MARTA DE LA VEGA
Estamos ante una tiranía, con un poder ejecutivo transgresor, que viola sistemáticamente las normas constitucionales, so pretexto de responder a la lógica de la revolución, con un tribunal supremo de justicia que no ejerce esta ni se ocupa de dirimir conflictos entre poderes ni de la sociedad en su conjunto sino que concentra su esfuerzo en usurpar funciones de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, como legislar, tal cual lo establece, salvo lo previsto en el artículo 203, el 187 de la Constitución vigente.
So pretexto de un “desacato” inventado para anular sus actuaciones y su control sobre el funcionamiento de las ramas del poder nacional, del gobierno y de la administración pública, el tribunal supremo invalida sistemáticamente toda iniciativa propia del Parlamento. Sin embargo, todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley, es nulo, según el artículo 25 de la Carta Magna venezolana y por tanto, sin ningún efecto jurídico.
Toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es obligatorio para el Parlamento pronunciarse acerca de actos del poder judicial que violan funciones del Parlamento. Así quedó registrada para la historia contemporánea la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 22 de
marzo de 2007.
La situación actual es aún peor. El tribunal supremo dicta sentencias inconstitucionales, ha usurpado funciones propias de la Asamblea Nacional pero, sobre todo, actúa con total impunidad pese a no tener legitimidad ni de origen ni de desempeño, dada la manera irregular como fueron escogidos los magistrados y sus exiguas o bajas calificaciones para ejercer tales cargos.
La sala constitucional se ha erigido en un suprapoder que pretende imponer el rumbo hoy extraviado de lo que fue la república civil, democrática y representativa, perfectible pero nunca protagonista de la barbarie que sufrimos hoy en todos los ámbitos.
La política, como señala R. Dahl, precisamente ha considerado uno de sus problemas fundamentales evitar un gobierno autocrático. En efecto, en este marco ningún derecho fundamental puede ser garantizado. Y en tales condiciones, dentro de un sistema totalitario, el desarrollo no es sustentable a largo plazo.
Sin embargo, el gobierno que preside formalmente Maduro, en realidad una camarilla militar civil heteróclita y corrompida hasta los tuétanos que domina el poder, es anti-político y antidemocrático.
En Venezuela no hay hoy una democracia efectiva pese a los formalismos democráticos convencionales que sigue adoptando el régimen actual.
El Estado de derecho ha sido triturado por los abusos ilimitados de poder, por el chantaje nutrido
del inmediatismo y la ignorancia con el cual se somete a la población más vulnerable a condiciones, como firmar una planilla para disolver la Asamblea Nacional, a fin de recibir la dádiva clientelar de una llamada tarjeta de la patria que no es más que una nueva forma de control social.
La anomia y la anarquía se han convertido en acciones criminales que van desde comprar 4 veces
la misma persona productos regulados, sin ningún pudor, hasta los horrorosos linchamientos de un salvajismo primitivo por individuos que actúan impunemente y sin miedo, completamente fuera de la ley.
Tal fue el reciente caso de un hombre al que se le acusó de robar a una señora y como castigo fue desnudado y atado a un poste por dos o más hombres, que la emprendieron a fuetazos con un sadismo y una crueldad desbocados, acción aún más criminal que el conato de robo brutalmente sancionado.
Por ello, ante un Estado que no respeta los derechos humanos sino que los viola flagrantemente, fabrica delitos y persigue sin piedad y con escalofriante impunidad a quienes adversan el proceso
inmoral de disolución de la civilidad, volvemos a la pregunta: ¿Qué estrategia ética y política desplegarán los líderes opositores contra un Estado forajido y tiránico?
So pretexto de un “desacato” inventado para anular sus actuaciones y su control sobre el funcionamiento de las ramas del poder nacional, del gobierno y de la administración pública, el tribunal supremo invalida sistemáticamente toda iniciativa propia del Parlamento. Sin embargo, todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley, es nulo, según el artículo 25 de la Carta Magna venezolana y por tanto, sin ningún efecto jurídico.
Toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es obligatorio para el Parlamento pronunciarse acerca de actos del poder judicial que violan funciones del Parlamento. Así quedó registrada para la historia contemporánea la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 22 de
marzo de 2007.
La situación actual es aún peor. El tribunal supremo dicta sentencias inconstitucionales, ha usurpado funciones propias de la Asamblea Nacional pero, sobre todo, actúa con total impunidad pese a no tener legitimidad ni de origen ni de desempeño, dada la manera irregular como fueron escogidos los magistrados y sus exiguas o bajas calificaciones para ejercer tales cargos.
La sala constitucional se ha erigido en un suprapoder que pretende imponer el rumbo hoy extraviado de lo que fue la república civil, democrática y representativa, perfectible pero nunca protagonista de la barbarie que sufrimos hoy en todos los ámbitos.
La política, como señala R. Dahl, precisamente ha considerado uno de sus problemas fundamentales evitar un gobierno autocrático. En efecto, en este marco ningún derecho fundamental puede ser garantizado. Y en tales condiciones, dentro de un sistema totalitario, el desarrollo no es sustentable a largo plazo.
Sin embargo, el gobierno que preside formalmente Maduro, en realidad una camarilla militar civil heteróclita y corrompida hasta los tuétanos que domina el poder, es anti-político y antidemocrático.
En Venezuela no hay hoy una democracia efectiva pese a los formalismos democráticos convencionales que sigue adoptando el régimen actual.
El Estado de derecho ha sido triturado por los abusos ilimitados de poder, por el chantaje nutrido
del inmediatismo y la ignorancia con el cual se somete a la población más vulnerable a condiciones, como firmar una planilla para disolver la Asamblea Nacional, a fin de recibir la dádiva clientelar de una llamada tarjeta de la patria que no es más que una nueva forma de control social.
La anomia y la anarquía se han convertido en acciones criminales que van desde comprar 4 veces
la misma persona productos regulados, sin ningún pudor, hasta los horrorosos linchamientos de un salvajismo primitivo por individuos que actúan impunemente y sin miedo, completamente fuera de la ley.
Tal fue el reciente caso de un hombre al que se le acusó de robar a una señora y como castigo fue desnudado y atado a un poste por dos o más hombres, que la emprendieron a fuetazos con un sadismo y una crueldad desbocados, acción aún más criminal que el conato de robo brutalmente sancionado.
Por ello, ante un Estado que no respeta los derechos humanos sino que los viola flagrantemente, fabrica delitos y persigue sin piedad y con escalofriante impunidad a quienes adversan el proceso
inmoral de disolución de la civilidad, volvemos a la pregunta: ¿Qué estrategia ética y política desplegarán los líderes opositores contra un Estado forajido y tiránico?
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