El estado de emergencia económica decretado el viernes por el presidente Nicolás Maduro representa una nueva arremetida contra los empresarios, pues amplía las atribuciones del Ejecutivo y pone en riesgo la libertad económica y el derecho a la propiedad privada, afirmaron directivos de Conindustria y Cedice Libertad.
“Son muy delicadas las restricciones a la libertad económica y a la propiedad privada que se establecen en el decreto. Esto es como darle un cheque en blanco a un gobierno que ha sido el creador de las distorsiones que hay en el país. Pedimos que no se apruebe tal cual como fue presentado, eso implicaría un enorme riesgo de desacelerar aún más la economía.”, afirmó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.
El directivo aseguró que uno de los errores que hay en el decreto, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6214, es catalogar la situación económica actual como excepcional, extraordinaria y coyuntural, pues a su juicio el gobierno abonó el camino para que ocurrieran los desequilibrios actuales con la implementación de controles de cambio, de precios y de distribución de alimentos.
“Los preceptos del decreto son equivocados y lo que deriva de allí es peligroso. Dicen que hay una inflación inducida, cuando el aumento de los precios es el resultado de la política del Banco Central de Venezuela de emitir dinero inorgánico cuando no hay suficiente producción de bienes. También dicen que hay un valor ficticio de la divisa, cosa que no existe. Ficticio es el dólar a 6,30 bolívares, que cuando se va a solicitar no está”, indicó.
Señaló que el numeral 7 del artículo 2 que le da al Ejecutivo la potestad de pedirle a las empresas que produzcan más es una burla. “El gobierno tiene en sus manos los mecanismos para que las empresas aumenten su producción. Una de las primeras cosas que pueden hacer es pagar la deuda que hay con los proveedores extranjeros de materias primas”.
Rechazó que el numeral 8 del mismo artículo le permita al gobierno requerir bienes privados que considere necesarios para atender la emergencia económica. “Con esto se abre la posibilidad de que se pueda expropiar cualquier bien. Lo que hay que hacer en este momento es generar confianza, no pánico”, dijo.
Garantizar la seguridad jurídica para que los empresarios nacionales sientan confianza, así como para atraer inversiones extranjeras que ayuden a aumentar los niveles de producción actual ha sido una de las peticiones constantes, no solo de Conindustria sino también de directivos de Fedecámaras que han rechazado las expropiaciones de bienes.
Historial de violaciones. Isabel Pereira, sociólogo y directora de políticas públicas de Cedice Libertad, coincidió con Olalquiaga sobre las restricciones que establece el nuevo decreto y aseguró que se trata de un texto político que no busca solucionar los problemas económicos.
Anticipó que con la normativa ocurrirán más actos de violencia contra empresas, productores, procesadores, transportistas y cadenas de distribución existentes en el país.
“El gran objetivo del decreto es permitir en todo el territorio el libre acceso de la población a los productos, bienes y servicios para así acabar con la inflación, la escasez, el acaparamiento. Si la consigna es liberar el acceso sin que exista un sano intercambio entre oferta y demanda, lo que está propiciando es el saqueo del patrimonio de los productores, procesadores, comerciantes. Es una clara inducción al caos y al traspaso de cualquier límite de tolerancia social”, alertó la especialista, también miembro del Observatorio de Propiedad Privada.
Recordó que desde 2005 el gobierno ha incurrido en violaciones de la propiedad privada, entre las que se encuentran invasiones a empresas y fincas, que no han traído ningún beneficio. “Las violaciones de la propiedad privada que se han cometido hasta ahora solo han resultado en más desastre, más destrucción”, manifestó.
Datos del observatorio reportan que entre noviembre de 2005 y 2011 las violaciones de la propiedad cometidas y permitidas por el gobierno suman 2.549 casos. Entre ellas la expropiación a Agroisleña. En el año 2012 se registraron otros 75 casos, en 2013 fueron 59 y en 2014 hubo 337 más.
Además, entre marzo y junio del año pasado se registraron 569 actuaciones oficiales contrarias a la propiedad privada. Entre estas se encuentran la expropiación de 2 hoteles en Caracas; 36 ocupaciones temporales en Caracas, Yaracuy y Guárico; 8 regulaciones confiscatorias y 523 multas (sanciones administrativas sin previo derecho a la defensa).
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