SOBRE DIÁLOGOS, NEGOCIACIONES DE PAZ Y TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA

TULIO HERNANDEZ

I. La manifestación que veo arruga el alma. Son unos treinta hombres jóvenes, en su mayoría morenos de aspecto indígena. Todos en sillas de ruedas. Reunidos en círculo, corean consignas. Todos mutilados. A unos les falta un brazo. A otros una pierna. A varios, las dos. Al de la izquierda, la pierna y el ojo de un mismo costado. Las consignas que corean exigen o —digamos mejor— imploran el fin de la guerra entre sandinistas y contras que desangra a Nicaragua.

Estamos en 1988. La escena ocurre en las afueras del Hotel Camino Real, en Managua, donde dialogan representantes de ambos bandos. Por primera vez se reúnen en territorio nicaragüense intentando poner fin al conflicto bélico que ya ha dejado 28 mil muertos en un país cuya población no llega a cuatro millones. Detrás están, de un lado, Fidel Castro y la URSS. Del otro, Ronald Reagan y el Pentágono.

Me acerco a preguntar. Me explican: son víctimas del conflicto sin distinción alguna. Están juntos soldados que lucharon en el frente sandinista con otros del lado contra. En este orden: un sandinista, un contra; un sandinista, un contra. Algunos, los que aún las tienen, se toman de las manos. Las levantan juntas en señal de unidad. Que termine la guerra es lo que piden ambos. Que ellos son los que ponen la sangre. No los jefes que adentro negocian protegidos por el aire acondicionado.

II. Así ha sido siempre. Al final, después de las matanzas y los abusos de poder en las guerras fratricidas, cuando ninguno de los bandos triunfa, no queda otra que sentarse a negociar. Incluso cuando un bando logra aplastar al otro, como los franquistas a los republicanos en España. Una vez que murió Franco todos los actores políticos, incluyendo el Partido Comunista y los propios franquistas, tuvieron que sentarse a pactar una razonable transición a la democracia.

También al fin de algunas dictaduras, tragando amargo, los demócratas tienen que aceptar negociaciones con una casta militar que exige mantener una buena cuota de poder. Aunque no siempre las negociaciones triunfan. Países como Colombia han visto a varios de sus gobiernos intentar negociar el desarme con la guerrilla, pero, aunque Santos parecía haberlo resuelto, todo indica que el conflicto sigue encendido y los guerrilleros divirtiéndose.

Claro, hay finales de dictaduras que no ocurren por negociaciones. Ya cansados de esperar, a los treinta años de la de Trujillo, un comando armado esperó a ‘Chapita’ en una autopista, lo cosió a balazos y terminó la pesadilla. La salida de Pérez Jiménez tampoco fue ‘conversada’, ocurrió luego de un levantamiento militar y una insurrección popular de civiles que hizo huir al felón por los cielos de Caracas. Tampoco lo fue la caída de Fujimori. El pionero de las tiranías del siglo XXI: aquellas que se construyen no por golpes de Estado sino vía elecciones.

Pero no todas las historias son felices, ni las transiciones exitosas. Recordemos, para no hacernos ilusiones, que muchos regímenes autoritarios siguen por décadas en el poder sin que diálogo ni levantamiento alguno los haga pestañear.

La dinastía de los Kim arribará pronto a los setenta y cuatro gobernando demencialmente en Corea del Norte. El comunismo cubano ya cumple sesenta y dos manejando a la isla como si fuese una prisión. Mugabe estuvo al frente de Zimbabue, por treinta años. Hasta el 2017.

Más cerca de nuestros tiempos tenemos a Putin, acumulando en dos períodos dieciocho años manejando la Federación Rusa. El mismo tiempo que lleva al mando en Turquía, pero de manera continua, la dictadura de Erdogan. Ortega, los supera. Arribará el próximo año a los veinte años secuestrando a Nicaragua. Son, sin embargo, dos menos que el chavismo que ya pasó las dos décadas y dos años sin alternancia en el poder.

III. Pero, a diferencia de su socio Daniel Ortega, que no volvió a sentarse con la oposición, Maduro y su equipo han retornado al diálogo. Lo hacen en territorio aliado y seguro para ellos: el México también pro cubano de Morena y AMLO.

Van a una conversación donde tienen la sartén por el mango. Y para recordarnos a todos que no andan solos por el mundo, llevan de espalderos a Rusia y Argentina. La oposición, un barco que navega con las velas descosidas, el timón roto y los capitanes en prisión o desterrados, también lleva quien le cuide las espaldas. Los Estados Unidos y unos cincuenta países, todos democráticos, que reconocen a Guaidó como presidente interino.

A diferencia del gobierno de facto, protegido por las armas de las FAN y la guerrilla colombiana, la resistencia democrática no tiene muchos más poderes que exhibir. Salvo los potenciales. Como la certidumbre, ratificada en los más serios estudios de opinión, de que la mayoría absoluta de la población repudia el régimen militarista.

Entonces, intentar responder a la pregunta “¿Qué va a salir como resultado de este nuevo intento de diálogo?” sería un acto irresponsable. A menos que se hayan cocinado unos acuerdos en blindado secreto, nadie puede decir a priori que todo está perdido para la resistencia democrática o que el diálogo va a traer de manera inexorable elecciones libres para que sean los ciudadanos quienes decidan el futuro de la nación.

En la partida todos ganan. El gobierno, porque, sin duda, mejora su imagen internacional prestándose al diálogo. La oposición más sensata, igual. Porque para ella es un deber, pero también una oportunidad, aceptar el diálogo que es una de sus propuestas políticas fundamentales.

La dirigencia opositora, además, tiene mucho menos que perder. Ya lo perdió casi todo: la legalidad de sus partidos, la libertad de sus líderes, el derecho a hacer política libremente en su país, más la reducción de la confianza de las propias bases de ciudadanos demócratas que esperan resultados y no los ven.

El esfuerzo mayor del gobierno estará centrado en postergar el tiempo que se pueda la discusión de una agenda electoral. El plan de Maduro es terminar en 2024 el período de gobierno para el que espuriamente fue electo. Mientras tanto irán haciendo correcciones para volver a ganar adeptos. Esa será la tranca fundamental. Porque si la oposición no logra un acuerdo con fechas para la realización de elecciones presidenciales libres, las mayorías sentirán que se perdió el tiempo.

Ese el riesgo. Después de seis intentos de diálogo, el fracaso mayor para ambos —gobierno y liderazgo opositor— es volver a salir sin resultado alguno. Para la dirigencia opositora porque perdería aún más credibilidad de la ciudadanía y le daría la razón al liderazgo radical que condenaba el diálogo. Y, para el gobierno, porque abre las puertas, de alguna manera legitima, a cualquier estrategia a futuro que se parezca más a la de quienes en otros países se cansaron de esperar y emprendieron la transición por vías diferentes a la pacifica y negociada.

Coda

Allá afuera, frente al Museo de Antropología de Ciudad de México, podría haber treinta o mas venezolanos en sillas de ruedas. Mutilados unos, desterrados, empobrecidos, enfermos, desnutridos, deprimidos o torturados, otros. Y, unos cuantos espectros, los de los asesinados por el Sebin, exigiendo —implorando, deberíamos decir— que termine esta guerra asimétrica y unilateral. El corazón se arruga. Por ahora, la opacidad es el futuro

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Vuelve la tarjeta de la MUD: Plataforma Unitaria anuncia que participará en las elecciones del 21N

EL NACIONAL

La ahora llamada Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos políticos de la MUD aliados de Juan Guaidó, confirmó la tarde de este martes que participará en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

MUD

Para ello, los partidos estarán integrados en la llamada «tarjeta de la manito», utilizada tradicionalmente por la Mesa de la Unidad Democrática. Los partidos confirmados que integran esta alianza son Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, el Movimiento Progresista de Venezuela y Convergencia.

«La plataforma unitaria de Venezuela se dirige al país a propósito de la convocatoria al proceso del 21 de noviembre del 2021. Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de elecciones regionales y municipales con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)», indicó la alianza en un comunicado conjunto que fue leído durante el anuncio.

Y añadió: «Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales. Nos mueve la difícil situación que atraviesa el país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos, y el propósito de fortalecer la unidad».

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Las cúpulas podridas

Paulina Gamus

Todos los regímenes autoritarios basan su aspiración de dominio absoluto en incentivar el odio contra sus oponentes reales o imaginarios. Podemos empezar por la Inquisición española o ir mucho más atrás, pero no es necesario viajar tan lejos. Comencemos por Adolfo Hitler y su ascenso político en la Alemania de 1933. Su objetivo de lograr la adhesión absoluta del pueblo alemán lo obtuvo creando la figura de la raza aria superior a todas las demás, y de las razas inferiores, comenzando por los judíos y luego eslavos, para seguir con los homosexuales, artistas degenerados y personas discapacitadas.

Siempre es importante recordar que la demencia de un individuo, transformada en fanatismo y locura colectiva, causó la muerte no solo de seis millones de judíos, como el grupo humano perseguido y aniquilado con mayor saña, sino también de 50 o 60 millones de personas, según las cifras menos pesimistas.

Stalin asesinó a millones –quizá más que Hitler– mediante las subsiguientes purgas contra «trotskistas», «enemigos del pueblo», «imperialistas», «derechistas» o «traidores a la madre patria». Su discípulo más aventajando, Fidel Castro, bautizó como «gusanos» a todos aquellos que se opusieron a su dictadura y huyeron de Cuba. En 1994, ocurrió en Ruanda la matanza de un millón de tutsis a manos de los gobernantes hutus. Estos utilizaron los medios de comunicación, pancartas y toda clase de medios publicitarios para llamar «cucarachas» a los tutsis, quienes debían ser aplastados como tales. Y así fue. Llegamos así a esa especie de fenómeno telúrico o error de la naturaleza, llamado Hugo Chávez. Toda su campaña electoral en 1998 y la etapa siguiente a su toma de posesión en febrero de 1999, estuvieron signadas por las acusaciones de corrupción contra los dos partidos que se habían alternado en los gobiernos de la era democrática, y luego por el insulto al llamarlos las «cúpulas podridas».

Más adelante, cuando ya había logrado la adhesión de una parte importante de la población, los adversarios pasaron a ser «escuálidos». Por suerte y gracias a la idiosincrasia venezolana, esa despectiva calificación no llegó a mayores y hoy nadie la recuerda. A fin de cuentas, en estos momentos, el 90% de los venezolanos somos escuálidos en el sentido más amplio y al mismo tiempo literal del término.

La convicción del 56% de electores que votaron por Chávez en diciembre de 1998, era: 1º que los gobiernos de Acción Democrática y Copei fueron muy corruptos y así mismo lo eran todos los dirigentes y hasta militantes de esos dos partidos. 2º Que la misión y propósito fundamental del nuevo gobierno y del hombre nuevo chavista, era acabar con la corrupción e iniciar una era de transparencia y honestidad administrativas.

Quizá muchos de los lectores recuerden que, al finalizar el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, por donde uno pasaba y había una enorme edificación o un centro comercial estos eran «propiedad de CAP». Así sucedía con las Galerías Preciado, en Madrid, con el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas y pare usted de contar. De su segundo gobierno, el acto de supuesta corrupción por el que fue enjuiciado y obligado a dejar la presidencia, fue el fallido intento de ayudar a la elección de Violeta Chamorro, en Nicaragua, con 17 millones de dólares. ¿Era rico CAP ? Vivió sus años de exilio en Miami en el apartamento de un amigo. Nunca tuvo otra propiedad que no fuera su casa de Oripoto en la que hoy vive su familia en estado de necesidad extrema. No tienen siquiera un vehículo para las diligencias más urgentes.

¿Fue rico Luis Herrera Campíns? Sus vecinos de Santa Eduvigis, en Caracas, lo veían con su carrito haciendo sus compras en el supermercado más cercano. Le robaron su viejo automóvil y no pudo comprar otro.

Es obligante reconocer que a la sombra de estos dos presidentes hubo funcionarios y negociantes que se enriquecieron, pero sus actos ilícitos jamás llegaron a los niveles de caída y mesa limpia de quienes han gobernado en estos últimos 22 años. Mientras ellos y sus descendientes exhiben con descaro sus fortunas mal habidas, un dirigente copeyano como Pedro Pablo Aguilar, quien ocupó altas posiciones en los 40 años de democracia, ha tenido –a sus 91 años de edad– que permanecer en la sala de emergencia de una clínica privada por no tener cómo pagar su ingreso a la misma. Otro importante dirigente, pero de AD, tuvo que vender su automóvil para subsistir unos tres o cuatro meses. La canallada de la mafia gobernante continúa con un afán de venganza contra los ancianos exdiputados y exsenadores de partidos políticos que ya apenas existen. Después de someterlos durante largo tiempo a la humillación del salario mínimo, decidieron aprobar un mísero emolumento de 120 dólares mensuales. Pero unos 40 jubilados, casi todos de AD, han sido excluidos de esa asignación.

¿Cúpulas podridas? Existe solo un país (salvo quizá el caso de Afganistán) en que sus gobernantes y enchufados se han robado miles de millones de dólares hasta dejarlo en la ruina y han destruido todo lo que no pudieron robarse: Venezuela bajo la tiranía chavo-madurista.

Paulina Gamus es abogada, parlamentaria de la democracia. 

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 SOCIALISMO FASHION

RAMON PEÑA

Bajo condiciones intencionalmente favorables del régimen, emergen en Caracas bodegones de lujo, pretendidas imitaciones de Fauchon de París,  Fortnum & Mason de Londres, Eataly de Nueva York, así como restaurantes y tiendas de alta pompa y precio. Inevitablemente, estos establecimientos  deslumbran por su contraste con las socializadas miserias y carencias de las grandes mayorías, la inseguridad alimentaria de adultos y niños, y el epidémico desastre sanitario.

Por supuesto, no hay nada punible en la existencia de tales establecimientos de esplendor. Son opciones para cualquier sociedad. En tiempos de la democracia existieron en Caracas y en el resto del país en todas sus modalidades, pero entonces estaban al alcance de una amplísima clase media trabajadora. Hoy, inevitablemente, subrayan la terrible estratificación social en la que ha derivado la que una vez se vendió como redentora revolución socialista.

Es la ilustración caribeña de la tesis de Milovan Djilas, ex miembro del politburó del partido comunista yugoslavo, quien, en su libro La nueva clase(*), denunció cómo el partido-estado gobernante abandona progresivamente la ideología y promesa de lucha por un mundo igualitario, que lo condujo al poder, y usufructuando el monopolio administrativo que detenta, genera beneficios que disfruta, casi con exclusividad, junto a una claque de allegados y enchufados.

Las revoluciones comunistas triunfantes dan origen a una nueva clase, ambiciosa de poder y riqueza, explotadora de sus semejantes. Hoy, en nuestro país, esa clase aspira engrosarse mediante una írrita “ley antibloqueo” que la faculta para reprivatizar a su antojo centenares de empresas expropiadas.

En el sistema comunista, agrega Djilas, el poder y el gobierno son idénticos al uso, goce y disposición de casi todos los bienes de la nación. Con los privilegios del poder se obtiene indirectamente propiedad. Un sistema ideal para quienes tienen el deseo de vivir como parásitos, a costa de otros.

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Cohabitación

         Ismael Pérez Vigil

Cada vez que se quiere criticar a la oposición mayoritaria −G4, Gobierno Interino, Gobierno de Guaidó−, a alguna de sus decisiones y en particular ahora al proceso de negociación iniciado en México, entre los calificativos destaca el término: “cohabitación”.

El concepto

Según el diccionario de la RAE el término tiene tres acepciones: 1. Habitar juntamente con otra u otras personas; 2. Hacer vida marital; y 3. Dicho especialmente de partidos políticos, o miembros de ellos: Coexistir en el poder. Cualquiera de las tres describe lo que se quiere decir e insinuar, especialmente la última, pues claramente lo que se quiere decir es que esa oposición: Coexiste en el poder con el régimen y −según algunos dicen− no desde ahora, sino desde siempre: Todo lo que esa “oposición” hace −dicen estos críticos− lo hace en función de esa coexistencia, de esa “vida marital” y es, por tanto, cómplice del régimen en todos los delitos y desafueros que se han cometido desde 1999.

Al calificar así a la oposición, no se busca caracterizarla o clasificarla en alguna de las mencionadas acepciones de la palabra; mucho menos redimirla, lo que se persigue es diferenciarse de ella; pero, por sobre todo, “calificarla”, mejor dicho: descalificarla.

Pero, aunque esta es una práctica de algunas personalidades y grupos muy minoritarios, esta manera de “diferenciarse” cierra puertas al diálogo, la convivencia, el entendimiento. ¿Quién puede querer dialogar, entenderse, con quien “cohabita” y es “cómplice” de un régimen, al que acto seguido se le acusa de delincuente, criminal, tirano, torturador o narcotraficante? Por supuesto él así calificado, tampoco está dispuesto para un diálogo. Aunque siempre es posible el “arrepentimiento” −dirán los críticos−, pero previa humillación y que bajen la cabeza ante quien se considera “puro o pura”, aquí vale usar el masculino y el femenino.

Pero el término, aparte de su propósito de descalificar, humillar, insultar, ser ofensivo, es poco feliz, para describir la situación que se quiere criticar, porque en Venezuela, con un estado y sector público tan poderoso, históricamente hablando, que controla todos los poderes y gran parte de la economía −cada vez más y la que no controla, la destruye− todos cohabitamos con el régimen.

Quiénes cohabitamos

Aparte de los empleados públicos −nacionales, estadales o municipales−, que reciben un salario del estado y claramente dependen de él; o los que contratan con el estado o alguna de sus empresas, sería interminable enumerar todas las actividades en las que interactuamos −o cohabitamos, como les gusta decir a algunos− con el régimen; por lo tanto, solo daré algunos ejemplos de carácter general, para aclarar el punto.

 

Por ejemplo, todo estamos sometidos al sistema de leyes y justicia del país, desde lo más simple, como respetar una señal de tráfico, hasta lo más complejo como pudiera ser introducir una demanda o apelación ante el TSJ, que es el que administra el  “sistema de justicia”; es decir, todos estamos sometidos a un sistema de leyes administrado por este régimen −aunque lo consideremos ilegítimo y el TSJ haya sido designado entre gallos y maitines, por la moribunda Asamblea Nacional del 2010− y quien no se someta, o quien no “cohabite”, es sometido por la fuerza, que además el régimen ha demostrado no tener reparos en utilizar.

Pero no solo quien hace negocios con el estado, o sus empresas, cohabita con él; también lo hacen los que deben obtener una autorización, por ejemplo, una “guía”, para mover mercancías de una parte a otra del país. O los que deben obtener algún tipo de permiso, de lo que sea, para vender mercancías o para exportarlas, o para expender medicinas, e incluso licores. Cohabita también todo aquel que arrienda un inmueble y va a una notaría pública a legalizar o autenticar ese contrato; o quien vende o compra una propiedad −un vehículo, una casa o apartamento, un terreno o una empresa−, y pasa por un registro público a asentar esa operación y, encima, le paga al estado una tasa y un impuesto por hacerla.

Cohabita todo aquel que obtiene −o acepta− un título de educación media, universitaria, de pre o post grado, que es emitido por el Ministerio de Educación o una universidad pública o aunque sea privada, pues igual tiene que “registrarlo”, bien sea para ejercer la profesión o para legalizarlo o “apostillarlo” para usarlo fuera del país.

Cohabitamos todos los venezolanos a quienes una oficina pública de tránsito −controlada por el régimen− nos expide una licencia de conducir; y naturalmente, todos los venezolanos o extranjeros que portamos un documento de identidad, que hoy día emite el SAIME, con el que circulamos por el país o vamos a un banco o a un registro a realizar alguna operación; ni que decir de los que buscamos un pasaporte nuevo o una prórroga del mismo, para viajar al exterior. Cohabitación, además de la de “apostillar” documentos, de la que no se libran ni siquiera los que ya no viven en el país, que además lo hacen en condiciones mucho más precarias y onerosas.

Y termino mis ejemplos con el más álgido, que algunos prefieren olvidar; es el caso de todo aquel que le entregue dinero al estado pagando el IVA y no se declare en “rebeldía” al respecto; o el que paga el impuesto sobre la renta, si aún es contribuyente o le presente una declaración al estado, aun cuando no tenga nada que pagar. O los que pagan derechos y tasas aduanales por importar mercancías o por usar los puertos nacionales. También lo hace el jubilado que recibe una pensión, aun mereciéndola por haber trabajado y ser su esfuerzo y ahorro de toda una vida, pues en este momento se la paga el estado.

En fin, creo que no necesito continuar; me parece que el razonamiento ya está claro, que ya todos me han entendido y no me hace falta abundar, porque la lista de las cosas en las que todos “cohabitamos” con el régimen es interminable; máxime en un país, como el nuestro en el cual muchas y muy variadas actividades están reguladas por el estado −desde siempre, pero exacerbadas con el socialismo del siglo XXI− en las que nos vemos obligados a “cohabitar”. De manera que, aquí, todos “cohabitamos”, con gusto o a regañadientes, incluso esos seres inmaculados y puros, que acusan de cohabitación a los demás.

Hay opciones y no excusas.

Algunos dirán que no queda alternativa, pues el estado está en capacidad de ejercer la fuerza para imponer sus condiciones a quien no lo haga; y ese es justamente el punto que olvidan los que hablan de la “cohabitación” de los demás, como si se tratara de un delito. Pero también olvidan que eso no es inevitable, pues la “cohabitación” finaliza cuando −de acuerdo a los ejemplos que empleé− se deja de pagar impuestos, u obtener y registrar documentos o de obedecer algunas de las leyes del estado y de aceptar el papel del régimen en alguna de las muchas actividades, las que he mencionado y las que no. Cuando así se haga, podremos hablar del fin de la “cohabitación” o de que esas personas, que así actúen, no lo hacen.  Pero eso, no está exento de consecuencias.

Por eso cualquier análisis sería incompleto si no se describe o propone alguna vía que permita superar la “cohabitación”; por ejemplo, la desobediencia civil y ciudadana; sin embargo, agregaré que eso es algo que no me corresponde y hay varios y poderosos motivos para no hacerlo. Primero, por una razón obvia de seguridad, pero sobre todo porque no voy pedirle a alguien que se enfrente a un régimen que no tiene escrúpulos en reprimir, como bien lo ha demostrado. No se puede pedir a nadie que tenga un alma noble y grande como Gandhi, que se tejía sus propias telas para no usar las inglesas o que, siendo abogado, se negaba a defenderse en los juicios que se le incoaban e iba a prisión después de decirle al juez que lo condenara y lo enviara a la cárcel, sentencia que él aceptaba únicamente porque obviamente el otro era el que tenía la fuerza, pero a quién él no reconocía su derecho ni su autoridad para aplicarla. Y segundo, porque no quiero facilitar las bravatas de quienes hacen llamados a la “rebelión” desde la seguridad de un teclado; algunos aseguran su disposición de participar en ella, incluso ofreciéndose a regresar al país para incorporarse a esa tarea, cosa que nunca ocurre, pues siempre habrá la excusa de que “yo me incorporo, cuando alguien lo organice… que no seré yo”

No, a nadie se le pide esta entrega y ascetismo gandhiano; o tomar una iniciativa de “rebeldía” como la que han tenido en muchos países los que se declaran en desobediencia civil contra dictaduras y gobiernos tiranos. Todos sabemos que hay sobradas formas de hacerlo; desde los casos recientes en países exsocialistas, o recordar lo que hicieron, por ejemplo, en muchos países en los años cuarenta, cincuenta y hasta sesenta, del siglo pasado, cuando obtuvieron la independencia de quienes los colonizaron durante siglos. Como parte de esa lucha por acabar con regímenes coloniales crearon “un estado dentro del estado” y la población se rebelaba contra el gobierno colonial y se sometía a las leyes, al sistema de justicia, al sistema escolar e incluso se casaban civil y religiosamente bajo el régimen y autoridades de los diferentes “Frentes de Liberación Nacional”, rechazando la autoridad y régimen del colonizador. (A los aficionados al cine les recomiendo ver “La batalla de Argel”, 1966, de Giulio Pontecorvo y música de Ennio Morricone, en donde esta lucha se ilustra magistralmente. Lo recuerdo solo a título de ejemplo)

Pero mientras nada de eso ocurra, usar el término “cohabitación” para calificar las acciones de los demás, no deja de ser un mero recurso retórico, efectista, de naturaleza politiquera, algo demagógico, con el que se persigue ofender o humillar, pero nada más.

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EL BOLÍVAR QUE ERA

      CARLOS CANCHE MATA

A Luis José Oropeza, gran y competente aficionado a la economía

Desde que en nuestro país la inflación aumentaba y subía escalas hasta ascender al indeseable trono de la  hiperinflación en noviembre  del  año 2017, el  bolívar  progresivamente  ha  ido dejando de cumplir en el sistema circulatorio  de la economía nacional, las tres funciones principales  del  dinero. Como medio de pago para comprar bienes y servicios y para saldar deudas, al perderse la confianza en el bolívar, las monedas y los cheques de éste, al igual que sus transferencias electrónicas, pierden aceptación, por lo que actualmente la gran mayoría de las transacciones (el 67%) en  el mercado, las hacemos preferentemente con el dólar.  Como unidad de  cuenta, para saber cuánto pagamos  y para la fijación de precios, primero se hace el cálculo en dólares y luego éstos se traducen en bolívares. Como medio para acumular valor, o sea, ahorrar, los venezolanos no recurren  al bolívar, sino al dólar. El economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, informó que la mitad de los depósitos de la banca privada están en moneda extranjera en las llamadas cuentas custodia, por lo que la dolarización transaccional está pasando a tener elementos de una dolarización financiera. Hay, pues, una dolarización de facto de la economía. Tenemos una nueva colonización, la colonización monetaria. Si no existiesen el dólar, otras divisas o la transferencia por Internet, tendríamos que volver, como en las economías primitivas, al trueque directo de mercancías.

Por la explicación anterior, es obvio que en los períodos de estabilidad económica el dinero mantiene su poder de compra, mientras que en los casos en que los precios de los bienes y servicios no son estables,  el poder de compra  del dinero aumenta o disminuye dependiendo  de si los precios bajan o suben; también esa explicación nos muestra al bolívar como una moneda, prácticamente, inútil. Anda dando tumbos, con apellidos cambiantes –bolívar “fuerte”, bolívar “soberano” y bolívar “digital”, a partir del próximo primero de octubre-, por lo que se podría decir que tenemos un bolívar que, por su resiliencia, continúa“insepulto”.

¿Qué había que hacer para que esa tragedia no ocurriera? La respuesta es clara: atacar su causa, es decir, atacar la hiperinflación. Desde los orígenes del capitalismo, se sabe que presenta oscilaciones periódicas de inflación y recesión, que se conocen como ciclos económicos. Disponemos ahora de dos herramientas fundamentales de política macroeconómica para controlar las graves inconveniencias del ciclo económico: las políticas fiscales y monetarias, dirigidas a controlar la demanda, que deben aplicar los gobiernos. Valiéndose de ellas, los Estados pudieron lograr en las economías de mercado un importante crecimiento económico en las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Si hay inflación/hiperinflación, la política fiscal del Estado sería el aumento de impuestos y la reducción de los programas de gasto –dos medidas restrictivas impopulares-, aparte de que el Parlamento puede tardarse en debatirlas y aprobarlas; por esas razones, al revés de lo que se pensaba en las primeras fases de la revolución keynesiana, los macroeconomistas hacen más hincapié en la política monetaria, cuyas medidas, a cargo de los Bancos Centrales, al poder adoptarse con rapidez, tendrían o tienen más eficacia contracíclica. ¿Cuáles son esas medidas si hay inflación/hiperinflación, como es el caso de Venezuela? Son cinco: 1) una de las llamadas   operaciones de mercado abierto que, en este caso, sería la venta de valores (bonos de gobierno o bonos emitidos por el propio Banco Central), que conllevaría una reducción de la masa monetaria; 2) no aplicar políticas de redescuento con los bancos comerciales o fijar un costo alto a la tasa de redescuento; 3) fijar un encaje legal alto a los bancos comerciales para así reducir la capacidad crediticia de dichos bancos; 4) fijar topes de cartera  limitando la actividad crediticia de los bancos comerciales; 5) fijar tasas de interés altas para reducir la disponibilidad de dinero y encarecer el crédito, contrayendo de este modo la demanda global de bienes y servicios y evitar así posibles presiones al alza de los precios.

¿Y qué ha pasado? Que las medidas de política fiscal (impuestos y gasto), que corresponden tomarlas a los que están al frente del poder ejecutivo (que aunque ilegítimos, lo ejercen porque tienen por la fuerza el control territorial del país), y del poder legislativo (también controlado por el oficialismo), no las han tomado; en tanto que las medidas de política monetaria, que corresponde tomarlas al Banco Central, tampoco las ha tomado, porque este es un organismo absolutamente subordinado al gobierno dictatorial imperante, sobre todo después de las reformas hechas a la Ley que lo rige, y, que, además ha financiado con emisión de dinero sin respaldo las políticas fiscales deficitarias del Ejecutivo (echándole al incendio inflacionario, la gasolina que no  hay  en las estaciones  de servicio del país), saltando por encima de la prohibición establecida en el artículo 320 de la Constitución, lo que para el chavomadurismo es lo de menos, puesto que la violación de la Carta Fundamental  ha sido y sigue siendo  un gozoso y congénito comportamiento suyo.

En vez de implementar un plan para derrotar la hiperinflación (o sea, acabar con la causa de lo que está pasando), el régimen ya ha realizado tres reconversiones monetarias (2008, 2018, 2021), con la eliminación de 14 ceros al bolívar, sin que se sepa cuánto ha costado traer monedas y billetes (“que quedaron para artesanías”, dijo el economista Ronald Balza con aguda mordacidad) para los sucesivos conos  monetarios. La nueva reconversión  monetaria  solamente servirá para simplificar y facilitar las transacciones y los sistemas contables, pero “volverán las oscuras golondrinas” con las alas de sus nuevos ceros.

Y, fuera de toda duda, ya el bolívar no es el bolívar que era.

Pido excusas a los economistas –soy un aficionado, un simple y fervoroso aficionado al estudio de la economía, lo que importa es el conocimiento, adquiérase en el aula universitaria o en la sosegada lectura hogareña-  les pido excusas, digo, por incursionar con mucha frecuencia en sus predios.

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La muleta militar

            Trino Márquez

Me parece llamativa la composición del más reciente gabinete ministerial designado por Nicolás Maduro, que ocurre en medio de las conversaciones entre representantes del oficialismo y la oposición, todos civiles. Diez de los treinta y cuatro integrantes del tren ejecutivo provienen del estamento militar, tal como con agudeza destacó Control Ciudadano, la organización no gubernamental dirigida por Rocío San Miguel. No se trata de despachos marginales, adornos en la estructura del gobierno, sino de ministerios fundamentales para la conducción del país, verdaderos centros  de poder que administran cuantiosos recursos.

         En el ya casi remoto pasado del período democrático, el Ministerio de Relaciones Interiores era conducido por un civil. Generalmente estaba en el cargo un miembro fundamental del partido gobernante. Un dirigente con aspiraciones y posibilidades de ser candidato presidencial del oficialismo. Se entendía que fuese así porque el jefe de ese despacho llevaba las relaciones con las instancias endógenas del poder nacional y con los factores y fuerzas sociales internas. El ministerio proporcionaba una plataforma para proyectar la imagen de estadista del titular y permitía que este conociera los intrínculis del Estado. La presencia de un líder  político en ese  era símbolo de la catadura civil del Estado y del Gobierno. Ni siquiera en los momentos más ásperos del enfrentamiento con Fidel Castro y la guerrilla que este promovió y financió, a Rómulo Betancourt o a Raúl Leoni se les ocurrió designar a un militar activo para esa cartera.

         Con el actual régimen se produjo un cambio radical. Los ministros del Interior, Justicia y Paz, como se les denomina desde hace algún tiempo, son militares activos, para que quede claro que el actual es un gobierno militar-cívico, en ese orden, a pesar de que a México sólo se trasladaron civiles en representación del Ejecutivo. Que no haya dudas ni nadie se haga el sorprendido. El despacho de Carmelitas se le concedió al almirante en jefe Remigio Ceballos como premio de consolación; no pudo desplazar del Ministerio de la Defensa al eterno y en apariencia imprescindible general Vladimir Padrino López. Antes había estado al frente la almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ahora aspirante a la alcaldía de Caracas.
         Con el almirante Ceballos hay que destacar un detalle: mientras ejerció el cargo de jefe del Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, fue sancionado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, por ‘violación de derechos humanos’, entre otras acusaciones.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz -tal cual lo destaca Control Ciudadano- es un bastión clave para el dominio de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Dependen de ese ministerio, entre otros órganos, la Policía Nacional Bolivariana, la supervisión de todas las policías regionales y municipales; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Nacional de Identificación, Migración y Extranjería; la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No es poca cosa la que maneja ese ministerio.

         Otro despacho emblemático, que en la era democrática estaba a cargo de un civil, es el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Por allí  pasaron figuras ejemplares como Ramón J. Velásquez  y Simón Alberto Consalvi. Con la nueva casta gobernante, el presidente electo en comicios populares designa como  su mano derecha a un militar, quien además  despacha directamente desde Miraflores. Fusión extraña. Podría decirse que servil. Para el cargo fue nombrado Jorge Eliéser Márquez, general de la Guardia Nacional, uno de los cuerpos represivos que con mayor brutalidad se ha ensañado contra los venezolanos.

En el Ministerio para el Desarrollo Minero se designó al almirante William Serantes Pinto. Con este nombramiento -de acuerdo  también con Control Ciudadano- se le otorga una parcela de poder económico clave al sector militar, fortaleciendo su control sobre la pequeña, mediana y gran minería, fundamental en esta etapa en la que Estados Unidos mantiene estrictas sanciones contra el gobierno de Maduro.  

Algunos de los otros ministerios en los cuales fueron designados militares como titulares son Agricultura y Tierras, Alimentación, Habitad y Vivienda, Obras Públicas y Energía Eléctrica. Esos nombramientos, desde luego, no se realizaron con la finalidad de elevar la eficacia de la gerencia pública ni la eficiencia del Estado. Es proverbial la ineptitud de los militares maduristas al frente de organismos y empresas del Estado. Vimos de lo que fue capaz el general Manuel Quevedo en Pdvsa: casi la quiebra. Los militares que han dirigido la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han sido de una ineptitud inaudita. La mayoría de las centenares de empresas estatizadas, que les han sido entregadas a militares activos o en condición de retiro para que las administren, se encuentran en bancarrota. Ninguno de los gobernadores que forman  parte de ese cuerpo se ha destacado por el brillo de su gestión. El manejo de los asuntos civiles les resulta extraño e incómodo.

En la militarización del Estado y el Gobierno también se evidencia el fracaso del PSUV y del proyecto hegemónico iniciado hace más de dos décadas, dirigido a destruir la democracia. Este dato hay que tomarlo en cuenta en México.

@trinomarquezc

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 CONTROLAR PRECIOS

ISAAC KATZ

Desde hace un año, el índice de precios de los bienes que componen la canasta básica de consumo ha aumentado más que el índice nacional de precios al consumidor. Para el mes de julio pasado, el incremento anual del primero fue de 6,8%, mientras que índice general aumentó en 5,8%. No hay duda de que la inflación daña a todos los consumidores pero este daño es mayor para las familias de menores ingresos, las cuales mantienen proporcionalmente una mayor parte de su riqueza en dinero que las familias de mayores ingresos por lo que, en proporción a su ingreso, pagan una mayor parte del impuesto inflacionario. La inflación, es por ello, uno de los impuestos más regresivos que existen. Más aún, el incremento en el precio de los bienes que componen la canasta básica de consumo hace que las familias de menores ingresos sean más vulnerables pudiendo caer, por lo mismo, en una situación de pobreza por ingreso. 

Ante esta situación, es común escuchar de parte de los políticos la exigencia de que el gobierno intervenga en los mercados imponiendo un “eficaz” control de precios. Los políticos, generalmente ignorantes de conceptos básicos de economía, también ignoran la historia. Los controles de precios son un ejemplo más de buenas intenciones con pésimos resultados y terminan dañando relativamente más a quienes supuestamente se quiere beneficiar, es decir, a los más pobres. 

Cuando el gobierno interviene fijando un precio por debajo del que se determina libremente en el mercado se dan dos efectos: aumenta la cantidad demandada del bien y se reduce la cantidad ofrecida es decir, el control de precios genera un exceso de demanda; los consumidores pierden por el simple hecho de que la cantidad disponible del bien disminuye. Pero además, este exceso se raciona de diferentes maneras de forma tal que el precio que efectivamente pagan los demandantes es mayor que el precio controlado e inclusive superior al precio libremente determinado en el mercado. 

Una primera forma de racionamiento es por tiempo: los consumidores forman una fila frente al establecimiento en donde se vende el bien. El tiempo empleado en hacer “la cola” tiene un uso alternativo y, en consecuencia hay un costo de oportunidad. Al tomar en consideración este costo, el precio efectivo que pagan los consumidores es mayor al precio controlado. 

Una segunda forma de racionamiento es lo que se conoce como “ventas atadas”. En este esquema se condiciona la venta del bien cuyo precio está controlado a que los consumidores adquieran otro bien cuyo precio está libre, aunque el demandante no lo desee. Ejemplos: “le vendo las tortillas y el papel para envolverlas sin importar que traiga su trapo”; “le vendo bolillos sí y sólo sí se llevan unas piezas de pan dulce”. 

Una tercera forma a través de la cual los consumidores absorben el daño de un control de precios es una reducción en la calidad del bien, mecanismo mediante el cual los oferentes buscan evadir el control. Ejemplos: “más agua a la leche”, “menos huevo en las pastas”, “menos jamón en las tortas”.  Una cuarta forma es que los oferentes, para evadir el control, cambian la presentación del bien, por ejemplos, bolillos más chicos o menos gas en los tanques. Otro efecto es la aparición de revendedores, quienes venderán el bien por arriba del precio controlado. 

Un efecto adicional del control de precios es que saca del mercado a los oferentes marginales para quienes, dados sus costos, ya no es rentable producir al precio controlado. Por ello, el control de precios tiende a generar mercados con pocos oferentes, mercados oligopolísticos que a la larga implican mayores precios para los demandantes. 

Ante un control de precios los mercados se ajustan y, excepto si se trata de un monopolio, los grandes perdedores invariablemente serán los consumidores. Políticos: absténganse de proponer tonterías.

Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (México) el 23 de agosto de 2021.

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 DE CULPABLES Y VICTIMAS

         RAMON PEÑA

Dos aspectos se subrayan en la reconquista de Afganistán por los talibanes: primero, las víctimas propiciatorias, que no son el gobierno afgano ni las fuerzas militares extranjeras, sino nada menos que las mujeres y niñas de aquel país. Segundo, a quién responsabilizar por este revés, con una opinión generalizada que, sumariamente, apunta al Presidente Biden.

Es oportuno recordar que las fuerzas estadounidenses entraron a Afganistán en octubre de 2001, no para enseñarles a los afganos como se vive en democracia, tampoco por compasión con las mujeres cuyos cuerpos y espíritus eran enrejados en siniestras Burkas. Lo hicieron porque el Afganistán de los talibanes era santuario de la banda Al Qaeda, ejecutora del mayor ataque sufrido por EE.UU. en suelo continental en toda su historia. La obligación moral de George W. Bush y sus sucesores en la Casa Blanca, era mostrarles a sus conciudadanos las cabezas de los causantes de aquel crimen y lo cumplieron. Y como objetivo complementario, apuntalar militarmente un gobierno que mantuviera a raya a los talibanes, lo cual, parcialmente, devolvió a las féminas afganas una vida de oportunidades.

Luego de 20 años, tras gastar un billón de dólares y la muerte de miles de soldados y contratistas, no se materializó un gobierno afgano estable. Cabe preguntarse: ¿De no retirarse ahora las fuerzas norteamericanas, cuál era la ocasión buena para hacerlo? En los estadounidenses crece el clamor contra las “guerras eternas en el Oriente Medio“ y  financiar gendarmerías situadas a 10 mil kilómetros de su territorio. A Joseph Biden solo le correspondió apagar la luz del aeropuerto, ahora queda por dilucidar una historia de dos décadas llena de contradicciones, autoengaños y sospechas de todo orden…

Más allá de estas consideraciones, el punzante asunto clave de este descalabro es la suerte de millones de mujeres y niñas afganas, un desafío y una amenaza latente para la humanidad entera.

 

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Críticas y Anticríticas de la Negociación.

         Ismael Pérez Vigil

Resulta inevitable referirse al proceso de negociación iniciado la semana pasada en México, entre el régimen venezolano y la oposición democrática. Como quiera que, del proceso como tal, es muy poco lo que podemos decir, me voy a referir, básicamente, a algunas de las reacciones que ha levantado esa reunión.

Todos los que estamos de acuerdo con la negociación ya lo hemos venido expresando por diversas vías: redes sociales, artículos de opinión, entrevistas en los pocos programas de radio o televisión a los que aún tenemos acceso. Algunos alaban sin miramientos, otros apoyan remolonamente, después de hacer algunas críticas; entre los “apoyos críticos”, aparte de algunos escépticos y desengañados por experiencias anteriores, hay críticas −muy duras algunas− que provienen de los que seguramente no se sienten representados por el sector opositor que negocia o porque en lo personal piensan que ellos merecían estar incluidos en el equipo negociador, aunque fuera como asesores. Yo me incluyo en el grupo de los que dejamos “colar” alguna crítica, por ese complejo intelectual de que siempre hay que criticar algo −con la “cortesía” y educación apropiada− pero, paso rápidamente y sin ambages a incluirme entre los que apoyamos sin mayores reservas la negociación y los negociadores.

Como quiera que son muchos los que apoyan y es imposible leerlos, resumirlos o nombrarlos a todos −con el peligro de dejar alguien afuera− prefiero no nombrar a ninguno, con dos notables excepciones a las que me referiré más adelante, y pasar de una vez a comentar algunos aspectos, no todos, de las críticas negativas. Pero debo decir, para sorpresa de muchos, que han sido más las voces a favor que las voces contrarias. Las críticas negativas son menos que las positivas, solo que, como es usual, son amplificadas por el régimen y mucho más ruidosas. A estas me referiré.

Disculpen la frase o lugar común, pero no se había “secado la tinta” del documento en el que pusieron sus firmas delegados y testigos y ya las redes sociales se desangraban en insultos, criticas e improperios acerca del contenido del documento firmado, los delegados, el país escogido y demás aspectos de lo poco que aún se conoce de la negociación.

Las críticas más furibundas de este sector provienen de algunos grupos, denominados −y autodenominados− radicales y de los que podríamos llamar sus mentores o asesores, de muy diversa procedencia y ubicación. Son muy activos en redes sociales y muchos en el exterior; algunos son “opinadores” individuales, de los tuiteros del “jajaja…” el insulto y la descalificación fácil, de los que se las ingenian para cometer varios errores ortográficos en tan solo 240 caracteres, a los que usualmente se limita su argumentación y pensamiento.

Hay que decir que las criticas provienen de grupúsculos, de escasa influencia en la población, pero muy influidos por ella y sobre todo por eso que se llama “opinión pública” y las encuestas. Dispersos organizativamente, pero unidos en torno a la idea de solo aceptar una salida del régimen aplicando una “fuerza”, que no terminan de definir y que por supuesto están en contra de la “traidora negociación en México” −como algunos la denominan− pues solo aceptan negociar con el régimen, para acordar su salida y rechazan por supuesto la participación electoral.

Los que se oponen a la negociación −cualquier negociación, valga decir− se oponen sobre todo a los términos concretos de la actual, especialmente al Memorándum de Entendimiento, que es el único hecho objetivo al que pueden echar mano. Vamos a examinar algunos de esos argumentos, algunas de las críticas −no todas− que se han formulado.

Reconocimiento del régimen.

Alguien puede explicar cómo se negocia con alguien a quien no se “reconoce”; ¿Se puede negociar con un gobierno usurpador, de facto, tirano, dictatorial sin reconocerlo? ¿Se puede negociar con un delincuente que tiene secuestrada tu propiedad o un familiar sin “reconocerlo” ?; más aún, ¿quién ha dicho que reconocer significa aceptar o estar de acuerdo?

Para complementar este punto sobre el “reconocimiento” voy a hacer la excepción, que mencioné más arriba, de citar dos artículos de notable interés, que resumen mejor el tema que cualquier cosa que yo pueda añadir. El Dr. Ramon Duque Corredor, bien conocido por todos, ha escrito varias cosas, pero especialmente hay un artículo que ha “corrido” profusamente por las redes, de largo título, que recomiendo leer: “No existe ningún reconocimiento a Maduro en el Memorando de Entendimiento suscrito en México el 13 de agosto de 2021”, publicado en La Patilla el 18 de agosto de 2021. (https://bit.ly/3mjmxJT, los que estén en Venezuela seguramente necesitaran un VPN para leerlo)

Pero la frase de oro, la que mejor define esta situación, de manera contundente, es: ““No negociamos con quién queremos sino con quienes tienen poder de ejecutar decisiones que nos afectan…”; es decir, no se trata del simplismo de “negociar con quien toma el teléfono en Miraflores”, como algunos tratan de desacreditar la negociación, se trata de hacerlo, con quien tiene la fuerza y ejerce el poder de facto y de afectar nuestras vidas. La frase, de oro, la tomo de un extraordinario escrito –“Como funciona la mediación” − de la Dra. Nelly Cuenca, cuyo escrito se ha difundido también por las redes, que no lo he podido encontrar publicado, pero que invito a todos a que lo busquen. Remata la Dra. Cuenca, de manera magistral: “Resulta obvio que Nicolás Maduro, que no lo buscamos para padrino de nuestros hijos y, más allá de si es legítimo para los chavistas o ilegítimo para la oposición, lo cierto es que tiene poder de decisión en la fuerza armada, tsj, ministerio público, contraloría, recursos públicos, etc.” Creo que no hay que argumentar más en torno a este tema del “reconocimiento”, que algunos han pretendido esgrimir como crítica para deslegitimar la negociación.

La fuerza del régimen

La última semana de mayo de este año, en un video que recorrió profusamente las redes, el presidente del régimen puso sus condiciones para sentarse a negociar en México; entre otras, estaban estas tres fundamentales: 1) El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas, unilaterales, contra Venezuela; 2) El reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional legitima y de los poderes establecidos; y 3) La devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a PDVSA, el BCV y otras. Nada de eso ha ocurrido y sin embargo sus representantes están sentados en la denostada y denigrada por algunos, mesa de negociación. Y además aceptaron varias condiciones, muy importantes, de la oposición, a las que me referiré más adelante.

En un artículo de hace dos semanas (https://bit.ly/3jBbLM4) insistí en el tema de la fuerza y debilidad de los negociadores, señalando que el régimen no es tan fuerte como parece o que la oposición no está tan debilitada y que se haya firmado ese Memorándum, así lo demuestra; si el régimen fuera tan fuerte, ¿Por qué accedería a negociar? Con intensificar la represión y mantener la fuerza, que sin duda la tiene, le bastaría, para controlar al país y mantenerse en el poder, no necesita hacer concesiones a un rival considerablemente más débil. Dada la “supuesta” fortaleza del régimen; ¿Qué lo lleva a aceptar esas condiciones y esa negociación? ¿Son las sanciones? ¿Es la presión internacional? ¿Es el resquebrajamiento del bloque de poder? ¿Es una mezcla de todo eso? Es importante profundizar en ese aspecto, para no cometer errores en la estrategia opositora y sobre todo para avanzar en el aspecto en el que la oposición sigue en deuda: la presión interna que debe desplegar, en favor de cualquier opción, participar o abstenerse, negociar o no hacerlo.

Legitimación.

En la filosofía del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, yo soy de los que lo ve medio lleno y entonces me parece muy bueno que el régimen venezolano, el gobierno de facto de Venezuela, el gobierno autoritario, la dictadura, o como la quieran llamar, haya firmado un documento, frente a testigos internacionales, en el cual reconoce, en paridad de igualdad a la oposición venezolana, y no cualquiera, a la oposición del llamado gobierno interino; y reconoce además que su régimen carece de algunos elementos fundamentales, que comprometen su gobernabilidad y legitimidad.

A muchos les molesta que en el memorándum de entendimiento se diga que el régimen vaya a obtener el levantamiento de las sanciones y la restauración de derecho a activos, que en este momento no tiene. Lo que no dicen, los que así piensan, es que a cambio de eso vamos a negociar: 1. Un cronograma electoral con observadores internacionales; 2. plenos derechos políticos para todos, que implica limpiar las cárceles de presos políticos; 3. que no haya inhabilitados, ni personas ni partidos; 4. que quien ejerce la violencia en el país, que es el régimen como todos sabemos, renuncie a ella y se comprometa a reparar a las víctimas de la violencia ejercida; y 5. que se dé protección social al pueblo venezolano y a la economía nacional, que permita atenuar la pobreza y miseria, sin servicios públicos, en los que viven millones de venezolanos.

Y todo lo anterior, en el contexto del respeto a la Constitución y el estado de derecho y bajo una condición muy importante, que no se ha resaltado suficientemente: Garantías; bajo garantías de implementación, garantías de seguimiento y garantías de verificación de lo acordado, que ya procurarán los negociadores que sea con garantes internacionales, a los que no se les olvide, como se les olvidó a los del acuerdo que se firmó bajo el manto de la OEA de César Gaviria, en el año 2003. No sé a Uds. pero a mí no me parece un mal negocio haber firmado ese Memorándum de Entendimiento.

Ganar tiempo.

Este es un argumento que muchos esgrimen y al cual me he referido otras veces. Siempre se dice que, con la negociación, o las elecciones, o lo que sea, lo único que se logra es que el oficialismo salga fortalecido y “gane tiempo”, para mantener el poder; y yo siempre me pregunto ¿Quién los estaba apurando? ¿Quién los estaba empujando fuera del poder? ¿Quién amenaza al régimen tan seriamente con desalojarlo del poder, como para que esté interesado en “ganar tiempo”? ¿Qué hubiera pasado si no firman la semana pasada? ¿Está semana alguien los sacaría del poder? ¿Quién? Creo que cometemos un error en ese análisis; lo he dicho otras veces, pensar que “ganar tiempo” es el objetivo del régimen, es alimentar la fantasía del fin inmanente e inminente, en la que hemos caído varias veces. El régimen tiene todo el tiempo que necesita, nadie lo está apurando, nadie −que represente una amenaza real− lo está empujando para que se vaya. No nos engañemos, si hay algo que le sobra al régimen es tiempo.

Somos nosotros, en la oposición, los que tenemos que recuperar el tiempo que hemos desperdiciado en disputas internas y estériles, por el poder en la oposición, por el liderazgo, descabezando inmisericordemente a cuanto líder aparece y levanta la cabeza. Antes hablé de la supuesta fuerza del régimen, pero no mencioné nuestra debilidad, de la que he hablado en otras ocasiones. Creo que ambas partes acudimos a México debilitados, pero sin duda, somos nosotros la parte más débil; apenas podemos mostrar los números de algunas encuestas, pero que no se reflejan en un sólido apoyo interno y en capacidad de movilización.

Concluyo este examen, pero dejo para otro momento, para otro artículo, la referencia al divertido argumento de la “cohabitación” y paso a formular alguna conclusión y advertencia.

Conclusión y advertencia.

Dije al principio que no haría ninguna crítica al proceso negociador, con las que ya han hecho otros, unos de buena fe y otros de mala fe, es suficiente; pero, si creo que es sano hacer una advertencia: No podemos lucir exultantes o jubilosos, pero mucho menos generar falsas expectativas. No va a ser una negociación corta, ni fácil. No se van a resolver en ella los problemas del país. No estamos a punto de tomar el poder. De ella seguramente no surgirá la renuncia del presidente y todo su tren de gobierno. No confundamos la retórica política y las aspiraciones con la realidad.

La negociación lo que si puede es ayudar a fortalecer a la oposición, en consecuencia, debilitar al régimen y pavimentar un camino de esperanza, el que comencemos simultáneamente con un proceso de consulta y movilización interna, empezando por los activistas de partidos políticos e integrantes de los grupos de la sociedad civil, que continúen con el proceso de movilización y motivación de la población opositora, y de todo el país, señalando que si hay una esperanza para la superación de este régimen de oprobio.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

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