Grupo La Colina

La fiscal general y la transición democrática

EDITORIAL REVISTA SIC

La constitución de 1999 retrata un Estado que busca salvaguardar los derechos humanos, las libertades y democracia incorporando un énfasis especial en lo que se refiere a la justicia social. Estos serían los valores fundamentales que configuran el pacto político social que nos dimos los venezolanos. Un elemento vital del mismo ha sido el buscar desarrollar la noción de democracia participativa. Por la misma se entiende que las decisiones más trascendentales de la sociedad venezolana, las toma el mismo pueblo venezolano usando especialmente el mecanismo referendario. Así, en particular, cualquier convocatoria al poder constituyente, su configuración y cualquier modificación al marco constitucional requiere de la aprobación de la mayoría de la población en un referendo.

Esto es lo que ha sostenido la fiscal general de la República en los diversos escritos y demandas que ha introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y Electoral. El camino emprendido por la fiscal general desde que denunció la ruptura del orden constitucional mediante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, ha significado desnudar al régimen dictatorial.

Pero su acción no se quedó en aquella escena, sino que luego denunció la sentencia 378 que avaló las bases comiciales y la convocatoria a la ANC sin referendo aprobatorio alguno, introdujo recursos tanto contra el decreto presidencial como contra las decisiones del CNE y también ha revelado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la GN y la PNB contra manifestantes civiles, lo que en algunos casos ha implicado homicidios, lesiones y detenciones arbitrarias. Todos ellos delitos que califican como violaciones a los derechos humanos.

Más allá de las intenciones personales que se le quieran atribuir a la ciudadana fiscal general de la República como motivaciones para actuar en esta dirección, el punto central está en que sus actuaciones han supuesto un retorno de una parte de la institucionalidad venezolana hacia la moralidad republicana y la vigencia del Estado de Derecho. Por otro lado, han evidenciado la desviación de poder en la que han incurrido otros poderes públicos.

Pero la dimensión más prometedora es que se ha constituido en una suerte de portaaviones para un grupo muy importante del chavismo que no encontraba caminos propios para expresar su rechazo a la deriva dictatorial que ha implicado el madurismo.

El chavismo es una realidad que llegó para quedarse en Venezuela con lo que eso pueda significar. Así como el peronismo en Argentina ha dejado una marca indeleble y permanente en la política de aquel país, así también ocurre con el chavismo. La fiscal se ha dirigido a este sector y lo ha llamado a respaldar el legado que Chávez dejó. Este legado se identifica fundamentalmente, a juicio de la fiscal, con la Constitución de 1999 y con el conjunto de valores que hemos señalado anteriormente.

Todo proceso de transición en Venezuela pasa por la inclusión del chavismo como un sujeto llamado a dirigir (junto con otros) ese proceso. No se logrará una acertada salida de esta situación si no se puede sumar en este proceso a importantes sectores políticos y militares que se identifican con los postulados de Hugo Chávez Frías. A la vez no puede ser la MUD el salvavidas de este movimiento chavista, pues han sido sus antagonistas históricos. Pero lo importante es que hoy hay puntos de coincidencia importantes que, sin negar la diversidad de identidades políticas, permitirían un nuevo acuerdo nacional que nos llevaría a superar esta malhadada situación.

En ese acuerdo es claro la defensa del régimen democrático, la preeminencia de los derechos humanos en su integralidad, la democracia participativa como una dimensión irrenunciable de la democracia donde la consulta popular es nuclear y la Constitución de 1999 como base común de coexistencia. Estos serían los puntos de un acuerdo que permitiría sumar grupos que hasta el presente se han visto como antagonistas y excluir a grupos que pretenden imponerse por vía de las bayonetas. Esto supone también articular caminos de reconciliación complejos pero necesarios para generar posibilidades de convivencia que nos permitan superar la actual coyuntura.

Venezuela requiere efectivamente un proceso de diálogo y negociación como bien ha señalado múltiples veces el papa Francisco, teniendo presente los cuatro puntos señalados por la carta del cardenal Parolín y en el marco del respeto a las normas constitucionales de 1999.

En el fondo la fiscal está promoviendo este proceso de diálogo y reconciliación desde el respeto al Estado de Derecho, denunciando aquello que ha violado normas constitucionales (incluyendo el nombramiento de magistrados al TSJ), buscando aunar fuerzas en torno a la defensa de la Constitución frente a un Gobierno que ha decidido violentarla para imponer su voluntad.

La revista SIC como órgano del Centro Gumilla se une a las medidas implementadas por la ciudadana fiscal general y, junto con otros, hace un llamado a la creación de un frente común de defensa de la Constitución. Este frente común, respetando la diversidad de criterios políticos, permitiría la unidad de los distintos factores de la sociedad en defensa de nuestro sistema siguiendo lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela y, de ser el caso, lo dispuesto en el artículo 350 de esa Constitución.

Publicado originalmente en Revsita SIC