Grupo La Colina

ACERCA DE LAS NEGOCIACIONES EN MÉXICO

     Marta de la Vega

@martadelavegav

A pesar de la importancia de este nuevo esfuerzo iniciado en agosto de 2021 para resolver de manera negociada la crisis política, social, económica, cultural y moral que sufre Venezuela, parece difuminarse el propósito medular de esta convocatoria entre el régimen de facto presidido por Maduro y voceros de las fuerzas democráticas en representación del presidente interino Juan Guaidó y de los que aspiramos a ver restaurados el Estado de derecho, las libertades y derechos civiles, políticos y sociales y, en suma, una democracia verdadera, sin apelar a soluciones militares.

Algunos estudiosos señalan que los resultados hasta ahora favorecen la continuidad del régimen chavista, le “limpian” su imagen muy deteriorada por todos los exabruptos y violaciones cometidas contra la Constitución vigente. Impusieron la salida de uno de los representantes  de la mesa de la Plataforma Unitaria, exigieron ser llamados oficialmente gobierno bolivariano en detrimento del reconocimiento de la presidencia interina y buscan sobre todo que se levanten las sanciones, al recurrir a la narrativa, imaginaria pero efectista, de que el “bloqueo” es causante de la ruina del país, acelerada desde 2013 pero ya mucho antes provocada por la corrupción, la desinversión en áreas claves de la infraestructura, la incompetencia y abandono de las obligaciones gubernamentales. Las sanciones, de carácter individual, vienen desde 2019.

El memorando de entendimiento y los acuerdos parciales obtenidos en las dos primeras reuniones reflejan la necesidad de priorizar, dentro de varios aspectos de alto interés nacional, la restitución de derechos conculcados al país, que ha sido históricamente política de Estado por los anteriores gobiernos salvo desde las presidencias de Chávez y del que hoy detenta abusivamente el poder, y a los ciudadanos, al apuntar, por un lado, hacia la justa reclamación del Esequibo y, por otro lado, hacia la implementación de mecanismos operativos que garanticen la protección social de los venezolanos en medio de la emergencia humanitaria compleja en que se ha convertido la política de tierra arrasada por parte del chavismo, a pesar de sus ínfulas redentoras. Otros especialistas señalan que mientras Guyana ha aprovechado al máximo la tribuna de la ONU para mentir y poner a su favor la reclamación, Maduro ni siquiera mencionó el tema Esequibo durante su fugaz aparición en Nueva York.

Es verdad que son muchos los eventos significativos recientes en el plano internacional que han distraído del primer plano las negociaciones como una ruta para superar la tragedia nacional. La toma de control de Afganistán por el grupo talibán, la catástrofe humanitaria de migrantes de Centro América, de Haití, Venezuela y Cuba principalmente, hacia México y Estados Unidos. Pero el carácter ilegítimo de la presidencia de Maduro ha sido destacado con la posición valiente de mandatarios democráticos de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia y Chile al plantear dos opciones irreductibles, democracia y dictadura, durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y las denuncias contra el ilegítimo usurpador de la presidencia venezolana en la 76ª Asamblea General de la ONU en New York. Fue elocuente el vacío de la gran sala de sesiones durante el discurso televisado del dictador Maduro.  

Internamente, el más reciente informe de la ONU de septiembre de 2021 pone de relieve la violación sistemática de derechos humanos, la tortura como práctica perversa de terrorismo de Estado, desapariciones forzosas, persecución y detenciones arbitrarias de opositores al régimen y hoy, las amenazas, amedrentamiento y prisión ilegal de integrantes de organizaciones de la sociedad civil (ONGs) dedicadas a la defensa y protección de los ciudadanos ante un Estado forajido. Estos hechos ratifican la directa responsabilidad de altos funcionarios, grupos paramilitares y personeros del gobierno de facto de Maduro y sus acólitos en delitos de lesa humanidad.

También han repercutido la inminente extradición hacia Estados Unidos del barranquillero Alex Saab pese a las argucias jurídicas de la defensa para alargar el proceso y la detención inesperada del “Pollo” Carvajal en España, residente clandestino, no sabemos con qué dinero y fondos abundantes que le permitieron mudarse cada tres meses y mantenerse cómodamente escondido durante dos años, antes de ser apresado en Madrid, con ayuda de la DEA. La muerte del alto prelado de la Iglesia Católica, el Cardenal Monseñor Jorge Urosa Savino, agrava la indefensión de la ciudadanía, que pierde un vocero de excepcional calidad y compromiso apostólico.

¿Por qué no hay adelantos significativos para desnudar el horror y las mafias que sostienen a Maduro y su camarilla militar civil de corruptos y delincuentes? ¿Por qué parecen blindados y dominan las instituciones públicas o someten a los sectores privados a su férula bajo coacción y miedo u oportunismo pragmático? ¿Buscan una vez más los oficialistas ganar tiempo para seguir aferrados al poder? ¿Significa este empantanamiento una rendición de las fuerzas democráticas?

¿Por qué no se destaca explícitamente que los puntos de la agenda propuesta en el Memorando de Entendimiento revelan el carácter transgresor y excluyente de un gobierno de facto, que irrespeta todo lo establecido en la Constitución al eliminar los derechos políticos de los ciudadanos, que ha destruido el Estado de Derecho, que impone elecciones “amañadas” con trampas y ventajismo y con la “ilusión de ganar” de los opositores, que ha hecho colapsar servicios públicos e infraestructura, que ha instaurado una economía ilícita como fuente de financiamiento vinculada al crimen organizado internacional y que los ciudadanos en resistencia realmente somos las víctimas secuestradas de un Estado forajido?

¿Se puede negociar realmente con transgresores y criminales de lesa humanidad? ¿Qué podemos esperar en términos prácticos de las actuales negociaciones? No perdamos la esperanza.