viernes, 31 de marzo de 2017

Luisa Ortega Díaz: Sentencias del TSJ violan el orden constitucional


Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, denunció que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evidencian una violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución.
La funcionaria exhortó este viernes a los actores políticos a tomar los caminos democráticos y respetar las diferencias.
“Sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional (...) Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, expresó durante el balance de la gestión del Ministerio Público de 2016.
La funcionaria detalló que el año pasado hubo 2.441 funcionarios imputados por la presunta violación de derechos humanos.

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Capriles se reúne con Almagro para pedir aplicación de Carta Democrática


el Nacional

Henrique Capriles se reúne este viernes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington para pedir que los Estados miembros apliquen la Carta Democrática a Venezuela.
Capriles viajó de Colombia, donde estuvo este jueves para promover el envío de alimentos y medicinas a Venezuela, a Washington para abordar con Almagro la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las facultades de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, según explicó hoy un portavoz del gobernador a Efe.
Se espera que Capriles hable con la prensa para explicar el contenido de la reunión, según su portavoz.
El gobernador del estado Miranda (centro) estaba en Bogotá cuando trascendió la noticia de la decisión del Supremo, un paso que el opositor calificó de "Madurazo".
El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela pidió ayer, en declaraciones a la prensa, que la OEA convoque "de emergencia" a su Consejo Permanente para que aborde la situación en Venezuela.
Almagro solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El secretario general pide que se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), "así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela", según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso Efe.
Ahora está en manos de la Presidencia de turno del Consejo decidir si se convoca esa reunión y cuando, una responsabilidad que hoy tiene Belice pero a partir de mañana será de Bolivia, gran aliado de Venezuela y que se opone a que haya sesiones sobre el país sin el beneplácito de su Gobierno.
No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebrara la reunión, aunque sí podría intentar retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Desde este jueves, un amplio grupo de países de la OEA negocia la convocatoria de un Consejo Permanente urgente, pero todavía no se han puesto de acuerdo al respecto, según fuentes diplomáticas consultadas por Efe.
Almagro dio hoy el paso formal de pedir un Consejo urgente tras calificar ayer de "autogolpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento.



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Las claves de la decisión del Supremo: Maduro tendrá en sus manos todos los poderes del Estado

ABC

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro concentra ahora todos los poderes en Venezuela, desde el Ejecutivo y el Militar, hasta el Judicial y el Legislativo, después de la última decisión del Tribunal Supremo, considerado cercano al Gobierno, asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional.
Esta decisión refleja una nueva escalada en la crisis política que sacude el país petrolero desde la victoria de la oposición antichavista en las elecciones parlamentarias a finales de 2015, por primera vez en 17 años.

Desde enero de 2016, el Tribunal Supremo declaró nulos todos los votos de la Asamblea Nacional, en respuesta a la investidura de tres diputados antichavistes cuya elección fue salpicada por la sospecha. Desde entonces, ha continuado recortando el poder de los legisladores. Estas son las claves del panorama que deja la nueva sentencia:

¿Qué busca Maduro?

Quitar todo el poder al Parlamento, donde la oposición tiene mayoría. Maduro quiere evitar por todos los medios la celebración de elecciones por la que está presionando fuertemente la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, más allá del aspecto político e institucional, la decisión del Supremo permite al Gobierno Nicolas Maduro eludir al Parlamento en materia económica. Por lo tanto, no será necesario que el Ejecutivo obtenga la aprobación de los parlamentarios a la hora de firmar contratos de servicio público con Estados o empresas extranjeras, ni para la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

¿Cómo afectará la asunción del poder legislativo por el Supremo?

Controlado por Maduro, evitará que salga adelante cualquier medida que cuestione al régimen. Es lo que ha estado haciendo durante los últimos 15 meses, en los que ha frenado 46 propuestas legislativas de la Asamblea.
Por ejemplo, en abril de 2016, el Supremo rechazó la iniciativa de la Asamblea Nacional de recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro de 6 a 4 años, mientras que en en noviembre de 2016, el Supremo prohibió al Parlamento realizar un juicio político contra Maduro por su responsabilidad en la crisis que vive el país. La oposición denunció la ruptura del hilo constitucional en Venezuela tras la suspensión de los trámites para el referendo revocatorio que impulsa contra el gobernante chavista.

¿Qué división de poderes hay en Venezuela?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla cinco poderes -Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral-, que tienen el mismo peso e importancia dentro de la estructura del Estado.

¿Cuáles son las atribuciones de la AN?

Según la Carta Magna, puede legislar en materias de ámbito nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder; proponer enmiendas y reformas constitucionales; organizar y promover la participación ciudadana; decretar amnistías; discutir y aprobar el presupuesto; y votar la censura del vicepresidente y los ministros.

¿Quién forma y qué hace el Tribunal Supremo?

Formado por 32 magistrados, tiene la potestad de declarar si hay o no motivo para el enjuiciamiento del presidente y los ministros. Decide sobre conflictos de poderes nacionales, regionales y locales, y estudia recursos de interpretación sobre contenido y alcance de las leyes.
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REVALIDAR LA UNIDAD

JEAN MANINAT

Del proceso de validación que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dilatar la realización de las elecciones regionales que había pautado -ya retrasadas- para el primer semestre de este año, quedará patente el extraordinario coraje de la oposición democrática para no dejarse intimidar por un gobierno que trastabilla dando manotazos a diestra y siniestra.
En realidad, más a siniestra que a diestra, en su propósito de no enmendar su torpe gestión, avocada a desenterrar recetas económicas fallidas y desechadas hasta por sus más cercanos valedores. (Los pocos que van quedando en el barrio regional).
Ciertamente, el proceso de validación no culmina todavía, y el CNE es una caja de Pandora eficaz para hacer saltar prodigios arbitrarios, a fin de torcer la voluntad democrática de los venezolanos. Pero, hasta a los más duchos prestidigitadores se les escapa de la chistera un gato macilento disfrazado de liebre, para enojo de los dueños del circo de carpa remendada. El tiro les salió por la culata, corre el refrán como un saltaperico entre las botas de los mandamases.
Del proceso para validar también surge un nuevo posicionamiento de los partidos políticos de la oposición que a nadie debe alterar -más allá del natural entusiasmo partidista- y que no debería alentar la confección de nuevas y oscuras leyendas  para desmerecer los resultados. Al fin y al cabo, se trata de una pole position para calentar los motores en vista de una carrera de obstáculos que se anuncia extremadamente difícil, en un circuito largo y tortuoso trazado arbitrariamente por sus dueños circuns­tanciales.
Lo peculiar del evento que se avecina es que ninguna escudería, por sí misma, está en capacidad de llevarse el trofeo sin el apoyo de los otros concurrentes. En realidad, se asemeja más a una carrera de relevos, donde los competidores de un mismo equipo corren con denuedo sus trechos establecidos, se pasan el testigo esforzadamente, hasta que el más rápido corona la meta en nombre de todos.  
Todos ganan, nadie pierde. ¿Quién es el más rápido de los contendores en un mismo equipo? Sólo las eliminatorias previas irán perfilando a quien le toca hacer el esfuerzo final para lograr el triunfo. Algo así como unas primarias, entre velocistas políticos.
Y si se nos permite seguir con el bisoño intento de equiparar el difícil ejercicio de la política con la cruenta disciplina del deporte: habría que tener un campo de entrenamiento común, con técnicos multidisciplinarios al servicio de todos -al menos en las destrezas básicas que debería manejar todo competidor democrático-, establecer una estrategia compartida que respete las habilidades de cada uno y de cada quien, y desanime las zancadillas entre bomberos para ver quien enciende el fuego primero y chamusca a todos antes de llegar a la meta.
El esfuerzo realizado por los militantes de los partidos que asumieron el reto de validar sus colores, y de quienes los apoyaron desde la acera independiente, merece una respuesta unitaria de sus dirigentes. Un plan de juego común que esté a la altura de esa fanaticada que no cesa de insistir valientemente en recuperar su democracia.
Revalidar la Unidad con la fuerza y el espíritu del 6D/2015, amarrar -con el apoyo y la presión internacional-  la reali­zación de las elecciones regionales este año y prepararse para ganarlas contundentemente, es el mejor homenaje que el liderazgo opositor le puede ofrecer, en este momento, a sus infatigables bases. 

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GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA

EL PAÍS DE URUGUAY

Los hechos de las últimas horas dejan en claro que estamos ante un quiebre institucional y ante una ola de represión incompatibles con las normas democráticas básicas.
La máscara ha terminado de caer. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, es una flagrante violación a la natural separación de poderes que debe existir en cualquier democracia. Es, además, una medida que venía siendo anticipada desde hace tiempo por el presidente Nicolás Maduro, que controla sin disimulos el organismo judicial, por lo que nadie con un mínimo de información y objetividad puede poner en duda que se trata de una medida impulsada por él.
Es el corolario de una espiral descendente al autoritarismo que viene padeciendo el país caribeño desde hace varios años. La permanente prepotencia y paranoia con la que el chavismo ha manejado el poder, nunca se llevó bien con las reglas mínimas de un Estado de Derecho. Y el hecho de haber perdido la mayoría en la Asamblea —un parlamento creado y organizado bajo las reglas que impuso el propio chavismo cuando era mayoría absoluta— nunca terminó de ser aceptado por el gobierno.
Esto se produce además en medio de una crisis económica y social que no tiene parangón en el continente. Los venezolanos hoy padecen carencias de todo, desde alimentos básicos hasta medicamentos, viven en un clima de violencia y delito a extremos inimaginables, sometidos a un régimen de terror y represión que ha provocado un éxodo masivo y desesperado de miles y miles de venezolanos. Los relatos e historias de los no pocos que han llegado hasta nuestro país son un reflejo doloroso e indudable de este drama.
Este acto desesperado es la consecuencia inevitable de un sistema socialista anacrónico y antinatural, que en todos los países donde se ha intentado imponer ha llevado al mismo inexorable resultado: escasez, miseria, violencia, autoritarismo y dictadura. Todo siempre justificado con similares argumentos huecos: el supuesto complot externo, ya sea del "imperialismo yankee", de "la derecha", de una "guerra económica" lanzada por fuerzas oscuras tan misteriosas como implacables.
Toda una gran mentira. Que el país con más riqueza en petróleo del continente deba importar el insumo, que una nación que tiene todos los climas y todas las bondades naturales no tenga para darle de comer a su gente, que un sistema político supuestamente diseñado para beneficiar a los más humildes sea un páramo de carencias y corrupción, solo se explica por la incompetencia crónica y la inescrupulosidad de sus administradores.
Muchos de estos temas son de resorte interno de los venezolanos y deben ser resueltos por ellos mismos a través de instancias institucionales. Lo que el resto del mundo no puede hacer es ser testigo silencioso de violencias y avasallamientos de derechos esenciales como los que estamos viendo hoy.
Por eso resulta doblemente vergonzosa la reacción de cautela del gobierno uruguayo. Un gobierno que ya ha dado muestras de timidez y falta de ecuanimidad en las relaciones con Venezuela que son tan indignantes como sospechosas.
¿Realmente necesita 24 horas el gobierno uruguayo para decir algo sobre lo que está pasando en Venezuela? ¿Somos tan diferentes al resto de los países de la región, que ya han reaccionado con natural inquietud ante lo que no se puede calificar de otra forma que un golpe de Estado? ¿Qué información adicional necesita nuestra Cancillería para definirse?
La realidad parece tener que ver con los frágiles equilibrios que azotan a esta administración frenteamplista, donde sectores minoritarios pero con fuerte capacidad de presión se dan el lujo de maniatar e imponer sus posturas a una mayoría de personas sensatas que ocupan cargos de responsabilidad institucional.
Solo así se puede entender que el canciller Nin Novoa haya tenido movimientos zigzageantes respecto a este tema como los que ha tenido en estos últimos días. Solo así se puede entender que el presidente Vázquez haya hecho declaraciones como las que hizo sobre la salud democrática en Venezuela.
Nada de esto es aceptable a esta altura. Los hechos de las últimas horas dejan en claro que estamos ante un quiebre institucional y ante una ola de represión incompatibles con las normas democráticas básicas. Que hay sectores políticos en Uruguay dispuestos a defender a Maduro y al chavismo a cualquier precio (o por algún precio que en algún momento se conocerá), es una realidad perturbadora pero aceptada. Pero que una mayoría de gente digna y con sensibilidad democrática que sabemos habita en el gobierno, acepte esa presión y no tenga valor para llamar a las cosas por su nombre, resulta desolador. Hay caminos de los que no se puede volver.

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Declaración del Grupo Ávila: las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Venezuela suprimen el estado de derecho

El Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017, ha suprimido el estado de derecho, lo cual afecta gravemente el orden constitucional de la República y el sistema democrático en Venezuela.
La Sentencia 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República persiste en el desconocimiento de la Asamblea Nacional y sus competencias, y reitera además la tesis del desacato, en una distorsionada interpretación del delito de desacato.
Calificar la actuación de los diputados que aprobaron el “Acuerdo de apoyo a la reactivación de la Carta Democrática Interamericana” aprobado recientemente por la Asamblea Nacional como traición a la patria, así como limitar el goce de su inmunidad parlamentaria, por considerar que la misma no puede amparar delitos, violenta atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional y constituye una decisión inconstitucional que podría conducir a que los diputados de oposición sean enjuiciados y hasta encarcelados.
La decisión otorga igualmente poderes ilimitados al Presidente de la Republica, a quien le “ordena” tomar todas las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción, autorizándolo además a revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; la Ley Contra la Corrupción; el Código Penal; el Código Orgánico Procesal Penal; y el Código de Justicia Militar), todo lo cual atenta contra uno de los principios legales más universalmente aceptados, el de que nadie puede ser juzgado por un delito que no esté previamente establecido en la ley.
Más grave aún es el contenido de la sentencia 156 de la misma Sala Constitucional, dictada para resolver una demanda presentada por un particular, que resuelve de mero derecho, es decir sin admisión de pruebas y violando el sagrado derecho a la defensa, mediante la cual decide "con carácter vinculante y valor erga omnes", con base solo en los alegatos de la parte demandante, declarar la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, y asumir con base a la misma las competencias de la Asamblea, mientras esta se encuentre en desacato, funciones ejercerá directamente o a través del órgano que este designe.
Con estas decisiones la Sala Constitucional del TSJ termina por suprimir el estado de derecho en Venezuela y afecta gravemente al sistema democrático del país, al atribuir al presidente mayores facultades de las que están previstas en la propia Constitución, y al asumir las atribuciones del poder legislativo legítimamente constituido, electo por una mayoría abrumadora del pueblo en diciembre de 2015.

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Declaración de Legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Otros Partidos uruguayos, sobre el Golpe de Estado en Venezuela
 
 
 
FRENTE AL GOLPE DE ESTADO A LAS INSTITUCIONES QUE VIVE VENEZUELA Y UN NUEVO ATROPELLO A LA ASAMBLEA NACIONAL, DECRETANDO POR LA FUERZA LA SUSTITUCION DE SUS COMPETENCIAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
 
Los firmantes, Legisladores de la República Oriental del Uruguay, Declaramos:
 
-           Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, el camino autoritario que recorre el Gobierno de Venezuela desde hace tiempo, está plagado de arbitrariedades, violación de la independencia de poderes, violación de DDHH, presidio político y desconocimiento de los pactos internacionales de vigencia de instituciones democráticas.
 
-           En estas horas, mientras la Asamblea de la OEA, convocada especialmente a efectos de analizar la grave situación política y social de Venezuela, el gobierno de ese país a través del Tribunal Supremo de Justicia, sucesivamente limita gravemente los fueros de los Legisladores y desconoce las potestades y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Estas potestades las asume el propio Tribunal.
 
-           Como consecuencia de este proceso identificamos reiteradas y flagrantes violaciones de los principios de los compromisos internacionales de vigencia del estado de derecho y la democracia, respeto y protección de los DDHH.
 
-           Expresamos nuestra plena solidaridad con la democracia venezolana, y advertimos la gravedad de la ruptura institucional que se verifica en ese país.
 
-           Expresamos nuestra plena solidaridad con la vigencia de los fueros parlamentarios de los Miembros de la Asamblea Nacional legítimamente electos.
 
-           Reclamamos la liberación de los presos políticos y el cese del hostigamiento y persecución a la ciudadanía y a la prensa.
 
-           Reclamamos de la comunidad internacional y especialmente de la regional y de sus órganos multilaterales un pronunciamiento expreso y contundente a la altura de la gravedad de los hechos que ocurren, así como la aplicación de los instrumentos que han sido creados para garantizar la plenitud democrática.
 
-           Reclamamos al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez que instruya al Ministro de Relaciones Exteriores para que Uruguay promueva la aplicación de la Cláusula Democrática prevista en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos.
 
-           Expresamos nuestra solidaridad con la democracia, el pueblo y el Parlamento de Venezuela.
 
 
 
Montevideo, 30 de marzo de 2017.
 
 
 
 
Firmas:
Senadores y Diputados del Partido Nacional.
Senadores y Diputados del Partido Colorado.
Senador y Diputados del Partido Independiente.
Senador y Diputados del Partido de la Gente.
Otros Legisladores.

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Parlamento Europeo apoya a la Asamblea Nacional y rechaza autogolpe en Venezuela


Antonio Tajani , presidente del Parlamento Europeo. REUTERS/Yves Herman
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asume las funciones del Parlamento.
De tal manera Tajani mostró su solidaridad a los últimos acontecimientos ocurridos en el país, a la vez que anunció auto-golpe de Estado por el Gobierno de Venezuela. Asimismo recordó que la Asamblea Nacional es un poder totalmente legítimo, por lo cual puede llevar a cabo sus funciones para las cuales fue electo por el pueblo venezolano.
El titular del Europarlamento realizó dichas aseveraciones a través de su cuenta en la red social Twitter en donde expresa “@europarl_ES apoya la #AsambleaNacional, único poder ligitimado y denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen de Venezuela”.
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INTERNACIONAL SOCIALISTA:  Caen los últimos vestigios de la democracia en Venezuela

La decisión que viene de ser adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, declarando en desacato a la Asamblea Nacional de ese país, nada menos que al poder legislativo de Venezuela, al momento que también anuncia que asume a la vez las funciones de ese poder del Estado, es la negación misma, más que eso, es un golpe critico a los últimos vestigios de la democracia en esa nación latinoamericana.

La democracia es tal cuando existe una clara división de los poderes del Estado, lo que ya desde hace un tiempo considerable los ciudadanos de Venezuela venían observando como ésta se vulneraba, al tiempo que se iban restringiendo sus libertades y derechos, y profundizando las consecuencias de una grave crisis política, social, humanitaria, de seguridad humana y salud, que ha golpeado inexorablemente a los habitantes de ese país tras una gestión deficiente, autoritaria, centrada en ella misma, e indiferente al sufrimiento causado por sus acciones.

Cuando la opinión pública internacional ha estado conociendo de los esfuerzos de organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, para que prevalezcan en Venezuela un mínimo de referentes y de respeto a valores y principios que hoy se comparten, no solo por los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también a través del mundo, resulta hoy inaceptable para los demócratas de cualquier continente la concentración de poder que observamos en Venezuela, los abusos de las libertades y derechos de sus ciudadanos, la existencia de presos políticos y las carencias que golpean mortalmente a la población de esa nación todos los días. 

La Internacional Socialista, frente a la gravedad de lo que hoy sucede en Venezuela, condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del TSJ, cuya composición en las postrimerías del mandato de la anterior Asamblea ya había sido gravemente cuestionada y se suma a la demanda de las fuerzas democráticas de Venezuela para que se reestablezca de inmediato la división de los poderes del Estado en ese país establecidos en su Constitución. Hace un llamamiento a que se ponga fin al desconocimiento, trabas e impedimentos para que la Asamblea Nacional, electa por todos los ciudadanos venezolanos, pueda reasumir de inmediato sus labores legislativas con además el pleno reconocimiento de las inmunidades parlamentarias de sus miembros; a la inmediata liberación de todos los presos políticos que permanecen ya por años en las cárceles del régimen, ya que también no hay democracia cuando existen presos políticos; y a la formulación urgente de un calendario electoral, porque es el pueblo quien elige a sus líderes en democracia a través de elecciones que deben ser justas y libres y celebradas regularmente.
Hoy, cuando en las últimas décadas, finalmente, ciudadanos a través de los diversos rincones del planeta, otrora sin voz ni voto, entregan y legitiman con su voluntad y con su ilusión sistemas políticos que permiten construir y preservar la democracia, nadie en ninguna parte, tampoco en Venezuela, puede pretender escapar, ocultar y huir de sus obligaciones y reclamar que el resto del mundo no tiene derecho a entregar su opinión. 

El gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro tienen hoy una enorme responsabilidad y deben actuar hoy y no mañana.


30 de marzo del 2017

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CAMBIO SOCIAL

EDUARDO FERNANDEZ

En Venezuela hay una enorme cantidad de familias que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema. Esa realidad puede cambiar y debe cambiar en el menor plazo posible. No podemos resignar
nos a que más de la mitad de la población venezolana viva en situación de pobreza.

En Ifedec, instituto de carácter internacional y con más de 50 años de experiencia, dedicado a estudiar las políticas públicas que pueden ayudar a los venezolanos a vivir mejor, hemos analizado el tema de la pobreza y cómo superarlo.

Para superar la pobreza, hay que lograr un cambio político y un cambio en las políticas económicas. Con las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años se ha logrado que la pobreza crezca exponencialmente. Si se mantienen las mismas políticas, la pobreza seguirá creciendo.

La superación de la pobreza tiene que ser la prioridad nacional por tres razones: primero, porque es intolerable desde el punto de vista moral; segundo: porque es un obstáculo para el desarrollo económico y tercero: porque hace imposible la convivencia democrática.

En efecto, es un escándalo que un país como Venezuela con todo el inmenso potencial de desarrollo económico que tiene este país, mantenga a bastante a más de la mitad de su población en situación de pobreza y a un porcentaje escandalosamente elevado, en situación de pobreza extrema.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo supone una oferta de bienes y servicios cada día más abundante y un mercado consumidor cada día más amplio.

Los pobres no son consumidores. No tienen capacidad de compra. Por tanto, el crecimiento económico aconseja que superemos la pobreza para que aumentemos la capacidad de consumo de la población. Hay que convertir a los pobres en consumidores.

Por último, la racionalidad política aconseja la existencia de sociedades homogéneas e integradas. Un país fracturado socialmente como lo está la sociedad venezolana, con una minoría opulenta y una mayoría depauperada, no ofrece un ambiente propicio para el funcionamiento de una democracia sana y vigorosa.

Superar el problema de la pobreza supone asumir el compromiso de hacer de la educación la prioridad nacional. Para superar la pobreza tenemos que ocuparnos de llevar educación de calidad y, sobre todo, educación para el trabajo, a todos los ciudadanos, pero, particularmente, a los sectores más pobres.

De lo que se trata es enseñar a los pobres a dejar de ser pobres. Se trata de dotar a los jóvenes de las familias más pobres, de una capacitación que les permita acceder a un empleo productivo y bien remunerado que les permita mantener una existencia digna y contribuir con su núcleo familiar para que también ellos accedan a niveles de vida compatibles con su dignidad de personas humanas.

Eduardo Fernández
@EFernandezVE


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jueves, 30 de marzo de 2017

LA DESIGUALDAD SOCIALISTA
 
LUIS PEDRO ESPAÑA
 
EL NACIONAL
 
Durante mucho tiempo el gobierno se llenó la boca con las estadísticas de ingreso. Mientras duró la bonanza petrolera (esa que no dependió ni de las misiones sociales, ni de la productividad de los venezolanos y muchísimo menos de la política petrolera pro rentista de la que hoy denigran), los indicadores de ingreso familiar no hicieron sino mejorar. No solo aumentaba la disponibilidad, sino que también aparecían tímidas mejorías en los índices de la desigualdad.
Cada año por estos meses, casi que cada domingo, teníamos al profesor presidente (lápiz rojo empuñado en la mano izquierda), repasando cómo la curva de ingresos iba para arriba y la desigualdad, para abajo. Pero poco duró la dicha, aunque mucho la fanfarronería y hasta nuestros días la retórica propagandística. Ahora, cuando todos los indicadores se precipitaron, cuando incluso las tibias críticas de PNUD recién asoman haciéndonos descender en el Índice de Desarrollo Humano del puesto 71 (en 2014) al 64 en la última medición de 2015; no solo nos damos cuenta de que la caída del ingreso es hoy más que nunca una variable que depende de la renta, sino que, incluso en lo que es ya nuestra peor recesión de la historia petrolera, ha comenzado a aumentar de desigualdad.
El índice de Gini, ese que tanto nos explicaron como éxito del socialismo bolivariano, ha ido creciendo de manera importante en los últimos 3 años. Según los datos de Encovi la desigualdad ha aumentado de 39,7 en 2011 a 43,8 en 2016. Según los cálculos hechos desde los datos que aportan estas encuestas, la concentración del ingreso pasó de 29% a 32,2% para 10% de población con mayores ingresos, en el mismo período.
Esto es muy grave en un contexto de recesión. La crisis actual está ocurriendo con una profundización de la desigualdad, lo que deja en evidencia una dualidad sin precedentes. Nunca como hoy ese pregón de que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos ha sido cierto.
Normalmente, cuando hemos padecido otras crisis de ingresos, debido a la caída de los precios del petróleo, la desigualdad no aumenta. Ciertamente, el empobrecimiento es masivo y sus consecuencias, si bien se viven de modo diferente por los puntos de partida desiguales antes de iniciarse la recesión, nunca esas crisis “favorecieron” a algún grupo de la población. Lo que estamos viendo con este aumento de la desigualdad en contexto de recesión es la evidencia de una perversión, una infeliz distorsión que permite que una parte del país no solo viva de modo diferente la recesión, sino que incluso puede que se esté favoreciendo de ella. Y, lo que es peor, porque se benefician, hacen todo lo posible para que no se supere.
Lo que explicarían entonces este hecho inusual se encuentra en el diferencial cambiario. El control de cambio y sus métodos discrecionales de asignación, sus favoritismos y arbitraje subsiguiente son los que permiten que los actores favorecidos con estos privilegios reciban un subsidio indirecto millonario que los hace ganadores de la crisis.
Para que nos entendamos, hay una parte de venezolanos que viven bajo la esfera del dólar y de la utilidad cambiaria que realizan en el mercado paralelo, mientras que otra parte, la mayoritaria, la que no tiene o tuvo acceso a semejante subsidio, y que por lo tanto recibe el impacto directo de la inflación, es víctima o no tiene escapatoria frente a la escasez y, por consiguiente, vive injustamente el peso de la recesión.
Suprimir el privilegio de aquellos que están cercanos al gobierno y sus intereses sería una forma no solo de crear condiciones para recuperar una correcta asignación de incentivos para la recuperación económica, sino eliminar una de las principales fuentes de desigualdad en el país.
En este tránsito por lo insólito, este divorcio entre la realidad y el discurso, o la empecinada terquedad en seguir insistiendo en las mentiras suponiendo que se convertirán en verdades, se ha llegado al tope de la fantasía socialista: no solo no se logró ningún tipo de prosperidad, sino que, además, distribuyen de forma injusta lo poco que nos va quedando. Asistimos, en definitiva, al episodio cínico de la desigualdad socialista.
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Ramon Muchacho: Sentencia del TSJ pone todo el poder en manos de un hombre

El alcalde de Chacao dijo que el gobierno nacional busca eliminar la AN para pedir créditos en el exterior sin ninguna contraloría

Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), repudió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quitara todas sus funciones a la Asamblea Nacional y permita al gobierno de Nicolás Maduro tener facultades judiciales y económicas a discreción.
“Todo el poder y todos los Poderes Públicos en manos de un hombre”, indicó este jueves el mandatario local mediante su cuenta oficial en Twitter.
Muchacho considera que el objetivo del Ejecutivo es saltarse la contraloría de la Asamblea Nacional sobre sus gestiones en materia de contratación de empresas extranjeras y la solicitud de créditos en el extranjero.
“El gobierno está quebrado, ahorcado y asfixiado, y nadie le quiere prestar dinero fresco sin la aprobación del Parlamento, como debe ser”, agregó Muchacho.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia 156, publicada este miércoles que, mientras la AN permanezca en desacato, todas sus funciones pasarán a ser de la Sala Constitucional.

El TSJ considera que la directiva presidida por Julio Borges es ilegítima, debido a que su predecesor, Henry Ramos Allup, no desincorporó correctamente a los legisladores de Amazonas.

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Capriles denuncia golpe de Estado en Venezuela tras sentencia del TSJ

El gobernador de Miranda sostiene que la decisión de la Sala Constitucional desconoce el voto de millones de venezolanos

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, denunció golpe de Estado en Venezuela tras la sentencia 156/2017 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que asume por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido a la situación de "desacato" que persiste en la Asamblea Nacional.
“La última sentencia de la vergüenza de Tribunal desconoce la decisión de millones de venezolanos”, escribió en un mensaje en sus redes sociales.
El dirigente opositor, que se encuentra de visita en Colombia para solicitar alimentos y medicinas para Venezuela, agregó que hay que esperar la decisión que tomen los diputados de la Unidad: “No debe ser otra que defender el mandato que recibieron y la vigencia de la Constitución”.
La Sala Constitucional argumenta que la AN incurrió en desacato tras la juramentación de los diputados por el estado Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana.

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TSJ viola principios republicanos en sus dos últimas sentencias

Fortunato González, abogado constitucionalista, dijo que el Poder Judicial viola al menos tres artículos de la Constitución. El jurista Juan Manuel Raffalli considera que si se quisiera resolver el desacato, la Sala Electoral ya habría deliberado sobre el caso Amazonas 
 
El Nacional
 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratifica su violación a los principios republicanos y el estado de derecho en Venezuela en sus dos últimas sentencias. Abogados constitucionalistas coincidieron en que no solo se atenta contra la decisión electoral de los ciudadanos que votaron por una mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN), sino contra la estructura del Estado.
"La sentencia número 155/2017 ordena al presidente de la República Bolivariana de Venezuela (…), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, que tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.
El Poder Judicial incluso indica que “en el marco del estado de excepción y ante la omisión legislativa de la AN”, el Jefe de Estado puede “revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva”, incluido el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Militar.
Esta sentencia fue complementada con una segunda (la 156/2017), publicada este miércoles, que responde a un recurso de interpretación introducido sobre el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este artículo establece que toda creación de una empresa mixta –propiedad del Estado y empresas internacionales o privadas- debe ser aprobado por la AN.  La Sala Constitucional resolvió que mientras persista la situación de "desacato y de invalidez", de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por ella misma o “por el órgano que ella disponga”.
La generalidad de esta última decisión sobre la toma de funciones legislativas por parte del Poder Judicial causó reacciones en los parlamentarios opositores, quienes concordaron en que es un golpe al Parlamento y que se ratifica la dictadura en el país.
Los abogados constitucionalistas coinciden en que ambas sentencias son parte del plan que implementa el gobierno del presidente Maduro desde finales de 2015, cuando se designaron a los actuales magistrados bajo la mayoría chavista en el hemiciclo. 
Fortunato González, abogado constitucionalista, explicó que el TSJ tiene potestad de interpretar las leyes del país, pero no puede alterar los valores y principios de la Constitución.
“Son valores que definen el régimen republicano y se basan en el respeto a los cargos de elección popular y la independencia de los Poderes Públicos”, precisó el jurista. Estos valores están tipificados en el artículo 2 de la Carta Magna, en el que se establece a Venezuela como un “Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia”; el artículo 5, que señala “que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; y el artículo  136, en el que se dicta  que el Poder Público Nacional se divide en el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadanos y Electoral.
Al tener en cuenta que el TSJ se apoya en el estado de excepción como un recurso para otorgar facultades extraordinarias al presidente, González explica que este recurso se emplea de forma irregular por parte del Poder Judicial.
“La existencia de un estado de excepción debe aplicarse en 60 días más una prórroga del mismo tiempo, en ambos casos deben ser aprobados por la Asamblea”, señaló el abogado.
Todo comenzó con el “desacato”
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional porque asegura que el Parlamento desacata sus órdenes. Pero el detonante de su oposición al Legislativo lo basan en el caso de los diputados opositores de Amazonas.
Después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en la que fueron electos cinco legisladores por el estado Amazonas, la Sala Electoral del TSJ aceptó una demanda por supuesto fraude en el proceso electoral en esta entidad.
La Sala Electoral indicó que los parlamentarios electos estaban impedidos de asumir sus funciones y que, por lo tanto, no podían participar en las sesiones parlamentarias. La AN empezó a trabajar en enero de 2016 sin la representación de Amazonas. Al cabo de siete meses decidieron incorporarlos al no obtener respuestas del Poder Judicial.
En noviembre de 2016, la directiva presidida por Henry Ramos Allup notificó la desincorporación de los diputados con motivo del diálogo. Sin embargo, el TSJ consideró que tenía que hacerse mediante el voto en una sesión parlamentaria. Este año, bajo la dirección de Julio Borges se realizó como lo pedía el Poder Judicial, pero fue considerada como una acción nula porque debía hacerse con la dirección de Ramos Allup.
“Hay una intención deliberada desde el Tribunal Supremo y el Ejecutivo de que no haya una Asamblea Nacional, porque si no, habría resuelto el tema de Amazonas”, indicó el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli.
Raffalli consideró que las sentencias violan la voluntad de los ciudadanos al desconocer a la AN. Explicó que al no dar respuestas a la problemática electoral, el Tribunal Supremo se permite inhabilitar la función contralora del Parlamento y darle la potestad al presidente Nicolás Maduro de realizar operaciones sin la observancia parlamentaria.

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Diputados de la Unidad llaman a protestar contra "golpe de Estado"

“Sabemos que hay miedo, que hay represión, pero es el momento de ponernos de pie”, ratificó el presidente de la AN, Julio Borges

El Nacional

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática llamaron a acciones de calle tras la sentencia 156/2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que asume las competencias parlamentarias debido a la situación de "desacato" de la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, indicó que para este sábado habrá protestas y para la próxima semana se tiene planificada una gran manifestación.
“Sabemos que hay miedo, que hay represión, pero es el momento de ponernos de pie”, ratificó en rueda de prensa.
Borges denunció que la sentencia de la Sala Constitucional es un golpe de Estado y llamó a la comunidad internacional a "prender las alarmas" y ayudar a presionar al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la Constitución.
"Es un golpe de Estado con todas sus letras. Esto es una dictadura y el mundo nos tiene que ayudar a los venezolanos a prender todas las alarmas. Necesitamos la solidaridad de todos los países para que continúe la presión de todo el mundo democrático para realizar este año, como toca por Ley y por Constitución, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y también generales", agregó.
El presidente de la AN pidió a la Fuerza Armada Nacional que garantice la restitución del orden constitucional en Venezuela.
"No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional. No puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que los oficiales de la FAN sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia (...) Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución", sostuvo.


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FANB no puede seguir silente, dice Presidente de la Asamblea Nacional
 
 
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a que desconozca las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y que restituya el orden constitucional. Este pronunciamiento lo realizó después de que el Poder Judicial le atribuyera  en sus dos últimas sentencias las competencias al presidente Nicolás Maduro para saltarse las facultades contraloras del Parlamento.
"No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional. No puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Sabemos que los oficiales de la FAN sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia (...) Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, indicó este jueves Borges desde el Palacio Legislativo.
El presidente de la AN exhortó a los funcionarios militares a protestar junto con los ciudadanos contra el Ejecutivo nacional  y a que se unan a la exigencia de realizar elecciones en Venezuela.
Calificó de “golpe de Estado” la asignación “ilegal” de competencias jurídicas, económicas, administrativas y penales al Ejecutivo nacional.
“La diferencia de estas dos sentencias con las anteriores, es que estas le otorgan todas las competencias a Nicolás Maduro para hacer lo que le de la gana”, acotó el dirigente.
En la sentencia 155, publicada este martes, el TSJ indica que "en el marco del estado de excepción y ante la omisión legislativa de la AN", el mandatario nacional puede "revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva" incluido el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Militar. Luego de atribuirle estas funciones le brinda la posibilidad de saltarse los controles legislativos sobre la firma de contratos con empresas extranjeras, en la sentencia 156, publicada este miércoles

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COMUNICADO DE LA MUD SOBRE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 


1.La Mesa de la Unidad Democrática condena de manera categórica y denuncia ante el país y la comunidad internacional lo que considera un duro golpe a la democracia, asestado por el gobierno de Nicolás Maduro y los poderes públicos subordinados a él, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, contra el pueblo de Venezuela.
2.Esta nueva sentencia, inválida e inaceptable, deja clara la falta de independencia del Poder Judicial. En solo 3 días hábiles resolvieron un recurso que no está previsto en nuestras leyes para complacer al gobierno, mientras que después de más de un año siguen sin resolver la situación de los diputados de Amazonas para crear un supuesto desacato, el cual sirve de excusa para anular a la Asamblea Nacional y desconocer la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre de 2015.
3.Es mentira que el Tribunal Supremo emita órdenes a Maduro: por el contrario, sin dudas este fallo ordenado por Maduro, dictado por magistrados que no reúnen las condiciones para ejercer el cargo, muchos de los cuales han sido designados de manera inconstitucional, está destinado a silenciar a los diputados y a toda aquella persona o institución que difiera del “pensamiento revolucionario”, que para lo único que ha servido ha sido para incrementar a niveles nunca imaginados la inseguridad, la corrupción, la escasez y la pobreza.
4.Lo grave es que, además, esta sentencia insólita insta al Presidente a desconocer la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución, cuyo fin es, precisamente, proteger a los diputados de los ataques del Gobierno y por tanto asegurar su representación al pueblo soberano que los eligió.
5.La inmunidad de los diputados es la garantía de pluralismo y contrapeso entre los Poderes Públicos. Es inaceptable utilizar la falta de autonomía de los Poderes Públicos y de dignidad de quienes los dirigen para aferrarse al poder a costa de las necesidades del pueblo.
6.Este Gobierno agoniza y por eso recurre a este tipo de medidas desesperadas. Eso explica que, mediante esta aberración jurídica, la Sala Constitucional inste al Presidente a revisar leyes de contenido penal e incluso militar bajo la figura del Estado de Excepción por conmoción interna, para arremeter con más frontalidad y descaro contra la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y el liderazgo de la Unidad. Esta es una nueva manifestación del estado de anormalidad constitucional que ha permitido la complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para atentar contra el Poder Público de mayor representatividad democrática.
7.La Carta Democrática Interamericana es un instrumento normativo que obliga a la República pues fue suscrita por Venezuela bajo la Presidencia de Chávez en 2001. Venezuela ha requerido su aplicación en varias ocasiones. Pretender que invocar ese instrumento y su aplicación es un acto delictual o una traición a la patria es desconocer esa Carta y dar la razón al Secretario General de la OEA en su evaluación sobre la ausencia de democracia en Venezuela.
8.Los efectos de este nuevo y deplorable fallo judicial dependen únicamente de su destinatario, Nicolás Maduro. Es el Gobierno quien da las órdenes y ahora debe decidir si ejecuta la torpe e inconstitucional decisión de apresar a los diputados que suscribieron el acuerdo parlamentario sobre la aplicación de la Carta Democrática, e, igualmente, debe decidir si aíslan al país del concierto internacional.
9.La sentencia inconstitucional que aquí rechazamos, más que afectar al Parlamento Nacional electo por el pueblo, concreta un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana. Por lo tanto, no estamos dispuestos a reconocerla ni asumirla.
La MUD ratifica el pleno respaldo a las constitucionales y soberanas actuaciones de la AN que avaló, mediante un acuerdo, el llamado de la comunidad internacional para que en Venezuela se celebren elecciones.

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Cardenal Baltazar Porras: TSJ nos lleva al despeñadero de la dictadura

El cardenal Baltazar Porras se pronunció este miércoles respecto a la sentencia que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limita la inmunidad parlamentaria y otorga además al presidente de la República, Nicolás Maduro poderes extraordinarios.
“Es una decisión que nos lleva al despeñadero de la dictadura”, dijo en declaraciones desde Mérida.
A juicio del cardenal Porras, la crisis que vive el país empeora cada día a consecuencia de “un sistema totalitario que nos lleva hacia ese despeñadero que es la dictadura, porque sencillamente no se quiere reconocer dónde está la soberanía, que reside en el pueblo que eligió una Asamblea Nacional”.
Además de ello calificó la decisión del ente judicial como inconstitucional y acusó al tribunal de querer hacer desaparecer a una AN electa por votación popular, lo que a su juicio “es negar la base fundamental de la democracia”.
En cuanto a la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cardenal Baltazar Porras manifestó que la misma causó una enorme tristeza en el corazón de todos los venezolanos.
“No es la manera de dirimir, estar de acuerdo o en desacuerdo, usando permanentemente el insulto y la grosería, porque lo que se quiere hacer valer la razón de Venezuela”, expresó Porras, al tiempo que recordó que el pueblo pide lo que está en la Constitución y no es otra cosa que elecciones.
De los comicios señaló que han sido aplazados de manera inconstitucional y arbitraria, por lo que no duda que esa dilación “es parte o buena parte del problema y la grave crisis que estamos viviendo”.
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PODERES DICTATORIALES

EMILIO NOUEL V.

Esta semana ha sido intensa en los espacios institucionales hemisféricos, y en particular, para Venezuela.

Nuestro país ha estado en el ojo del huracán. Su enorme crisis sigue dando de qué hablar. 

Una mayoría determinante en la OEA, la de los gobiernos que representan alrededor del 95% de la población del continente, decidió tomar al toro por los cachos, al asumir una posición clara sobre la situación que estamos viviendo, con vistas a adoptar medidas que presionen al gobierno venezolano para que permita elecciones democráticas, libere los presos políticos y respete la representación popular del parlamento y sus atribuciones constitucionales.

Sin embargo, en el plano nacional acaba de ocurrir un acontecimiento de suma  gravedad que viene a justificar con mayor fuerza la especial atención de  los países que integran aquel organismo internacional.

El Tribunal Supremo, apéndice sumiso del poder ejecutivo, como todos sabemos, emitió una decisión en el marco de un procedimiento, mediante la cual “ordena” al gobierno un conjunto de acciones o medidas, todas constitutivas de una suerte de carta blanca para hacer lo que le venga en gana, en todas las materias de la competencia del poder nacional, particularmente, en el campo legal nacional e internacional.

En concreto, se ordena al Ejecutivo nacional a que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como  también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar (…) todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”

Dicho en pocas palabras, al estilo nazi de comienzos de los años treinta del siglo XX, el TSJ otorga al presidente, a contravía del derecho, unas potestades  cara a un supuesto de estado de conmoción que solo existe en la mente retorcida del gobierno. Debo recordar que a Adolfo Hitler, en 1933, le otorgaron, a través de una ley habilitante, poderes similares, y ya sabemos a qué condujo tal proceder.

Si no había pruebas suficientes de que en Venezuela vivimos bajo una dictadura con apariencia de democracia, desde hace algunos años, ésta “bendición” o fundamentación “jurídica” del TSJ, lo confirma sin ninguna duda.

No es, por supuesto, la primera sentencia emitida por esa instancia jurisdiccional en la que se salta sin ningún pudor el ordenamiento constitucional vigente.

Ha sido una conducta reiterada y sistemática.  

En esta ocasión dan otra vuelta de tuerca, y de manera desembozada y sin miramientos formales, el  TSJ cooptado muestra su esencia real, su entrega al poder autoritario, evidenciando que no goza de autonomía e independencia algunas.

Con esa medida el gobierno pretende hacer creer al país y al mundo que está sometido a los dictados del derecho. Que solo obedece a los tribunales de la República.

Jugada ésta inútil, porque ya es vox populi, dentro y fuera del país, que la realidad es otra. Que en Venezuela la separación de los poderes públicos fue borrada en los hechos, y ahora, con la sentencia comentada, de manera formal.

La democracia venezolana viene siendo desnaturalizada, vaciada de sus contenidos sustanciales, desde hace más de una década.

Un fascismo de nuevo cuño militar-cívico ha ido avanzando progresivamente a través de instituciones nacionales levantadas durante varias décadas, demoliéndolas, con el propósito de instaurar un nuevo orden que no han podido consolidar, pero generando un enorme perjuicio a la sociedad a ojos vista. Un caos del que será difícil y costoso salir.

Con la decisión del TSJ comentada, a la OEA se le ha puesto en bandeja de plata la oportunidad de tomar la medida que corresponde, de conformidad con su ordenamiento jurídico vinculante para todos sus miembros.

Ahora, la condición de dictadura del chavismo no puede ser más evidente. Los poderes dictatoriales están claramente establecidos en aquel documento oficial. El que tenga ojos que vea. 

EMILIO NOUEL V.  

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OEA: SE ACABÓ LA INDIFERENCIA

TRINO MARQUEZ

Nicolás Maduro ha tratado de reeditar sin ningún éxito, casi sesenta años después, el épico enfrentamiento de Fidel Castro y los comunistas cubanos contra los Estados Unidos. Aquella batalla que la izquierda insurreccional y guerrerista latinoamericana vivió como un desafío sin precedentes contra la potencia del norte, fue vista con simpatía hasta por algunos sectores democráticos que quedaron postrados frente al magnetismo, siempre manipulador, de Castro.  Ese enfrentamiento se libró en el contexto de la Guerra Fría. Fue respaldado también por grupos de la izquierda norteamericana. Charles Wright Mills, un intelectual estadounidense muy influyente de la época, autor de Escucha, yanqui, apoyó a los guerrilleros que habían bajado de Sierra Maestra. Aunque  Cuba,  gracias a la claridad y tenacidad de Rómulo Betancourt, fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue objeto de un embargo por parte de las naciones del continente, la causa revolucionaria se ganó la simpatía de una inmensa cantidad de estamentos políticos que iban desde la izquierda radical hasta grupos del centro progresista.

        Este fenómeno se repitió en cierta medida, aunque sin el impacto mundial de la Revolución Cubana, cuando Hugo Chávez impulsó el proceso bolivariano. El comandante despertó cierto entusiasmo entre la alicaída izquierda marxista, desorientada luego del colapso de Unión Soviética y del derrumbe del socialismo en Europa del Este. Chávez, navegando en petrodólares, le inyectó una fuerza renovada al populismo de izquierda. Sus desplantes antiimperialistas despertaron admiración en grupos intelectuales y en partidos políticos de Latinoamérica y de otras regiones del planeta.

        El extraviado Maduro ha pretendido emular los desafueros de Fidel Castro y Hugo Chávez, sin poseer el carisma de esos dos dirigentes y en circunstancias totalmente diferentes. Maduro se imagina que se encuentra al comienzo de la era chavista, sin darse cuenta de casi dos décadas desde que su movimiento tomó el poder. Durante este largo ciclo se han producido numerosos cambios en  el continente. En todos los países se han producido transformaciones nacidas de las urnas electorales. La mayoría de las naciones han crecido e incorporado a los grupos más pobres y vulnerables de la población, a pesar de que ninguno ha disfrutado de los ingresos astronómicos generados por el petróleo. ¿Cómo puede Maduro explicar y justificar la miseria atroz que padecen los venezolanos, luego de que al país han ingresado más de un billón de dólares en un período tan corto?

        La payasada de la “guerra económica” es una mentira tan bufa que no engaña ni al diplomático más incauto, y ya sabemos que en política pueden perdonarse todos los errores, menos el ser ingenuo. La señora Delsy Rodríguez no asusta  ni convence a nadie. Su estilo destemplado servirá en la reuniones de la cúpula madurista, pero en foros internacionales donde las palabras hay medirlas con escalímetro, solo provocan estupor  e indignación.

        De la discusión que se libra en la OEA probablemente no salgan sanciones graves contra Venezuela. Ningún gobierno desea castigar a los venezolanos. Solo se busca que el madurismo retorne al camino democrático del cual se salió hace mucho tiempo. Las exigencias apuntan al rescate de la institucionalidad y la defensa de los derechos humanos: calendario electoral, liberación de los presos políticos y respeto a la autonomía y a las decisiones de la Asamblea Nacional. Nada extraordinario. Nada injerencista. Todo apegado a los cánones de la democracia más ortodoxa y convencional. Exigencias parecidas se les planteaban a las dictaduras militares que castigaban a la región hace algunas décadas. Al final, todas tuvieron que aceptar los reclamos de la comunidad internacional y de los grupos democráticos internos. Esto sucedió aunque el organismo hemisférico no tuvo una participación tan dinámica como ahora.

        Maduro no tiene más opción racional que aceptar las demandas de la OEA. Tendrá que proponer un cronograma electoral que incluya las ya vencidas elecciones de gobernadores, y los comicios para elegir alcaldes en 2017 y Presidente de la Republica en 2018. Eludir esta suerte, arrebatarles la inmunidad a los parlamentarios y convertirse en dictador puro y duro, con el barniz que le colcoa el TSJ, tendrá un costo muy elevado para quienes lo acompañen en esa aventura irresponsable, incluido el Alto Mando. Mientras más pronto acepte los términos de una negociación, mejor para él y sus aliados.

        @trinomarquezc

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miércoles, 29 de marzo de 2017

Sala Constitucional ordena revisar política exterior y define límites de la inmunidad parlamentaria

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado: "Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA".
La decisión ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y, en el marco del Estado de Excepción vigente; y ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional, igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país.
La Sala Constitucional del TSJ, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al Primer Mandatario Nacional que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han apoyado la posición de la República Bolivariana de Venezuela.
La Sala refirió que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes.

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martes, 28 de marzo de 2017

DICTADURA, TIRANIA Y AUTOCRACIA

Marta de la Vega

En ¿Qué es democracia? G. Sartori precisa que “El Estado dictatorial es el Estado inconstitucional, un Estado en el cual el dictador viola la Constitución, o escribe una Constitución que le permita todo”. La forma extrema de contraposición a la democracia es la autocracia, que “es autoinvestidura, es proclamarse jefe de sí mismo o encontrarse en situación de ser jefe por derecho hereditario”.
En la dictadura, el poder se ejerce como dominación centrada en la imposición unilateral de los dictados de un autócrata o de una minoría oligárquica, adjetivo este tomado de la Grecia antigua. Se trata del gobierno de unos pocos, que en general pertenecen a una misma familia, estamento o sector social, que no tienen ni los méritos ni la formación, ni la “virtud” como areté propia de la nobleza, es decir, de la aristocracia, que significa el gobierno de los mejores.
Por ello el régimen oligárquico fue en la Grecia antigua la negación o degeneración de la aristocracia. El poder dictatorial es ejercido sin posibilidad de disensos y de manera abusiva. La legitimidad, en el caso de una dictadura, está ausente, pues no resulta de una competencia equitativa a la que concurren rivales en condiciones iguales en la lucha por el poder, ni la legitimidad reposa en el acatamiento voluntario de las normas por parte de la ciudadanía ni en la soberanía popular.
J.J. Rousseau, en el Contrato social, también se refiere a la dictadura y a la tiranía Todos estos regímenes son una degeneración del sistema político y en particular del Estado. Para él, hay dos vías por las cuales un gobierno degenera, cuando se disuelve el Estado.
La primera, “cuando el Príncipe no administra el Estado de acuerdo con las leyes y usurpa el poder soberano”. Ocurre entonces “un cambio notable pues no es el gobierno el que se concentra sino el Estado (…). Este se disuelve, siendo reemplazado por los miembros del gobierno únicamente, el cual se convierte en dueño y tirano del pueblo”. Es la apropiación del Estado por parte del gobierno, cuyos miembros o instituciones usurpan las estructuras del Estado.
La coacción ilegítima se convierte en instrumento para mantenerse en el poder. Roto el pacto social, el hilo constitucional es destruido. “De suerte que en el momento en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social se rompe, y todos los ciudadanos, al recobrar de derecho su libertad natural, se ven forzados, pero no obligados, a obedecer”, agrega Rousseau. Impera el poder del más fuerte, no la autoridad del más idóneo para gobernar.
La segunda, “ocurre cuando los miembros del gobierno usurpan por separado el poder que deben ejercer en conjunto”. Tal caso es, para Rousseau, “infracción de las leyes no menor y que produce mayores desórdenes”.Es cuando uno de los poderes se impone sobre los demás o por encima de uno de ellos y los subordina a sus propios intereses o los de su facción.
Así hipertrofia y desvirtúa sus funciones como cuando el poder ejecutivo busca subyugar al legislativo que, de acuerdo con Rousseau, es el poder más importante, y en esta intromisión usurpadora es secundado por otro de los poderes públicos, el poder judicial.
¿Cuándo un gobierno degenera en tiranía? Según Rousseau “tirano es el rey que gobierna con violencia y sin miramiento a la justicia y a las leyes”. Y añade: “En la acepción precisa del
vocablo, tirano es un particular que se abroga la autoridad real sin derecho”, como lo explicaron en la antigüedad los griegos, fueran príncipes buenos o malos pero cuya autoridad no era legítima. Y concluye: “Tirano y usurpador son, pues, perfectamente sinónimos”.
Las consecuencias son funestas y trágicas para la sociedad. Abandono de obligaciones de Estado como asegurar salud, alimentación y seguridad, que cobra innecesarias muertes en Venezuela. ¿Nos dicen algo estas palabras de 1761 para entender el régimen presidido por Maduro?

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