ABANDONO DEL CARGO
Trino Marquez
La decisión de la mayoría
opositora de la Asamblea Nacional en la cual se declara, mediante una
interpretación literal del artículo 233 de la Constitución, “abandono del
cargo” por parte de Nicolás Maduro, me parece inobjetable desde el punto de
vista constitucional y político. El Parlamento estaba
obligado a parársele firme a un déspota que desde el 6 de diciembre de 2015 ha agredido
a la AN, desconociendo la voluntad de ocho millones de venezolanos que votaron
a favor de los candidatos de la MUD.
El
23 de diciembre de 2015, dos semanas antes de que asumieran las nuevas
autoridades, Maduro les ordenó a sus diputados en la Asamblea saliente que
designaran a los integrantes del TSJ, incluidos los miembros de la Sala
Constitucional, instancia consolidada desde entonces como el aparato de choque
“legal” del régimen contra el Poder Legislativo. Ese nombramiento arbitrario e
ilegal presagió lo que vendría.
A partir del 5
de enero del año pasado arreció la embestida. En los 23 “considerandos” que
respaldan el abandono del cargo se exponen con total claridad las violaciones
cometidas por Maduro contra la autoridad de la AN. En total son trece las más
graves (quien desee abundar en los detalles puede remitirse al portal de Runrunes).
El 14 de enero
de 2016, avalado por su TSJ, declara el Estado de Emergencia Económica y
Excepción, prorrogado indefinidamente al margen de la Constitución y sin la
aprobación de la AN, lo cual le ha permitido gobernar sin los controles legislativos
establecidos en la Carta Magna. Maduro fomenta el desconocimiento de las
atribuciones del Poder Legislativo, al ordenarles a sus ministros y otros altos
funcionarios que desatiendan los llamados a comparecer ante la AN. Firma contratos
y acuerdos sin la aprobación del Parlamento, como lo exige el artículo 150 de
la Constitución. Presenta el Presupuesto Nacional 2017 ante el TSJ, ignorando a
la AN. Politiza y partidiza el TSJ y el Consejo Nacional Electoral, poderes que
deberían ser autónomos e imparciales. Posterga
de manera injustificada las elecciones de gobernadores, que debieron haberse
realizado en 2016. Veta todas las leyes sancionadas por la AN, siempre con la
justificación suscrita por el TSJ. Su desempeño económico se encuentra fuera de
los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y
equilibrio fiscal contenidos en la Constitución; las consecuencias de sus
desaciertos se traducen en inflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas,
caída del PIB y pobreza creciente. Desidia en la obligación de resguardar la
seguridad ciudadana; Venezuela es el país más violento del mundo con un índice
de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. La nación dejó de ser una
democracia para convertirse en una dictadura donde existen presos, perseguidos
y exiliados políticos. En la Venezuela de Maduro se quebranta a diario la
libertad de expresión e información, a través de amenazas y hostigamiento a los
medios de comunicación independientes.
De forma
sintética, estos son los criterios expuestos en los “considerandos” que
sustentan la decisión de la AN. No hay espacio para la duda: Maduro es un
mandatario inepto y autoritario, que propicia la ruina nacional y la
desintegración del Estado democrático. El escenario político, que en todos los
países se caracteriza por los conflictos y las tensiones, en Venezuela se ve
exacerbado por la naturaleza de un autócrata menor movido por el deseo de
eternizarse en el poder y ser el digno sucesor del caudillo que le sirve de
modelo e insignia: Hugo Chávez. Para lograr este objetivo ha fortalecido la
alianza con los militares, con los cubanos y está montando su propio aparato de
propaganda, una de cuyas piezas fundamentales es el culto a la personalidad.
Cada vez se equipara más con Chávez.
La decisión de
la AN resulta incuestionable en el plano político. El Parlamento no puede
dejarse arrollar por el dictador sin dar la pelea. Sin embargo, esta certeza no
debe conducir a crear expectativas ilusorias e inducir la falsa creencia de que
Maduro está caído o en sus últimos días. La MUD puede presentar la decisión como
un ataque en defensa propia. Como un acto de reafirmación de su autoridad,
afincada en la amplia mayoría que representa. En el plano internacional, Maduro
ahora es un mandatario deslegitimado por un Parlamento que encarna la voluntad
de un pueblo que lo desprecia.
Argumentar que
es una medida ineficaz o inútil porque carece de consecuencias inmediatas, es
como sostener que no se debe votar porque los comunistas no entregan el poder
por la vía electoral.
@trinomarquezc
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