jueves, 11 de febrero de 2016

DETRÁS DE LA EXPLOSIÓN DE RUMORES


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   ANGEL OROPEZA
  
EL NACIONAL
 
Llegó febrero, y con él una repentina ola de rumores sobre la estabilidad del gobierno, y sobre la supuesta inminencia de su caída. La gente cita pretendidas informaciones provenientes de las fuentes más diversas según las cuales Maduro ya estaría negociando su salida, y al fascismo militarista venezolano solo le quedarían pocas horas de vida.
Ciertamente la historia nos enseña cómo en momentos de fuertes cambios o de crisis sociales los rumores aumentan porque ante la incertidumbre y los huecos de información se inventa cualquier cosa para llenarlas. En otras palabras, ante la angustia y la falta de certeza surge la distorsión. Sin embargo, así como los rumores pueden ser originados por situaciones de incertidumbre, también sirven para orientar comportamientos sociales. Y es justamente aquí donde radica su potencial peligro. En que algunas personas lleguen a estar tan convencidas de la supuesta veracidad del rumor, que terminen sustituyendo la realidad por este último y guíen su conducta política en función de él.
¿Usted recuerda cuando hace apenas unos meses algunos afirmaban con total seguridad que no iba a haber elecciones parlamentarias, y que en el caso negado de que las hubiese ya estaba todo arreglado porque el gobierno “no se iba a dejar”? En respaldo de tan sólida certeza, los creyentes alegaban conocer (siempre, por supuesto, porque “alguien” se los dijo) de reuniones secretas y movimientos de trastienda donde ya eso estaba decidido y que, en consecuencia, no se podía hacer nada. Si la dirigencia de la MUD, comenzando por su secretario ejecutivo, no hubiese sido lo suficientemente inteligente para evitar caer en la trampa de estos rumores, no habría nunca desarrollado la exitosa estrategia de penetración popular aguas abajo que finalmente le dio el triunfo, y la hubiera sorprendido la inminencia de la elección convencidos de que ella nunca iba a ocurrir.
Los rumores de hoy hablan de un gobierno arreglando maletas, porque ya decidió irse. Cuidado. Una cosa es que el madurocabellismo esté en su etapa terminal, y otra muy distinta que ya esté acabado o que falten solo horas para que abandone el poder. Haber entrado en su fase de declive no significa que pueda predecirse su fin, ni siquiera que no pueda mantenerse artificialmente en el tiempo a pesar de su estado agónico. El calificativo “terminal” no hace referencia a una realidad cronológica sino a una condición situacional, asociada con el desgaste de la autoridad, la declinación de los apoyos populares, y el ocaso de la emoción –ya lejana y superada– que caracterizaba los inicios del actual modelo político.
El madurocabellismo no solo es un desastre, sino que además ya es inviable. Pero sigue vivo y en el poder. Todavía le queda mucho dinero, recursos de represión, andamiaje institucional y la necesaria ausencia de escrúpulos para intentar sostenerse remando contra la corriente de los hechos y de los tiempos. Por ello el peligro de que la reciente explosión de rumores pueda frenar o desviar la única estrategia a la que el gobierno teme, que es la insistencia opositora en la organización popular y en la convicción de la vía electoral como único instrumento efectivo de cambio social.
Frente a esta estrategia, y a semejanza de las estrategias goebbelianas, aparecen rumores –algunos de ellos impregnados de un insoportable hedor militarista– que buscan paralizar a la gente, sacarla del esfuerzo organizativo y llevarla a un estado psicológico pasivo-expectante, en el cual se refuerza el pensamiento mágico de las soluciones fáciles y voluntaristas, y se retrotrae a la población a estadios fantasiosos alejados de la realidad. Nadie va estar pensando en organizarse ni en preparase para nuevas y necesaria luchas en ese estado.
La apuesta de algunos sectores interesados parece apuntar en esa dirección. Dejémoslos solos con sus rumores, y no le hagamos el juego a quienes solo merecen ser vencidos como lo hacen las grandes naciones: en las urnas y a punta de pueblo.

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PAGANDO LA IMPREVISIÓN

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       PEDRO PALMA
 
 
Entre 2004 y mediados de 2008 los precios petroleros experimentaron un sostenido e intenso crecimiento, esto generó sólidos aumentos de los ingresos públicos. Ello llevó al gobierno a implementar una política de gasto fuertemente expansiva, y se inyectaron a la economía ingentes recursos que expandían la oferta de dinero y estimulaban el consumo y la producción, lo que se tradujo en una bonanza económica.
En ese lapso, y en los años que siguieron, se desató un despilfarro de recursos que a la larga generó enormes déficits públicos, los cuales fueron financiados por el BCV a través de la creación masiva de dinero sin respaldo o a través de la contratación de deuda. Esas erogaciones se realizaban no solo a través de la ejecución presupuestaria ordinaria, sino también a través del manejo de fondos que eran administrados al libre arbitrio del Poder Ejecutivo, sin rendir cuentas a nadie, ni responder a ninguna planificación o presupuesto. Uno de ellos era el Fonden, que en tan solo 8 años recibió más de 120 millardos de dólares a través de ingentes transferencias de recursos de Pdvsa y de reservas internacionales del BCV. Ello, combinado con un corroído control de cambios vigente desde 2003, permitió la materialización de corruptelas de todo tipo, que se tradujeron en robos de fondos públicos por montos inimaginables. Solo para dar una idea, a comienzos de 2013 funcionarios del más alto rango declararon que de los más de 50 millardos de dólares que en 2012 se le habían asignado a Cadivi, la organización que manejaba el control cambiario, cerca de 20 millardos habían ido a parar a empresas fantasmas.
Adicionalmente, las finanzas de Pdvsa fueron severamente afectadas, al obligársele a financiar múltiples y costosísimos programas sociales que nada tenían que ver con su actividad medular, y forzándosele a destinar un creciente número de barriles de exportación al pago de la deuda con China, y al envío de altos volúmenes de petróleo subsidiado a países con los que se han celebrado convenios de cooperación energética, incluida Cuba, a la que se le ha suministrado cerca de 100.000 barriles diarios, que son compensados a través del envío de médicos cubanos para atender la Misión Barrio Adentro. No obstante, los altos precios petroleros del período 2004 hasta mediados de 2008 y, nuevamente, entre 2011 y junio de 2014 generaban muchos dólares que velaban la deteriorada situación financiera de Pdvsa y el riesgo de una caída brusca de ingresos de divisas, de las que tanto dependemos. Esa situación cambió en la segunda mitad de 2008, cuando se desplomaron los precios debido al estallido de la crisis financiera de ese año, así como en el lapso que comenzó en la segunda mitad de 2014 hasta nuestros días, cuando los precios volvieron a caer, al pasar de 99 dólares en junio de ese año a tan solo 25 hoy.
La historia nos ha enseñado que, así como los precios petroleros suben súbitamente, estos también se desploman, por lo que hay que ser precavidos, aplicar políticas económicas prudentes y ahorrar parte de los ingresos adicionales en los buenos años petroleros, para contar con recursos con qué mitigar los menores ingresos en los períodos de bajos precios. Esa recomendación, que repetidamente le dimos varios economistas al gobierno –no solo al actual, sino también a los anteriores–, fue reiteradamente desoída. Pues bien, esa imprevisión la estamos pagando muy cara, ya que, en vez de haberse creado un robusto fondo de estabilización macroeconómica y haberse implementado políticas sensatas en los buenos años petroleros, lo que se hizo fue despilfarrar, acosar y destruir buena parte del sector productivo privado, expropiar y expoliar empresas que al pasar a manos públicas se volvieron ineficientes, y poner la economía a depender más que nunca de las importaciones. Ello nos ha condenado a padecer una escasez extrema, una inflación galopante, un empobrecimiento crítico y una depresión económica asfixiante.

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EFECTO DOMINÓ PETROLERO Y EL GOBIERNO VENEZOLANO



   EMILIO NOUEL V.

Los venezolanos no podemos permanecer indiferentes a los vaivenes del mercado petrolero. En él, lamentablemente, nos jugamos la vida económica, ahora que somos aún más dependientes de los ingresos de la venta de ese producto. De modo que todo lo que se publica al respecto aguijonea nuestra atención y nos mantiene en vilo.

Para algunos, el precio del petróleo es como un termómetro de la salud de la economía mundial. Lo que está aconteciendo en este sector, sin dudas, tiene efectos geopolíticos y de seguridad a todo lo ancho del planeta.

Bill Emmott, ex editor jefe en The Economist, en días recientes publicó un sugestivo artículo (“Oil dictators dominos”, en Project Syndicate) en el que se pregunta cuáles gobiernos colapsarían este año y qué tipo de consecuencias tendría ello, por efecto de la caída del petróleo.

El efecto dominó de los dictadores de países petroleros, para Emmot, es una posibilidad real. Tal crisis, afirma, hará bien a unos y mal a otros.

Según él, la caída del 70% del precio del barril de petróleo representa una transferencia colosal de 3 billones de dólares de ingresos de los productores a los consumidores de petróleo. Una bagatela, pues.

Sin duda, los países endeudados y los importadores de petróleo serán los principales beneficiados con esta situación, y sin embargo, no todo será positivo.

Las víctimas potenciales, según Emmot, serán numerosas. Venezuela, obviamente, entre ellas. No ahorró en la época de las vacas gordas para poder amortiguar el impacto que al final siempre llega, y ahora debe enfrentar una circunstancia dramática.

Y la pregunta que surge es si podrá enfrentar el enorme descontento popular que tal enorme irresponsabilidad en la gestión gubernamental ha generado y desencadenará.

En Venezuela las conjeturas que Emmot se hace respecto de los países productores de petróleo, en general, pueden hacerse realidad en breve. 

Él augura, con cierto dejo de ironía, tiempos “interesantespara los dictadores que se aferran al poder en esos países. Y ciertamente, a los venezolanos nos esperan también momentos “interesantes” este año que se inicia.

El petróleo nuestro, producto del que nos “alimentamos”, anda cercano a su costo de producción. Incluso, estamos produciendo menos. Las alarmas se encienden. Se lee por ahí que estamos presenciando una agonía del petróleo. El gobierno anda en romería por el mundo, desesperado, buscando infructuosamente que lo acompañen otros en su cruzada de subir artificialmente los precios. No han renunciado a esa fantasía que les insufló Chávez.

La crisis general que vivimos los venezolanos desde hace unos años, se acentúa, y el gobierno sigue renuente y de manera suicida, a tomar medidas que impidan el derrumbe económico y el caos social. Prácticamente, acabaron con todo: la industria, el comercio, el turismo, la construcción, la agricultura, los alimentos, los supermercados, las farmacias, la electricidad, el agua, la salud, las líneas aéreas, las escuelas y universidades, la seguridad pública, las vacaciones, la cultura, el entretenimiento, y paremos de contar.

Con ese cuadro catastrófico, es muy probable que Venezuela sea uno de esos dominós que ve caer Emmot. Será una desgracia que no solo  se llevaría por delante un gobierno autoritario, inepto y corrupto, sino también a todos los que en este país lo sufrimos.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

 

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

 

 

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La responsabilidad penal y política de Rafael Ramírez

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    CARLOS TABLANTE
 
 
Resulta ingenuo, por decir lo menos, pensar que Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa durante 10 años y ministro de Petróleo y Minería por doce años, desconociera las operaciones fraudulentas y los entramados de corrupción que corroían a la petrolera. En especial cuando logró el control de importantes áreas de la industria a través de la designación en puestos clave de familiares y amigos, como detallamos en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos.
 
Fue en el sector de las finanzas y seguros de la petrolera donde Ramírez aprovechó al máximo las habilidades de sus parientes. Diego Salazar Carreño, su primo hermano, y Baldo Sansó, su cuñado, manejaron durante años las multimillonarias transacciones financieras que los ubicaron en la lista de los boliburgueses más acaudalados del país.
 
Dentro de este contexto, es imposible que Ramírez estuviera al margen de las fraudulentas operaciones con la compra, venta y permuta de bonos que realizó el ex asesor de la petrolera, Francisco Illarramendi, con PDV Insurance y el fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa, en las cuales Diego Salazar y Eudomario Carruyo, director de finanzas, resultaban cómplices necesarios. Por este fraude piramidal que costó a Venezuela 500 millones de dólares, Illaramendi cumple una condena de trece años en EEUU. En Venezuela, las autoridades competentes se negaron a investigar el caso.
 
Responsabilidad directa tiene Ramírez también en el escandaloso caso del Banco Espirito Santo (BES). En agosto de 2014, en la víspera de la intervención del BES por parte del Banco Central de Portugal debido a su quiebra técnica, el gobierno de Venezuela, a través de Bandes y Fonden, inyectó 800 millones de euros al grupo lusitano con la compra de títulos de deuda. Además, Pdvsa también tenía en BES otros intereses: la gestión del Fondo de Inversión Internacional de la petrolera y las cuentas bancarias donde Pdvsa recibía el dinero de sus exportaciones de crudo y derivados. La relación entre Pdvsa y BES no podía ser más estrecha. En Lisboa se comentaba sobre “el rescate de Venezuela a su principal banco privado”. A los pocos días, el banco cerró sus puertas.
 
Dos años después, nada se sabe de los recursos venezolanos invertidos de manera irresponsable en un banco quebrado por decisión del exministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Alimentación, y del presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. La recuperación será por demás difícil ya que las autoridades financieras de Portugal dividieron en dos partes el intervenido BES, una que mantiene su nombre y otra llamada de manera eufemística Novo Banco, en el que reposan los fondos tóxicos y donde fue a parar la garantía bancaria que supuestamente respaldaba la inversión venezolana.
 
A Rafael Ramírez también se le atribuye la idea de vender Citgo, el conjunto de seis refinerías que posee Venezuela en EEUU y la red de 7.000 estaciones de servicio asociadas. Los argumentos dados en el momento eran débiles y contradictorios: “Pdvsa no es una empresa de refinación de petróleo sino de producción y Citgo no da ganancias”, decía Ramírez meses antes de ser defenestrado de Pdvsa. Expertos petroleros se mostraron contrarios a la idea y al mismo tiempo denunciaron el secretismo con el que Ramírez adelantaba las negociaciones. Las verdaderas causas apuntaban a la disminución de la producción petrolera y a la necesidad de enfrentar el serio problema de caja de Pdvsa, ambas circunstancias producto de la pésima gerencia de Ramírez.
 
En enero de 2015, con Eulogio del Pino en la presidencia de la petrolera, se anunció que CITGO no se vendería, ya que se había concretado un plan financiero que incluía la emisión de bonos y un préstamo con Deutsche Bank, por un total de 2.500 millones de dólares. Una vez más, quedaron en evidencia las mentiras de Ramírez.
 
Los nexos de Ramírez con contratistas que se beneficiaron de
manera permanente de contratos millonarios asignados a dedo constituyen uno de los aspectos más oscuros de sus diez años al frente de la petrolera.
 
La emergencia eléctrica dejo al descubierto varios de ellos: Derwick Associates y el empresario Roberto Rincón, uno de los contratistas más cuestionados de Bariven – hoy preso y enjuiciado en Texas -, fueron algunos de los favoritos junto con Majed Khalil de Pacific Rim Energy entre una veintena de empresas transnacionales cuyos contratos son “secreto de Estado” y que costaron al país 60.000 millones de dólares sin que se haya podido solucionar la terrible crisis eléctrica que padecemos. El capítulo referente a los opacos negocios con plantas de gas y bombillos ahorradores que generaron miles de millones de dólares en sobreprecios a favor del gobierno de Cuba, también debe ser investigado de manera urgente.
 
La responsabilidad en el desastre que se ha convertido la que fuera una de las empresas petroleras más prestigiosas del mundo tiene nombre y apellido: Rafael Ramírez. Apunta el periodista Juan Carlos Zapata: “La historia le reclamará a Ramírez ser corresponsable de haberla endeudado; haberla convertido en una extensión del aparato político y del proselitismo chavista; y haber permitido que permeara la corrupción a gran escala. La historia le reclamará el trasvase de recursos al Estado y al Gobierno para el uso clientelar. Le reclamará, en una palabra, haber convertido una empresa modelo en un brazo del PSUV”.
 
A estas alturas, hay sólidos indicios que apuntan hacia que la responsabilidad de Rafael Ramírez en el desarrollo de las redes de corrupción en Pdvsa va mucho más allá de la simple permisividad o de la ceguera voluntaria.
 
Actualmente, el antiguo zar petrolero busca la protección de Raúl Castro y también coquetea con el Gobierno norteamericano para tratar de obtener un salvoconducto hacia la impunidad que le permita disfrutar lo robado al pueblo venezolano. En vez de haber sido premiado por Maduro con el cargo de embajador de Venezuela en la ONU, debería estar enjuiciado y tras las rejas.

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Ya es inevitable la crisis humanitaria
en Venezuela

El director de Econométrica, Henkel García, estima que en este momento lo que corresponde hacer es discutir la manera como se implementará la ayuda humanitaria para que lleguen cuanto antes los alimentos y medicinas que requiere la población

Prensa Unidad Venezuela (Caracas, 10 de febrero de 2016).- Así el gobierno tome hoy las medidas económicas correctivas ya no podrá evitar una crisis humanitaria en Venezuela, advirtió el analista en Finanzas y director de Econométrica, Henkel García.
“Tenemos las dos aristas de la crisis humanitaria - la sanitaria y la alimentaria – desarrollándose, por lo que en este momento lo responsable es discutir cómo se implementará la ayuda humanitaria, cuáles serán los canales para que los alimentos y las medicinas que se necesitan con urgencia lleguen el país en cuestión de semanas”, precisó.
El especialista indicó que ni con la devaluación del bolívar ni con el aumento del precio de la gasolina - dos de las medidas que se estiman tomará el gobierno para enfrentar la baja en los precios del petróleo - será posible revertir los daños que ha causado a la nación el modelo económico impuesto desde 1999 por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, y que ha continuado su sucesor, Nicolás Maduro.
“Una devaluación sin el desmontaje del control cambiario no representará ninguna posibilidad de salir de la actual crisis”, dijo García, añadiendo que dentro del tema cambiario lo único que podría representar algún cambio en las reglas de juego es que, además de la devaluación para los sectores esenciales, como alimentos y salud, haya una legalización del dólar paralelo. “Esto pudo haber aliviado en gran forma en otro momento de los últimos años, pero, dadas las circunstancias actuales, en que la economía venezolana está postrada, está en crisis, hoy ya sería insuficiente”, dijo.
“Reactivar el circuito de importaciones requiere un tiempo. Si hoy se eliminase el control de cambio y las empresas empezaran a montar sus órdenes de importación a las diferentes casas matrices o proveedores internacionales, eso tardaría entre dos y cinco meses en llegar, dependiendo del producto. Hoy, los inventarios de buena cantidad de alimentos y medicinas están en el mínimo, por lo que no habría con qué cubrir estas necesidades en ese lapso”, aseguró.
En cuanto al aumento de los precios de la gasolina estimó que es una medida que hay que apoyar porque representa un “subsidio regresivo que al final termina beneficiando solamente a los que tienen vehículo”. 
Sin embargo, comentó que alrededor del ajuste de la gasolina está el tema de la contraloría social que el mismo gobierno impulsó. “Lo que la gente quiere saber es a dónde van a ir a parar esos recursos adicionales. Otra exigencia de parte de la población es si se va a aumentar la gasolina mientras se mantiene la ayuda a países como Cuba y a otros de Petrocaribe. Estos son puntos muy importantes que se deberían aclarar antes de ejecutar esta medida; pero, por el contrario, el Gobierno ha sido muy oscuro en la manera como está discutiendo esta medida”, añadió.

Oscuridad total
Con relación a la decisión del Gobierno de obligar a los centros comerciales a restringir los horarios de atención al público para ahorrar electricidad, García señaló que el Ejecutivo “está acostumbrado a tomar medidas sin discutirlas con las partes involucradas”.
“Desde el punto de vista técnico hay muchas otras opciones que se podrían tomar y que tendrían el mismo ahorro energético. El impacto de esta medida en el sector comercial es tremendo, y no solo para los negocios en sí, sino también para la vida cotidiana de la gente, porque buena parte de ella encontraba en los centros comerciales el único lugar seguro en el que podía compartir con sus seres queridos o amigos”, indicó.
Destacó, asimismo, que la crisis que está sufriendo el sector eléctrico se debe a que el Gobierno no hizo las inversiones necesarias “no solamente en el área de generación sino también en el área de transmisión y mantenimiento de toda la red eléctrica, para evitar el colapso del sistema. Esta medida no se está aplicando en otros países que están sufriendo los embates de El Niño. En nuestro caso es por falta de planificación”, aseguró.
“Lo mismo pasa con la economía en general. Si Venezuela hubiese ahorrado en la época del boom petrolero, si hubiésemos tenido un fondo de estabilización macroeconómica, como lo manda la Constitución, tendríamos hoy con qué paliar la baja de los precios del petróleo,” señaló.
“Hay que ser responsables y admitir que la crisis comenzó mucho antes – la economía venezolana comenzó a mostrar signos de debilidad en 2012 - y que no se debe a la reducción de los precios del petróleo, que la complica, ciertamente, sino a un modelo que no genera bienestar a la población”, concluyó.
 

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miércoles, 10 de febrero de 2016

DIOS NO PROVEYÓ
 
Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos
 
PRODAVINCI
 
Venezuela se encuentra en un momento de extrema fragilidad que ya está causando un inmenso daño social y podría devenir en una catástrofe de magnitudes nunca antes vistas si no hacemos algo pronto. Tras diecisiete años de disparates, todos los cimientos del país han cedido en rápida sucesión. Y la solución esta vez va mucho más allá del repertorio de herramientas y respuestas que hemos utilizado en el pasado para resolver nuestras crisis.
Para entender por qué, es bueno repasar los números actuales y recordar cómo llegamos aquí.
En estos tiempos de penuria, parece mentira que hace apenas tres años vivíamos en la abundancia más grande e irresponsable de nuestra historia. En el año 2012 el precio del petróleo promedió 103 dólares por barril. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), exportamos 97.340 millones de dólares e importamos, entre bienes y servicios, 75.300 millones.
A pesar de la bonanza, el sector público registró un déficit de 17,5% del PIB, una cifra demencial, totalmente inaudita en un país que debía haber ahorrado su buena suerte para cuando ésta se agotara. Dicho de otra forma, en el último año electoral de Hugo Chávez el gobierno gastó como si el precio del petróleo fuese de 197 dólares por barril. Y la diferencia fue cubierta con una combinación de endeudamiento e impresión de dinero.
Ese año los desequilibrios alcanzaron su clímax, pero los desvaríos venían desde tiempo atrás. Entre 2006 y 2014, en medio de la bonanza petrolera más prolongada de nuestra historia, Venezuela multiplicó por cinco su deuda externa. Mientras tanto, otro países aprovecharon los buenos precios de sus materias primas para fortalecer su balance en moneda extranjera, ya sea reduciendo la deuda externa o acumulando activos internacionales. Kazajistán, por ejemplo, aprovechó las vacas gordas para crear un fondo de ahorro equivalente a siete años de contribución fiscal petrolera.
El gobierno de Venezuela, por el contrario, lo aprovechó para declararle la guerra al sector privado, poniéndose a competir con importaciones baratas, racionándole el acceso a divisas para importar, expropiándolo u ocupándolo, regulándole los precios y márgenes, criminalizando los inventarios e inclusive la exportación y sujetándolo a un sin número de regulaciones que acabaron por extinguir su rentabilidad.
Las consecuencias de esta cadena de políticas en términos de abastecimiento fueron camufladas detrás de un enorme boom de importaciones financiadas con petróleo y deuda. Y así se creó la ilusión del socialismo posible, mientras se debilitaba nuestra capacidad productiva y se hacía al país más vulnerable a una eventual caída del petróleo que hoy se ha materializado.
El año pasado, Venezuela exportó alrededor de 37.000 millones de dólares, algo más de un tercio de nuestras exportaciones del 2012. Por esa razón, apenas pudimos importar 50.000 millones de dólares entre bienes y servicios. Esa caída en importaciones, dada nuestra incapacidad para sustituirlas con producción local, tuvo consecuencias dramáticas en términos de desabastecimiento, colas para adquirir alimentos y medicinas, caída del salario mínimo en 51%, caída en la producción de alrededor de 10% y una inflación superior a 250%.
Aún así, vale la pena preguntarse: ¿cómo hizo Venezuela para importar 50.000 millones de dólares en bienes y servicios (34% menos que en 2012), si apenas exportamos 37.000 millones de dólares (62% menos que en 2012)?
Más aún: ¿de dónde salieron los 26.000 millones de dólares de diferencia entre lo que entró por exportaciones y lo que tuvimos que pagar por importaciones de bienes y servicios, e intereses y principal de deuda?
Pues salieron de caídas en las reservas internacionales líquidas (5.700 millones), empeños del oro monetario (3.500 millones), adelantos de acreencias que teníamos en Petrocaribe con un descuento de 45% (3.700 millones), uso de nuestros derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional (2.300 millones) y endeudamiento contratado a nivel de CITGO para pagar dividendos a PDVSA (2.000 millones). Además, se renovó el Tramo B del Fondo Chino (5.000 millones, de los cuáles es difícil precisar cuánto es financiamiento neto), se liquidaron activos (entre ellos la refinería Chalmette, en Louisiana) y se dejó un monto impreciso de importaciones sin pagar.
En resumen, el año 2015 no sólo fue uno de los peores años de nuestra historia, sino que además fue un año en el cual tuvimos que “raspar la olla” con el petróleo venezolano a 45 dólares por barril y una combinación de liquidación de activos y contratación de deudas imposible de repetir.
Y la pregunta ahora es cuánto vamos a poder importar en 2016, si en lo que va de año la cesta venezolana ha promediado 25 dólares el barril.
Sin importaciones, no tendremos las cosas que ya no hacemos en Venezuela ni las materias primas para poder hacer las que sí sabemos hacer. A estos precios, las exportaciones de Venezuela no llegarían a 22.000 millones de dólares. Nuestro servicio de deuda pública externa totaliza 10.300 millones de dólares, sin incluir unos 6.000 millones por servicio de préstamos del Fondo Chino.
Aún asumiendo que los chinos nos renuevan el crédito, apenas tendríamos algo menos de 12.000 millones de dólares para importar. Eso es apenas 25% de lo que importamos en el 2015, lo que llevaría a una contracción económica de una magnitud nunca vista en Venezuela, equivalente a las registradas tras grandes catástrofes naturales o situaciones de guerra a nivel mundial.
¿No podemos liquidar más reservas para importar más? Las reservas internacionales netas, valorando el oro a su precio de mercado y restándole las cantidades que ya han sido empeñadas, no llegan a los 10.000 millones de dólares. Con esto podríamos importar 22.000 millones (56% menos que en 2015), pero si decidimos utilizarlas todas en 2016, no tendríamos nada en la bóveda para hacerle frente al 2017. Y si usamos los activos de PDVSA para importar comida y bienes de consumo, se acentuaría el ritmo de caída en la producción petrolera de los últimos años.
¿Y los mercados internacionales? Están completamente cerrados. Como hemos comentado líneas más arriba, Venezuela agotó su capacidad de endeudamiento en la época de bonanza y hoy en día tiene la mayor prima de riesgo soberano del mundo: 3.627 puntos básicos o 36,26% de interés por encima de títulos de igual duración emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.
Otras fuentes posibles de financiamiento, como los Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional o el descuento de créditos petroleros ya fueron agotadas el año pasado. En el FMI, Venezuela apenas cuenta con 700 millones de dólares. Peor aún: el 84% de nuestras acreencias petroleras actuales están en Cuba, Nicaragua y Haití, tres países que no parecen estar en capacidad de pagarle por adelantado a Venezuela.
Hay quienes han argumentado que todos nuestros males se resolverían con una devaluación o, más aún, con una unificación cambiaria. Esta decisión promovería un uso más racional de nuestras escasas divisas, eliminando los incentivos a la sobrefacturación de importaciones.
También se dice por ahí que la devaluación reduciría el déficit fiscal, porque aumentaría el valor en bolívares de nuestras exportaciones petroleras. Si bien los efectos de eficiencia en la asignación de divisas de una devaluación y unificación cambiaria son acertados, la posibilidad de que corrijan el déficit fiscal es mucho más remota.
Para entender por qué, es bueno resaltar que las devaluaciones tienen un impacto positivo sobre las cuentas del sector público en la medida en que el sector público tenga un superávit en su balanza de pagos. Así, una devaluación aumenta el valor en bolívares de los ingresos en divisas más que el de sus gastos en dólares, resultando en una mejora en su saldo en bolívares.
En 2016, con las obligaciones actuales, es improbable que el sector público registre un superávit en dólares: tiene 22.000 millones en exportaciones, importó 26.700 millones el año pasado y debe cancelar entre 10.000 y 16.000 millones de dólares en servicio de deuda, según se logre refinanciar la deuda con los chinos. Esto implica que se requeriría un brutal recorte de las importaciones públicas para que el gobierno pueda tener un superávit de divisas.
Esto no había pasado nunca en la historia de las crisis anteriores de la Venezuela petrolera.
Ni en 1960, ni en 1983, ni en 1989, ni en 1996, ni en 1998, ni en 2002 ni en 2009.
No habíamos caído en hiperinflación porque, cada vez que nos metíamos en problemas, devaluábamos. Y dado el superávit en divisas, disminuía el déficit fiscal. Ahora la devaluación muy probablemente aumente el déficit fiscal, incrementando la necesidad de imprimir dinero y acelerando la inflación.
Esta nueva realidad ocurre por la confluencia de tres factores: haber multiplicado por cinco la deuda externa, llevar las importaciones públicas de 3.200 millones de dólares (15% del total) en 1998 a 33.200 millones (52%) en 2014; e insistir en un sistema cambiario que genera incentivos perversos a sobrefacturar importaciones.
Por estas razones, devaluar y unificar en la situación actual es necesario, pero no suficiente.
Se requiere, además, reducir los gastos en divisas del sector público. En términos generales, de lo que se trata es de redefinir el rol del Estado en la economía, alcanzar un nuevo acuerdo social que delimite qué debe hacer el Estado por el ciudadano y qué debe hacer el ciudadano por el Estado y por sí mismo.
¿Por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer?
Para salir de esta situación con el menor daño posible e iniciar la reconstrucción debemos considerar dos opciones que cambian significativamente los números del juego. Son dos opciones que nos permitirían salir del hueco y continuar el flujo de importaciones, abriéndonos la posibilidad de producir más y detener los estragos que esta crisis está causando en la calidad de vida de todos los venezolanos, en especial los sectores más vulnerables.
Estas dos opciones son pedir ayuda a la comunidad internacional y reestructurar la deuda.
Opciones que no deben evaluarse con base en consideraciones ideológicas, sino más bien con criterios prácticos que prioricen el bienestar de los venezolanos.
Y no son necesariamente independientes. Un acuerdo con el FMI, que es el organismo que coordina y canaliza la ayuda internacional hacia los países que están en problemas, podría requerir la reestructuración de la deuda. Eso ya ocurrió, entre otros casos, con Grecia, Chipre y Uruguay. De acuerdo con las últimas cifras del BCV, para septiembre del año pasado Venezuela tenía una deuda de 138.000 millones de dólares, equivalente a más de seis años de exportaciones a los precios actuales. Y esa cifra no incluye los juicios pendientes en el CIADI, ni la deuda acumulada con el sector privado por los rezagos en la liquidación de divisas (ALD) ni los préstamos necesarios para salir de la situación actual.
La comunidad financiera internacional ha creado estos mecanismos de coordinación para rescatar a los países, no a los tenedores de bonos. Estos últimos, por su parte, ya tienen una idea de lo que les viene: sus títulos de deuda valen 37 centavos por cada dólar, porque presumen que no vamos a poder pagar completo. Una reestructuración ordenada le daría más valor a los títulos de deuda, nos daría la oportunidad de recuperarnos y tener con que pagar la deuda reestructurada.
Las proyecciones con el apoyo del FMI y una reestructuración negociada de la deuda son mucho más viables y esperanzadoras. Venezuela podría aspirar a un programa por entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en un plazo de dos a tres años. Suponiendo múltiplos de cuota similares a lo que sucedió con Grecia, el monto sería 53.000 millones.
Estos fondos vendrían a tasas de interés muy bajas, que contrastan no sólo con lo que hoy en día exigen los mercados a Venezuela, sino también con los cupones de muchos de nuestros bonos. Además, un acuerdo con el FMI le permitiría a Venezuela acceder a entre 10.000 y 15.000 millones de dólares adicionales en tres años entre el Banco Mundial, el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En las condiciones actuales, esta estrategia luce como la única que podría evitar ese recorte brutal en importaciones que nos llevaría a una crisis humanitaria.
A partir de allí podríamos empezar a recuperar la producción, la inversión y el consumo, así como reponer nuestras maltrechas reservas internacionales. Para eso, además del financiamiento, sería necesaria una nueva administración que consiga reestablecer la esperanza y el optimismo en Venezuela y cambie las expectativas.
Los países no desaparecen, pero sí pasan por momentos de extrema dificultad que dejan cicatrices duraderas. El gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro no sólo nos trajo hasta aquí tras diecisiete años de disparates en la política económica, sino además se ha quedado inerte mientras la crisis se extiende y profundiza, pretendiendo enfrentar la realidad con mentiras como la “guerra económica” o el lanzamiento de algún eslogan como “los trece motores”.
Éste es el drama en el cual nos encontramos. Sin un nuevo gobierno que recurra a la ayuda internacional, y promueva una renegociación ordenada de la deuda externa, Venezuela no levantará cabeza. Con esto no queremos decir que vamos a evitar los momentos difíciles, que son consecuencia de la improvisación, parálisis e insistencia en un modelo económico fracasado que ha dejado exangüe a la economía del país. Pero sí es posible minimizar el dolor, acelerar los plazos de recuperación y abrir la posibilidad de iniciar la reconstrucción.
Es una alternativa algo más responsable y productiva que esperar a que Dios provea.

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¿Por qué Maduro le teme a la Ley de Amnistía?


Trino Márquez
 

Nicolás Maduro, cuando los golpistas del 4-F y el 27-N estaban encarcelados, participó en diversas iniciativas en las que los grupos izquierdistas exigían –en nombre de los “derechos humanos”- la aprobación de una ley de amnistía que pusiera en libertad a los insurrectos, responsables de la muerte de al menos un centenar de venezolanos, víctimas de las intentonas de febrero y noviembre de 1992. La creación y presencia en esa clase de comités forma parte de la tradición de lucha de la izquierda latinoamericana. Sus promotores se preocupan mucho de proteger los “derechos” de sus seguidores, pero les importa un bledo los derechos de las víctimas que su aventurerismo e irresponsabilidad provocan.

        Con motivo del Proyecto de Ley de Amnistía introducida en la Asamblea Nacional, los otrora insurgentes han esgrimido argumentos desvergonzados. No admiten la existencia de presos políticos en Venezuela, sino de “políticos presos”. Esos mismos personajes han permitido el saqueo del Tesoro Nacional, arruinado Pdvsa, desfalcado la CVG, quebrado las empresas estatizadas, adueñado de los recursos destinados a resolver las fallas eléctricas y despilfarrado el océano de dólares generado por la ya agotada bonanza petrolera, sin haber capturado a ninguno de los grandes y verdaderos responsables de esas estafas y de la quiebra económica y moral del país. Hablan contra el proyecto de ley como si su historia política hubiese transcurrido en un monasterio medieval.

        El cinismo de Maduro y compañía está inspirado en el pánico que le tiene a la eventual liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y todos los demás dirigentes  políticos y estudiantiles privados de libertad a partir de calumnias y expedientes forjados, y a la repatriación de figuras como Carlos Ortega y muchos otros venezolanos que se vieron obligados a  huir del país porque no confían en el Poder Judicial, convertido en guillotina para decapitar opositores.

        El tambaleante Maduro ve con horror que esa constelación de dirigentes recorra Venezuela denunciando los excesos y errores del Gobierno, y proponiendo soluciones para que la nación alcance de nuevo una democracia plena y una economía próspera donde se genere riqueza para beneficiar a la mayoría, devastada por la incompetencia y corrupción del socialismo del siglo XXI.

        El régimen percibe que sus días están contados. La ruptura del PSUV y del Gobierno con sus bases sociales de apoyo se cortó, y esta ruptura parece una tendencia irreversible. Los vínculos que conectaban a los rojos con el pueblo estuvieron trenzados con petróleo. Las transferencias en dinero, servicios o especies crearon la ilusión de un nexo indestructible entre la cúpula socialista y el pueblo. Ya estos subsidios no es posible financiarlos con oro negro. La única posibilidad de mantenerlos es mediante la emisión de dinero inorgánico. Pero este mecanismo genera un efecto secundario letal: la inflación descontrolada, fuego que devora la calidad de vida y toda política social.

        En medio de la caída de los precios del crudo, la crisis económica, el deterioro de los servicios públicos y, ahora, el colapso eléctrico, lo menos que quiere Maduro es ver fortalecida a la MUD y la bancada opositora de la Asamblea Nacional con un batallón de dirigentes experimentados, respetados y queridos, que actuarán para afianzar la alternativa de poder que representa la oposición.

        En las próximas semanas se oirán argumentaciones rocambolescas  de parte de los voceros del PSUV y de los miembros de la Sala Constitucional del TSJ,  cuestionando la legalidad de la Ley de Amnistía y hablando del “genocidio” cometido por los reclusos que ellos mantienen arbitrariamente en Ramo Verde y otros centros de reclusión. No hay que dejarse encandilar. La gimnasia verbal intentará en vano  ocultar la enorme debilidad y aislamiento del Gobierno, y el miedo cerval que le tiene a la oposición, vigorizada con esa dosis de energía que le entrará en el torrente sanguíneo cuando recuperen su libertad los dirigentes cautivos por defender la democracia.

        @trinomarquezc

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