La decisión que viene de ser adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, declarando en desacato a la Asamblea Nacional de ese país, nada menos que al poder legislativo de Venezuela, al momento que también anuncia que asume a la vez las funciones de ese poder del Estado, es la negación misma, más que eso, es un golpe critico a los últimos vestigios de la democracia en esa nación latinoamericana.
La democracia es tal cuando existe una clara división de los poderes del Estado, lo que ya desde hace un tiempo considerable los ciudadanos de Venezuela venían observando como ésta se vulneraba, al tiempo que se iban restringiendo sus libertades y derechos, y profundizando las consecuencias de una grave crisis política, social, humanitaria, de seguridad humana y salud, que ha golpeado inexorablemente a los habitantes de ese país tras una gestión deficiente, autoritaria, centrada en ella misma, e indiferente al sufrimiento causado por sus acciones.
Cuando la opinión pública internacional ha estado conociendo de los esfuerzos de organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, para que prevalezcan en Venezuela un mínimo de referentes y de respeto a valores y principios que hoy se comparten, no solo por los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también a través del mundo, resulta hoy inaceptable para los demócratas de cualquier continente la concentración de poder que observamos en Venezuela, los abusos de las libertades y derechos de sus ciudadanos, la existencia de presos políticos y las carencias que golpean mortalmente a la población de esa nación todos los días.
La Internacional Socialista, frente a la gravedad de lo que hoy sucede en Venezuela, condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del TSJ, cuya composición en las postrimerías del mandato de la anterior Asamblea ya había sido gravemente cuestionada y se suma a la demanda de las fuerzas democráticas de Venezuela para que se reestablezca de inmediato la división de los poderes del Estado en ese país establecidos en su Constitución. Hace un llamamiento a que se ponga fin al desconocimiento, trabas e impedimentos para que la Asamblea Nacional, electa por todos los ciudadanos venezolanos, pueda reasumir de inmediato sus labores legislativas con además el pleno reconocimiento de las inmunidades parlamentarias de sus miembros; a la inmediata liberación de todos los presos políticos que permanecen ya por años en las cárceles del régimen, ya que también no hay democracia cuando existen presos políticos; y a la formulación urgente de un calendario electoral, porque es el pueblo quien elige a sus líderes en democracia a través de elecciones que deben ser justas y libres y celebradas regularmente.
La democracia es tal cuando existe una clara división de los poderes del Estado, lo que ya desde hace un tiempo considerable los ciudadanos de Venezuela venían observando como ésta se vulneraba, al tiempo que se iban restringiendo sus libertades y derechos, y profundizando las consecuencias de una grave crisis política, social, humanitaria, de seguridad humana y salud, que ha golpeado inexorablemente a los habitantes de ese país tras una gestión deficiente, autoritaria, centrada en ella misma, e indiferente al sufrimiento causado por sus acciones.
Cuando la opinión pública internacional ha estado conociendo de los esfuerzos de organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, para que prevalezcan en Venezuela un mínimo de referentes y de respeto a valores y principios que hoy se comparten, no solo por los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también a través del mundo, resulta hoy inaceptable para los demócratas de cualquier continente la concentración de poder que observamos en Venezuela, los abusos de las libertades y derechos de sus ciudadanos, la existencia de presos políticos y las carencias que golpean mortalmente a la población de esa nación todos los días.
La Internacional Socialista, frente a la gravedad de lo que hoy sucede en Venezuela, condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del TSJ, cuya composición en las postrimerías del mandato de la anterior Asamblea ya había sido gravemente cuestionada y se suma a la demanda de las fuerzas democráticas de Venezuela para que se reestablezca de inmediato la división de los poderes del Estado en ese país establecidos en su Constitución. Hace un llamamiento a que se ponga fin al desconocimiento, trabas e impedimentos para que la Asamblea Nacional, electa por todos los ciudadanos venezolanos, pueda reasumir de inmediato sus labores legislativas con además el pleno reconocimiento de las inmunidades parlamentarias de sus miembros; a la inmediata liberación de todos los presos políticos que permanecen ya por años en las cárceles del régimen, ya que también no hay democracia cuando existen presos políticos; y a la formulación urgente de un calendario electoral, porque es el pueblo quien elige a sus líderes en democracia a través de elecciones que deben ser justas y libres y celebradas regularmente.
Hoy, cuando en las últimas décadas, finalmente, ciudadanos a través de los diversos rincones del planeta, otrora sin voz ni voto, entregan y legitiman con su voluntad y con su ilusión sistemas políticos que permiten construir y preservar la democracia, nadie en ninguna parte, tampoco en Venezuela, puede pretender escapar, ocultar y huir de sus obligaciones y reclamar que el resto del mundo no tiene derecho a entregar su opinión.
El gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro tienen hoy una enorme responsabilidad y deben actuar hoy y no mañana.
30 de marzo del 2017
El gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro tienen hoy una enorme responsabilidad y deben actuar hoy y no mañana.
30 de marzo del 2017
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