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CHÁVEZ INTERVINO LA GESTIÓN DE HENRI FALCÓN

BARQUISIMETO.- Para la oposición del estado Lara, la intervención que se produjo en la entidad fue al gobierno de Henri Falcón y no a la policía, quien al igual que el presidente Hugo Chávez, el ministro para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami y los jefes de los componentes militares asentados en la región son responsables por los hechos violentos en Barquisimeto en días pasados. La declaración la realizaron los factores democráticos de la región en rueda de prensa en donde estuvieron representantes de casi todas las toldas políticas, a excepción de La Causa R y Primero Justicia, y cuyo vocero fue Guillermo Palacios. Palacios aseguró que "la situación presentada esta semana en Barquisimeto, donde los protagonistas violentos fueron la Guardia Nacional y la policía, no puede eximirlo de culpas, pero también es cierto que el presidente Chávez nunca le ha perdonado a Falcón su posición durante los hechos de 2002".

"Pero como no puede sacarlo del Gobierno por decreto, ataca su gobernabilidad al dejarlo sin poder frente a la policía de su estado, es su forma de cobrarle lo que él considera traición.Sin embargo, el gobernador escogió su camino cuando, a pesar de todo, prefirió cumplir con las exigencias del mandatario nacional expresadas en cadena nacional, ordenando la intervención violenta de los funcionarios policiales en las manifestaciones estudiantiles", dijo Palacios. "Nosotros -dijo Palacios- rechazamos la violencia venga de donde venga, por eso condenamos la represión brutal de la cual fueron objeto estudiantes y vecinos de Fundalara".

Sobre el llamado al diálogo hecho por Falcón, explicó que "como políticos nos sentamos a discutir todo lo que tenga que ver con el bienestar, pero nunca frente a personas que tienen una posición hipócrita, pues es un gobernador que no se ocupa de los problemas de su estado sino de festivales musicales". Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Macario González llamó la atención de los funcionarios policiales y efectivos militares para recordarles que las violaciones a los derechos humanos nunca prescriben.

Marla Prato

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL