Magistrados ilegales, sicarios de Maduro
CARLOS TABLANTE
Luego de las contundentes declaraciones de María José Marcano, ex secretaria ejecutiva del Consejo Moral Republicano, en el programa radial de Vanessa Davis, denunciando graves irregularidades en el nombramiento de dieciocho de los magistrados del TSJ, lo que procede es la remoción y el enjuiciamiento.
Según Marcano, dieciocho de los magistrados nombrados por el parlamento anterior, presidido por Diosdado Cabello, no cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como lo son: Haber ejercido la abogacía o la docencia universitaria o haber sido juez o jueza superior durante un mínimo de quince años con honorabilidad y competencia, tener título universitario de postrado en materia jurídica y, por supuesto, tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
La comisión de la Asamblea Nacional que estudió el caso ya había llegado a las mismas conclusiones y se había acordado la remoción de los magistrados ilegales. Actuando como el Estado delincuente que es, el régimen acusó de desacato a la AN por supuestas irregularidades cometidas durante la elección de los diputados de Amazonas, para anular la decisión contra los magistrados, verdadera razón de su ataque al Parlamento.
Ahora lo que está planteado es, como ha dicho la Fiscal General, iniciar la averiguación penal correspondiente para castigar a quienes han usurpado los máximos cargos del sistema judicial, violando la Constitución y las leyes.
Se trata de los mismos jueces que emitieron las sentencias 155 y 156 por las cuales el TSJ pretendía asumir las funciones del parlamento, ocasionando la ruptura del hilo constitucional, es decir, dándole continuidad al golpe con el que sistemáticamente este régimen ha violado la Constitución.
Una vez acordada la remoción, el Parlamento ya ha iniciado los trámites para el nombramiento de los nuevos magistrados, cumpliendo estrictamente con la norma que lo rige, proceso que se inició este lunes.
El país necesita con urgencia un poder judicial idóneo integrado por jueces verdaderamente independientes que no pueden estar al servicio de ninguna parcialidad política: ni del gobierno, ni de la oposición.
Igualmente grave es la denuncia de la ex secretaria ejecutiva del Consejo Moral Republicano contra el Defensor del Pueblo Tareck William Saab, a quien acusa de haberla presionado y amenazado para que ratificara con su firma el ilegal nombramiento de los magistrados, cuestión que no hicieron ni ella ni la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Aún más deplorables han sido las mentiras de Saab tratando de manipular a la opinión pública. Atrás quedaron los tiempos en que defendía los derechos humanos. Hoy, Tareck William Saab es uno de los principales verdugos de la dictadura de la corrupción que encabeza Nicolás Maduro.
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