Grupo La Colina

SECUENCIA Y CONSECUENCIAS

ELSA CARDOZO

Con indignación hemos visto cómo el texto de declaración negociada entre cancilleres de la OEA durante dos semanas –muy largas, medidas en la acelerada secuencia de penurias, violencia y arbitrariedad padecida por los venezolanos– fue despreciado por los trece ministros que votaron en contra o se abstuvieron. No hay apuro, dijeron algunos, en falso prurito consensual. Ni en la reunión de cancilleres ni en la de la Asamblea General, en la que se intentó la aprobación de la creación de un grupo de facilitadores, la minoría que obstaculizó el acuerdo no expuso argumento de fondo alguno. No los hay.

Pocos cancilleres –de Venezuela con insultante prepotencia, por supuesto, y de Nicaragua y Bolivia– hicieron impertinentes alegatos de soberanía y de defensa al principio de no intervención que hace muchas décadas que no aplican a la protección de los derechos humanos, incluido entre ellos el derecho a la democracia. Mucho menos alegables ante situaciones de abierta represión, violencia letal y, en general, arrollamiento de todos los derechos humanos como la que se vive en Venezuela.

Otros ministros, no menos indolentes, se valieron de rebuscadas digresiones procedimentales para desaprobar o evadir los compromisos previamente concertados. A ello optaron sin disimulo quienes pidieron más tiempo para reconsiderar lo más que considerado y documentado, para postergar acuerdos como si el tiempo sobrara o –con palabras que rayan en el cinismo– para proteger el “verdadero” sentido de la OEA mientras se obstaculiza su tarea esencial. El tiempo corre en contra de los venezolanos ante un gobierno afincado en sofocar por la fuerza sin disimulo alguno la más que legítima protesta y empeñado en “constitucionalizar” su proceder con una inconstitucional convocatoria constituyente.

La lentitud, los alegatos de soberanía y las argucias procedimentales evidencian cómo un grupo minoritario de países margina las razones de conciencia y, en equivocado cálculo de cortísimo plazo, obstaculiza la concertación de iniciativas para frenar la deriva autoritaria y propiciar la negociación de una transición a la democracia en Venezuela.

Con todo, de un lado está esa minoría de gobiernos vulnerables a la presión del gobierno venezolano, pero del otro está la mayoría de los países del hemisferio, que son los que mayor posibilidad tienen de actuar, disuasiva y persuasivamente, a favor de una solución pronta y negociada.

Entre los primeros, a los de gobiernos democráticos deben hacérseles varias preguntas incómodas: ¿querrían en sus propios países un régimen como el venezolano, especialmente en lo que concierne al irrespeto del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos?, ¿qué mensaje sobre sí mismos transmiten a sus electores y a otros países cuando dejan al gobierno de Venezuela consolidar con violencia su designio autoritario?, ¿en qué ayuda a la autonomía de sus Estados despreciar compromisos internacionales como los de Caricom, la Carta de la OEA o la Carta Democrática Interamericana?, ¿se han paseado por las consecuencias que tiene para sus países el desastre que prometen las acciones actuales y planes inmediatos del gobierno venezolano?

A los primeros, esa mayoría de países americanos cuya preocupación no hace más que crecer ante cada anuncio, insulto y agresión con que el gobierno de Venezuela procura aislarse y aislarnos, hay que exigirles que no cejen en el empeño de contribuir a crear condiciones para que en se dé una pronta solución negociada. Entre esos países, a los que se suman voluntades de Europa y el Vaticano, están las mayores posibilidades de ofrecer incentivos y garantías internacionales para el cumplimiento oportuno de lo acordado entre venezolanos. No hay tiempo que perder en una secuencia represiva que tiene consecuencias humanas, materiales y de seguridad que desbordan las fronteras de Venezuela.