CARLOS TABLANTE
Venezuela tiene hambre. Es imposible para el régimen tratar de ocultar algo que toda la población sufre. Las muertes de varios niños por desnutrición y el envenenamiento de menores y adultos por consumir yuca amarga, pusieron al descubierto la terrible situación que padecen las mayorías en todo el país.
Se siguen acumulando los dramáticos casos que denotan el grado de la tragedia que vive el pueblo venezolano. Esta semana, un humilde habitante de Santa Bárbara de Barinas murió mientras hacía cola para obtener el denominado Carnet de la Patria, sin el cual no podría cobrar su pensión ni comprar la denominada caja Clap. La semana pasada, una mujer amenazó con lanzarse desde la escultura de Alejandro Otero en plena Plaza Venezuela. Escogió el centro de la capital de la República para hacer oír su desesperado clamor por solucionar el hambre de su familia. En La Guaira, vecinos enardecidos del barrio Hugo Chávez protestaron durante horas frente a la residencia del gobernador por el alto costo de la caja Clap. García Carneiro se desentendió del problema y adujo que el Ministerio de Alimentación “solo enviaba productos caros a Vargas”. Los protestantes no se calmaron y planifican nuevas manifestaciones.
A un año de las Claps, la situación nutricional del venezolano es alarmante. Las propias encuestas oficiales ya no pueden seguir ocultando la crisis: El número de venezolanos que come tres veces al día disminuyó en 1 millón 500 mil en dos años, según el propio INE.
Hasta cuándo aguantará hambre el pueblo de Venezuela? Por dónde estallará la olla de presión? Cómo será el desenlace? Son preguntas que nos hacemos todos los días.
Luego del estrepitoso fracaso de Pdval, Abastos Bicentenario y Mercal, en julio de 2016 Maduro inventó la “Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro” bajo la responsabilidad total del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, cuyo objetivo, una vez más, era “controlar los sectores agroalimentario, farmacéutico e industrial”, al igual que lo hace con las ilimitadas cuotas de poder que administra la hegemonía militar, siendo una de las principales, el denominado Arco Minero.
Dijo Maduro en ese momento, “todos los ministerios, todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta al Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro bajo el mando del presidente de la República y bajo el mando del General en Jefe, Vladimir Padrino López”. Está claro entonces quiénes son los padres de este nuevo fiasco que está condenando al hambre a millones de venezolanos.
Los responsables de la terrible crisis humanitaria que sufre el país siguen en sus puestos importando los productos que deberían ser producidos en Venezuela, luego de haber destruido la industria agroalimentaria. Las empresas y fincas confiscadas y expropiadas bajo el control de la camarilla gubernamental, están quebradas y abandonadas. Un doloroso ejemplo de ello es Agroisleña en Cagua.
En nombre de los pobres, el modelo económico anacrónico del régimen liquidó el aparato productivo y, en vez de convertir la bonanza de los altos precios del petróleo de los últimos años en una palanca para la deseada diversificación de la economía y la superación de la dependencia rentista, estimuló el saqueo del país a través del negocio con el diferencial cambiario, como lo denunciamos en nuestros libros El Gran Saqueo y Estado Delincuente.
Para la élite corrupta que controla las compras internacionales del Estado, integrada por funcionarios civiles y sobre todo por militares con sus cómplices en el sector privado, es mucho más rentable importar a dólar preferencial que producir en Venezuela.
El macro fraude con las divisas que ha desangrado al país en los últimos catorce años, continúa hoy con la importación desde Panamá y México de los alimentos de las cajas CLAP. La corrupción se manifiesta a todo nivel: en la compra de los productos importados con dólares a diez bolívares, en el transporte y distribución y luego en la reventa.
Decenas de denuncias de los vecinos corroboran los sobreprecios y robos en las propias comunidades. Sin embargo, el mayor “negocio” está en la importación a dólares preferenciales. El país se pregunta cómo es posible que cuestionados proveedores del régimen como Alex Saab – el controversial contratista protegido de la senadora colombiana Piedad Córdoba – y Samark López Bello, éste último acusado por EEUU de lavar dinero del narcotráfico, sigan enriqueciéndose con el hambre de los venezolanos? Cómo se explica que ministros y ex ministros como los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio sigan al frente de instituciones que importan y distribuyen alimentos a pesar de estar siendo investigados por la Fiscalía General y luego de haber sido sancionados por no acudir a dar respuesta a las graves y fundamentadas denuncias que existen en su contra ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional?
El régimen de Maduro insiste en intervenir en todas las áreas económicas del país. Con la alimentación como en otros sectores, el fracaso es total. Pdval, mejor conocido como Pudreval, Abastos Bicentenario y Mercal formaron parte de las redes de corrupción que solo sirvieron para alimentar las cuentas bancarias en dólares de miembros de la élite que desgobierna Venezuela y sus familiares y testaferros.
El reto que tenemos por delante las fuerzas del cambio en la transición es impulsar una economía de progreso, solidaria, promotora de inversión privada con seguridad jurídica que genere empleo digno a los trabajadores y logre la exportación de productos con la marca Hecho en Venezuela.
@TablanteOficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario