jueves, 31 de agosto de 2017

Rankings de odiosidad para la deuda pública

RICARDO HAUSMANN

PROJECT SYNDICATE

El viernes 25 de agosto, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Venezuela que limitan la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro y su petrolera nacional, Pdvsa, emitan nueva deuda en los mercados de capital estadounidenses. Las sanciones se impusieron en respuesta a la elección inconstitucional y fraudulenta, organizada por el gobierno, de una asamblea constituyente, y al cierre de facto de la Asamblea Nacional, que había sido elegida de manera constitucional con amplia mayoría opositora.
Si los mercados financieros funcionasen bien, hace mucho tiempo que el acceso a los mercados financieros por parte del régimen de Maduro se habría cerrado. El hecho de que esto no haya ocurrido no solo ha golpeado los sentimientos morales de muchos, sino que también ha revelado la existencia de un defecto fundamental en la arquitectura institucional de los mercados de deuda soberana. Pocas cosas buenas saldrán de la catástrofe económica de Venezuela, sin embargo, una consecuencia positiva podría ser una reforma que ponga a dichos mercados en un pie financiero –y moral– más sólido.
Toda deuda entraña el compromiso por parte del prestatario de repagar lo que ha recibido, con interés. En el caso de deuda pública, el principio de pacta sunt servanda implica que los gobiernos futuros tienen la obligación de respetar los compromisos adquiridos por sus antecesores. No obstante, como en 1927 lo sostuvo Alexander Sack, este no debería ser siempre el caso para los gobiernos posteriores: "Cuando un régimen despótico contrae una deuda no en pos de las necesidades o de los intereses del Estado, sino para fortalecerse a sí mismo, reprimir una insurrección popular, etc., esta deuda es odiosa para la ciudadanía de todo el Estado".
De acuerdo con esta doctrina, las deudas contraídas por regímenes "odiosos" no deberían ser exigibles, puesto que el acreedor debería haber sabido que ellas no fueron contraídas con el consentimiento de la ciudadanía, y tampoco para su beneficio. Según lo expresa Sack: "Estas deudas no obligan a la nación; son deudas de un régimen, deudas personales contraídas por el gobernante, y, en consecuencia, desaparecen al desaparecer el régimen".
La idea de la odiosidad de la deuda fue revivida en un importante artículo de 2006 escrito por Seema Jayachandran y Michael Kremer, como también en un informe de 2010 emitido por el Center for Global Development (CGD), que proponen que las sanciones económicas incluyan un mecanismo dirigido a evitar la acumulación de deudas odiosas. Dicho mecanismo consistiría en una declaración de que la deuda emitida por un gobierno en particular debe ser considerada odiosa. En efecto, esto es lo que acaba de hacer el gobierno de Trump.
Una declaración como esta reduce el flujo de fondos a regímenes odiosos debido al riesgo de que gobiernos posteriores desconozcan las deudas de sus antecesores sin incurrir en costos judiciales ni de reputación (ya que los tribunales de justicia de los países participantes no exigirán el cumplimiento de contratos de deuda).
El informe del CGD propone que un régimen debe ser considerado odioso si viola los derechos humanos de la ciudadanía, emplea fuerza militar, comete fraude electoral, y gestiona mal o malversa fondos públicos.
Es indudable que el régimen venezolano ha perpetrado todos estos actos, lo que lo convierte en el ejemplo modelo de la odiosidad. Pero no los perpetró todos al mismo tiempo: el saqueo de la riqueza de Venezuela, la descarada violación de los derechos humanos, y la inconstitucionalidad de sus decisiones no comenzaron con la elección de la nueva asamblea constituyente del 30 de julio de este año. Ha sido un proceso lento, que comenzó hace muchos años.
Por ejemplo, es difícil argüir que la destrucción de la industria petrolera de Venezuela, que ha perdido casi la mitad de su participación en el mercado mundial desde que el presidente Hugo Chávez asumiera el poder hace casi 20 años, se llevó a cabo para favorecer los intereses del pueblo venezolano. Y ello sucedió en medio del mayor y más largo auge del precio del petróleo de la historia, cuando el país poseía las reservas más grandes del mundo y Pdvsa se estaba endeudando a gran escala.
Es aún más difícil sostener que la deuda de la Pdvsa denominada en dólares era legítima cuando fue vendida en moneda local por debajo de los precios de mercado, a personas con conexiones políticas, quienes solían pedir prestados los bolívares necesarios de la noche a la mañana a bancos del sector público, solo para vender inmediatamente los bonos a Wall Street. Como lo documentó Alejandro Grisanti de Barclay's en 2008, los beneficiarios se hicieron con una ganancia instantánea en dólares igual a 20%-30% del valor nominal de la deuda.
Ninguna de estas consideraciones impidieron que el régimen venezolano se endeudara, incluso a la absurda tasa de 50%, como sucedió en junio con la compra los "bonos del hambre" por parte de Goldman Sachs. Tampoco lograron evitar que instituciones como JP Morgan incluyeran bonos venezolanos en su índice de bonos de mercados emergentes y adquirieran más de 1.000 millones de dólares en estos bonos en los fondos mutuales y cotizados en bolsa que ofrecen al público como instrumentos de inversión.
Debido a esto proponemos que se adopte un sistema de calificación de odiosidad, parecido a las calificaciones crediticias. Si bien estas últimas se enfocan en la capacidad y disposición de un prestatario a repagar, la clasificación de odiosidad proporcionaría una estimación de la probabilidad de que un tribunal decida que la deuda desaparece junto con el régimen. La escala sería continua, yendo desde, por decir, O (dictaduras represivas odiosas) hasta B (democracias bien dirigidas y en pleno funcionamiento). Existirían niveles intermedios: dictaduras que promueven el desarrollo económico y así benefician a la población (por ejemplo, Corea del Sur en los años 1970) y democracias defectuosas que se caracterizan por un manejo económico malo y corrupto (por ejemplo, Argentina bajo Cristina Kirchner).
Las clasificaciones de odiosidad podrían integrarse al derecho internacional indicativo, a ser empleado por los tribunales al hacer cumplir contratos de deuda, y podrían usarse para determinar qué bonos se incluyen en el cálculo de los índices de mercados emergentes. El mismo país podría tener bonos que, al ser emitidos en distintos momentos, tendrían distintas calificaciones de odiosidad y de probabilidades de que se hagan cumplir. Puesto que una calificación de mayor odiosidad limita el apetito de los inversores por esos bonos, los descensos de calificación limitarían la acumulación de deuda irresponsable y los desastres económicos provocados por regímenes como el de Venezuela –y posiblemente acelerarían su desaparición–.
Todavía quedan muchas interrogantes. ¿Quién debería emitir la calificación? ¿Qué metodología debería usarse? ¿Cómo se puede proteger al calificador de presiones políticas? Todas estas preguntas se pueden contestar. El mejor modo de hacerlo es iniciando la discusión.

*En colaboración con Ugo Panizza, profesor de Economía del Graduate Institute, Ginebra. 

Copyright: Project Syndicate, 2017.

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China asoma su inversión en 800 pozos de la Faja Petrolífera del Orinoco

31 de Agosto, 2017
ND

La inversión china en Venezuela podría crecer exponencialmente al firmarse un convenio que se habría discutido este miércoles, donde la explotación de crudo por parte de los asiáticos se expandiría en los campos petroleros de la nación, así lo reseñó Pdvsa en una nota de prensa.
La Comisión Mixta China-Venezuela se habría sentado a negociar un nuevo aporte en el campo petrolero nacional a través de PetroSinovensa (empresa mixta) con la reactivación de 800 pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco a manos exclusivas del gigante oriental.
El vicepresidente de Planificación y director externo de Pdvsa, Ricardo Menéndez, explicó que se ha hecho una revisión en la cartera de más de 9 mil millones de dólares que tiene el Gobierno chino solo en inversiones petroleras en Venezuela, además de estar evaluando su participación en nuevos proyectos.
El ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, quien también estuvo en la mesa de negociación, informó que se habría hablando sobre un posible desarrollo de una refinería en territorio chino, proyecto que se haría junto a la petrolera Cncp, la cual también tuvo a su presidente, Ye Xiandeng, dentro del salón de reuniones de Pdvsa La Campiña.
Con este proyecto se abre “un espacio para nuestro crudo en el mercado asiático. Esto va unido a un esquema de comercialización muy agresivo que se ha estado desarrollando con una empresa conjunta con China que nos ofrece una ventaja de reducción de costos en el transporte del crudo”, aseguró Del Pino.
Por su parte, el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, reafirmó la importancia que tienen estos acuerdos con China para Venezuela. A su juicio no solo se trata de cuantificar ganancias económicas, “sino que además crecemos en el campo tecnológico. El aporte de estas compañías chinas en el país se ve reflejado en el alto nivel de tecnificación que vienen adquiriendo nuestros trabajadores. Es en gran medida una inversión invalorable a futuro en términos de potencial humano”, sostuvo.
Es importante recordar que el gobierno chino se hará cargo de recomprar los bonos Pdvsa 2017 a vencerse en octubre y noviembre por un monto no menor a los 3.500 millones de dólares. Esto tras las sanciones económicas por parte de los EEUU.
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Estalinismo en Venezuela

EL PAIS EDITORIAL
 
En lo que representa una nueva vuelta de tuerca en el proceso de asfixia de las libertades de los venezolanos, la Asamblea Constituyente —un órgano ilegal e ilegítimo— ha decidido abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los líderes de la oposición y otros disidentes.
El decreto de la Constituyente rezuma estanilismo tanto en su lenguaje —idéntico al empleado en los juicios de Moscú, las purgas en la China maoísta o en regímenes como el norcoreano— como en la extraña unanimidad de sus 545 miembros —inverosímil en una institución que dice representar a todo el pueblo venezolano—.
A todos los demócratas, especialmente en América Latina y en Europa, debe preocuparles sobremanera que el régimen chavista, después de haber despojado de poderes a la Asamblea Nacional —único órgano democrático que queda en el país—, dé ahora el paso de criminalizar a sus miembros y juzgarlos como “enemigos del pueblo”. Sin duda que estamos ante el preludio de una disolución de la Asamblea —imprescindible para que el Gobierno pueda hacerse con el control legislativo, financiero y presupuestario del país—, así como de la detención y encarcelamiento de la oposición.
Prueba de su verdadera naturaleza como instrumento represor, la Constituyente, elegida en teoría para elaborar una nueva Constitución, no ha discutido ni un solo artículo de ese futuro texto. Tampoco se ha preocupado por las libertades de los venezolanos, algo especialmente relevante tras hacerse públicas las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que atribuye a las fuerzas de seguridad la responsabilidad directa de al menos 46 de los 124 muertos en las protestas habidas entre abril y julio de este año, además de desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios.
La comunidad internacional debe actuar con toda urgencia y firmeza contra los responsables de este régimen criminal e impedir sus pretensiones totalitarias.

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Mate a la democracia

 ANTONIO ELORZA

EL PAIS
 
El buen papa Francisco ha traído un soplo de humanidad al Vaticano, en la ya lejana estela de Juan XXIII, pero su despliegue de buenas intenciones no se ha visto acompañado con frecuencia ni por el rigor teológico —ahí están su ceguera voluntaria ante el autoritarismo del De servo arbitrio, de Lutero, y ante las diferencias entre la yihad y el proselitismo cristiano—, ni por un compromiso abierto en defensa de la democracia frente a tiranías como la de Raúl Castro en Cuba o la de Nicolás Maduro, en Venezuela. Acompañado en su aproximación a la segunda por el siempre confuso José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a recomendar “diálogo” en un momento en que ese intento mediador implicaba desmovilización de los opositores democráticos, lejos aún del grado de violencia actual. Si entonces Francisco se pronunció, ¿por qué no lo hace ahora ?
Sería deseable esa rectificación, ya que la línea política de Maduro, una vez desmantelado el referéndum revocatorio, no ofrecía dudas, y lógicamente ha ido a parar al autogolpe de Estado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a una mortífera represión en la calle y al encarcelamiento de los líderes opositores. Puerta abierta al terror de ambos signos. Al hablar de la ANC suele olvidarse que no estamos solo ante el propósito fraudulento de eliminar la democrática Asamblea Nacional, ganada en las urnas por la oposición, sino de crear un organismo controlado totalmente por el Gobierno. La máscara de una dictadura, catastrófica en lo económico y zafiamente represiva en lo político.
El asunto nos toca de cerca, ya que el chavismo, vía Podemos, forma parte de nuestro paisaje político, y no solo como pieza arqueológica que remite al pasado de sus líderes, sino como base de un proyecto de acción y de control del poder político. Las circunstancias no favorecen ahora un apoyo abierto, pero desde que evitaron formular toda condena al asalto fascista sufrido por la Asamblea opositora, quedó claro que su papel consistía en bloquear la unidad democrática contra Maduro y en servirse de su prensa y de los exabruptos de un fundador exaltado para mantener el cordón umbilical con un sistema político cuya lógica de acción heredan.
Recordemos que el singular banco de pruebas fue la conquista y ejercicio del poder en un espacio universitario. El papel de la violencia fundacional correspondió aquí al famoso boicot a Rosa Díez, ejecutado por una minoría activa, dirigida por los futuros líderes de Podemos, con la pasividad cómplice de la autoridad académica. Aparentemente fue solo un episodio. En realidad, este mostró quien tenía las riendas del poder, mantenido en lo sucesivo mediante el control de los procesos electorales, el juego del palo y la zanahoria, y la anulación de todo discrepante. Un pequeño régimen, donde quedó fuera la dimensión científica.
Porque esta fue la regla de juego establecida por el presidencialismo dictatorial, forjado por Chávez y ahora culminado con Maduro. Las formas de la democracia representativa permanecieron inicialmente, confiando en que como sucedió hasta 2015 el control de los medios, la demagogia populista, y sobre todo la permanente destrucción de imagen de los opositores, las subordinara a la voluntad del Líder. Los derechos individuales fueron manejados a voluntad. Cuando la manipulación falló, con las elecciones a la Asamblea, su supresión es técnicamente inevitable para la supervivencia del sistema. La máscara democrática desaparece.
En el pasado de la izquierda, hubo caídas de Damasco obligadas para acceder a la democracia, caso de la condena del PCE a la invasión soviética de Praga en 1968. “Hemos tenido que decir no”, se plantó entonces Pasionaria ante Brezhnev y Suslov. El comunismo democrático quería ser otra cosa. El silencio cómplice de Podemos es, en cambio, signo inequívoco de coincidencia de fondo con la bazofia seudoprogresista de Maduro.
Para aclarar más las cosas, ahí está la reciente intervención de Pablo Iglesias sobre la Revolución de 1917 ante su huésped boliviano. Con un ejercicio de cinismo e involuntaria transparencia, en abierta exaltación del “genio bolchevique” personificado por Lenin, Iglesias explica que “dotó a los de abajo de los mecanismos para la acción política”, venciendo a “los de arriba”. Así que para nuestro buen maniqueo “acción política” es “ insurrección”. Pero sobre todo, al triunfar esta, los bolcheviques “son capaces de producir orden”. Tiene razón Iglesias: el orden de las checas y del gulag, el terror. Todo un programa político a tener en cuenta.
 
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.
 
 

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miércoles, 30 de agosto de 2017

LAS IDEAS EN LA GUERRA

IBSEN MARTINEZ


Susan Sontag observa en su ensayo Ante el dolor de los demás: “En el centro de las esperanzas y de la sensibilidad ética modernas está la convicción de que la guerra, aunque inevitable, es una aberración. De que la paz, si bien inalcanzable, es la norma. Desde luego, no es así como se ha considerado la guerra a lo largo de la historia. La guerra ha sido la norma, y la paz, la excepción”.
En Colombia se ha firmado un acuerdo de paz que puso fin a casi siete décadas de atroz conflicto armado que dejó más de seis millones de víctimas y centenares de miles de muertos. Otra “cifra dura”, equiparable a la de las víctimas, es la opinión del 50,23% de los 12.779.402 ciudadanos consultados en el referéndum de 2016. Ellos dijeron “no” al acuerdo alcanzado por las FARC y el Gobierno colombiano.
El resultado del referéndum, favorable por un pelo al “no”, aunque carente de fuerza jurídica, invita a preguntarse si la mitad de los consultados está por la prolongación de la guerra. Tal como en Colombia alude a ellos la conversación pública, lo rechazado son los términos del acuerdo, y no la idea del retorno a la paz.
Tampoco ningún político colombiano y casi ningún columnista de prensa opuesto a los acuerdos se ha manifestado, que yo sepa, abiertamente partidario de que el Estado siga en pie de guerra hasta que no quede un fóquin guerrillero de las Farc sobre la tierra.”La paz, sí, pero no a cualquier precio” es el motivo común de sus alegatos y lo ha sido, también, y muy acusadamente, de la precampaña electoral.
Sin embargo, a otra mucha gente nos intriga la tibieza con que la sociedad colombiana, en su conjunto, ha recibido el advenimiento de lo que se anuncia como retorno a la norma que echa de menos la Sontag: la paz.
¿Qué idea se han hecho los colombianos de la paz y de las muchas cosas buenas, tangibles o no, que ella permitirá alcanzar, ahora que los funcionarios de la ONU, supervisores del desarme se han marchado, dejándonos su visto bueno?
Ahora que las FARC anuncian campanudamente, con un congreso ideológico y hasta spots publicitarios, su decisión de participar en unas elecciones ateniéndose a las reglas de lo que durante muchas décadas se fulminó como obscena farsa burguesa, ¿qué será del aplastante cúmulo de ideas en favor de la guerra revolucionaria que Colombia ha producido desde el siglo pasado? Si la paz ha llegado al fin, ¿importa conocer de esa ideas?
Tal es el tema de uno de los libros más originales, mejor averiguados y arbsorbentemente bien escritos que haya producido la vasta literatura colombiana sobre el conflicto armado.
Nadie que lea “Las ideas en la guerra” (Debate, 2015), del filósofo colombiano Jorge Giraldo Ramírez, podrá conformarse después con el relato periodístico al uso que reduce las Farc, y al medio centenar de organizaciones armadas que signaron para mal la vida de los colombianos durante más de medio siglo, a una inevitable consecuencia de la desigualdad social o de la asfixia política.
En un país prolífico en rudas crónicas de la guerra y en entusiastas alegatos en pro de la violencia que discurren con una mezcla de aquiescencia hacia los sofismas de los violentos e hipócrita consternación ante el sufrimiento de las víctimas, Giraldo recorre la ruta de las ideas equivocadas sobre los fines y los medios que hicieron de Colombia un infierno de muerte y de odios.
Me gustará mucho comentar ese aleccionador libro en mi próxima entrega, la semana que viene.
@ibsenmartinez

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LAS SANCIONES CONTRA EL REGIMEN

Trino Marquez

El régimen, como de costumbre, trata de distraer la atención diciendo que las sanciones acordadas por el gobierno norteamericano apuntan a agredir al pueblo venezolano. Esta mentira no soporta el menor análisis. Las medidas están concebidas para castigar los jerarcas del régimen y sus testaferros, únicos enriquecidos con los bonos y demás papeles  emitidos por el Estado venezolano. En ese lote entran los vendedores de armas, quienes tranzan negocios ficticios con las empresas de maletín denunciadas por Jorge Giordani hace algunos años y la amplia gama de delincuentes que han saqueado el Tesoro Nacional durante  casi dos décadas. Es esa la casta que se verá afectada por las drásticas medidas del señor Donald Trump y su secretario de Comercio, el implacable Wilbur Ross, y las que podría tomar la Unión Europea.
         Nicolás Maduro, e inexplicablemente otra gente de mayor nivel intelectual, compara esas sanciones con las que se adoptaron contra Fidel Castro y Cuba a comienzos de la Revolución Cubana. Nada que ver. En aquella época Castro y sus guerrilleros de Sierra Maestra disfrutaban de un prestigio mundial y nacional inigualable. Acababan de derrotar a Fulgencio Batista, dictador folclórico y corrupto, y se habían atrevido a retar a la primera potencia económica y militar del mundo, a apenas noventa millas de su territorio. La aureola de héroes de Castro y su ejército de seguidores                –respaldados por los misiles soviéticos- cautivaba a buena parte de un planeta necesitado de ídolos. Cuba era una pequeña isla rica ´-convertida en miserable por la leyenda negra de los comunistas, expertos en inventar fábulas en las cuales ellos son los redentores- donde por primera vez en la historia latinoamericana se había llevado a cabo una revolución marxista. Representaba el sueño de la izquierda continental y mundial en pleno auge de la Guerra Fría.
         La payasada en la que terminó el proceso liderado por Maduro y sus cómplices, no encarna ninguna esperanza. Al contrario, es vista como una pesadilla hasta  por sus socios del continente. Nadie puede entender cómo Venezuela, después del mayor ciclo de bonanza petrolera que se conoce en la historia, ha terminado devastada y endeudada. La nación que estaba colocada en la plataforma para despegar hacia el desarrollo, ha recalado en los brazos de los chinos y los rusos, a quienes se  le debe el porvenir. Pdvsa, de las empresas petroleras más eficientes de la Tierra, se encuentra en las ruinas. La infraestructura parece que hubiese sido bombardeada por potencias extranjeras. Cientos de obras han sido abandonadas o quedado inconclusas porque el gobierno carece de recursos financieros para finalizarlas. La producción industrial, agrícola y pecuaria, se desplomó.
         La catástrofe material de Venezuela la combina Maduro con el aniquilamiento de la democracia. Venezuela pasó de ser un modelo de libertad a convertirse en un país donde el grupo de amigos del gobierno reunido en la asamblea constituyente asumió poderes totales, borrando de un plumazo la Constitución del 99, único marco legal vigente. Ahora, con  ese poder arbitrario como telón de fondo, se amenaza a los diputados opositores con quitarles la inmunidad parlamentaria, se cierran medios de comunicación porque transmiten programas humorísticos que develan el caos en que vivimos, se plantea restringir el uso de internet, inventan patrañas como la fulana “traición a la patria” para mantener silenciados a los adversarios, se propone una “ley de comisión de la verdad” para imponer la verdad oficial y satanizar a los adversarios. Venezuela es una dictadura cada vez más centralista y caprichosa. El voto popular, universal, directo y secreto está en vías de extinción. La alternancia en el gobierno fue abolida, pues el madurismo impone la reelección eterna. Las fuerzas armadas fueron convertidas en el brazo represivo del régimen, perdiendo todo vínculo con la República democrática. Los espacios para el diálogo y la negociación entre los opositores y el gobierno fueron clausurados por la indoblegable prepotencia de los miembros del régimen. La política, en cuanto espacio para dirimir en paz los conflictos inevitables que surgen en toda sociedad, fueron clausurados.
         En este ambiente, pintado en sus rasgos más gruesos, es donde el gobierno norteamericano, la Unión Europea y diversos gobiernos y organismos latinoamericanos están contemplando aplicar medidas contra el régimen de Maduro. Esas decisiones no concitarán la solidaridad internacional que en el pasado remoto atrajeron las sanciones contra Cuba. Tampoco tendrán el mismo efecto interno, pues el gobierno no podrá convencer a nadie de que los problemas ligados a la inflación, la escasez de alimentos y medicinas, y el deterioro general de la calidad de vida se encuentran asociados con esas medidas. El descalabro surgió mucho antes de que adoptaran las medidas y, para colmo, en medio del auge petrolero. Ante el mundo y el país, el único responsable de la tragedia venezolana es el régimen tozudo e incorregible presidido por Maduro, que ha mantenido el esquema del socialismo del siglo XXI, a pesar del colapso desatado.
         Las sanciones le harán pagar muy caro a Maduro la alternativa represiva que asumió: abrogación de la Constitución y la Asamblea Nacional, destrucción del Estado de Derecho, violación de los derechos humanos, existencia de presos políticos, desprecio por las protestas populares y cierre de la ruta electoral. También elevará   el costo del apoyo que recibe de la cúpula militar, los miembros de la asamblea constituyente, el tribunal supremo de justicia y  las demás instituciones del Estado. Esos señores tendrán que evaluar muy bien si continúan siendo el soporte de una especie decidida a dejar la nación en escombros o si giran para convertirse en vectores apuntando hacia el retorno de la democracia. La comunidad internacional comenzó a jugar duro contra un régimen que no hace pausa, ni da tregua. Así se defiende la democracia en el mundo globalizado.
         @trinomarquezc




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EL ALIADO DE MADURO

JOSE BUCETE
 
POLITIKA UCAB
 
En mi último artículo escribí sobre los diversos argumentos que existen (todos absolutamente válidos) para aquellos que dudan de votar y para aquellos que aseguran que lo harán.
Es entendible que existan miedos, temores, angustias y desconfianza; sin duda alguna el aparato del régimen funciona muy bien y logra imponer matrices de opinión a su conveniencia. Sin embargo, analicemos cuáles son las conveniencias de ambos bandos.
El Gobierno nacional necesita de forma urgente la realización de una elección que cuente con dos elementos fundamentales: legitimidad y participación del sector opositor. A pesar de que vimos como el Gobierno nacional logró imponer su pseudo constituyente, el costo para ellos ha sido elevadísimo, tanto así que no ha podido eliminar por completo a la Asamblea Nacional. Los 14 millones de personas que participaron para elegir la actual, vigente y legítima Asamblea Nacional de nuestro país le han dado esa condición de legitimidad que tuvo esa elección, y a su vez fue investida con legalidad. Recordemos también que en esa elección participó el sector opositor del país, que logró la mayoría de las curules.
Mientras vemos esto, tenemos por el otro lado a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa con un número de votos de los que aún se duda de su veracidad. Por un lado, la empresa Smartmatic niega que los votos anunciados sean los que las máquinas han arrojado, y por el otro, tienen que repetir las elecciones en dos estados (Táchira y Mérida). No participó el sector opositor del país y su convocatoria ha sido catalogada como espuria e ilegal por la Fiscal General de la República y por un par de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Súmele a eso que diputados a la AN que fueron electos por el Gran Polo Patriótico y por PSUV han denunciado la ilegalidad de la Constituyente. Y si quiere un agravante más, las diferencias internas del madurismo se profundizan cuando entre aspirantes se dan cuenta que han sido vulgarmente robados entre ellos mismos. Estos elementos perturbadores que giran en torno a la constituyente madurista han generado un gran peso político al régimen.
Pero aún así, ¿por qué el Gobierno sabiendo que pierda las elecciones las convoca? Lo primero a resaltar es que fue la ANC la que dijo que hay elecciones. De hecho, jugaron a adelantar la fecha de la escogencia de los gobernadores, sin embargo aún el CNE no ha ratificado la convocatoria. Por otra parte, la ANC se convirtió en la “institución” con mayor rechazo nacional –sobre todo internacional– de los últimos 50 años de república. Esa jugada de la ANC llevó a los límites de la ilegitimidad al Gobierno y, en consecuencia, a buscar instituciones, constitucionales y legales, como son los gobernadores de los estado. Además, la fecha de estos comicios estaba vencida.
Mientras todo esto ocurre, el sector opositor decidió participar en las elecciones que se han convocado. Correcto o incorrecto asistir, hay una infinita cantidad de argumentos, pero el costo de no hacerlo sería altísimo.
Sun Tzu, en el libro “El Arte de la Guerra” decía: “Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla”. Esa teoría es bien aplicada por el Gobierno para someter a sus contrincantes y por ello disparan con fuerza matrices de opinión contra la MUD. Muchos de los seguidores de la MUD han reclamado que este órgano de encuentro de partidos políticos opositores haya decidido participar en las elecciones, haciendo suyos argumentos que el mismo Nicolás Maduro, en sus apariciones televisivas, ha dicho. Se critica, por ejemplo, que al inscribir candidatos la oposición reconoce a la ANC y al CNE; que la oposición reconoce que hay democracia porque participa en elecciones; que la oposición es incoherente y negoció con el Gobierno.
Foto: Medios 24.
Nada más alejado de la realidad, y por estar alejado de la realidad es que el Gobierno siembra esas teorías para intensificar la abstención. Todos los estudios de opinión vaticinan la mayor derrota electoral en la historia del PSUV; anuncian igualmente el mayor rechazo contra un Presidente en los últimos años, pero reflejan que, sumando a todos los líderes del madurismo, juntos no le ganarían a un líder de la oposición unida. Esto no es nuevo. ¿Por qué razón el Gobierno suspendió el revocatorio? ¿Por qué aplazaron las elecciones regionales y ahora parece que por el mismo camino van las municipales? ¿Por qué el Gobierno le huye a contarse con la oposición? ¿Por qué están suspendidas hasta las elecciones de los consejos comunales? Y si se piensa que la oposición es incoherente por haber logrado que el Gobierno realizara estas elecciones regionales –su único acto constitucional en mucho tiempo– entonces no se ha entendido que parte de la lucha es volver al país al cauce constitucional. Si se cree que la oposición negoció con el Gobierno las elecciones regionales a cambio de paz en la calle, no se han dado cuenta que luego del anuncio de la MUD de participar en elecciones, ésta ha convocado por más de ocho veces a actividades de calle. Es a la oposición a la que le han destituido los alcaldes y perseguido dirigentes políticos y estudiantiles.
Decía el dramaturgo Robert Ludlum: “Las estrategias se modificaban a medida que cambiaban las condiciones”, y hoy las condiciones dan para seguir resistiendo y salir a votar para arrancarle poder al régimen.
La MUD es un cuerpo democrático por naturaleza, imagine usted cómo hace esa gran coalición de partidos para ponerse de acuerdo y ejecutar en bloque una estrategia, es por ello que la MUD no puede desestimar el camino del sufragio. Además, ha sido mediante el ejercicio del voto como se han conquistado espacios de poder para poner en el rincón al régimen y se ha logrado su deslegitimación. El mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Hoy el mayor aliado del régimen madurista es la abstención y de ella se va a nutrir para ganar las gobernaciones y buscar cerrar las puertas y ventanas de todo lo que en estos cuatro meses hemos logrado. Se es y se demuestra ser mayoría si se participa y se arrolla al adversario con un gran aluvión de votos.
Cito nuevamente a Sun Tzu para hacer hincapié en que el régimen tiene una gran debilidad y es ser minoría: “Hay que comparar cuidadosamente el ejército opositor con el propio para saber dónde la fuerza es superabundante y dónde deficiente”. Si tenemos eso bien identificado, no se debe permitir que su debilidad se convierta en fortaleza por la inacción del otro.
Termino con esta frase del escritor y abogado francés Savielly Tartakower: “La táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. La estrategia, en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer.”
Que Dios bendiga a Venezuela.

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SANCIONES, EXTRATERRITORIALIDAD Y EL PERFECTO IDIOTA LATINOAMERICANO 
                                 


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EMILIO NOUEL V.

Sobre las sanciones financieras trumpianas a la tiranía de Venezuela, no al pueblo venezolano, mucho se ha hablado estos días que corren. 
Erróneamente, las califican de extraterritoriales los socios del gobierno que conforman esa junta de beneficencia que llaman ALBA, y uno que algo del tema conoce, no ve tal carácter por ningún lado.
Resalta sobre todo la reacción del gobierno, plagada de embustes y distorsiones, y con el único propósito de atribuir a las muy recientes medidas, la crisis económica y humanitaria que vivimos, cuando es obvio que su causante casi exclusivo, después de 18 años, es él.
Algunos afirman que a pesar de estar dirigidas al gobierno, de todos modos afectaran al país como un todo, es decir, a su gente en general, y en cierta medida tienen razón. Es imposible separar las repercusiones que tendrán  en un país que depende de los ingresos externos de su industria petrolera, en alrededor de un 96%. Lo que le suceda a PDVSA, tarde o temprano nos impacta a todos los venezolanos. Ojala salgamos de esta calamidad antes de que los efectos negativos puedan prolongarse mucho.   
Con las medidas se busca cerrar un cerco financiero, que, por lo demás, ya el gobierno lo había provocado con su ejecutoria económica desastrosa. No ha sido culpa de terceros que hayamos perdido toda credibilidad y confianza en los campos político, económico y diplomático del mundo. A un gobierno incompetente y además inspirado en una ideología destructora, nadie le presta dinero y si lo hace exige garantías suficientes y cobra gravosos intereses. La causa de la debacle no es Trump, ni antes Obama, tal mentira es insostenible.
Es una evidencia que son muy pocas las fuentes de financiamiento que restan a la dictadura. No poder negociar instrumentos financieros en los mercados, particularmente, en el de EEUU, es un golpe noble. Voceros gubernamentales están acusando el leñazo y andan en su desesperación inventando fábulas para el consumo de una galería desinformada. 
A lo sumo, Rusia y quizás China, seguirán sosteniendo a la tiranía y sabemos por cuales razones geopolíticas y crematísticas. ¿Hasta cuándo? Quién sabe.
Sobre la extraterritorialidad de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, denunciada por los propagandistas del régimen venezolano, vale la pena decir aquí algo en especial, para recordarles su significado a los que utilizan el término de manera incorrecta y torcida.
Una normativa o ley tendría tal naturaleza cuando una vez sancionada por los organismos competentes de un país, ella tuviera vigencia o se pudiera aplicar en el territorio de otro, lo cual es algo impensable en el mundo de hoy.
Es como si en Colombia se aprobara un Código Penal que pudiera aplicarse en Venezuela, lo cual sería un exabrupto que iría contra el principio de soberanía en esta materia.
En el caso de las medidas que nos ocupan, el ámbito de aplicación es el territorio de EEUU, no es Venezuela ni ningún otro país. Son disposiciones legales emanadas de los órganos competentes estadounidense en uso de sus potestades soberanas. Nadie en su sano juicio podría ampararse o echar mano de tales normas en el territorio venezolano. Simplemente porque no podrían tener efecto extraterritorial, tal y como de forma equivocada lo han señalado la inefable que preside la espuria asamblea constituyente de Venezuela y sus secuaces clientes en el mundo, particularmente, los gorrones y sablistas de ALBA.
De modo pues, que señalarlas como medidas de efectos extraterritoriales es una falsedad, desde el punto de vista jurídico. Tal aseveración solo se explica por el interés retorcido de acusar a un gobierno extranjero de los grandes males que padecemos, recurso típico en la retórica indigesta de la izquierda, la misma del famoso ¨perfecto idiota latinoamericano¨ que ve la viga en el ojo ajeno -¡el Imperialismo!- y no en el propio.
Las sanciones, siempre indeseables y de consecuencias inciertas, buscan presionar a la tiranía para que se avenga a una salida negociada y pacífica de nuestra crisis. Sobre el gobierno chavista pesa toda la responsabilidad de que así sea. No quisiéramos que la otra alternativa, la más traumática, se imponga. 

Emilio Nouel V.

emilio.nouel@gmail.com

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martes, 29 de agosto de 2017

El partido militar: Importar para robar

CARLOS TABLANTE

Mala señal – una más – la del régimen de Maduro al designar como nuevo ministro de Alimentación a otro militar que, además, forma parte del equipo que llevó al país a una verdadera crisis humanitaria por falta de comida.
 
El general Luis Alberto Medina Ramírez, nombrado el jueves pasado, ha sido el tercer gran responsable del desastre de incapacidad y corrupción en que se convirtió la importación de alimentos desde Chávez hasta Maduro.
Después del ministro de la Defensa Vladimir Padrino (jefe de la Misión Gran Abastecimiento Seguro) y del dos veces ministro de Alimentación, el saliente Rodolfo Marco Torres, Medina Ramírez es la máxima autoridad de una decena de instituciones encargadas de traer y distribuir los alimentos subsidiados a dólar preferencial a través de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPALCA), que sustituyó a CASA.
Por si esto fuera poco, el nuevo ministro de Alimentación ha sido señalado de ser a la vez funcionario y contratista del Estado.
De acuerdo a investigaciones periodísticas bien fundamentadas, por lo menos dos empresas privadas en las que Medina Ramírez era/es directivo habrían contratado con Mercal, y sus socios serían los principales proveedores de atún del régimen, cuya importación con divisas preferenciales, han colocado a los productores nacionales al borde de la quiebra, como ellos mismos señalan.
A esto se suma la grave denuncia de Luisa Ortega Diaz señalando al propio Maduro como dueño final de una empresa que vende alimentos para el programa Clap a nombre de Alex Saab, uno de sus proveedores favoritos.
La corrupción en la importación de alimentos tiene entre sus protagonistas a varios militares que desde la era de Chávez controlan el sector. Uno de esos escandalosos casos es el del general Carlos Osorio, quien aún no ha respondido por qué sus cuñados recibieron casi 6 millones de dólares del cuestionado proveedor Naman Wakil cuando Osorio era ministro de Alimentación y responsable de CASA.
La Fiscalía también está en deuda ya que no ha dado respuesta a las denuncias presentadas en contra de Carlos Osorio, a diferencia de la Asamblea Nacional, que, luego de investigar el caso, emitió un voto de censura, al igual que contra Rodolfo Marco Torres y el Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, general Giuseppe Yoffreda Yorio, quien además, como presidente de la todopoderosa Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) monopoliza la importación nacional de bienes al controlar siete empresas públicas claves: Agropatria, Bariven, CASA, CVG, SUVINCA y VENXIMCA. Ésta última, también importa alimentos.
La corrupción es un delito grave contra los derechos humanos y más aún si atenta contra uno fundamental como lo es el derecho a una alimentación digna. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Se hará justicia.
 

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Decir (toda) la verdad
 
      editorial
 
POLITIKA UCAB
 
Informa la prensa que el diputado Henry Ramos Allup anunció que la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional desistió de designar a los rectores (paralelos) del Consejo Nacional Electoral, como varios voceros de la coalición habían ofrecido. La nota indica que el expresidente del Parlamento señaló que “buscan evitar que se repita el episodio que se vivió con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”.
De los 33 magistrados que la AN designó, en un acto en la plaza Alfredo Sadel el 21 de julio pasado, el magistrado Ángel Zerpa está preso en el SEBIN, sufriendo un deterioro grave de su salud tras un mes en huelga de hambre, según denunciaron sus familiares. “De los otros 32 (magistrados), dos ‘fueron obligados a renunciar’; dos están en la clandestinidad; uno en una embajada no revelada; otro en Chile; tres en la embajada de Panamá en Caracas; uno en la embajada de México en Caracas; cinco en la embajada de Chile en Venezuela; seis en Colombia y diez en Estados Unidos, indicó el magistrado Miguel Ángel Martín, sin precisar información sobre el restante”, citó un cable de la agencia española EFE, el jueves 24, como parte de la reseña del encuentro sostenido por un grupo de estos juristas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en Washington.
Fueron 159 los venezolanos que se presentaron al Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional para optar por las 33 plazas. Es de suponer que los movió la convicción de que en el país se produciría un cambio que justificara semejante riesgo y sacrificio personal, dadas las condiciones reinantes ya para el momento: un Parlamento “en desacato”, violentado y asediado, una dirigencia acosada por las amenazas de cárcel y unos cuerpos de “seguridad” del Estado causando muertes y heridas graves a centenares de ciudadanos, todo ante la pasividad del Alto Mando Militar de la FANB, al que se le ha pedido hasta el hartazgo que haga valer su juramento constitucional.
La orden de los que detentan el poder no tardó en llegar y la Sala Constitucional del TSJ en ejercicio, mandó “ejecutar las acciones de coerción pertinentes”, “morales o físicas” con el apoyo de la “justicia militar” contra los magistrados designados por la Asamblea Nacional. De allí el descorazonador panorama mencionado en la OEA, que ha puesto la vida de 30 defensores de derechos humanos, docentes y académicos entre signos de interrogación. A esto se suma la huida del país de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer, ahora en situación de refugiados políticos en Colombia.
Ha pasado más de un mes desde el plebiscito del 16 de julio, y la tercera pregunta contenida en una consulta que movió a más de 7,5 millones de personas sigue siendo promesa: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?”. Esa oferta era incumplible dado el cuadro imperante para el momento de la consulta soberana y la ilusión creada con su posible materialización generó frustración y desconcierto, una vez comprobado que la ejemplarizante demostración de civismo y voluntad democrática de los venezolanos no hizo mella en el núcleo de poder asentado en Miraflores.
Ya desde mediados de 2016, el Ejecutivo Nacional suspendió, sin mediar orden judicial, el pago del sueldo de los diputados, luego vinieron las más de 50 sentencias del TSJ desconociendo sus facultades. La sede del Poder Legislativo sufrió cortes intermitentes de electricidad y agua, a lo que se sumó la suspensión del servicio de Internet en 2017. El presupuesto ordinario de gastos del Poder Legislativo fue amputado en 70% por el Gobierno que, además, presionó a aerolíneas privadas para que no vendieran boletos a los diputados. Las sesiones se redujeron a una vez a la semana para ahorrar los gastos en pernoctas y movilizaciones a los legisladores que vienen del interior del país. Lo más reciente fueron las agresiones amparadas, permitidas y perpetradas por la Guardia Nacional Bolivariana contra los diputados, al punto de decidir cuándo y quiénes entran al Palacio Federal. Esto, tras facilitar la entrada a una banda de criminales que propinó golpizas a parlamentarios y trabajadores el 5 de julio.
Más recientemente, la Constituyente se apropió por la fuerza de parte de los espacios del Palacio Federal Legislativo. La GNB, en vez de custodio de los verdaderos representantes del pueblo, como le manda la ley, es el cancerbero de los usurpadores de la soberanía popular. Aun así, muchísimas personas continúan demandando a los diputados que “destituyan”, “aprueben”, “sancionen” y les acusan, injustamente, de negarse a hacerlo, cuando sus deseos no se materializan. Y es que todas esas exigencias están muy lejos de lo posible, mientras el Gobierno mantenga el poder y haga uso de la fuerza criminal, como lo ha venido haciendo, lo que le ha ganado la condena de los organismos internacionales, gobiernos y parlamentos del mundo.
Entonces, queda claro que la lucha por la restitución de la democracia es desigual y muy cuesta arriba. El anuncio hecho por Ramos Allup de que la AN desistió (de la fantasía) de designar rectores (paralelos) del CNE es la aceptación pública de la realidad, y ojalá sea también el cese del discurso voluntarista: “El revocatorio sí va”, “Llegó la hora cero” o “la Constituyente no va”, fueron todos lemas estrellados contra la realidad.
Dijo en los espacios de PolitiKa UCAB días atrás el profesor Felix Seijas, que sus estudios demoscópicos le indican que la mayoría de los venezolanos están dispuesto a seguir a dirigentes que, aunque les digan que la lucha por la democratización del país es todavía larga y dura, les despejen la incertidumbre.
Las consignas cargadas de aspiraciones y valores éticos son, sin duda, ideas que deben dar significado a la lucha inacabada, pero si de algo deben tomar conciencia los dirigentes de la Unidad Democrática es de la urgencia de revisar su discurso y hablarle, no a un conglomerado infantilizado al que se le edulcora lo malo con frases hechas, sino a un país que está en el umbral de un punto de inflexión de difícil retorno. Es momento de decir toda la verdad.
 
@ElviaGomezR
25 de agosto de 2017

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Saint Bernard y los Caballeros Templarios
Bernard Horande
 
Hace pocos días, específicamente el 20 de Agosto, se cumplieron 864 años del fallecimiento de Saint Bernard de Clairvaux. A los efectos nuestros, San Bernardo de Clarabal.
Saint Bernard fue un monje francés que expandió por toda Europa la Orden del Císter. Esta promovía básicamente el ascetismo y el rigor litúrgico dando importancia al trabajo manual. En su época, esta Orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual y económico, así como en las artes y la espiritualidad.
Saint Bernard, canonizado en 1174 y declarado Doctor de la Iglesia por Pío VIII en 1830, representa la personalidad más notable de la Iglesia Católica durante el siglo XII, ejerciendo una gran influencia en la vida política y religiosa de Europa.
A los 23 años, ingresó como novicio en la Orden del Císter. Logró que le acompañaran cuatro hermanos, un tío y algunos amigos, quienes conformaban un grupo de alrededor de 30 personas. Previamente se había ocupado de probarlos durante seis meses, asegurando su lealtad y formando un grupo muy unido.
Su trabajo de convencimiento logró que incorporara hasta a su hermano Guido, quien estaba casado y tenía dos hijas. También entrarían en la Orden su padre y su hermano menor.​ Era un individuo con una capacidad de persuasión inmensa.
A lo largo de su vida fundó 68 monasterios distribuidos por toda Europa, incluyendo Alemania, Inglaterra y España, además de Francia.
Uno de los aspectos menos conocidos de Saint Bernard fue su relación con las órdenes militares. En dos libros de los años '50 que tengo sobre Saint Bernard, este aspecto es casi pasado por alto. ¿Por qué no es muy divulgada esta relación? ¿Quizá la Iglesia prefiera ser discreta para no mezclarse con el mundo militar? Todo es posible.
Lo cierto es que nuestro tocayo Bernardo tuvo una gran influencia en la creación y expansión de una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media: la Orden del Temple.
Sus miembros eran conocidos como los Caballeros Templarios. Fundada alrededor de 1118 por nueve caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, estuvo activa durante casi dos siglos.
Su objetivo original estaba orientado a proteger las vidas de los cristianos quienes, en su peregrinación a Jerusalén tras su conquista, eran atacados y robados en los caminos.  Los Caballeros Templarios decidieron dedicar sus vidas a la defensa de los peregrinos.
Como hombre de gran carácter, de una sapiencia y una independencia admiradas en muchas partes de Francia y en la propia Santa Sede, fue trascendente la ayuda que les proporcionó Saint Bernard.
Resulta que por sus parentescos y su cercanía con varios de aquellos nueve primeros caballeros, se esforzó sobremanera en darla a conocer por medio de sus altas influencias en Europa, sobre todo en la Corte Papal.
Bernardo era sobrino de André de Montbard, quinto gran maestre de la Orden, y primo por parte de madre de Hugo de Payens.
Saint Bernard aconsejó a los Caballeros Templarios una regla rígida, que los instara a aplicarse a ella en cuerpo y alma. En 1128, en el Concilio de Troyes, por solicitud de ellos, Bernardo se ocupó de redactar dicha regla y los estatutos que los regiría, quedando aprobados.
Luego ayudó de nuevo a Hugo de Payens en la redacción de una serie de cartas en las que se defendía a la Orden del Temple como el verdadero ideal de la caballería.
Así, los Caballeros Templarios lograron una autonomía formal y real, por lo que quedaban excluidos de la jurisdicción civil y eclesiástica. Sólo se sometían a la autoridad papal. Además, les otorgaron el poder de recaudar bienes y dinero de variadas formas.
Gracias a Saint Bernard, los Caballeros Templarios encontraron una manera adecuada de constituirse eficientemente a los efectos de lograr los objetivos que se habían trazado.
Si algo queda claro es que para los Caballeros Templarios nunca hubiera sido suficiente mostrar su inmenso coraje, valentía, voluntarismo o ganas, ni tampoco sus extraordinarios conocimientos y habilidades en la lucha cuerpo a cuerpo y en el arte del ataque y la defensa, si no hubieran dispuesto de unas reglas básicas que los organizaran, los unieran y los inspiraran.
En los tiempos que vivimos, quizá nos valga recordar algo de esto, cuando aquí se vuelva a hablar de Resistencia.

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lunes, 28 de agosto de 2017

COMUNICADO DE EXPRESION LIBRE

Gobierno apuesta por imponer apagón informativo

Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia rechazan de manera categórica el cierre definitivo de las emisoras de radio privadas 99.1 y 92.9, decisión asumida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la noche del viernes 25 de agosto de 2017, de manera arbitraria y sin previo aviso, bajo el argumento de que se les había terminado la concesión a ambas plantas radiofónicas.
Estas emisoras de radio se encontraban operando sin la debida renovación de la concesión por  una intencional dilación por parte de Conatel. En este momento cerca de 320 emisoras radiales se encuentran sin la concesión correspondiente porque al Gobierno Nacional, a través de Conatel, organismo que en los últimos cinco meses ha cerrado unas 42 estaciones de radio en todo el país sin justificación alguna, ha adoptado como política mantener suspendida las renovaciones de las concesiones a las radios privadas, especialmente las que tienen una política editorial independiente, para tratar de someterlas, buscando que no informen sobre los problemas que afectan al país, que generan acciones de protesta y críticas a la gestión de gobierno.

Esta política represiva contra las radios independientes también se está aplicando a televisoras nacionales y a los canales internacionales que se ven a través de las cableras, lo que ha afectado dramáticamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos de este país. Este oscuro panorama de la libertad de expresión en Venezuela se va a complicar, aún más,  con la propuesta de Ley contra el odio, la intolerancia y la violencia solicitada por Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que por su ilegalidad de origen no tiene la potestad para legislar pero, estando ya fuera de ley, el gobierno de Maduro buscará imponerla para dar la estocada definitiva y producir un apagón informativo en el país.

Es importante destacar que con el cierre de estas emisoras de radio no solo se afecta la libertad de expresión, sino que también se perjudica directamente a los trabajadores de esos medios de comunicación social y a las familias que dependen económicamente de ese sustento.

En tal sentido exhortamos al director de Conatel, Enrique Quintana, a que cumpla con la normativa de esa institución en cuanto a la revisión de las concesiones de las estaciones de radio y televisión que están vencidas como las que están por vencerse y ofrezca una decisión oportuna, para que de esa manera puedan cumplir con lo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones, asumiendo así  Conatel sus funciones como ente facilitador y no como censor y aniquilador de la libertad de expresión.

Caracas, 27 de agosto de 2017

Por Expresión Libre

Silvia Alegrett
Coordinadora General

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