IBSEN MARTINEZ
Inescrupulosos oficiales del ejército venezolano despojan a un ciudadano de una carga de papelones”.
Lo anterior puede parecer el titular de una denuncia de las muchas que, invariablemente, mueven a Diosdado Cabello y a muchos de sus pares, a ordenar a la Fiscalía General actuar contra el denunciante por mancillar la honra de la Fuerza Armada Bolivariana. Pero no es así.
En obsequio del lector no venezolano diré que el papelón es un bloque de medio kilo de azúcar sin refinar, obtenido de la caña. En muchos otros países de nuestra América se le conoce como panela. El despojo en cuestión es un hecho históricamente documentado porque el suceso llegó a conocimiento del Libertador, Simón Bolívar, en vísperas de la decisiva batalla de Carabobo.
En las Memorias del General O’Leary, meticuloso edecán irlandés de Bolívar, puede leerse un oficio que el general Pedro Briceño Méndez despacha con urgencia al coronel Ambrosio Plaza el día 21 de junio de 1821; es decir, tres días antes de la batalla que selló nuestra Independencia:
Al señor Coronel Ambrosio Plaza. El ciudadano Francisco Escobar, portador de este (sic), se queja de que el batallón Anzoátegui le saqueó una carga de papelones. Su Excelencia el Libertador quiere que haga usted la averiguación, y si resultare verdadero el hecho, que arreste usted a todos los jefes y oficiales del batallón que hubieren presenciado o sabido del saqueo, y que no lo hayan impedido. Además, hará usted que se paguen diez pesos al dueño del papelón y que se descuente mañana esta cantidad al cuerpo que hizo el saqueo, comprendiendo en el descuento también a los jefes y oficiales. Dios, etc.-Las Palmas, Junio 21 de 1821. (firma): Pedro Briceño Méndez.
Ignoramos cómo rayos se enteró Bolívar de que a un oscuro ciudadano de apellido Escobar, con toda seguridad un hombre del campo, le habían “tumbado” sus papelones unos oficiales indignos.
Lo cierto es que el tono rutinario del oficio deja ver que abrir una averiguación en la que se presumía culpables a unos oficiales del Ejército no era, en 1821, sacrilegio alguno, ni a nadie en la jerarquía militar patriota, de Bolívar abajo, le parecía un atentado a la honra de la institución denunciar a un oficial granuja.
Para Bolívar y el alto mando de aquel Ejército, la gravedad no estaba en la cuantía del robo —una modesta carga de papelones—, sino en la violencia que unos militares hacían a los derechos de un civil.
Se adivina también que la distancia y el trámite entre el ciudadano común de aquella naciente república en guerra y sus militares, no estaban todavía signados por las odiosas barreras y privilegios estamentales que desde 1830 persisten hasta hoy día. Lo probaría el hecho de que la denuncia de un humilde comerciante en papelones llegase a oídos del jefe máximo y que éste no la desestimase, sino todo lo contrario.
Carabobo tenía sentido como episodio fundacional de una república sólo si los derechos de un civil sin especiales privilegios eran escrupulosamente respetados por las fuerzas armadas. Adviértase, por cierto, que el oficio no ordena adjudicarle a Pancho Escobar, sin licitación, un contrato de suministros de papelones al Ejército Libertador.
Era aquel un ejército capaz de derrotar las armas del imperio español y cuyos mandos superiores, al mismo tiempo, eran incapaces de encubrir un delito cometido por algunos de sus oficiales contra Pancho Escobar, modesto y desarmado ciudadano que tuvo el valor civil de denunciarlos con los riesgos del caso en tiempo de guerra, y de quien la Historia no llegó nunca más a ocuparse.
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