Ojos sobre Venezuela. Boletín N° 15, 23 de julio-29 de julio |2017|
Protestas
Se cumplen 120 días de protestas antigubernamentales. Según el Ministerio Público los
muertos llegan a 113, hasta el viernes. Registraron 1.934 heridos y más de 500
detenidos. Cifras extraoficiales indican 134 muertos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagró,
certificó una lista de 498 presos políticos en Venezuela.
El domingo 30 se prevé la elección de una asamblea constituyente convocada por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro, en un proceso denunciado por la Asamblea
Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) como inconstitucional.
La población se enfrentó con los militares, que custodian el proceso, para cumplir el
llamado a “boicot” de la MUD en los locales electorales. El Consejo Nacional Electoral
(CNE) informó que en 53 de los 335 municipios se presentaron hechos de violencia.
La MUD llamó a un paro nacional de 48 horas (miércoles y jueves) que se acató en
90%, según sus reportes.
El Gobierno prohibió, a partir del viernes, las manifestaciones
y el derecho de reunión. La MUD desafió la prohibición llamando a mantenerse en las
calles el fin de semana.
El Frente Unitario Sindical llamó a huelga general, inicialmente de dos días, que fue
declarada el jueves como “indefinida hasta recuperar la institucionalidad”. La Fiscal
General de la República, Luisa Ortega, reconoció la legalidad y validez de la huelga.
La Oposición denunció el reparto de uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) a grupos paramilitares. Hubo denuncias de que el SEBIN cobra 6.000 dólares
para liberar a detenidos durante las manifestaciones.
La ONG Provea denunció presiones sistemáticas contra empleados del Estado para
obligarlos a votar en la constituyente. El Ministerio Público activó servicio de atención
especial para que denuncien presiones del Gobierno.
Poderes públicos
Nicolás Maduro afirmó que los 33 magistrados del TSJ, designados por la Asamblea
Nacional la semana anterior, “van a ir presos”. La Policía Política, SEBIN, detuvo a tres
de esos jueces. Ángel Zerpa, pasado a un tribunal militar, se declaró en huelga de
hambre. Otros magistrados dijeron estar en la “clandestinidad”.
El Ministerio Público
señaló que el SEBIN incurrió en “delito de desaparición forzada” contra Zerpa.
La directiva de la Asamblea Nacional denunció la detención de los magistrados y
solicitó la actuación de la comunidad internacional “frente a la escalada represiva”.
El
Parlamento denunció que la actuación de los organismos policiales “desfiguran las
garantías fundamentales del proceso penal”. El Parlamento señaló que continuará con la
renovación institucional de cargos contemplada en el mandato del plebiscito del 16 de
julio.
Maduro amenazó a la Oposición con que los obligará a “dialogar” mediante una ley si
no abandonan “el camino insurreccional”. En acto público, premió con sables, réplicas
del que usó Simón Bolívar, a los 13 funcionarios que fueron sancionados por el
Departamento del Tesoro de EEUU.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino; el ministro de Interior,
Justicia y Paz, general Nestor Reverol, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Tibisay Lucena, en rueda de prensa conjunta, anunciaron la suspensión de varias
prerrogativas constitucionales. “La suspensión del derecho de reunión y de
manifestaciones públicas, concentraciones de personas o cualquier otro acto similar que
pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”.
El TSJ destituyó a dos alcaldes opositores y ordenó su detención. A un tercero le
prohibió salir del país. Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto, detenido violentamente
en su despacho, llamó a la población a mantenerse en las calles.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, pidió el apoyo de la
comunidad internacional para impedir que Venezuela se convierta “en una segunda
Cuba”.
Entorno sociopolítico y económico
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó medida cautelar de
protección para los diputados Julio Borges, Tomás Guanipa y José Guerra. Exigió al
Estado protección de la vida, la integridad personal y sus derechos políticos.
La Conferencia Episcopal Venezolana reiteró que la constituyente es “inconstitucional,
innecesaria, inconveniente y dañina”. “Será un instrumento sesgado” que “agravará” los
problemas y “empeorará” la crisis política, señalaron los obispos en un comunicado.
Repudiaron “el ventajismo desgarrador” de militares, policías y grupos civiles armados,
“atropellando al pueblo”.
El preso político, Leopoldo López, difundió un video en el que instó a Maduro a
“abandonar el fraude constituyente” y pidió a la Fuera Armada no reprimir al pueblo..
El Vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, habló por teléfono con López. Le expresó
el compromiso de su Gobierno de actuar con rapidez y firmeza si se aprueba la
asamblea constituyente el domingo, informó La Casa Blanca.
El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con la MUD y con
Leopoldo López, en su encarcelamiento domiciliario, para intentar una mediación con el
Gobierno de Maduro. No tuvo éxito.
Entorno internacional
En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), 13 países
solicitaron a Maduro suspender la constituyente. “Implicaría el desmantelamiento
definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular
expresada en la consulta del 16 de julio”, dijo el texto suscrito por Panamá, Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay y Perú.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a 13 funcionarios y
exfuncionarios venezolanos en la lista de sancionados por violación contra los DDHH,
corrupción y acciones para minar la democracia. Les congelaron sus bienes, anularon
sus visas y se prohibe negociar con ellos. Entre los sancionados están el presidente de la
Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua; la presidenta del CNE, Tibisay
Lucena; el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Tarek William Saab; el ministro de
Interior y Justicia, Nestor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), Sergio Rivero Marcano y el comandante de la Policía Nacional Bolivariana,
Carlos Alfredo Pérez.
La embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley, dijo que "Estados Unidos va a
mantener todas las opciones sobre la mesa, incluida la de sancionar a cualquiera que se
sume a la asamblea constituyente", dijo en un comunicado.
La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, señaló en un
comunicado que "Canadá reitera sus graves preocupaciones con las intenciones del
presidente Nicolás Maduro de establecer una Asamblea Constituyente el 30 de julio".
Expresó su apoyo a las sanciones adoptadas por EEUU contra altos funcionarios
venezolanos.
México se plegará a las sanciones del Departamento del Tesoro. "La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y
convenios aplicables en la materia", dijo un comunicado. También el Ministerio de
Hacienda de Colombia advirtió que quien negocie con los 13 funcionarios incluidos en
la lita de sancionados de EEUU “podría incurrir en el delito de lavado de dinero”, dijo
el ministro Mauricio Cárdenas.
Colombia no reconocerá los resultados de la elección de la asamblea constituyente el
domingo. “Insistimos en la salida pacífica a la situación del país”, dijo el presidente,
Juan Manuel Santos.
Estados Unidos ordenó la salida de los familiares de su personal diplomático y autorizó
la salida voluntaria de sus funcionarios. Desaconsejaron viajar a Venezuela debido al
“malestar social, crimen violento y amplias carencias de comida y medicinas”.
También
Canadá advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar a Venezuela.
Canciller de Venezuela,
Samuel Moncada, acusó a la Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA) de trabajar con los gobiernos de Colombia y México para
derrocar a Maduro. “Los Gobiernos de México y de Colombia rechazan una vez más las
infundadas acusaciones (…) y lamentan que se recurra a este tipo de prácticas para
distraer la atención sobre la grave situación por la que atraviesa ese país. (…)
Los
Gobiernos de México y de Colombia hacen un enérgico llamado al Gobierno
venezolano para que se conduzca con verdad”, dijo un comunicado conjunto|.
La comunidad de países del Caribe, Caricom, envió comunicaciones a Nicolás Maduro
y la MUD para propiciar un diálogo.
Mercosur envió comunicación al Gobierno
invitándolo a abrir una instancia de diálogo en el marco del Protocolo de Ushuaia.
Presentaron en el Congreso de Colombia proyecto de Ley de Visa Humanitaria para los
venezolanos. Colombia otorgó permiso especial de permanencia por dos años a 150 mil
venezolanos, vigente desde este 28 de julio.
El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Borge Brende, dijo que son
“inaceptables” las “violaciones de los derechos humanos en Venezuela, el uso excesivo
de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles en tribunales militares”,
denunció en Twitter.
Embajador de Venezuela en España exigió la “no injerencia y el respeto al carácter
democrático” de la elección del domingo 30. En declaración a la prensa, Mario ISea
respondió la petición hecha por el Ministerio de Exteriores, que le transmitió "su
profunda preocupación" por el proceso constituyente.
España pidió a Venezuela
implemente un acuerdo nacional con la oposición "que permita salir al país de la
situación difícil en la que está sumido".
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH)
expresó su preocupación por la prohibición de manifestaciones en Venezuela de cara a
la votación del 30 de julio. Exhortó a las autoridades a respetar las libertades de
expresión, asociación y reunión pacífica, declaró la portavoz, Liz Throssell.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini,
urgió al Gobierno de Maduro a “poner fin a esta violencia”. "Los numerosos informes
sobre las violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las
detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares son una fuente de
preocupación", indicó en una declaración.
El Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, emitió un
comunicado en el que expresó apoyo a la instalación de “conversaciones constructivas”
entre el Gobierno y la MUD. Pidió a Maduro que “cambie de rumbo y rompa el
estancamiento político”. Alerta que elegir la constituyente “socavará aún más la
confianza en la democracia del país”.
EG/eg
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