miércoles, 25 de mayo de 2016

Almagro (OEA) dice que la "única salida" a la crisis de Venezuela es el referendo
             

EFE

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró hoy que la "única salida" a la crisis de Venezuela es el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro que promueve la mayoría opositora del Parlamento.
"La única salida, que es algo en lo que debemos trabajar en los próximos días o semanas, es el camino institucional, el camino constitucional, que significa devolver la decisión al pueblo", dijo hoy Almagro en una entrevista con Christiane Amanpour en CNN Internacional.
El titular de la OEA ya se había posicionado a favor del referendo revocatorio la semana pasada, cuando afirmó en un duro y personal mensaje que Maduro será un "dictadorzuelo más" si no permite la consulta que la oposición quiere celebrar este año.
"El referendo revocatorio no le pertenece a Maduro, ni le pertenece a (Henrique) Capriles (líder opositor). Le pertenece a la gente y esa gente tiene que resolver su situación actual y quiere tomar una decisión al respecto. Por eso no se les puede robar, esa decisión es muy importante, es muy importante que se celebre ese referendo", afirmó Almagro.
El excanciller uruguayo (2010-2015), que este jueves cumplirá un año al frente de la OEA, presentará próximamente un informe sobre Venezuela en el que considerará "la escasez de alimentos y de medicinas, los casos de corrupción que puedan haber, la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión, y una vía para que el país siga adelante".
Con toda probabilidad, a tenor de las declaraciones de Almagro en el último mes, a ese informe le seguirá la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que da al secretario general potestad para someter a consideración del Consejo Permanente "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente al orden democrático" de un Estado miembro.
Con ese paso al frente se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la suspensión de Venezuela como miembro del organismo, extremo para el que es necesario el voto de dos tercios de los 34 cancilleres.
"El único camino para institucionalizar el diálogo en el continente sería a través de esa convocatoria del Consejo Permanente que puede decidir empujar en esa dirección (pedir que se permita el referendo). Pero tendría que ser un diálogo que diera resultados", señaló hoy Almagro.
"No podemos solo sentarnos y hablar. Tenemos que dar pasos adelante en esto, liberar a los presos políticos, porque es una contradicción en sí misma tener presos políticos y democracia", defendió.
"Para tener una democracia tienes que respetar la Constitución y someterte al referendo, tienes que tener equilibrio entre los diferentes poderes del Estado, un Poder Judicial completamente independiente, y eso es lo que debemos proporcionar en Venezuela, que riga el Estado de Derecho", concluyó.
Preguntado por su duro y polémico mensaje contra Maduro de la semana pasada, Almagro defendió que él no insultó a nadie y que lo único que hizo fue "hablar de principios que están muy claros en la Carta Democrática" y "que todo el mundo ha acordado", en referencia a los 34 Estados miembros de la OEA que firmaron el documento por unanimidad en 2001.

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martes, 24 de mayo de 2016

¿FRACASARON O TRiUNFARON?

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       BERNARD HORANDE

La catastrófica situación de Venezuela no tiene nombre. Las palabras son insuficientes para describirla, frente a los aplastantes hechos que día a día nos ahogan en este territorio que, por ahora, ya ni la definición de país merece.
Escasez total de alimentos, productos y medicinas. La inflación más alta del mundo. El poder adquisitivo por el suelo. Inseguridad personal rampante. Inseguridad jurídica total. Fuertes racionamientos de agua y electricidad. Corrupción ilimitada. Empresa privada destruida. División de la sociedad. División de las familias. Protestas. Saqueos. Linchamientos. Hambre.
Por mucho menos de lo anterior, cualquier ser humano con dos dedos de frente podría afirmar que el régimen chavista ha sido una de las gestiones públicas más negativas, oscuras y fracasadas de la historia de cualquier país del mundo.
Sin embargo, hay otra forma de verlo.
Algunos piensan que, muy por el contrario, el proyecto chavista ha sido un éxito para quienes lo diseñaron.
Esta percepción se basa en la idea de que, detrás de la máscara revolucionaria, lo que hay realmente es un claro proyecto de poder por el poder, que consiste en apropiarse eternamente de un país rico en petróleo empobreciendo a su población y llevándola a extremos infrahumanos, bajo los cuales no le quede otra alternativa que someterse.
Es decir, una copia “mejorada” de la revolución cubana. Con las consabidas variantes de épocas y métodos. Y con una diferencia clave: que en Venezuela se encuentra el mayor yacimiento de petróleo del mundo.
Coloco un par de puntos de vista.
Víctor Poleo, un ingeniero electricista, profesor del posgrado de Economía Petrolera de la UCV y exviceministro de Energía y Minas de Chávez entre 1999 y 2001, ha alertado que “la actual crisis eléctrica que vive el país es planificada como un mecanismo criminal que pretende domesticar a los venezolanos”.
Agrega que “aquí hay un guión criminal de ingeniería social para estrangular a la sociedad”. Que “la renta es utilizada para destruir la sociedad y la economía”.
Poleo argumenta, con lógica, que “lo mismo ocurre con las colas, porque cuando la gente no tiene tiempo para pensar y organizarse porque debe conseguir algo de comer, sencillamente se desmoviliza, y al desmovilizarla políticamente, queda anulada”.
Por otra parte, otro personaje menciona una visión parecida. Guaicaipuro Lameda, ex-Presidente de PDVSA con Chávez, dice que la estrategia es el empobrecimiento colectivo como medio de dominación política.
Dentro de esta estrategia, el régimen desarrolla acciones como estas:
Al que no le guste la revolución, que se vaya. Hacérselo difícil pero abriéndole unas puertas.
A la gente hay que mantenerla ocupada aunque sea buscando comida. Mientras busca cubrir sus necesidades básicas, mantenerlos presionados con los cuerpos de seguridad e inteligencia para que sientan temor.
Mantener a los pobres en su pobreza pero con esperanza, algunos deben saltar de allí y debe ser muy notorio. Dosificarles lo que se les da, tanto en cantidad como en oportunidad. Sobre todo, hacer mucha propaganda que es el principal alimento de la revolución.
Establecer una economía dual. Una dirigida por el régimen hacia los pobres. La otra que se le haga inalcanzable e insoportable para la oposición. Los pobres quedan dominados y los otros buscan irse.
Infundir terror en dos vías: a los suyos que teman perder lo que el gobierno les da, les permite o les ofrece. Y a los opositores que tengan mucho miedo a perder lo que tienen, por ejemplo, la libertad o su propia vida.
Ser muy permisivo para que se hagan cosas fuera de la ley; y lograr que sea muy difícil hacerlas dentro del marco de la ley. Así se forzará a que las cosas se hagan fuera de la ley manteniendo a la gente amarrada, comprometida, dominada e inhabilitada.
Finalmente no olvidemos un par de frases tan famosas como deprimentes.
Una, la del viejo “monje” (venido a menos) Jorge Giordani: “Los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así”.
La otra, la del joven jefe de la Bancada de (la traición a) la Patria en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez: “No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza pa’ llevarla a la clase media, pa’ que después aspiren a ser escuálidos”.
Ud., lector, ¿qué opina?… ¿Fracasaron o triunfaron?
@BHorande
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LOS CUATRO GENERALES

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     CARLOS TABLANTE

Al margen de las desviaciones que se han producido al colocar a la Fuerza Armada Nacional en un rol que no le corresponde al servicio de una parcialidad política, cuando hablamos de corrupción, nos referimos a una casta, que instalada en el alto gobierno, se ha enriquecido causando un brutal daño al patrimonio público.
Frente a una administración pública militarizada, los oficiales que ocupan diferentes cargos deben asumir las consecuencias de sus actos administrativos. Los que tienen más poder, tienen más responsabilidad frente al país.
Los señalamientos concretos a militares implicados en delitos de tráfico de drogas o corrupción, no deben verse como una ofensa a la FAN. Por el contrario, lo que se asume es la defensa del honor de la institución frente a los abusos de poder y los hechos de corrupción en los que han incurrido algunos de sus integrantes, quienes deben dar explicaciones y facilitar la investigación que adelanta la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, los generales Manuel Barroso, Carlos Osorio Zambrano, Giuseppe Yoffreda y Rodolfo Marco Torres han gestionado miles de millones de dólares para la importación de bienes y servicios, sobre todo de alimentos y medicinas.
Como hemos denunciado y es por todos reconocido, se ha cometido un inmenso saqueo cambiario con empresas de maletín, empresas-espejo, sobrefacturación, pago de sobornos, importaciones ficticias o de mercancía caducada y de ínfima calidad, entre otras fechorías. Como lo solicitó el propio Maduro al asumir la presidencia – para lo cual pidió poderes habilitantes y no ha hecho nada – todo esto debe ser investigado de manera exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales y liberar a la FAN del pasivo que representan quienes hoy aparecen señalados y cuestionados por las penurias que sufren todos los venezolanos – incluyendo los integrantes de la propia FAN y sus familiares – debido a la escasez y altos precios, sobre todo de alimentos y medicinas.
La élite militar señalada ha tenido el control casi total del régimen desde sus inicios, hegemonía que se ha acentuado bajo Maduro.
Ministerios, vicepresidencias, direcciones generales, gobernaciones e institutos esta?n bajo control de un mismo grupo de militares que se ha ido rotando en diversos cargos de poder, por cierto, la mayoría de ellos cercanos a Diosdado Cabello.
Algunos sectores estrate?gicos han permanecido por ma?s de una de?cada dirigidos por miembros activos o ex integrantes de la FAN como los ministerios de salud, alimentacio?n, energi?a ele?ctrica, industrias ba?sicas y el denominado arco minero, economi?a y finanzas y seguridad ciudadana, adema?s de las competencias que ejercen por su naturaleza como lo es la defensa de la integridad territorial, es decir, el control exclusivo de las armas, las vi?as terrestres, el espacio ae?reo y mari?timo y las fronteras del pai?s. Esta presencia hegemónica de militares en cargos públicos a todo nivel, la describimos en detalle enEl Gran Saqueo en el capítulo denominado El partido militar y las redes del Capitán.
En el campo de las finanzas pu?blicas, el militarismo impuesto como doctrina poli?tica, se ha apoderado de las instituciones financieras, de las poli?ticas de recaudacio?n de impuestos, del disen?o y ejecucio?n de los presupuestos pu?blicos, de las tesoreri?as de ministerios, de las compras y adquisiciones de todos los niveles de la administacio?n y hasta de las importaciones privadas, como es el caso del poder que ostenta el Mayor General Giuseppe Yoffreda, quien actualmente preside la Corporacio?n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
La casta militar tiene bajo su mando directo el manejo de los fondos pu?blicos, como la Oficina Nacional del Tesoro, la Banca Pu?blica, la Superintendencia de Bancos, Cadivi-Cencoex y el Seniat, reforzado ahora con la alianza que ha establecido el general Rodolfo Marco Torres con Nelson Merentes y Erik Malpica Flores.
Es tan evidente la hegemonía militarista que hasta el discurso político está contaminado por su vocabulario: en vez de adversario se habla de enemigo. En lugar de organizaciones de base, unidades de batalla y patrullas, y así sucesivamente. El lenguaje coloquial se ha poblado también de expresiones militaristas usadas como herramientas de dominación y amedrentamiento en todos los ámbitos, incluyendo en los escenarios y redes sociales, donde actúan las llamadas milicias bolivarianas y los patriotas cooperantes.
Todo ello quedó expuesto de manera grotesca en la caricatura de ejercicios militares del sábado pasado, los que – para estupor de los venezolanos tanto civiles como militares –  fueron dirigidos por un cuestionado general Carlos Osorio que, en uniforme de campaña, trataba de ocultar el temor que siente ante la investigación de la Asamblea Nacional que ya emitió en su contra un voto de censura. Los detalles y las evidencias del caso están a la disposición en el portal cuentasclarasdigital.org.
De manera que no existe ninguna campaña contra la FAN como institución. Se trata de que los militares que han ocupado altos cargos públicos se sometan al escrutinio contralor de la opinión pública y de las instituciones propias de un Estado democrático, aunque en la actualidad se haya impuesto la impunidad debido a que el Estado de Derecho ha sido sustituido por un estado delincuente.
Sin embargo, debemos recordar que, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución Nacional, los delitos contra el patrimonio público no prescriben.

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lunes, 23 de mayo de 2016

La CIDH se queda sin fondos para defender los derechos humanos en las Américas

SILVIA AYUSO

EL PAÍS

                             


La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin la protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este lunes de que está arruinada. Si los países miembro no empiezan a entregar fondos, tendrá que despedir casi a la mitad de su personal a partir de agosto y dejar de ejercer funciones clave de su mandato. Algo que, para los expertos, podría tener consecuencias nefastas.
“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resume la situación Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Todo ello cuando la Comisión “ha sido la que, cuando hay deterioros institucionales que afectan a los derechos humanos, es la primera, y muchas veces la única dentro de la OEA, que llama la atención sobre los derechos humanos”, recuerda Ariel Dulitzky, director de la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas y exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH. Esto hace que la crisis que atraviesa pueda “repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región”, alerta.
Según ha adelantado el presidente de la Comisión, James Cavallaro, a EL PAÍS, si el organismo no recibe fondos con urgencia, a partir de agosto tendrá que despedir al 40 % de su personal, o a 30 de las 78 personas que emplea. Pero las consecuencias van mucho más allá. El peligro es hacer retroceder los avances logrados por la Comisión “30 años”, lamenta su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
Estamos hablando de que “la Comisión pierda cualquier posibilidad de hacer su trabajo, como emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. Y eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”, advierte Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.
Que la CIDH se quede a medio fuelle por falta de fondos significa también, apunta, que no podrá volver a haber un proyecto como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosos fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. O que se pierda la única instancia en las Américas que puede realizar una “observación independiente” en los Estados.
Porque la CIDH “es el único garante independiente e imparcial que tenemos en la región”, resaltan tanto Canton como Dulitzky.

Un problema endémico

Pese a ser celebrada como la “joya de la corona” del sistema interamericano y un ejemplo para muchos organismos de derechos humanos en todo el mundo, la CIDH siempre ha caminado al borde del precipicio económico. Los únicos fondos que tiene asegurados son prácticamente pírricos, un 6% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA) o, como se suele señalar con sorna, menos de lo que este organismo dedica a cuidar sus edificios. En el presupuesto de 2016, ese dinero asciende a 4,8 millones de dólares. Su principal fuente de ingresos han sido siempre las contribuciones voluntarias, pero ahí los países miembro también han sido, generalmente, muy parcos.
Hasta ahora, la Comisión lograba subsistir gracias a las contribuciones sobre todo de países europeos. Pero con la crisis de refugiados que vive el viejo continente desde el año pasado, ese grifo se ha secado. La responsabilidad, según Álvarez Icaza, tiene que ser asumida de una vez por los Gobiernos de los países que forman parte del organismo.
“Los jefes de Estado de la región tienen una narrativa muy fuerte en materia de derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva. Es momento de empatar el discurso. La CIDH debe ser parte de las prioridades de los países”, reclama.

Los Estados no responden

La respuesta ha sido, por el momento, magra. Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales EE UU aportó más del 90%.
La escasa aportación a la CIDH no se explica, según los observadores y funcionarios del organismo, por falta de dinero. Al fin y al cabo, el año pasado los países de las Américas contribuyeron con casi 20 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI). Los mismos países, en el mismo periodo, destinaron solo 199.000 dólares a la Comisión en materia de fondos voluntarios.
Para Santiago Canton, se trata de una “vergüenza histórica” tras la cual se esconde una “perversidad insólita”: “A los países de la región no les gusta la CIDH, les molesta porque les marca cuando están cometiendo errores, y a nadie le gusta eso”. Así que no le proporcionan los recursos necesarios porque es una manera, sostiene el defensor de derechos humanos, “de lograr que la Comisión no haga lo que no les gusta”.

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El CNE como punto de quiebre


Las transiciones se producen, de acuerdo a Juan Linz, por tres vías: reformas, rupturas y ruptformas. Venezuela parece dirigirse hacia la forma más peligrosa e inestable de una transición: una ruptura.
Las reformas ocurren cuando un gobierno decide emprender, por iniciativa propia, un pcoreso de transición. Ello ocurre, normalmente, porque el gobierno está convencido de su imposibilidad para mantenerse en el poder en el mediano o largo plazo, por lo cual prefiere aprovechar la fase final de su estadía en el poder para negociar las condiciones y hacer control de daños de cara al cambio político. En otros casos, la reforma se ha emprendido, no porque el gobierno creyera que estaba llegando a su fin, sino porque hah creido que su país, y en ocasiones también su partido, están listos para emprender una apertura democrática, y hasta continuar en el poder, tal como fue el caso de México, en el que se permitió una reforma electoral que abrió las puertas del poder a la oposición, pero también las mantuvo abiertas para el regreso del PRI al poder.
Las rupturas, por el contrario, se dan bajo condiciones de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Estos procesos de transición se dan por un proceso de confrontación y escalada progresiva del conflicto que termina, finalmente, haciendo colapsar al gobierno. Estos procesos, aunque normalmente no son el resultado de un proceso de negociación entre gobierno y oposición, sí se logran gracias a cierto nivel de cooperación expresa o tácita de parte de actores del gobierno y la Fuerza Armada, que sienten que tienen más que ganar cooperando con quienes pueden ser parte de un gobierno emergente que asumiendo los costos de la represión para mantener a un gobierno indeseable en el poder.
La tercera forma de transición, identificada por Linz, es la ruptforna, término que este autor se inventa para hablar de transiciones que son el resultado de una combinación de las dos modalidades anteriores, o sea procesos que bajo la amenaza de terminar en una ruptura terminan produciendo una transición negociada entre gobierno y oposición, tal como sucedió en el caso de Chile.
Hasta hace poco, estuve convencido de que una transición en Venezuela se produciría a través de esta última modalidad, o sea una ruptforma, o un proceso negociado que sería impulsado desde un conflicto que escalaría a partir del momento en que cambiara el balance político y el gobierno no pudiese continuar en el poder por la vía electoral. Y aunque me niego a renunciar al escenario de una transición negociada, la miopía del gobierno y quienes le sostienen (TSJ, CNE, y Fuerza Armada principalmente), van inclinando el escenario hacia uno más traumático para todas las partes, el de una ruptura.
Y el punto de quiebre, como suele suceder, se está produciendo por el eslabón más débil de la cadena, o sea por el CNE. El CNE ofendió ayer la inteligencia de todo el país con una de sus peores actuaciones, que, por burda, la Presidenta y las demás rectoras del organismo prefirieron delegar en un rector suplente que se encargó de dejar en evidencia la clara intención de bloquear el proceso revocatorio a como dé lugar.
La posición del CNE, lejos de lograr el objetivo de parar el proceso de transición, contribuirá al escalamiento del conflicto, que a partir de ahora tendrá como centro al mismo CNE, ya no como árbitro sino como un jugador más del gobierno al que se pretende revocar. Es así como en un escenario en el que el gobierno, utilizando esta vez al CNE como brazo ejecutor, niega toda posibilidad de una salida democrática a la grave crisis política que atravesamos, nos coloca más cerca de una ruptura que de una transición negociada. Ruptura cuyas consecuencias pesarán sobre las rectorías del CNE, con la digna excepción de Luis Emilio Rondón, quien nadando a contracorriente ha enfrentado con integridad y valor las decisiones de una mayoría de rectoras que evidencian cada día para qué se impuso desde la anterior Asamblea y el TSJ su continuación en el cargo.
A estas alturas, y en medio de tanta insensatez, que el mismo Pepe Mujica, hasta hace poco aliado del gobierno, diagnostica ya como locura, no me atrevo a vaticinar si habrá o no referéndum revocatorio, pero sí creo que con referéndum o sin él, este gobierno terminará por causa del referéndum. Si hay referéndum habrá negociación de los términos en que se hará la transición, pero si no lo hubiese estaremos entrando en una fase a las puertas de una ruptura en la cual el ganador impondrá, no negociará, sus condiciones.
Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello

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Dictadores y dictaduras

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Hector E. Schamis

En septiembre de 2013 tuve un intercambio epistolar—por correo electrónico, claro está—con Alejandro Orfila, cuya distinguida y dilatada carrera incluye haber sido Secretario General de la OEA. Fue a raíz de mi columna entonces, La disolución del sistema interamericano de derechos humanos, en la cual comparo la OEA de Insulza, un ministerio del chavismo, con la de Orfila, esa que mantuvo viva la llama de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de los setenta.
En esa comunicación, Orfila compartió conmigo recuerdos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina en 1979. Me cuenta, literalmente, su conversación telefónica con Videla, en la cual obtuvo la autorización oficial del gobierno militar, condición necesaria para el viaje. Describe aquella conversación como “seria”. Y enfatiza el muy negativo informe emitido por la CIDH a posteriori. Ese informe, debe recordarse, constituiría un hito para las posteriores transiciones democráticas en todo el hemisferio.
No pude evitar el recuerdo de mi comunicación con Orfila mientras leía la reciente carta del Secretario General Almagro a Maduro. Claro, nótese el contraste. Videla era un dictador, no un dictadorzuelo. Y aquella dictadura—criminal y terrorista—no era un Estado dividido y colonizado por facciones que se disputan el control del territorio y sus prebendas: los mercados paralelos y sus diversas formas de ilegalidad.
Es que el más brutal de los gobiernos es preferible a la ausencia del mismo. Con un gobierno se puede negociar, con una horda es más difícil. Y ese es el problema en cuestion, que invita la pregunta clave de hoy: con quien negociar. O sea, con quien dialogar, verbo conjugado otra vez más por el régimen, por sus amigos de Unasur, por el Papa y por Mauricio Macri y su canciller, entre tantos otros.
El problema es el significado de la palabra. No sin razón, los venezolanos piensan en la trampa de 2014, precisamente cuando el diálogo solo sirvió para que el gobierno y la oposición se dijeran muchas cosas fuertes ante las cámaras de televisión. Mientras tanto, la sociedad—hasta entonces, en la calle—volvió a sus casas y los presos políticos siguieron en la cárcel. El régimen recuperó oxígeno.
"El más brutal de los gobiernos es preferible a la ausencia del mismo. Con un gobierno se puede negociar, con una horda es más difícil"

El diálogo de hoy debe tener mínimas condiciones. Aquí van cuatro. Primero, para que el diálogo tenga sentido, el regimen debe revocar el Decreto de Excepción, fujimorazo de facto. La Asamblea Nacional debe ser capaz de legislar, incluyendo la muy necesaria Ley de Amnistía, ley que expresa la voluntad popular de la última elección. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia debe alguna vez hacer lo que jamás hizo: fallar contra el oficialismo.
Segundo, los militares deben ser parte de ese diálogo. Así como la posición institucional de algunos altos oficiales garantizó la eleccion del 6 de diciembre, hoy deben renovar su compromiso con la Constitución de 1999; constitución “bolivariana”, justamente, escrita por el chavismo a voluntad. Los altos mandos deben entender que el apego a la institucionalidad es la única forma de evitar que el creciente faccionalismo militar derive en violencia entre los grupos. Ello profundizaría la anarquía existente a niveles hoy inimaginables.
Tercero, las fronteras deben abrirse para la ayuda humanitaria. En Venezuela muy pocos comen tres veces al día. Muchos mueren antes de tiempo por la falta de medicinas y material quirúrjico. Los neonatos prematuros mueren si hay cortes de electricidad, cuando las incubadoras dejan de funcionar. De eso debe hablarse con el gobierno y con las organizaciones internacionales, la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y otras similares.
Cuarto, Maduro probablemente deba partir, ya sea por medio del referéndum revocatorio, mecanismo legal, o a través de un gobierno de transición acordado en las negociaciones. En cualquiera de los dos escenarios, la OEA debe ser parte del proceso con la Carta Democrática en la mano, instrumento que existe para exigir a los Estados miembros observar las normas del derecho internacional y los compromisos contraídos en materia de democracia.
El diálogo tiene sentido, pero repetir la experiencia de 2014 sería catastrófico. La comunidad internacional no puede dejar semejante responsabilidad en manos de Samper y Rodríguez Zapatero, no tienen legitimidad a los ojos de la oposición. Si hay diálogo ello debe producir una salida de la actual parálisis. Su fracaso, como en 2014, significaría una trágica disolución.


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Grupo Ávila: Ante la declaratoria de un Estado de Excepción

Venezuela atraviesa la crisis política, económica, social, sanitaria, alimentaria e institucional más compleja de su historia, dentro de un entorno económico internacional desfavorable, exacerbado por su desmesurada dependencia del ingreso petrolero, y la negativa gubernamental de reconocer y asumir su existencia y gravedad.

Al mismo tiempo, el gobierno persiste en desdeñar a la oposición democrática como interlocutor válido y desconoce además la voluntad popular manifestada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados constituyen un inequívoco mandato de la soberanía popular.

Como resultado de una actitud intransigente y del sistemático desconocimiento y entorpecimiento de las funciones y decisiones de la Asamblea Nacional, se sigue erosionando la gobernabilidad y la paz social del país, en medio del continuado deterioro de la ya menguada institucionalidad democrática, generando con ello mayores tensiones políticas y sociales, que ya no solo amenazan la tranquilidad interna, sino que podrían también afectar a algunos de nuestros vecinos de la región.

Frente a ello, la oposición ha dado innumerables muestras de su voluntad de participar en un diálogo con las autoridades gubernamentales, incluyendo la mediación de actores externos imparciales confiables para ambas partes; sin embargo, la ausencia de un claro reconocimiento del adversario, sin lo cual ningún diálogo tendría razón de ser ni denotaría una verdadera voluntad de negociar, la ha llevado a proponer vías pacíficas, dirigidas a tratar de superar dicha crisis, las cuales se decantaron finalmente por la solicitud de convocar al referéndum revocatorio presidencial previsto en el artículo 72 de la Constitución.

En este contexto, la adopción de un nuevo decreto de excepción y emergencia económica introduce un elemento de crispación que se añade a la escalada gubernamental de las tensiones políticas, resultantes de las numerosas acciones antidemocráticas e inconstitucionales.

A lo anterior debemos señalar el peligroso y creciente papel otorgado a las Fuerzas Armadas en dicho decreto y la realización de ejercicios militares sin precedentes a nivel nacional, con todo lo que ello significa para una ya sobredimensionada presencia militar en la sociedad venezolana.

Semejante decreto no tiene justificación, pues para atacar los problemas que señala existen las leyes ordinarias vigentes. La medida debe ser rechazada y denunciada ante el mundo, ya que: elimina atribuciones constitucionales del poder legislativo; criminaliza el derecho ciudadano de denunciar, cuestionar y oponerse a los abusos del poder; suspende de hecho el ejercicio de garantías constitucionales; desconoce las obligaciones internacionales de derechos humanos; prohíbe la cooperación internacional que pueda ser calificada discrecionalmente “con fines políticos” o de “desestabilización”; militariza las cadenas de producción, comercialización y distribución de alimentos; y promueve además métodos ilegales de control de orden público, entre otras acciones irregulares.

Como resultado del agravamiento de la crisis y ante la ausencia de respuestas concretas, el pueblo venezolano manifestó recientemente su masivo apoyo a la iniciativa del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución, como la vía más expedita para superarla.

En vista de todo ello, resulta indispensable establecer de común acuerdo una vía democrática que logre superar las tensiones que amenazan la paz social del país y abra las puertas a las oportunidades de corregir el rumbo del país. Cualquier iniciativa de diálogo que se adelante debe tener como condición primordial la de realizar esa consulta popular en el presente año, además de la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese del hostigamiento judicial a la disidencia.

Saludamos con beneplácito y agradecemos profundamente los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, en particular los de: la Unión Europea; el Secretario General de la OEA; la Conferencia Episcopal Venezolana; el grupo de ex presidentes y mandatarios de la región iberoamericana; parlamentarios; organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos; y diversas personalidades mundiales e intelectuales del mundo entero. Todos ellos han dado muestras de su profunda preocupación por la crítica situación venezolana, al exigir la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de encontrar una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral, exigencias que desafortunadamente solo han tenido como consecuencia la descalificación y la ofensa oficial gratuita e inmerecida.

Finalmente, hacemos un sincero llamado a retomar los caminos del diálogo, el respeto y la diplomacia, y a abandonar el fácil y estéril recurso al insulto y la descalificación como métodos para relacionarse con los diferentes actores, tanto internos como de la comunidad internacional, en aras de allanar el camino para la búsqueda de la concordia, la paz y el progreso que tanto anhela la nación.

Caracas, 22 de mayo de 2016


El Grupo Ávila es una agrupación informal, constituida en el año 2005, compuesta por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de las relaciones internacionales y las ciencias sociales, preocupados por el acontecer internacional y nacional.

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