5 del Metro de Caracas, el de Guarenas-Guatire, la línea 2 de Los Teques, los metro-cables de Antímano y Mariches o los proyectos agro-industriales “Diluvio” y “Jose Inacio de Abreu de Lima” del Ministerio de las Comunas, a cargo de Elías Jaua, entre otros.
El país exige que se realice una auditoría integral y que la contratación de las empresas venezolanas que concluirán las obras, se lleve adelante con licitaciones públicas y transparentes.
Esta investigación debería incluir también los cuantiosos aportes que dio Odebrecht a las campañas electorales de Chávez y del propio Maduro, como revelan los testimonios recogidos en las actas del expediente sobre el caso en Brasil.
En Perú, Panamá y República Dominicana, las fiscalías han llegado a acuerdos con Odebrecht obteniendo los nombres de los funcionarios sobornados. Será por ello que la Fiscalía de Venezuela solicitó medidas cautelares contra cuatro directivos el 26 de enero pasado: Euzenando Prazeres de Azevedo, director ejecutivo en Venezuela; George Faroh Cano, asesor jurídico y los directores Maryorie Garboza Ceballos y Sergio Ferraz de Campos, según dijeron fuentes de toda credibilidad a CuentasClarasDigital.org
La Fiscalía debe pedir colaboración a las autoridades suizas, en especial en lo referente a la base de datos de los contratos de Odebrecht en Venezuela, que también contiene la lista de los sobornados y los montos que recibieron en cuentas en paraísos fiscales, incluyendo Banca Privada de Andorra.
Como se sabe, toda la información del departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, como eufemísticamente llamaban a las coimas y pagos de comisiones, está contenida en un servidor suizo que fue incautado por la fiscalía de ese país. De acuerdo a las leyes y acuerdos internacionales, los países víctima del entramado pueden solicitar la información una vez abiertas las investigaciones formales.
Igualmente, el Ministerio Público debería obtener de la fiscalía brasileña las declaraciones de los más de setenta gerentes de Odebrecht que están colaborando en la investigación.
El caso Odebrecht ratifica lo que venimos diciendo: En Venezuela, el Estado de Derecho ha sido sustituido por un estado delincuente, es decir, una cleptocracia, una kakistocracia.
Por nuestra parte, insistimos en la necesidad de aprobar en la transición hacia la Democracia, una ley que garantice la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos. Igualmente, otro instrumento legal que permita recuperar el dinero que le han robado al pueblo venezolano.
Para superar los males que padecemos es necesaria la fuerza de la esperanza, la fuerza de todos: Unidad y más unidad!
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