ALBERTO BARRERA T.
Dice Jorge Arreaza que en la ONU no entienden lo que pasa en Venezuela en materia de derechos humanos. Lo dice seriamente. Con una tranquilidad casi pomposa. Así suele analizar lo que ocurre el vicepresidente. Si no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, eres un bruto o eres un enemigo. No hay más posibilidades. Ese mismo día, en su cuenta de redes sociales, explicó nuestra compleja realidad en estos términos: “El capitalismo contra el socialismo. La burguesía vs el pueblo. El imperialismo contra la patria libre. Las élites vs el poder popular”. Es un tipo de razonamiento que está a nivel de agugú gagá, una simpleza infantil que siempre resulta muy conveniente: Arreaza se autoproclama como pueblo, como la patria libre. La élite dice que no es élite sino poder popular. Casi nada.
Pero el problema de los derechos humanos no se resuelve tan fácilmente, con esa escueta ecuación. Tal vez, ese maniqueísmo les sirva para explicar por qué todas las organizaciones no oficialistas, dedicadas al tema, han sido o son descalificadas, satanizadas, a veces incluso acosadas, por el gobierno. Quizás pueden seguir tratando de convencernos de que los defensores independientes de los derechos humanos son agentes encubiertos de la CIA, terroristas disfrazados, saboteadores que solo tratan de destruir este fabuloso paraíso. Sin embargo, la realidad no siempre se puede tapar con un tweet.
Es difícil que los venezolanos olvidemos lo que vivimos y vimos en 2014. Y estoy pensando justamente en la represión, en el uso de fuerza, en la violencia ejercida desde el Estado. Ni siquiera la hipótesis –no comprobada– de un supuesto intento de golpe de Estado puede justificar la manera como se agredió a la población civil durante gran parte del año pasado. De eso no habla Arreaza. De los más de 3.000 jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por protestar o manifestarse. De los casi 2.000 que están ya en libertad pero sometidos a medidas cautelares. ¿A ellos el Estado les ha consultado qué piensan sobre los derechos humanos?
¿Y a los deportados a Colombia? A ellos tampoco los menciona el vicepresidente. Ellos no entran en su esquema. No los considera pueblo. Tampoco son imperialistas. Solo son unos pobres en la frontera. Y con ellos no tuvieron piedad: fueron expulsados, en algunos casos de manera salvaje, del territorio nacional. ¿Y las acciones de las llamadas OLP? Ahí los altos funcionarios bajan la cabeza, miran hacia otro lado, quieren pasar agachaditos. Saben perfectamente que es una acción indefendible. Es violencia institucional especializada. Pero de eso no quiere hablar Arreaza. El gobierno que presenta un Plan Nacional de Derechos Humanos, tiene también un plan nacional de violación de derechos humanos. Legal, legítimo. Con balas incuestionables.
Todo esto sin mencionar el contexto global, que tanto le gusta citar al oficialismo por cierto, de los derechos sociales y políticos que de manera permanente son vulnerados en el país. Nada de eso pasea por la mente del vicepresidente. Nunca menciona la crisis de la salud pública, por ejemplo. No da ruedas de prensa desde el pasillo de un hospital. O desde la cola, a las afueras de un mercado Bicentenario. ¿Por qué no organiza unas solmenes declaraciones desde ahí? ¿Por qué no habla de los derechos humanos junto a la máquina captahuellas de un supermercado?
El discurso oficial también se está quedando solo con su eco. Su fórmula retórica se va achicando. Cada vez cabe menos gente en sus palabras. Al gobierno le parece muy derecho y muy humano grabar la conversación privada de cualquier ciudadano y difundirla luego, públicamente, en algún canal del Estado. De eso tampoco habla Arreaza.
En realidad, ya todos sabemos lo que dice. Repite siempre más o menos lo mismo. Lo realmente noticioso es lo que no dice el oficialismo. Ahí quizás esté la verdad sobre los derechos humanos en el país. En el silencio oficial. En aquello que el poder nunca menciona. En lo que no se atreve a pronunciar.
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