HERNAN BONILLA
EL PAÍS DE URUGUAY
La vida en democracia es un logro de la civilización en tanto permite una forma de gobierno legítimo en la medida que se cumplan algunas condiciones como elecciones limpias, participación sin restricciones de personas y partidos, y libertad de expresión y de prensa, entre otras.
Sin embargo, estas condiciones formales no alcanzan para definir una democracia plena, y menos aún las condiciones básicas que aseguran la libertad de las personas. Recientemente el presidente Vázquez, verbigracia, manifestó que Venezuela es una democracia porque tiene tres poderes funcionando. Suponiendo que hablaba en serio, es claro que el avasallamiento del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo y del Judicial sometido al gobierno dista mucho del ideal de Montesquieu.
Si le agregamos los presos políticos, la ausencia absoluta de libertad de prensa, las amenazas que sufren a diario políticos, periodistas y cualquiera que disguste al gobierno, es evidente que merece mucho más el calificativo de dictadura que de democracia. Aquí se cruza otro tema, que es la consabida hemiplejia moral de izquierda y derecha que se niega a considerar antidemocráticos a los gobiernos que le caen en gracia, cuando para cualquier persona que valore genuinamente la democracia y la libertad cualquier dictador violador contumaz de los más elementales derechos humanos resulta despreciable.
Hay otros aspectos más complejos en este tema, y tienen que ver con el propio funcionamiento de un sistema democrático, aún aquel en que rija la separación de poderes. Uno de ellos es el peligro del mayoritarismo, cuando la democracia es ilimitada y mayorías circunstanciales en el Parlamento pueden aprobar legislación que cercene derechos individuales o de las minorías. Este es un viejo debate aún no saldado. La democracia compatible con la libertad del ser humano es necesariamente limitada, en tanto no puede legislar contra los derechos naturales, para citar un ejemplo que ha estado en el tapete últimamente en nuestro país, el derecho de propiedad.
Un segundo aspecto, vinculado al anterior, es la diferencia entre Ley y legislación. No es lo mismo el consenso de normas bajo el que vive y se desarrolla una sociedad de origen más o menos espontáneo y consuetudinario, que aquella legislación que se aprueba en base a los deseos de moldear una sociedad.
Este es un tema crucial. Es sumamente peligroso para la libertad que un legislador inspirado en el modelo de sociedad que persigue pretenda aprobar nueva legislación con la intención de cambiar hábitos, normas morales y prácticas cuyo origen ignora y sentido desconoce. No me refiero, por cierto, a la legislación contra la discriminación u otra ampliamente compartible, sino a aquella inspirada en un sentido refundacional que pretende hacer tabla rasa con la sabiduría acumulada por la experiencia de generaciones. Detrás de este tema está la observación fundamental de Hume de que las normas morales no son consecuencia de nuestra razón y por lo tanto no pueden cambiarse discrecionalmente sin afectar aspectos de la vida en sociedad que no son discernibles por el aspirante a ingeniero social.
Un verdadero Estado de Derecho implica mucho más que votar cada cinco años y que exista una separación formal de poderes.
Si le agregamos los presos políticos, la ausencia absoluta de libertad de prensa, las amenazas que sufren a diario políticos, periodistas y cualquiera que disguste al gobierno, es evidente que merece mucho más el calificativo de dictadura que de democracia. Aquí se cruza otro tema, que es la consabida hemiplejia moral de izquierda y derecha que se niega a considerar antidemocráticos a los gobiernos que le caen en gracia, cuando para cualquier persona que valore genuinamente la democracia y la libertad cualquier dictador violador contumaz de los más elementales derechos humanos resulta despreciable.
Hay otros aspectos más complejos en este tema, y tienen que ver con el propio funcionamiento de un sistema democrático, aún aquel en que rija la separación de poderes. Uno de ellos es el peligro del mayoritarismo, cuando la democracia es ilimitada y mayorías circunstanciales en el Parlamento pueden aprobar legislación que cercene derechos individuales o de las minorías. Este es un viejo debate aún no saldado. La democracia compatible con la libertad del ser humano es necesariamente limitada, en tanto no puede legislar contra los derechos naturales, para citar un ejemplo que ha estado en el tapete últimamente en nuestro país, el derecho de propiedad.
Un segundo aspecto, vinculado al anterior, es la diferencia entre Ley y legislación. No es lo mismo el consenso de normas bajo el que vive y se desarrolla una sociedad de origen más o menos espontáneo y consuetudinario, que aquella legislación que se aprueba en base a los deseos de moldear una sociedad.
Este es un tema crucial. Es sumamente peligroso para la libertad que un legislador inspirado en el modelo de sociedad que persigue pretenda aprobar nueva legislación con la intención de cambiar hábitos, normas morales y prácticas cuyo origen ignora y sentido desconoce. No me refiero, por cierto, a la legislación contra la discriminación u otra ampliamente compartible, sino a aquella inspirada en un sentido refundacional que pretende hacer tabla rasa con la sabiduría acumulada por la experiencia de generaciones. Detrás de este tema está la observación fundamental de Hume de que las normas morales no son consecuencia de nuestra razón y por lo tanto no pueden cambiarse discrecionalmente sin afectar aspectos de la vida en sociedad que no son discernibles por el aspirante a ingeniero social.
Un verdadero Estado de Derecho implica mucho más que votar cada cinco años y que exista una separación formal de poderes.
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