EL ESPECTADOR, EDITORIAL
Una nueva provocación militar en la frontera esta semana, generada de manera irresponsable por el Gobierno de Venezuela, pudo haber terminado de forma indeseable. Gracias al prudente manejo diplomático que le dieron nuestra Cancillería y el Ministerio de Defensa, no se cayó en la trampa alentada por el presidente Nicolás Maduro. De otra manera se habría llegado a lo que buscaba Caracas, esto es, crear un innecesario problema binacional justo cuando en el marco de la OEA se analiza la activación de la Carta Democrática a Venezuela.
Este tipo de incidentes se han presentado en el pasado y se seguirán presentando hacia futuro. Mientras continúe la grave crisis que afronta desde hace varios años el país vecino, la cortina de humo de ambientar incidentes fronterizos será una constante. El paso de militares a territorio colombiano, la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea Venezolana, el hostigamiento a un avión de Avianca, el cierre de la frontera y, el más grave, la expulsión de miles de compatriotas, forman parte de un listado creciente de provocaciones.
Lo importante, como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, es mantener la cabeza fría y no permitir una indeseable confrontación. Eso, precisamente, es lo que se busca desde el Palacio de Miraflores. De hecho, no han demorado en aparecer aquí quienes prefieren tañer los tambores de guerra, en vez de contribuir a apaciguar los ánimos. En su deseo de golpear al Gobierno con lo que tengan a mano, actúan de manera irresponsable al exacerbar el sentimiento nacionalista y, de paso, hacerles el juego a los militaristas al otro lado de la frontera.
Este hecho sucede de manera simultánea, y no por mera coincidencia, con el debate que se está llevando a cabo en la OEA con respecto a la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la eventual suspensión de Venezuela de la Organización. Tal y como lo solicitó su secretario general, Luis Almagro, y como lo manifestamos en este espacio, es hora de que los estados miembros tomen medidas más radicales con respecto a las muy graves violaciones al Estado de Derecho, a la violación de los derechos humanos a los opositores al régimen, a garantizar la actividad democrática, representada en el libre ejercicio electoral tal y como lo dispone la Constitución de dicho país.
El jueves en la tarde, 14 países de la OEA, entre ellos Colombia, firmaron una fuerte Declaración en la que se refieren a una serie de aspectos esenciales que deben resolverse, en aras de lograr una salida constitucional a la coyuntura por la cual atraviesa el país. Entre otras cosas, solicitan de manera “urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas”.
Infortunadamente la Declaración no fue firmada por ninguno de los países del Caribe, ni por Ecuador, Bolivia, Nicaragua o El Salvador. De esta forma, queda clara una vez más la influencia del Alba y Petrocaribe, es decir, que la diplomacia petrolera aún le da réditos a Venezuela frente a muchos de estos países que reciben préstamos y petróleo a precios especiales. A la hora de las decisiones diplomáticas en los foros regionales, se pasa la cuenta de cobro representada en apoyos incondicionales. No en vano la canciller, Delcy Rodríguez, realizó un urgente viaje por varios países del Caribe en los últimos días para “reafirmar” dichos apoyos. Ahí está el resultado de sus gestiones.
Es de esperar que, ante la profundización de la crisis venezolana y una mayor presión por parte de la comunidad internacional y de los organismos como la OEA, el gobierno de Nicolás Maduro continúe con el peligroso juego de las provocaciones fronterizas. La respuesta no puede ser otra que la de no pisar las cascaritas de Maduro.
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