lunes, 15 de mayo de 2017

VENEZUELA NO ES UNA ISLA

THE ECONOMIST

(TRADUCCION DE LA PATILLA)


América Latina despierta su mayor dolor de cabeza

Los consigues manejando taxis en Buenos Aires, trabajando como meseros en Panamá o vendiendo arepas en Madrid. El número de venezolanos que huyen a la inflación, la represión y el crimen en su país desmoronado aumenta diariamente.
Por años, los gobiernos latinoamericanos se mantuvieron en silencio mientras que, primero Hugo Chávez y luego su sucesor, Nicolás Maduro, acababan con la democracia venezolana. Pero ahora, la ineptitud económica de un gobierno cada vez más represor, está creando una crisis humanitaria que la región ya no puede ignorar.
Colombia y Brasil son los países que están sufriendo en mayor medida el peso del éxodo venezolano. Según un estimado extraoficial, se calcula que más de un millón de venezolanos están viviendo en Colombia. Entretanto, alcaldes colombianos han empezado a responsabilizar a los inmigrantes por el desempleo y el crimen.
El año pasado, más de 7.600 venezolanos buscaron atención médica en los hospitales del estado brasileño de Roraima, lo que generó que el alcalde de Manaos declarara un estado de emergencia.
La inundación de refugiados es un factor que galvaniza a los gobiernos de la región. El otro es el decanto de Maduro por la dictadura, que se ha ido acelerando desde el pasado mes de marzo cuando la corte suprema de títeres decretó la abolición del Parlamento controlado por la oposición.
Aunque la medida fue parcialmente revertida, generó una ola de protestas que se ha prolongado por los últimos 45 días. En este sentido, el Jefe de Estado anunció su intención de armar a las milicias y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Carta Magna que Chávez creó en 1999. Asimismo, está utilizando tribunales militares para juzgar a los venezolanos que son detenidos en las manifestaciones.
En respuesta a las acciones de Maduro, 14 gobiernos -incluidos Argentina, Brasil y México- se han unido para exigir que se convoquen a elecciones, se reconozca al Parlamento, y se liberen a los presos políticos en Venezuela. El pasado 26 de abril, 19 de los 34 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una instancia internacional regional, votaron para acordar una reunión entre ministros de relaciones exteriores para discutir la situación de Venezuela. En represalia, el Mandatario anunció que retirará a su país del bloque.
Maduro, que conserva el apoyo de un 25% de la población y de las fuerzas de seguridad (algunas por convicción ideológica, otras por coacción o corrupción) estaría planeando convertir a Venezuela en una dictadura autárquica, similar al molde establecido en la Cuba de Fidel Castro.
Sin embargo, no será fácil. A diferencia de Cuba, Venezuela no es una isla inexpugnable y tiene una cultura democrática. Las acciones de Maduro además, están abriendo evidentes fracturas dentro del propio movimiento chavista. Tres tenientes del ejército venezolano han solicitado asilo en Colombia. La Fiscal General, varios Generales retirados y exministros del gobierno de Chávez condenaron el golpe judicial contra la Asamblea Nacional.
“El gobierno está perdiendo el control”, manifestó Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior, Justicia y Paz de Maduro, al Wall Street Journal esta semana y advirtió de la “anarquía en las calles”.
Ante este panorama, cada día se hace más evidente la necesidad de establecer un proceso diplomático que ayude a Venezuela a regresar al camino democrático. Pero, ¿quién podría liderar ese esfuerzo? “Diálogo” se convirtió en una palabra sucia para la oposición después de que Maduro utilizara las conversaciones sostenidas a finales del año pasado, acompañadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y El Vaticano, para ganar tiempo.
Detrás del telón, varias iniciativas superpuestas se están poniendo en marcha. Argentina ha reemplazado a Venezuela en la presidencia de la Unasur. El mandato de Ernesto Samper, un simpatizante del chavismo, como secretario general ha terminado. En una reunión que tendrá lugar en Quito el próximo 23 de mayo, los ministros de Relaciones Exteriores de la instancia internacional podrán elegir como su sustituto a José Octavio Bordón, un diplomático argentino bien conectado y ex político.
De igual manera, varios presidentes están hablando de la creación de un grupo ad hoc de países, al estilo de los que negociaron el final de las guerras civiles centroamericanas de los años ochenta. Les gustaría involucrar a la ONU, pero Antonio Guterres, su nuevo secretario general, ha sido cauteloso. El grupo podría tener que incluir también a Cuba y a los Estados Unidos, que tienen intereses en Venezuela; pero, como sabemos, la administración de Donald Trump puede continuar imponiendo sanciones unilaterales a funcionarios venezolanos (ya lo hizo contra el vicepresidente, Tareck El Aissami), sería más prudente unirse a un esfuerzo regional coordinado.
Cualquier negociación tendría que implicar una amnistía. Eso sería un anatema para muchos en la oposición, que quieren ver a los líderes del régimen en juicio por asesinato y corrupción. Sin embargo, la oposición carece de la fuerza necesaria para derrocar a Maduro. Tal vez el ejército haga ese trabajo, pero esto no es ni seguro ni necesariamente deseable. Tarde o temprano, ambas partes tendrán que regresar a la mesa de negociaciones, o ver como cada vez más venezolanos toman el camino del exilio.

(The Economist)
 

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