Grupo La Colina

KO a las Drogas: Legado de Gilberto Mendoza

CARLOS TABLANTE

Ante la pregunta: ¿Es posible o no recuperar los bienes robados por la corrupción?, la respuesta es: sí, es posible.

La motivación y la esperanza necesarias, con un adecuado manejo de las expectativas, fueron transmitidas la semana pasada por el abogado peruano-suizo, Oscar Solórzano, quien trabaja en el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea. Vino para participar en el foro “Perspectivas para la recuperación de activos de Venezuela”, organizado por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y al conversatorio convocado por el medio digital CuentasClarasDigital.org, especializado en el tema de los delitos financieros y la prevención de la legitimación de capitales.

Se trata de un reconocido especialista, quien ha asesorado exitosos procesos de recuperación de bienes, no solo en Perú, sino también en muchos otros Estados.

Con un marcado énfasis didáctico nos llevó a conocer cada paso para alcanzar el propósito de devolverle a los venezolanos, lo que les quitó el gran saqueo de las arcas públicas durante los últimos 17 años.

Aunque se trata de un proceso complejo, donde es necesaria una amplia participación de los órganos de administración de justicia y de gobierno, así como la cooperación internacional, no es una tarea imposible.

Sin embargo, en la actual y difícil circunstancia que vive nuestro país, no podemos contar para esta tarea con un poder judicial avasallado por los designios de Nicolás Maduro. Otro importante obstáculo es la presencia de muchos de los grandes saqueadores del patrimonio de los venezolanos en el gobierno. Se trata de una barrera que es necesario derribar con los procesos democráticos que han sido planteados por fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional.

Con toda seguridad llegaremos a ejecutar los procedimientos necesarios para la recuperación de los bienes de la corrupción. Será un proceso imparable. Se cumplirá hasta que el dinero robado a los venezolanos regrese a nuestro país, para invertirlo en obras y servicios dirigidos a mejorar las condiciones de vida de todos, actualmente atropelladas a consecuencia del gran saqueo.

Lo más importante es que en Venezuela está en curso una etapa de preparación y formación para iniciar los procesos legales necesarios que permitan devolverle a los venezolanos los derechos humanos arrebatados por la corrupción, con una determinante incidencia en la crisis de servicios básicos, de salud y alimentación, entre otros.

Para Oscar Solórzano, en Venezuela se adelanta una fase inédita, porque en otros países este proceso se ha iniciado una vez alcanzado los cambios determinantes en los poderes públicos del Estado, y como todos sabemos, en Venezuela eso no ha ocurrido hasta ahora, salvo en el Poder Legislativo, donde la Comisión Permanente de Contraloría está dedicada a la investigación y el análisis jurídico que permita elaborar los proyectos de leyes necesarias para actuar en la recuperación de los recursos robados.

Este proceso también requerirá de muchas iniciativas y de un manejo adecuado de las expectativas, dado que, a partir de la aprobación de Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el marco jurídico internacional es referencial. Uno de los aspectos destacados durante la disertación del experto internacional es la inexistencia de un procedimiento estándar. Existe un mandato del derecho internacional, con ciertas condiciones que deben ser cumplidas por los Estados Víctimas y que obligan de manera vinculante a los Estados requeridos.

El Estado víctima, ergo, Venezuela, donde se ha cometido el gran saqueo de fondos públicos, y el Estado requerido, donde altos funcionarios del gobierno venezolano y sus cómplices necesarios en el sector privado, han abierto cuentas con dineros de la corrupción, depositados en instituciones financieras de otros países y por lo tanto, ubicados. Algunos ejemplos: BPA del Principado de Andorra, y sus filiales en Panamá y España, el HSBC y otros bancos en Suiza, bancos de Panamá, incluso de Estados Unidos, donde fueron colocados millones de dólares facturados con importaciones ficticias, como el caso del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional). Además, el producto de los sobornos en Pdvsa relacionado con los empresarios Roberto Rincón, Abraham Shiera y los cuatro funcionarios de Pdvsa, ya confesos y obligados por las autoridades judiciales de EEUU a devolver lo robado.

Para que regresen a Venezuela los bienes saqueados, necesitamos dos condiciones básicas: la cooperación jurídica internacional y otra, que no la mencionó el experto, pero sí nosotros: un cambio de gobierno, porque definitivamente es posible recuperar los bienes de la corrupción, cuando existe un Estado de Derecho y una verdadera voluntad política. Juntos, lo lograremos.