CARlOS TABlANTE
Un viejo refrán muy usado en los hogares venezolanos es: “oscuridad en la casa y luz en la calle”, para referirse a los miembros de una familia que se comportan mejor con otros que con sus parientes. Parafraseando este dicho popular, podemos afirmar que el Presidente Nicolás Maduro es capaz de elogiar la búsqueda de la paz en otros países, como Colombia – que nosotros también apoyamos- , pero ha sido incapaz de realizar el mínimo esfuerzo por alcanzar la paz en Venezuela.
Maduro ha ensombrecido su gestión de gobierno propiciando el divisionismo y la exclusión entre venezolanos, haciendo acusaciones muy a la ligera y sin ningún sustento, que en muchos casos son atendidas por los organismos llamados a impartir justicia. Su respuesta airada por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, demuestra que no le interesa la paz.
La sanción de esta Ley constituye un paso significativo para alcanzar la paz en Venezuela, y encontrarnos en lo que nos une, en la tolerancia, en la corresponsabilidad y la solidaridad. Se trata de una promesa cumplida, de un instrumento legal absolutamente necesario, no solo esperado por los familiares de los presos políticos y dirigentes estudiantiles, sino por la gran mayoría de venezolanos, que exige la libertad de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales, Alexander Tirado, mejor conocido como “El Gato de Aragua”, Raúl Emilio Baduel Cafarellil, y miles de universitarios y de otros ciudadanos venezolanos, injustamente imputados, acusados y hasta sentenciados por una justicia que ha agachado la cabeza frente al gobierno.
¡Basta ya de encarcelar a quienes piensan distinto!, a las voces de protestas pacíficas que toman las calles para expresar las molestias y las angustias de los venezolanos por la alarmante corrupción que ha sacudido a Venezuela durante los últimos 17 años y que ha llevado a nuestro país a su peor crisis económica y financiera, escasez de alimentos y medicinas, una creciente inflación, el desmejoramiento de los servicios públicos, además de la terrible situación de inseguridad ciudadana.
Es oportuno recordar que la persecución del gobierno, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, contra las voces disidentes no ha sido solamente contra reconocidos dirigentes políticos y estudiantiles, también ha alcanzado a empleados públicos y otras personas que públicamente se muestren en contra de la gestión gubernamental.Vale recordar el caso de la tuitera Inés González, quien estuvo más de un año detenida por el contenido de sus mensajes en la popular red social.
Otro caso es el de la denominada “Lista Tascón” (2004), alimentada con las firmas de muchos venezolanos para la convocatoria de un referéndum revocatorio a la gestión de Hugo Chávez . Aquellas rúbricas fueron usadas como un castigo colectivo, pues a los firmantes se les negó el derecho al trabajo y a la obtención de documentos. En el documental La Lista: un pueblo bajo sospecha de la ONG Ciudadanía Activa quedó plasmado este hecho.
Estos controles o castigos han sido muy comunes. Amenazan con botar a los empleados que no asistan a los actos políticos del Psuv o que en los procesos electorales no voten por sus candidatos. Pero ya los electores han comenzado a desafiar estas intimidaciones, como lo demuestran los resultados del pasado 6 de diciembre, que han comenzado a dar frutos, como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Antes de su aprobación, el proyecto de ley pasó una etapa de consultas públicas, incluso fue convocado el Comité de Víctimas de las Guarimbas, aunque no atendió al llamado, como sí lo hicieron otras organizaciones de la sociedad civil y las universidades.
El propósito de la ley es establecer las bases para la reconciliación nacional y la paz social, condiciones necesarias para restaurar el Estado de Derecho y de Justicia, que en su concepción amplia significa legalidad, equidad, justicia, respeto permanente al ejercicio democrático, al derecho a la participación política, a la libertad de expresión y manifestación. No puede alcanzarse una democracia participativa y protagónica sin la manifestación de una ciudadanía activa, capaz de expresar sus críticas y molestias.
La ley de Amnistía y Reconciliación Nacional significa, además de la libertad a los líderes políticos y estudiantiles injustamente sometidos a prisión por manifestar democráticamente sus críticas, la profundización de la defensa de los derechos humanos. Venezuela quiere paz y ha comenzado a andar la senda de la reconciliación.
Maduro ha ensombrecido su gestión de gobierno propiciando el divisionismo y la exclusión entre venezolanos, haciendo acusaciones muy a la ligera y sin ningún sustento, que en muchos casos son atendidas por los organismos llamados a impartir justicia. Su respuesta airada por la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, demuestra que no le interesa la paz.
La sanción de esta Ley constituye un paso significativo para alcanzar la paz en Venezuela, y encontrarnos en lo que nos une, en la tolerancia, en la corresponsabilidad y la solidaridad. Se trata de una promesa cumplida, de un instrumento legal absolutamente necesario, no solo esperado por los familiares de los presos políticos y dirigentes estudiantiles, sino por la gran mayoría de venezolanos, que exige la libertad de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales, Alexander Tirado, mejor conocido como “El Gato de Aragua”, Raúl Emilio Baduel Cafarellil, y miles de universitarios y de otros ciudadanos venezolanos, injustamente imputados, acusados y hasta sentenciados por una justicia que ha agachado la cabeza frente al gobierno.
¡Basta ya de encarcelar a quienes piensan distinto!, a las voces de protestas pacíficas que toman las calles para expresar las molestias y las angustias de los venezolanos por la alarmante corrupción que ha sacudido a Venezuela durante los últimos 17 años y que ha llevado a nuestro país a su peor crisis económica y financiera, escasez de alimentos y medicinas, una creciente inflación, el desmejoramiento de los servicios públicos, además de la terrible situación de inseguridad ciudadana.
Es oportuno recordar que la persecución del gobierno, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, contra las voces disidentes no ha sido solamente contra reconocidos dirigentes políticos y estudiantiles, también ha alcanzado a empleados públicos y otras personas que públicamente se muestren en contra de la gestión gubernamental.Vale recordar el caso de la tuitera Inés González, quien estuvo más de un año detenida por el contenido de sus mensajes en la popular red social.
Otro caso es el de la denominada “Lista Tascón” (2004), alimentada con las firmas de muchos venezolanos para la convocatoria de un referéndum revocatorio a la gestión de Hugo Chávez . Aquellas rúbricas fueron usadas como un castigo colectivo, pues a los firmantes se les negó el derecho al trabajo y a la obtención de documentos. En el documental La Lista: un pueblo bajo sospecha de la ONG Ciudadanía Activa quedó plasmado este hecho.
Estos controles o castigos han sido muy comunes. Amenazan con botar a los empleados que no asistan a los actos políticos del Psuv o que en los procesos electorales no voten por sus candidatos. Pero ya los electores han comenzado a desafiar estas intimidaciones, como lo demuestran los resultados del pasado 6 de diciembre, que han comenzado a dar frutos, como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Antes de su aprobación, el proyecto de ley pasó una etapa de consultas públicas, incluso fue convocado el Comité de Víctimas de las Guarimbas, aunque no atendió al llamado, como sí lo hicieron otras organizaciones de la sociedad civil y las universidades.
El propósito de la ley es establecer las bases para la reconciliación nacional y la paz social, condiciones necesarias para restaurar el Estado de Derecho y de Justicia, que en su concepción amplia significa legalidad, equidad, justicia, respeto permanente al ejercicio democrático, al derecho a la participación política, a la libertad de expresión y manifestación. No puede alcanzarse una democracia participativa y protagónica sin la manifestación de una ciudadanía activa, capaz de expresar sus críticas y molestias.
La ley de Amnistía y Reconciliación Nacional significa, además de la libertad a los líderes políticos y estudiantiles injustamente sometidos a prisión por manifestar democráticamente sus críticas, la profundización de la defensa de los derechos humanos. Venezuela quiere paz y ha comenzado a andar la senda de la reconciliación.
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