Grupo La Colina

La mosca en la sopa

Ángel Oropeza

La inmensa e inteligente combinación de presión nacional e internacional, luego del golpe de Estado amparado por la sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, provocó en lo inmediato dos efectos. Por una parte, desnudó aún más las tensiones a lo interno del gobierno. Y, por la otra, lo obligó a disfrazar lo ocurrido, simulando un recule cosmético según el cual los delitos del TSJ eran solo una mosca en la sopa, y que, al removerla, todos pueden continuar bebiendo de ella.
En realidad, las aclaratorias de los llamados “magistrados” dejan la situación de inconstitucionalidad sin resolver, y vienen a confirmar no solo su sumisión al Ejecutivo y la no separación de poderes que ya existía, sino la comisión misma del delito. Una Sala Constitucional “no presionable” y “máximo árbitro de la Constitución”, recibe órdenes de Maduro de ensayar una falsa corrección a fin de calmar la presión nacional y externa. Pero el delito persiste, y sus autores no están exentos por el hecho de esconder el arma o simular un falso arrepentimiento.
Lo cierto es que las violaciones contra la Constitución, como las del derecho al voto, la independencia de poderes, el reconocimiento de la voluntad ciudadana y la existencia de presos políticos, continúan más allá de correcciones cosméticas de dos sentencias. Estas no son una mosca en la sopa. Si se quiere un símil, es más apropiado el de la punta del iceberg, que está allí y es visible porque hay un iceberg abajo. Si usted corta la punta, no solo el iceberg no desaparece sino que se vuelve más peligroso, porque si usted no lo ve, va directo a chocar contra él, pensando que no existe.
Más allá de que los delitos –previos a las sentencias de marras– contra la Constitución y los venezolanos cometidos por la dupla gobierno-TSJ continúan, las supuestas correcciones a ellas dejan intactas dos violaciones más. En primer lugar, dejan vigente en la 155 las inconstitucionales atribuciones de poderes totales a Maduro para legislar. Y en la 156, su capacidad para saltarse los controles legislativos sobre endeudamiento del país y firma de contratos con empresas extranjeras, en especial en las áreas petroleras y de minería, en beneficio de un grupo pequeño de privilegiados y en perjuicio de la nación. En palabras sencillas, Maduro quiere terminar de vender el país a sus amigos y a transnacionales cómplices, y para ello necesita anular la Constitución.
Lo que es innegable es que cuando la unidad nacional –partidos políticos, estudiantes, gremios, universidades, sindicatos, organizaciones populares, sectores sociales organizados– se activa, se vuelve un movimiento indetenible. Toda la estrategia electoral, pacífica y constitucional –que a algunos les parecía inacción– ha producido el escenario actual de un gobierno acorralado. Sería un grave error desarticular ese movimiento, porque el mesonero dijo que había removido la mosca o porque la punta del iceberg no se ve. Hay que mantener la presión. Ya la Mesa de la Unidad Democrática ha anunciado, en coordinación con actores de la sociedad civil organizada y con las mesas de unidad regionales, un conjunto de acciones progresivas para procurar la mayor eficacia política del inmenso descontento popular. Y esas acciones deben incluir a personalidades y partidos políticos disidentes o todavía simpatizantes del oficialismo, y a organizaciones políticas no pertenecientes a la MUD. Esta no es una lucha de un sector político contra otro. Es la batalla unitaria de todos los demócratas y de todos quienes queremos a este país, en defensa de una causa común, que es la república.
Nadie sabe si esta será una batalla definitiva o, probablemente, una más en el camino. No se trata de crear ilusiones. Pero si actuamos con inteligencia y unidad, esta será una oportunidad magnífica no solo para fortalecer nuestra posición, sino para debilitar y fraccionar al gobierno. No hay una sola transición a la democracia que no pase por la grieta del régimen dictatorial. A buen entenedor…