LA CRISIS DEL SISTEMA ELECTORAL
CARLOS ROMERO MENDOZA
POLITIKA
Cuando la Asamblea Nacional declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del Presidente y luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del Presidente Nicolás Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la recolección de firmas para el 20% necesario para activar el referendo revocatorio y la omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en convocar oportunamente a las elecciones para gobernadores y legisladores estadales.
Durante el año 2016 la Asamblea Nacional ha aprobado cuatro Acuerdos institucionales a los fines de exhortar al Poder Electoral a convocar a las elecciones regionales y a respetar la Constitución en el proceso de solicitud del referendo revocatorio al mandato del Presidente Maduro.
Un primer Acuerdo fue público el 11 de agosto de 2016 y le siguió otro el 4 de octubre, en el cual la Asamblea Nacional recordó al CNE que por ser un actor clave en materia electoral era el principal responsable de la paz y de la estabilidad política del país y agregó, como alerta, que la paciencia del pueblo se estaba agotando.
Luego, el 15 de diciembre, denunció en otro Acuerdo la violación de los derechos políticos y expresamente declaró en crisis al sistema electoral venezolano. En ese Acuerdo la Asamblea Nacional también cuestionó la participación del Tribunal Supremo de Justicia en la designación de los dos rectores del CNE. Finalmente, una vez suspendido el referendo revocatorio, la Asamblea Nacional elevó su reclamo formal a través de otro Acuerdo aprobado con fecha 19 de enero de 2017.
En cada uno de los Acuerdos, la Asamblea exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo para que, en el uso de sus atribuciones constitucionales, velaran por el respeto a la constitución y al ejercicio efectivo de la soberanía popular. Los llamados del Poder Legislativo al CNE a través de los diversos Acuerdos señalados previamente, no fueron atendidos ni por el Poder Ciudadano y menos aún por el Poder Electoral.
El contenido de esos Acuerdos que registran la realidad jurídica, política e institucional de estos tiempos. Tampoco lograron conectar con los electores, para convertirse en instrumento de debate, insumos para la narrativa política y menos aún fueron útiles como referencia para el encuentro entre distintos sectores del país en la búsqueda por conformar ese movimiento nacional en defensa de la democracia, del voto y de la constitución.
Era obvio que ante la ausencia de un respaldo efectivo, público y organizado de ese llamado “pueblo” o de esa llamada “calle” a los Acuerdos de la Asamblea Nacional, el CNE no tendría ningún problema en mantener como indefinida la situación del revocatorio y no le generaría ningún costo significativo el omitir la convocatoria a las elecciones regionales.
La prioridad del gobierno no es lo electoral y así lo hicieron saber el propio Presidente Maduro y otros actores del oficialismo en distintos momentos a lo largo del año 2016; por lo tanto, la omisión del CNE a convocar a las elecciones regionales está en sintonía con las prioridades del gobierno y ello pone en duda el cumplimiento del principio de imparcialidad y de despartidización a que está obligado constitucionalmente el CNE.
Las dudas se hacen mucho más fuertes cuando, desde el punto de vista constitucional y legal, no hay impedimento alguno para que el CNE convoque a las elecciones vencidas de gobernadores y legisladores estadales. Un procedimiento administrativo como es el de la legalización de los partidos, que la dinámica lo ha convertido en una especie de evento electoral, no puede justificar la suspensión de los derechos políticos reconocidos en la Constitución.
La actuación del CNE valida la declaración que hizo la Asamblea Nacional al calificar en crisis al sistema electoral venezolano. En este sentido, es oportuno destacar que el estudio sobre la confianza en América Latina 1995-2015 de Latinobarómetro, destaca que Honduras, El Salvador y Venezuela son los 3 países con menos confianza en sus organismos electorales.
El modelo venezolano es calificado como muy negativo y al respecto señala que el Consejo Nacional Electoral está excesivamente partidizado y controlado por el Poder Ejecutivo. No tiene autonomía, ni independencia y no controla debidamente. Y que ello es por la fuerte tendencia autoritaria del gobierno[1].
Resulta oportuno destacar que 20 años atrás, el profesor José Enrique Molina, de la Universidad del Zulia, en un evento sobre el Rediseño de los Partidos Políticos, calificó la experiencia de Venezuela para aquél momento como una “fallida despartidización” del organismo electoral que era el Consejo Supremo Electoral (CSE)[2].
En esa oportunidad, en 1997, presentó los resultados de Latinobarómetro, alertando que era necesario revisar los problemas del sistema electoral, pues el 72% de los electores expresaban desconfianza con el proceso electoral. Otro estudio posterior, firmado por la también profesora de la Universidad del Zulia, Janet Hernández, destacaba que la sustitución del CSE por el CNE en el año 1997 y la actuación de aquél directorio en el proceso electoral de 1998, sumado a la campaña que le presentaba como un Consejo despartidizado y autónomo, permitió que un 63% de los electores expresaran confianza frente a un 37% de desconfianza en aquél organismo electoral que recién se había aprobado[3].
Pero, según un estudio de la profesora Hernández, a partir de la Constituyente y de las Megaelecciones del año 2000 nuevamente la desconfianza en el sistema electoral recupera espacio significativo entre la población venezolana.
El estudio de Percepciones sobre el Sistema Electoral Venezolano y Situación del País 2016, advierte que esa desconfianza en el CNE y en consecuencia en el Sistema Electoral sigue presente entre nuestros electores, en tal sentido destaca el estudio que el 60,1% de los venezolanos sienten muy poca o ninguna confianza en el actual Consejo Nacional Electoral[4].
A la fallida despartidización del organismo electoral se debe agregar entonces el fallido intento por consolidar al Poder Electoral como garante de los derechos políticos de los ciudadanos.
Pese a la declaración de crisis del sistema electoral, los partidos políticos asumieron el reto de legalizarse en los términos indicados por el CNE y por el Tribunal Supremo de Justicia, las razones para hacerlo son válidas, pero nuevamente, en esa decisión de los partidos de legalizarse, cuyas consecuencias las viviremos todos para bien o para mal, la voz del elector, que es el propio ciudadano no tuvo espacio alguno.
Eso sí, no hay duda alguna que el derecho político de los ciudadanos está suspendido hasta nuevo aviso, y que el CNE se convirtió para los partidos políticos en lo que es FUNDACOMUNAL para los Consejos Comunales.
[1]Infobae.com Los 10 países de América Latina con instituciones electorales más confiables. 22 de noviembre 2011. Online en: http://www.infobae.com/2015/
[2]Fundación Konrad Adenauer Venezuela. Transparencia Electoral. Rediseño de Partidos Políticos. P. 105-117. 1997
[3] HERNANDEZ, Janeth. Organización electoral y credibilidad: Caso Venezuela (1989-2005). Cuestiones Políticas, Maracaibo, v. 22, n. 37, dez. 2006 . Online en: http://www2.scielo.org.ve/
[4]Efecto Cocuyo. 62% de los evenezolanos quiere cambiar rectores del CNE. 14 de abril de 2016. Online en: http://efectococuyo.com/
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