EDMUNDO GONZÁLEZ
El 27 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro informó que procederá a presentar la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Así las cosas, “… Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”. Es decir, el gobierno de Venezuela no se desliga de sus obligaciones y compromisos de la organización por los próximos dos años.
Qué lectura darle a esta decisión? Cómo interpretar este nuevo arrebato de la diplomacia Madurista?. Sin duda que la primera de ellas es que se trata de una nueva señal de debilidad de un gobierno asediado por la peor crisis de la historia; crecientemente repudiado por la comunidad internacional y aislado por buena parte de las naciones democráticas del hemisferio y del mundo.
Tal como lo hizo cuando denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo que se pretendía escapar de los mecanismos de tutela internacional de los derechos humanos, o cuando denunció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), en un esfuerzo vano por evitar las demandas en su contra introducidas por empresas extranjeras, el gobierno de Nicolás Maduro utiliza la estrategia del escapismo para no enfrentarse a una realidad que lo acosa. Recordemos que años antes se produjo también el retiro de la Comunidad Andina de Naciones y del Grupo de los Tres. En los primeros dos casos el argumento central es la manida tesis de la “soberanía” como si en el derecho internacional contemporáneo no existieran suficientes límites a este concepto, entre otros el de la defensa de los derechos humanos.
Este es el proceder de un gobierno dictatorial que disolvió el Estado de Derecho, rompió el orden constitucional democrático, destruyó la independencia de los poderes públicos, viola e irrespeta los derechos políticos de sus ciudadanos, mantiene a centenares de presos políticos, y ha generado una crisis humanitaria por el despilfarro y la corrupción.
Pero en realidad las razones de retirarse de la OEA son otras. Lo hace para evitar que estos temas se discutan en una próxima Reunión de Consulta de Cancilleres cuya convocatoria fue aprobada por la mayoría absoluta de los países miembros de la Organización en la sesión del Consejo Permanente. Prefiere huir del escrutinio internacional de la OEA cuyos miembros podrían adoptar acciones orientadas a la restauración el orden constitucional en Venezuela. Huye hacia adelante para eludir que la comunidad hemisférica discuta sobre el modelo autoritario que ha instaurado Maduro en Venezuela. Y lo hace para escapar de las potenciales decisiones que se adopten en esa reunión. Con todo, el retiro de la OEA no va a impedir que la opinión pública internacional se entere de los atropellos contra la democracia en Venezuela.
Aunque a primera vista pudiera inferirse que se trata de la respuesta típica de un estado forajido, la verdad es que ni las peores dictaduras del hemisferio tomaron una decisión como esta en los 69 años de historia de la organización.
Cuáles serían los resultados posibles de esa Reunión de Consulta de Cancilleres: que se activen las disposiciones y mecanismos previstos tanto en la Carta de la OEA como en la Carta Democrática Interamericana, entre otras posibles decisiones, por seguir siendo Venezuela un Estado miembro de la organización hasta que se cumplan los lapsos establecidos; que se convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que se adopten las decisiones apropiadas en el marco de la Carta Democrática; que se adopten una serie de medidas de naturaleza política, diplomática y económica hasta la restauración del orden constitucional.
Cuál debería ser el propósito de esta “presión democrática”: exigir al gobierno el respeto a la Constitución y los principios democráticos, que se garanticen las libertades individuales, la liberación de los prisioneros políticos y la convocatoria en el 2017 a elecciones generales justas y transparentes con supervisión internacional,
Aunque dos años es mucho tiempo, esa decisión podrá revertirse cuando un nuevo gobierno democrático se instale en Venezuela. Entretanto Maduro ostentará el récord de ser el primer gobernante que retira a su país de la OEA por voluntad propia.
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