FERNANDO MIRES
De pronto parecía que la historia estaba repitiéndose.
Lo que estaba sucediendo a fines de Abril con la reticencia pertinaz del CNE para entregar las planillas solicitadas por la oposición y así llevar a cabo la realización del revocatorio se parecía como una gota de agua a otra a la situación previa al 6-D cuando, con igual reticencia, Maduro se negaba a fijar fecha para las elecciones parlamentarias.
Razones de sobra tiene el gobierno para no desear medirse electoralmente. Cada elección que tenga lugar en Venezuela, a partir del 6-D, llevará estampada consigo la crónica de una derrota anunciada.
Nacido electoralmente, sustentado en elecciones, siempre plebiscitario, confiado en las grandes mayorías que obtenía el gobierno Chávez, fue constituyéndose en Venezuela una muy peculiar formación política en la cual se combinaba un radical electoralismo con estructuras autoritarias e incluso dictatoriales de poder. Hoy, en cambio, el gobierno ha perdido su carácter electoralista.
No solo pierde y perderá el gobierno las elecciones que tengan lugar de aquí en adelante sino, además, hará todo lo posible para que ellas no tengan lugar. Se quiera o no, el gobierno ya ha perdido su legitimidad electoral. El problema es que tampoco tiene otra.
El Viernes 28-4 pareció ser un día decisivo en la historia del gobierno de Maduro. O entregaba las planillas o desataba una enorme movilización popular en su contra. Un mínimo de cálculo permitía augurar que si lo último sucedía, en un marco determinado por un gran desastre económico, en un país con crisis alimentaria, atravesado por colas de seres hambrientos dispuestos a enfurecerse a la menor indicación, habría encontrado a Maduro muy mal parado, incluso frente a su propia gente. Quizás Maduro, al entregar las planillas, solo postergó el momento de su inminente retiro. Eso lo sabremos después.
Pero no solo la lucha por la entrega de las planillas se parecía a la lucha por la fecha de las elecciones del 6-D. En sentido estricto, los acontecimientos de Abril y Mayo del 2016 y los que llevaron al 6-D están vinculados entre sí hasta el punto de que puede afirmarse que entre ellos hay una relación de estrecha continuidad.
Sin el gran triunfo del 6-D nunca habría aparecido la posibilidad revocatoria. Aún más: la necesidad imperiosa de avanzar hacia el revocatorio obedecía a una opción existencial para la oposición, si es que no aceptaba que le fuera arrancado de las manos el triunfo del 6-D.
Maduro ha venido llevando a cabo un sistemático proceso de inhabilitación de la AN. Habiendo convertido al TSJ en cerco leguleyo destinado a dejar sin efecto todas las resoluciones parlamentarias, había (Viernes 22 de Abril) decretado la imposibilidad de la AN para legislar al someter cada resolución parlamentaria al veto ejecutivo. Un golpe mortal a la AN. El llamado al revocatorio, desde esa perspectiva, deberá ser considerado como una operación de rescate de la AN destinada a devolver a ella el principio de representación constitucional que emana de la soberanía popular. Es por eso que afirmamos: sin el 6-D el impulso revocatorio habría sido imposible. En ambos casos los demócratas venezolanos se han movilizado en aras de la vía electoral.
El referéndum, por definición, es una opción electoral, tanto o más que una elección parlamentaria. Así se prueba una vez más lo absurda que era la alternativa calle o elecciones.
La calle en defensa de las elecciones ha sido la vía tomada por la oposición venezolana. Así continúa el largo, pero cada vez más efectivo camino electoral, pacífico y constitucional, emprendido desde 2007. Unidad que nuevamente se vuelve a mostrar hoy, pero en magnitudes muy superiores.
Ha sido también demostrado que la opción revocatoria para terminar con el régimen es la más decisiva. Tal vez otras alternativas eran más expeditas desde el punto de vista burocrático. El problema es que prescindían de participación popular y esa solo la garantiza un referéndum. Así, Maduro no será revocado mediante un expediente notarial, sino como consecuencia de una formidable y unitaria movilización popular desatada por el revocatorio.
Ya el solo hecho de firmar significa hacer público un nombre, la inscripción del yo privado en una decisión colectiva que tiene lugar “bajo la luz de lo público” (Arendt). Por eso es que cada firma deberá ser considerada como una declaración de amor a la democracia.
Interesante es destacar que son muy pocos quienes intentan adjudicarse la paternidad sobre el revocatorio. Grandeza mostraron Lilian Tintori y Leopoldo López al reconocer el trabajo arduo de Capriles a favor de la vía revocatoria. Grandeza mostró también Henrique Capriles al afirmar que el creador del revocatorio no es un líder sino el pueblo. Tiene razón. La disposición hacia la opción revocatoria ha sido masiva. La recolección de firmas no solo es un éxito, está a punto de transformarse en un tsunami. Todos los dirigentes, sin excepción, han comprendido que en este momento lo que está en juego no son los liderazgos personales –para eso ya llegará el momento- sino la sobrevivencia de la oposición como fuerza política.
En otras palabras, en Venezuela está teniendo lugar una lucha por la defensa del principio de la soberanía popular. Principio que en su forma roussoniana es una ficción formal pero que en momentos decisivos ha logrado concretizarse materialmente en la historia. ¿No fue reafirmado en Polonia cuando surgió el movimiento de Solidarnosc, representación de todos los trabajadores polacos frente a un gobierno que se decía representante de los obreros? ¿No fue reafirmado en el Chile del plebiscito cuando mediante una decisión soberana el pueblo electoralmente constituido decidió poner fin a la dictadura de Pinochet y a la caterva de generales que lo acompañaban? ¿No fue reafirmado en la Alemania del muro cuando las masas en las calles corearon “nosotros” (nosotros y no ustedes) somos el pueblo”? Todos esos procesos, por lo menos en sus efectos, tuvieron un sentido revocatorio.
Hoy día la ciudadanía venezolana, constituida como pueblo, exige a través del referéndum la devolución de los derechos soberanos que le corresponden. Así ha quedado claro -aunque Maduro, Cilia Flores, Cabello, Jaua, la y el Rodríguez y otros poquísimos se llenen la boca con la palabra pueblo- que la decisión mayoritaria ya ha sido consignada. Esa decisión es revocar.
La palabra pueblo en periodos históricos no marcados por situaciones límites no pasa de ser una simple ficción. El pueblo solo existe como pueblo cuando se constituye políticamente. Antes de su constitución el pueblo existe en la forma ambigua de ciudadanía, de población, e incluso de masa. Solo en periodos electorales o frente a grandes cambios históricos, el pueblo se hace pueblo. Eso es lo que está ocurriendo en la Venezuela de Nicolás Maduro.
El pueblo venezolano ha comenzado a exigir la rescisión del contrato social que lo ligaba a sus gobernantes. Al actuar estos últimos como enemigos del pueblo y no reconocer a sus representantes, el poder deberá ser devuelto al pueblo. Eso y no otra cosa es el revocatorio.
El camino no será fácil. Ya Cabello y Maduro anuncian que desconocerán firmas; ya se postergarán nuevas fechas; ya se retrasarán procedimientos formales; ya Diosdado amenaza con el mazo; ya asoman los siniestros grupos de choque destinados a intimidar a los votantes. El atentado a la persona de Chúo Torrealba (“métele plomo”) es quizás solo un anticipo de lo que viene.
La lucha por el referéndum no ha surgido solo como consecuencia de la mala administración del gobierno, tampoco de la crisis económica, ni de las colas, ni de la propagación de la delincuencia, ni siquiera de la ostensible corrupción del partido de gobierno. El referéndum comenzó a cobrar vida desde el momento en que el ejecutivo decidió desconocer a la mayoría nacional representada en la Asamblea, es decir, desde el momento en que se negó a aceptar el principio de la soberanía popular simbolizado en ese edificio que es la casa de toda la nación, incluyendo la de los propios chavistas.
Pretender suprimir a la AN es decretar el desconocimiento de la voluntad popular, es la violación del principio más elemental de soberanía nacional. Ese y no otro ha sido el gran crimen político de Nicolás Maduro. Por eso, y no por otra razón, deberá ser revocado.
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