EL SIGNIFICADO DE LA CONSULTA DEL 16J
MICHAEL PENFOLD
La identidad venezolana es profundamente democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una Constituyente fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez que se le impidió a los ciudadanos firmar para poder activar un referéndum revocatorio y una crisis constitucional que se agudizó con la indefinición de un cronograma electoral así como con la disolución de facto, a través de una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa con una mayoría calificada en el 2015.
Lo que vimos este domingo en la consulta popular fue una sociedad autónoma, con una capacidad organizativa enorme, desplegada globalmente y dispuesta a utilizar esa misma cultura democrática, herencia de un país que en su historia contemporánea siempre ha resuelto sus conflictos por la vía electoral, y que lo único que solicita es restaurar pacíficamente el orden constitucional. Son casi 7.2 millones de venezolanos que salieron en todo el territorio nacional, en todo el planeta e indistintamente de su condición socioeconómica, a otorgar un mandato transparente al liderazgo del país, orientado a poner en funcionamiento la democracia y el estado de derecho. Son casi 7.2 millones de ciudadanos que salieron a respaldar más de 100 días de protestas, a elevar su indignación frente al colapso económico y social y que exigen se liberen inmediatamente a todos los presos políticos y que se detenga la violación de los derechos humanos. Son casi 7.2 millones de voluntades que se manifestaron a pesar de tener en contra a toda la institucionalidad electoral, a pesar del cerco comunicacional y el ejercicio de la censur, y a pesar de no contar con suficientes recursos para organizar una jornada de esta naturaleza en menos de dos semanas. Esto hace que las comparaciones con otros procesos electorales más formales puedan resultar un tanto espurias y superficiales. El domingo vimos a una ciudadanía que fundamentalmente lo que quiere es ser libre.
El gobierno intentará minimizar el efecto de este mandato. Va a amenazar con insistir en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y argumentará que el proceso de consulta fue ilegal; pero lo cierto es que simbólicamente la fuerza de la sociedad venezolana ahora es más grande que hace algunas semanas atrás, el mandato que acaba de otorgarle a la dirigencia es legítimo y democrático pero sobre todo es una petición perfectamente razonable. Si el gobierno insiste en avanzar con la Constituyente se encontrará con una sociedad aún más rebelde que no dudará en salir a defender sus derechos con más fuerza . Y es muy probable que esta situación genere aún más resistencia al interior del aparato estatal; pues si los riesgos de quiebre eran altos antes de la consulta popular -debido tanto a las protestas como a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia-, ahora las probabilidades de que esas rupturas se profundicen son mucho más elevadas. Después de esta consulta, seguir insistiendo en una convocatoria Constituyente que viola los preceptos constitucionales pone al mundo militar en una posición institucional cada vez más compleja que supone ineludiblemente reprimir a una escala aún mayor: ya no a unas protestas sino a toda una sociedad. Con los resultados de la consulta popular, el costo de la represión aumentó exponencialmente.
La única alternativa que le garantiza al gobierno una transición ordenada es retirar la Constituyente y ofrecer una negociación. El problema que tiene el Presidente Maduro es que esa negociación ocurriría en el contexto de un mandato democrático de restauración del orden constitucional. Y por lo tanto, para el gobierno, la negociación no podrá ser una excusa para evadir las restricciones constitucionales, tal como ocurrió en Octubre del 2016 cuando el proceso revocatorio fue suspendido arbitrariamente y el gobierno logró también evadir las elecciones regionales. En esta oportunidad, la comunidad internacional será mucho más exigente en cuanto a las condiciones de este proceso de negociación y también será más cuidadoso en documentar los acuerdos para poder verificar su implementación. La oposición, por su parte, debe saber administrar este mandato ciudadano. Tiene dos semanas para avanzar pero debe abrir un compás activo para ver si el gobierno mantiene o retira su amenaza de continuar con la Constituyente. La oposición también debe permitir que aumente la presión internacional y se materialicen las ofertas de mediación que se vienen construyendo desde el exterior. Si no hay respuestas, el país volverá inevitablemente a la senda de escalada del conflicto que la viene caracterizando y a una mayor profundización de su crisis de gobernabilidad. En esta nueva etapa, la sociedad terminará de dar el resto por la protección de sus derechos y la restauración del orden democrático, pues detrás de este evento cívico no hay sólo votos y la manifestación de una mayoría, sino hay, sobre todo, un enorme compromiso de lucha ciudadana.
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