Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
333 y 350. En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de la protesta venezolana.
En términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno, propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión jurídica del problema.
La dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas Constituyentes.
Las Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.
Eso significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no puede nacer ninguna Constitución.
Solo por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.
La Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su aprobación fue legítimo, democrático y popular.
Chávez, ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento convocar a una nueva Constituyente. El año 2007 pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido, lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía política.
Importante es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas; algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser, constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.
A partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo, constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse, y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la Constitución.
La Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.
La Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.
Parece no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último, el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda, derecha y centro.
Nadie conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis: aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del 99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva la Constitución!
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