Pedro Luis Echeverria
Aumenta el acoso y el cerco gubernamental contra la
disidencia. Se cierran caminos para ejercer la oposición de manera civilizada y
pacífica. La crítica y el derecho a disentir se conculcan de forma sistemática
por los que hoy erróneamente se sienten poderosos. Quienes disentimos somos
considerados por el régimen como elementos antisociales que deben ser
suprimidos para facilitar la definitiva entronización de un orden mesiánico. De esta manera estamos
llegando a la completa destrucción de la sociedad venezolana en los momentos en
que es necesario proclamar con mayor fuerza el sentido de identidad nacional
frente a las exigencias de un mundo moderno globalizado y un país inmerso en
una crisis cuya duración y profundidad es impredecible y que compromete el
presente y las posibilidades de nuestro
país hacia el futuro. Ello nos refuerza la necesidad de reivindicar nuestro
derecho a la movilización política para participar en la evolución de la vida
de la República.
Ese sentimiento
profundamente arraigado en cada uno de los individuos que convivimos es esta
sociedad no puede ser negado ni escarnecido por los detentores de una visión
totalitaria, militarizada e íntimamente vinculada a un populismo de corte
fascista.
Nadie está
dispuesto a admitir pasivamente que una voluntad política ilegítima, espúrea y
que pretende ser única, sustituya la pluralidad de opiniones e intereses y
mucho menos que se adueñe, sin la capacidad administrativa, solvencia operativa
y sin el apoyo político necesarios, la conducción unilateral de la suerte
futura del país. El gobierno no puede ni tampoco tiene como resolver, por si
mismo, la severa crisis político-social por la que transitamos y que es el legado de tantos
años de desidia, improvisación y aplicación de erradas políticas públicas.
La hecatombe económico-social que ha causado este
régimen durante los tres lustros y fracción en que se encuentra en el poder, ha
sido el indeseable producto de una visión equivocada del modelo de conducción
de la economía lo que ha generado
inflación, pérdida de una importante porción de la capacidad productiva
nacional, escasez estructural, desinversión, desempleo, despilfarro de los
recursos y corrupción.
El malestar generalizado que esta situación ha causado
en la población, se manifiesta diariamente a través de las múltiples protestas
sociales que realizan a lo largo y ancho del país las personas afectadas por la acción errática, o por la indolente inacción, del gobierno.
Asimismo, los resultados que revelan las
recientes encuestas de opinión, arrojan catastróficos resultados para el
régimen y su desempeño.
La respuesta
gubernamental a los justos reclamos de la gente casi siempre es ignorar las
protestas, reprimirlas y acosar, amenazar y hasta encarcelar a los dirigentes de la mismas. Igualmente, el
establecimiento de más controles y regulaciones a la sociedad venezolana se
inscriben en el fallido ejercicio gubernamental para enfrentar la crisis. En
otras palabras, las erráticas acciones del régimen no resuelven los
desbarajustes estructurales del modelo y una y otra vez reaparecen los
desequilibrios y nuevamente la gente sale a manifestar su descontento para
tratar de obtener algunas concesiones del gobierno que morigeren, en parte, los
negativos efectos de tales exabruptos.
Las tensiones sociales y políticas se están
peligrosamente acumulando lo que presagia el desencadenamiento de una situación
cuyos componentes, desenvolvimiento y desenlace no son susceptibles de ser
previstas.
Es menester, entonces, establecer un hilo conductor
que permita imbricar la acción política opositora con las luchas sociales que
diariamente se libran en el país. Debe haber un encuentro entre política y
sociedad para que la protesta social amplíe su perspectiva y se encauce hacia
su verdadera motivación, que no es otra, sino el cambio, por vía
constitucional, de la "nomenklatura" gubernamental y del modelo de sociedad que nos han pretendido
imponer. El reto es, ante todo, estar al lado de las protestas y de los que
protestan, enriqueciendo los caminos y derroteros por los que hay que transitar
sistemática e inteligentemente para obtener los resultados deseados. Es
enfrentar pluralmente al mediocre totalitarismo gubernamental, a sus
injusticias, a sus arbitrariedades, su violencia y a la pobreza que causa. La
dirigencia opositora además de referirse a los grandes temas que sacuden el
acontecer nacional debe también dedicar
tiempo y acciones para consustanciarse
con las necesidades del hombre de a pie y estructurar un programa de acción
política en el cual las protestas sociales constituyan no hechos aislados sino
que formen parte fundamental de la lucha
política que la disidencia nacional libra contra el régimen. El
conflicto venezolano es uno solo y así debe ser interpretado. Nuestra
dirigencia debe estar en la calle aupando con su presencia y su discurso plural
la necesidad del cambio de un modelo socio-político estructuralmente decadente
y empobrecedor, altamente dependiente de un mamotreto de Estado y de la élite
que allí medra y domina, que subyuga, acosa, pero que no resuelve los
acuciantes problemas de los venezolanos. La conjunción de la política con la
protesta social es una fuente de sinergia para darle "músculo político"
a la acción opositora y fortalecer así los planteamientos, las exigencias y
las posibilidades para ganar la lucha por una Venezuela más justa,
racional e inclusiva.
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