CARLOS TABLANTE
En la primera página de Últimas Noticias del 8 de junio de 2015 aparece una promesa de las tantas incumplidas por el régimen del autócrata Maduro. Decía el titular que “en dos meses estará resuelto el abastecimiento”. El anuncio lo hacía el general Carlos Osorio como ministro de Alimentación, el mismo que aparece vinculado a denuncias sobre corrupción en la importación de alimentos por su relación con cuestionados proveedores, entre ellos, Naman Wakil.
No sólo no se ha cumplido lo ofrecido sino que dos años después se cuentan en decenas las muertes por desnutrición, sobre todo infantil, y se multiplican las desgarradoras imágenes de venezolanos buscando comida en basureros.
Actualmente el general Carlos Osorio, sin dar respuesta a las gravísimas denuncias en su contra, desempeña el cargo de Inspector General de la FANB y, para colmo, suena como próximo ministro de la Defensa impuesto por Maduro, quien así busca tener un mayor control de la FANB y utilizarla como brazo armado para satisfacer sus ambiciones desmedidas de poder.
Esta semana hemos sabido que el Ministerio Público ha intensificado la investigación sobre Naman Wakil y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos. Se trata del mismo seudo empresario denunciado por nosotros en el libro El Gran Saqueo por presuntos sobreprecios y sobornos en la importación a través de empresas de maletín.
En el expediente No. 318350-2016 de la investigación que adelanta el Ministerio Público, figura una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.
Del mismo modo, hay evidencias contundentes de que Naman Wakil hizo transferencias por casi seis millones de dólares a una cuenta en un banco suizo de los cuñados del general Carlos Osorio durante su gestión al frente del ministerio de Alimentación y CASA, de lo cual este alto funcionario, a pesar de estar obligado a rendir cuentas, se ha negado a dar explicaciones.
En vez de aprovechar la interpelación acordada por la Asamblea Nacional – a la cual no asistió, violando la Ley – para dar a conocer su versión de los hechos, Osorio inició una campaña de terrorismo judicial contra los diputados Ismael García, Carlos Berrizbeitia y mi persona.
En la actualidad hay un mandamiento de conducción (orden de captura) en mi contra que se ha manifestado con una hostilidad que pone en evidencia la verdadera intención que no es otra que la de amedrentar para evitar la investigación de las irregularidades en la importación de alimentos y que nuevamente queden impunes los graves delitos que se han cometido contra las finanzas públicas, así como contra la salud y la calidad de vida de millones de venezolanos.
Debido a que, como he sostenido, en Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente y algunos jueces actúan como sicarios judiciales, he decidido no entregarme a los carceleros al servicio de los altos funcionarios del debilitado y cuestionado poder madurista, a pesar de tener todas las pruebas que sustentan mis denuncias, las cuales entregué al Ministerio Público hace un año.
Una vez que se restablezca la legalidad en Venezuela, me haré parte del juicio que debe realizarse contra los responsables del saqueo que ha sufrido el pueblo venezolano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario