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Ampliarán plan de racionamiento de electricidad en región andina

Presidente Chávez anunció recursos para financiar contrato único de eléctricos. El presidente Hugo Chávez aprovechó, una vez más, sus intervenciones públicas para referirse a la grave situación del sistema eléctrico nacional. En cadena de radio y televisión señaló que, además del proceso de sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores, el Gobierno está procediendo a "aplicar racionamientos" en diversas regiones del país a los fines de evitar "el colapso" de los embalses que se han visto mermados por la sequía.

El jefe de Estado se refirió específicamente a la planta San Agatón (Táchira) cuyos niveles de la presa son los históricos más bajos allí reportados. Señaló que debido a la necesidad de "preservar" esa fuente hídrica, se acordó incrementar el racionamiento eléctrico en 200 megavatios (Mw), equivalente a 18% de la demanda de la región. Esta medida afectará a los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Alto Apure, pero permitirá que la cota del embalse disminuya en 9 centímetros por día, en vez de 22 centímetros. "El embalse de Guri sigue bajando", comentó el mandatario. "Pilotos venezolanos y cubanos han procedido a bombardear las nubes, pero no se ha logrado mucho. Los cambios climáticos están afectando al mundo. El Guri bajó 3 ó 4 centímetros más y hay que tener en cuenta que de esa represa depende 70% de la energía del país. Si bajara a un nivel de colapso (&) no podemos permitir que eso llegue. Hay que ir racionando la energía, mejor es cortarla 2 ó 3 horas que llegar al colapso". Informó que el Gobierno está en la búsqueda de una gabarra "para conectarla y generar 103 Mw en la subestación San Lorenzo, en el estado Zulia".

Cae el octavo banco y deciden la intervención de BaNorte

Zuma Seguros también forma parte de las empresas de José Zambrano. En caso de proceder la rehabilitación, los ahorristas tendrán la oportunidad de recuperar todo su dinero. Si se decide la liquidación cobrarán la garantía de Fogade que actualmente es de 10 mil bolívares fuertes pero está previsto que aumente hasta 30 mil bolívares. En el comunicado que da cuenta de la intervención, la Superintendencia de Bancos precisa que en este momento de los 68 mil 865 depositantes de BaNorte, 93,34 % "tienen garantizada la totalidad de sus depósitos a través Fogade". BaNorte tiene un impacto muy reducido en el sistema financiero, las estadísticas oficiales al cierre de octubre indican que cuenta con captaciones del público por el orden de mil 093 millones de bolívares que representan 0,44% del total.

El Estado "aplicó el poder en forma abusiva" en caso Usón

Corte IDH dictaminó que la justicia militar sólo está reservada para militares. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada el jueves pasado, por la que se ordena anular el juicio al general Francisco Usón Ramírez, contiene elementos importantes en materia de jurisprudencia y obligaciones del Estado venezolano. El fallo, aprobado por unanimidad, declara que el Estado violó el principio de legalidad y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de Usón. También dictamina que se le violaron los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad personal, todos establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. El abogado del oficial retirado, Francisco Faúndez, destacó la importancia de la sentencia: "Hay varios elementos importantes, entre otros se señala que la justicia militar sólo está reservada para los militares que estén en servicio activo y para quienes hayan cometido delitos en función. En consecuencia, lo descarta como un tribunal competente respecto a civiles y a delitos no militares", explicó. La sentencia, además, destaca que al general se le aplicó el artículo 505 del Código de Justicia Criminal "en forma desproporcionada" y cuestiona la norma, por ser "vaga y ambigua". El alto Tribunal recuerda que el ejercicio del poder punitivo del Estado ha resultado" abusivo e innecesario" para efecto de tutelar el derecho a la honra, cuando no se establece claramente qué conductas implican una grave lesión a dicho derecho. "Ese fue el caso que ocurrió con el señor Usón Ramírez", señala el fallo. La Corte además no observó falta en los comentarios del general, emitidos en un programa de televisión en abril de 2004, cuando explicó la forma cómo se usa un lanzallamas y los procedimientos que necesita la Fuerza Armada para utilizarlo, relacionado al caso de un incendio en Fuerte Mara donde murieron dos soldados.

"Se debe tener en cuenta que las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la sociedad. Ello es así porque se asume que en una sociedad democrática las instituciones o entidades del Estado como tales están expuestas al escrutinio y la crítica del público", indica el texto.

Satisfecho Para el general Usón, "la sentencia constituye una reparación" de los daños que le ocasionó el fallo en Venezuela. "Es una satisfacción porque prueba que era inocente", dijo y añadió que por eso se negó a aceptar un indulto del presidente de la República, Hugo Chávez. Relató el general que en 2006 recibió la visita de "un grupo de representantes del Estado, quienes me instaron a seguir el ejemplo de (Francisco) Arias Cárdenas (actual vicecanciller) y me dijeron que había una posibilidad de perdón". Luego, el propio Presidente, en forma pública, asomó la posibilidad de concederle un indulto. "Le respondí en una carta que las personas que somos inocentes no queremos un indulto sino un juicio justo", relató. Usón estuvo en prisión por "injuria a la Fuerza Armada" durante 3 años 7 meses y 42 días antes de salir en libertad condicional. Su pena era de cinco años y seis meses de cárcel.

Un gobierno de la Mesa garantizará la seguridad

Plan preventivo y represivo contempla crear una policía universitaria. Un gobierno dirigido por los partidos integrados en la Mesa de la Unidad Democrática hará suyo el principio establecido en el artículo 55 de la Constitución que obliga al Estado a proteger a los venezolanos en "integridad física (...) sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes", y en este contexto dictaría un "estatuto de la función policial que permita la asimilación profesional del policía con carga académica de corte universitario, el aumento progresivo de salario de acuerdo con sus méritos profesionales y académicos y la dotación técnica por parte de los cuerpos a los que pertenecen", como una de las medidas urgentes para frenar el delito. El equipo multidisciplinario y pluripartidista de la Comisión Programática de la alianza, que coordina Pedro Benítez (AD), ya elaboró las directrices en distintas áreas -seguridad ciudadana, desempleo, pobreza, vivienda- para distribuirlas y divulgarlas en las mesas regionales y locales y combatir de este modo la idea de que la Mesa de la Unidad no tiene programa. En el caso de la inseguridad ciudadana, el tema es percibido como el principal problema del país y la comisión recibe el asesoramiento del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), que coordina el sociólogo Roberto Briceño-León. Según los estudios de esta agrupación, más de 50% de los entrevistados consideran que el presidente de la República estimula el clima de inseguridad y violencia en el país, de allí que como medida principista un gobierno de la alianza "deberá ser claro y sin ambigüedades en su condena al delito y a la acción violenta y debe mostrar continuidad entre los distintos gobiernos y funcionarios", refiere el resumen de las soluciones que la Mesa propone. "El propio Presidente ha dicho que está bien robar. También se ha propuesto el desarme, pero el Gobierno ha creado y le ha dado funciones de seguridad interna".

El diagnóstico del tema destaca que en la década de gobierno de Hugo Chávez el número de homicidios se triplicó, pasando de 4 mil 550 anuales a 14 mil 589. Critican que "la única política del Gobierno ha sido no reprimir", con el subsecuente aumento de la permisividad y la impunidad. Ante esta realidad, el informe determina que 60% de los afectados no denuncian los delitos violentos.

Así las cosas, la alianza se plantea "conformar un plan de seguridad ciudadana que incluya acciones preventivas y represivas, y esté compuesto por elementos de pedagogía de la no violencia, organización social, control de factores de riesgos y fortalecimiento de organismos policiales", "aprobar una Ley de Desarme y Control de Armas por parte del Estado, que incluya la eliminación del porte de armas y la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado por el Estado en compra de armas", así como la "implementación de módulos de cultura de vida y paz en el pensum de primaria".

Registros y notarías congelan actividades de 49 empresas

Relacionan a 78 empresarios y sus compañías con el fraude bancario. En los registros y notarías de todo el país reposa desde el pasado 7 de diciembre una circular con membrete del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, que ordena paralizar cualquier acto o negocio jurídico en el que intervenga por sí o por un apoderado las personas y empresas señaladas, entre las que destacan los nombres de Tecnología Smarmatic de Venezuela y Santa Bárbara Airlines. La lista de las compañías va desde el sector financiero y comercial hasta la industria de la construcción, el transporte y el agro, entre las que se encuentra Venarroz, propiedad de Ricardo Fernández Barrueco, el primer empresario en ser detenido el pasado 20 de noviembre tras una serie de irregularidades que iniciaron la intervención de ocho bancos nacionales. Otras de las empresas con prohibición de enajenar y gravar bienes responden a los nombres de Inversiones 6308, Gamaria y Premier, a cargo de Gustavo José Mancera Font, uno de los nueve empresarios que se suponen fuera del país y sobre los que pesan desde el jueves órdenes de captura internacional en Interpol.