Advierten que independencia judicial está amenazada
Provea denuncia que 12 civiles han sido procesados por tribunales militares. Del dicho al hecho hay mucho trecho. A juicio del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) este refrán popular parece ilustrar a la perfección lo que ocurre actualmente en el Poder Judicial. En su último informe anual, la organización no gubernamental denunció que pese a que la Constitución, en su artículo 254, establece que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás juzgados son "independientes" de las demás ramas del Poder Público, en la práctica la situación es distinta. Al revisar la suerte que corrieron 37 acciones interpuestas ante el organismo rector del Poder Judicial contra decisiones y resoluciones adoptadas por el presidente de la República, la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio Público, entre octubre de 2008 y octubre de 2009, la agrupación se topó con que el 94,60% (35) fueron rechazadas. El 29,72% de los casos (11) fueron declarados sin lugar, es decir, no procedió la petición; y el 61,85% (23) fueron desestimados por razones de forma, con lo cual, según Provea, "(el TSJ) evadió poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando así su rol de garante de los derechos ciudadanos frente a esos poderes". Las cifras de la organización no son las únicas que ponen en tela de juicio la autonomía judicial. Consorcio Desarrollo y Justicia, en un sondeo difundido el pasado fin de semana por este diario, obtuvo unos resultados similares. La agrupación, al entrevistar a 70 jueces de ocho estados del país, obtuvo que solo el 7,46% de los consultados considera que pueden ejercer sus funciones con plenas garantías. A principios de este año, el abogado y profesor Antonio Canova dio a conocer los resultados de un estudio, que elaboró tras revisar 2.296 sentencias que la Sala Político Administrativa del TSJ dictó a lo largo de 2007 y 831 que emitió en 2008, el cual reveló que solo 10% de las acciones intentadas por particulares contra los organismos públicos prosperó. Provea, en su informe, también consideró como una demostración de la falta de independencia judicial la manera como el máximo juzgado y el Ministerio Público asumieron el emplazamiento que, meses atrás, les hiciera el jefe de Estado, Hugo Chávez, para que procesaran a los directivos de los medios de comunicación social o renunciaran a sus cargos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, avaló la petición del Presidente y negó que la misma afectara el principio de separación de los poderes. Por el contrario, la garante de la legalidad aseguró que el primer mandatario "tiene derecho a emplazar a los demás poderes". La reestructuración del Poder Judicial, que en marzo pasado decretó la Sala Plena del TSJ, fue igualmente considerada por Provea como un factor que "pone en riesgo" la autonomía judicial. A lo largo de 2009, más de 100 jueces fueron removidos por la Comisión Judicial del máximo juzgado. Los criterios y razones para adoptar semejantes medidas no fueron explicadas por las autoridades del organismo. En entrevista concedida a este diario a finales de 2008, la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, informó que de los 1.881 jueces que había en el país, 959 eran titulares (51%) y 826 (49%) eran provisorios o temporales; es decir que no gozan de estabilidad en su cargo y, por lo tanto, pueden ser destituidos en cualquier momento por la Comisión Judicial. Civiles deben juzgar a civiles En su informe anual, la organización denunció además que en el país se viene vulnerando el derecho fundamental de los ciudadanos a ser enjuiciados por sus jueces naturales, el cual está previsto en el artículo 49, numeral 4, de la Carta Magna. Tras revisar las decisiones que a lo largo de los últimos doce meses dictó la Corte Marcial, los investigadores de la agrupación se toparon con 10 dictámenes, que afectaban a 12 civiles. El artículo 261 del texto fundamental establece que "la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar". Según la jurisprudencia del TSJ, los delitos castrenses son aquellos cometidos por uniformados en instalaciones militares.
Provea denuncia que 12 civiles han sido procesados por tribunales militares. Del dicho al hecho hay mucho trecho. A juicio del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) este refrán popular parece ilustrar a la perfección lo que ocurre actualmente en el Poder Judicial. En su último informe anual, la organización no gubernamental denunció que pese a que la Constitución, en su artículo 254, establece que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás juzgados son "independientes" de las demás ramas del Poder Público, en la práctica la situación es distinta. Al revisar la suerte que corrieron 37 acciones interpuestas ante el organismo rector del Poder Judicial contra decisiones y resoluciones adoptadas por el presidente de la República, la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio Público, entre octubre de 2008 y octubre de 2009, la agrupación se topó con que el 94,60% (35) fueron rechazadas. El 29,72% de los casos (11) fueron declarados sin lugar, es decir, no procedió la petición; y el 61,85% (23) fueron desestimados por razones de forma, con lo cual, según Provea, "(el TSJ) evadió poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando así su rol de garante de los derechos ciudadanos frente a esos poderes". Las cifras de la organización no son las únicas que ponen en tela de juicio la autonomía judicial. Consorcio Desarrollo y Justicia, en un sondeo difundido el pasado fin de semana por este diario, obtuvo unos resultados similares. La agrupación, al entrevistar a 70 jueces de ocho estados del país, obtuvo que solo el 7,46% de los consultados considera que pueden ejercer sus funciones con plenas garantías. A principios de este año, el abogado y profesor Antonio Canova dio a conocer los resultados de un estudio, que elaboró tras revisar 2.296 sentencias que la Sala Político Administrativa del TSJ dictó a lo largo de 2007 y 831 que emitió en 2008, el cual reveló que solo 10% de las acciones intentadas por particulares contra los organismos públicos prosperó. Provea, en su informe, también consideró como una demostración de la falta de independencia judicial la manera como el máximo juzgado y el Ministerio Público asumieron el emplazamiento que, meses atrás, les hiciera el jefe de Estado, Hugo Chávez, para que procesaran a los directivos de los medios de comunicación social o renunciaran a sus cargos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, avaló la petición del Presidente y negó que la misma afectara el principio de separación de los poderes. Por el contrario, la garante de la legalidad aseguró que el primer mandatario "tiene derecho a emplazar a los demás poderes". La reestructuración del Poder Judicial, que en marzo pasado decretó la Sala Plena del TSJ, fue igualmente considerada por Provea como un factor que "pone en riesgo" la autonomía judicial. A lo largo de 2009, más de 100 jueces fueron removidos por la Comisión Judicial del máximo juzgado. Los criterios y razones para adoptar semejantes medidas no fueron explicadas por las autoridades del organismo. En entrevista concedida a este diario a finales de 2008, la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, informó que de los 1.881 jueces que había en el país, 959 eran titulares (51%) y 826 (49%) eran provisorios o temporales; es decir que no gozan de estabilidad en su cargo y, por lo tanto, pueden ser destituidos en cualquier momento por la Comisión Judicial. Civiles deben juzgar a civiles En su informe anual, la organización denunció además que en el país se viene vulnerando el derecho fundamental de los ciudadanos a ser enjuiciados por sus jueces naturales, el cual está previsto en el artículo 49, numeral 4, de la Carta Magna. Tras revisar las decisiones que a lo largo de los últimos doce meses dictó la Corte Marcial, los investigadores de la agrupación se toparon con 10 dictámenes, que afectaban a 12 civiles. El artículo 261 del texto fundamental establece que "la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar". Según la jurisprudencia del TSJ, los delitos castrenses son aquellos cometidos por uniformados en instalaciones militares.
"Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"
Carlos Vecchio afirma que sentencia de Sala Electoral no incide sobre sancionados. El abogado Carlos Vecchio sale al paso ante posibles confusiones y reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución. Vecchio explica que en los integrantes de la Sala Electoral estuvieron de acuerdo en señalar en la mencionada sentencia que inhabilita al profesor de la UCV, que debe existir condena penal y ésta debe estar referida al ejercicio del cargo de la función pública; es decir, interpretaron tal artículo como lo han venido haciendo los afectados por las sanciones del contralor Clodosbaldo Russián al momento de reclamar sus derechos. Por el contrario, la Sala Constitucional ni consideró tal ar- tículo cuando dio respuesta al recurso de nulidad introducido por el sancionado alcalde Leopoldo López, y resolvió que las inhabilitaciones eran constitucionales y que no vulneraban ningún derecho humano. La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito". El abogado Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar. El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos".
Carlos Vecchio afirma que sentencia de Sala Electoral no incide sobre sancionados. El abogado Carlos Vecchio sale al paso ante posibles confusiones y reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución. Vecchio explica que en los integrantes de la Sala Electoral estuvieron de acuerdo en señalar en la mencionada sentencia que inhabilita al profesor de la UCV, que debe existir condena penal y ésta debe estar referida al ejercicio del cargo de la función pública; es decir, interpretaron tal artículo como lo han venido haciendo los afectados por las sanciones del contralor Clodosbaldo Russián al momento de reclamar sus derechos. Por el contrario, la Sala Constitucional ni consideró tal ar- tículo cuando dio respuesta al recurso de nulidad introducido por el sancionado alcalde Leopoldo López, y resolvió que las inhabilitaciones eran constitucionales y que no vulneraban ningún derecho humano. La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito". El abogado Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar. El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos".
Ruptura diplomática arrastró al comercio con Colombia
Autoridades del vecino país estiman que sus exportaciones caerán 30%. Venezuela y Colombia exhibían, por décadas, uno de los procesos de integración más activos y consolidados de la Comunidad Andina. A principios de este año los presidentes de esas naciones, manifestaron su disposición en Cartagena de Indias, de acrecentar el comercio binacional e incluso, elevarlo a $10.000 millones en un plazo de dos años. Pero hacia el segundo semestre las relaciones diplomáticas se tensaron al punto de romperse. En 2008 se reportaron conatos de crisis. Ataques verbales fueron seguidos de políticas públicas que aletargaron el libre flujo de importaciones y exportaciones por parte del Gobierno local. También se detectaron en aquel año y en este, alteraciones del orden público en la línea fronteriza que mermaron la actividad empresarial, industrial y comercial de la zona. Pese a estos asomos de conflictividad entre estos países, el comercio binacional se ubicó al cierre de 2008 en $7.231 millones, siendo superavitario para Colombia al exportar a Venezuela $6.091 millones, mientras que Venezuela exportó bienes a ese mercado por $1.140 millones. Contraria a la declaratoria conjunta de Hugo Chávez y Álvaro Uribe en enero de 2009, por ofrecer una apuesta en común que evitara los coletazos de la crisis mundial, el intercambio decreció en el primer trimestre. En esa oportunidad, el presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Vene- zolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, señaló que las exportaciones de Venezuela a Colombia pasaron de $282 millones a $118 millones, al comparar los períodos de enero-marzo de 2008 y 2009, mientras que las exportaciones de Colombia hacia Venezuela se deslizaron de $1.313 millones a $1.243 millones en ese lapso. Voceros empresariales advirtieron que los trámites burocráticos y la permisería del Ministerio de Comercio e Industrias Ligeras influyeron negativamente en el flujo local exportador a Colombia, además del control de cambio que "resta competividad al producto nacional". De palabras a los hechos El 28 de julio el jefe de Estado, en un enlace telefónico con VTV, mandó a retirar al embajador de Venezuela en Bogotá y a "congelar las relaciones" con el país vecino, tras conocerse el anuncio del Gobierno colombiano en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para aumentar la presencia de tropas y agentes antidrogas en ese territorio. Pidió además a sus ministros sustituir las importaciones provenientes de Colombia y estudiar la posible cancelación de proyectos conjuntos, como un gasoducto binacional. Días después, el 26 de agosto, el presidente Chávez arreció su postura, destacando que "hay que preparar la ruptura de relaciones con Colombia, eso va a ocurrir". Y explicó que el cese de relaciones será en respuesta a la decisión de Bogotá de permitir la instalación de bases norteamericanas en ese país. El impacto en cifras Según datos manejados por Cavecol y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, en 1998 Venezuela les exportó mercancías por $1.312 millones y en 2008, alcanzó a $1.198 millones. Durante el lapso enero-octubre de 2009 apenas llega a $485 millones; de allí el comentario de Francisco Mendoza, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) al señalar que las exportaciones no tradicionales en forma global, "muestran una disminución sustancial en comparación con los últimos 4 años". La economía colombiana se ha resentido ante el atípico comportamiento de las relaciones con Venezuela, por ser su segundo socio comercial. Las autoridades económicas de ese país han adoptado medidas coyunturales para paliar el desbalance financiero existente. De acuerdo a los organismos antes citados, las exportaciones colombianas a Venezuela pasaron de $1.146 millones a $6.092 millones de 1998 a 2008. Entre enero y octubre de 2009, los volúmenes transados se ubicaron en $3.710 millones. La Cámara de Comercio Colombo Venezolana, al inicio del año pronosticó una caída del 18% en el comercio con Venezuela, debido al deterioro de las condiciones económicas y cambiarias. Sin embargo, por cuenta de la crisis diplomática, el pronóstico se revisó a la baja hasta un nivel cercano a -30%.
Autoridades del vecino país estiman que sus exportaciones caerán 30%. Venezuela y Colombia exhibían, por décadas, uno de los procesos de integración más activos y consolidados de la Comunidad Andina. A principios de este año los presidentes de esas naciones, manifestaron su disposición en Cartagena de Indias, de acrecentar el comercio binacional e incluso, elevarlo a $10.000 millones en un plazo de dos años. Pero hacia el segundo semestre las relaciones diplomáticas se tensaron al punto de romperse. En 2008 se reportaron conatos de crisis. Ataques verbales fueron seguidos de políticas públicas que aletargaron el libre flujo de importaciones y exportaciones por parte del Gobierno local. También se detectaron en aquel año y en este, alteraciones del orden público en la línea fronteriza que mermaron la actividad empresarial, industrial y comercial de la zona. Pese a estos asomos de conflictividad entre estos países, el comercio binacional se ubicó al cierre de 2008 en $7.231 millones, siendo superavitario para Colombia al exportar a Venezuela $6.091 millones, mientras que Venezuela exportó bienes a ese mercado por $1.140 millones. Contraria a la declaratoria conjunta de Hugo Chávez y Álvaro Uribe en enero de 2009, por ofrecer una apuesta en común que evitara los coletazos de la crisis mundial, el intercambio decreció en el primer trimestre. En esa oportunidad, el presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Vene- zolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, señaló que las exportaciones de Venezuela a Colombia pasaron de $282 millones a $118 millones, al comparar los períodos de enero-marzo de 2008 y 2009, mientras que las exportaciones de Colombia hacia Venezuela se deslizaron de $1.313 millones a $1.243 millones en ese lapso. Voceros empresariales advirtieron que los trámites burocráticos y la permisería del Ministerio de Comercio e Industrias Ligeras influyeron negativamente en el flujo local exportador a Colombia, además del control de cambio que "resta competividad al producto nacional". De palabras a los hechos El 28 de julio el jefe de Estado, en un enlace telefónico con VTV, mandó a retirar al embajador de Venezuela en Bogotá y a "congelar las relaciones" con el país vecino, tras conocerse el anuncio del Gobierno colombiano en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para aumentar la presencia de tropas y agentes antidrogas en ese territorio. Pidió además a sus ministros sustituir las importaciones provenientes de Colombia y estudiar la posible cancelación de proyectos conjuntos, como un gasoducto binacional. Días después, el 26 de agosto, el presidente Chávez arreció su postura, destacando que "hay que preparar la ruptura de relaciones con Colombia, eso va a ocurrir". Y explicó que el cese de relaciones será en respuesta a la decisión de Bogotá de permitir la instalación de bases norteamericanas en ese país. El impacto en cifras Según datos manejados por Cavecol y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, en 1998 Venezuela les exportó mercancías por $1.312 millones y en 2008, alcanzó a $1.198 millones. Durante el lapso enero-octubre de 2009 apenas llega a $485 millones; de allí el comentario de Francisco Mendoza, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) al señalar que las exportaciones no tradicionales en forma global, "muestran una disminución sustancial en comparación con los últimos 4 años". La economía colombiana se ha resentido ante el atípico comportamiento de las relaciones con Venezuela, por ser su segundo socio comercial. Las autoridades económicas de ese país han adoptado medidas coyunturales para paliar el desbalance financiero existente. De acuerdo a los organismos antes citados, las exportaciones colombianas a Venezuela pasaron de $1.146 millones a $6.092 millones de 1998 a 2008. Entre enero y octubre de 2009, los volúmenes transados se ubicaron en $3.710 millones. La Cámara de Comercio Colombo Venezolana, al inicio del año pronosticó una caída del 18% en el comercio con Venezuela, debido al deterioro de las condiciones económicas y cambiarias. Sin embargo, por cuenta de la crisis diplomática, el pronóstico se revisó a la baja hasta un nivel cercano a -30%.
Ledezma: Richard Blanco está secuestrado por la justicia revolucionaria
Caracas.- El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, afirmó hoy que el prefecto de Caracas, Richard Blanco, "está secuestrado por la justicia revolucionaria" y "está pagando con honor y coraje el haber cometido el grave delito de defender la democracia". Hoy el prefecto Blanco cumple 45 años. El alcalde Ledezma emitió un comunicado en el que expresa que éste es "víctima de una arbitrariedad", tal y como otras que "se cometen contra hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto", lo que ha provocado que estén en cárcel o "hayan tenido que refugiarse en otros países". Ledezma reiteró que considera que el proceso contra Blanco obedece a razones políticas, "pues no existen elementos de convicción que demuestren que haya agredido al funcionario de la Policía Metropolitana, Jonathan Bermúdez". Recordó que "existen múltiples pruebas fotográficas y audiovisuales que dan fe de la actuación de Blanco quien habría protegido al agente policial de un grupo de ciudadanos que molestos pretendían agredirlo". El alcalde Mayor enfatizó que Blanco ha sido un ciudadano "decente con ideas muy claras sobre la justicia social, tolerante, dispuesto en todo momento a valerse de la palabra para defender su visión progresista".
Caracas.- El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, afirmó hoy que el prefecto de Caracas, Richard Blanco, "está secuestrado por la justicia revolucionaria" y "está pagando con honor y coraje el haber cometido el grave delito de defender la democracia". Hoy el prefecto Blanco cumple 45 años. El alcalde Ledezma emitió un comunicado en el que expresa que éste es "víctima de una arbitrariedad", tal y como otras que "se cometen contra hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto", lo que ha provocado que estén en cárcel o "hayan tenido que refugiarse en otros países". Ledezma reiteró que considera que el proceso contra Blanco obedece a razones políticas, "pues no existen elementos de convicción que demuestren que haya agredido al funcionario de la Policía Metropolitana, Jonathan Bermúdez". Recordó que "existen múltiples pruebas fotográficas y audiovisuales que dan fe de la actuación de Blanco quien habría protegido al agente policial de un grupo de ciudadanos que molestos pretendían agredirlo". El alcalde Mayor enfatizó que Blanco ha sido un ciudadano "decente con ideas muy claras sobre la justicia social, tolerante, dispuesto en todo momento a valerse de la palabra para defender su visión progresista".
Se prevé estancamiento de economía nacional en 2010
Estiman que el PIB mostrará una caída de 2,5% al cierre de este año. Indicadores preliminares sugieren que la economía venezolana cerrará el año con una contracción estimada de 2,5%, y para 2010 se vislumbra que permanezca esa situación, según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. "A pesar de la proyección del precio promedio del petróleo en 70 dólares" se prevé un estancamiento de la economía. "La contracción del PIB no puede valorarse como una simple recesión, sino como la destrucción de las capacidades productivas que desde el punto de vista de la generación del PIB impone limitaciones al crecimiento sostenido de la economía, con lo cual la expansión del gasto, en vez de traducirse en mayor nivel de producción, pudiese provocar tensiones inflacionarias adicionales a las generadas por el control de precios y de cambio". El informe resalta que "el discurso agresivo" contra el sector privado afectará la intención por invertir. "El modelo económico que se viene aplicando, que consiste en una ampliación del rol del Estado como productor y regulador en sustitución del sector privado, manifiesta restricciones para su funcionamiento, en la medida en que el gasto del Gobierno no es capaz de reanimar ni de reemplazar la inversión privada". La Facultad de Ciencias Económicas aclara además que aunque en 2009 la inflación tuvo un ritmo de crecimiento menor, "se mantienen intactas las presiones inflacionarias de la economía". Además se estima que las fallas de la economía llevarán a una caída del consumo de 10% este año. El informe advierte que "ya no basta con el diseño de medidas cambiarias, fiscales y monetarias, es fundamental un reenfoque del modelo económico al sustituirse el Estado empresarial por otro de carácter social que conjugue el papel del Gobierno como proveedor de bienes y servicios públicos con un poderoso sector privado que genere empleos bien remunerados y que aproveche las oportunidades que brindará la economía mundial una vez que se supere definitivamente la recesión".
Estiman que el PIB mostrará una caída de 2,5% al cierre de este año. Indicadores preliminares sugieren que la economía venezolana cerrará el año con una contracción estimada de 2,5%, y para 2010 se vislumbra que permanezca esa situación, según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. "A pesar de la proyección del precio promedio del petróleo en 70 dólares" se prevé un estancamiento de la economía. "La contracción del PIB no puede valorarse como una simple recesión, sino como la destrucción de las capacidades productivas que desde el punto de vista de la generación del PIB impone limitaciones al crecimiento sostenido de la economía, con lo cual la expansión del gasto, en vez de traducirse en mayor nivel de producción, pudiese provocar tensiones inflacionarias adicionales a las generadas por el control de precios y de cambio". El informe resalta que "el discurso agresivo" contra el sector privado afectará la intención por invertir. "El modelo económico que se viene aplicando, que consiste en una ampliación del rol del Estado como productor y regulador en sustitución del sector privado, manifiesta restricciones para su funcionamiento, en la medida en que el gasto del Gobierno no es capaz de reanimar ni de reemplazar la inversión privada". La Facultad de Ciencias Económicas aclara además que aunque en 2009 la inflación tuvo un ritmo de crecimiento menor, "se mantienen intactas las presiones inflacionarias de la economía". Además se estima que las fallas de la economía llevarán a una caída del consumo de 10% este año. El informe advierte que "ya no basta con el diseño de medidas cambiarias, fiscales y monetarias, es fundamental un reenfoque del modelo económico al sustituirse el Estado empresarial por otro de carácter social que conjugue el papel del Gobierno como proveedor de bienes y servicios públicos con un poderoso sector privado que genere empleos bien remunerados y que aproveche las oportunidades que brindará la economía mundial una vez que se supere definitivamente la recesión".
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