EDGAR LOPEZ
EL NACIONAL
Se esperaba que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia dieran la estocada final para liquidar el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, fueron 5 jueces desconocidos por la mayoría del país los que fallaron en contra de la consulta popular. Se supone que son apenas algunos de los que tienen en sus manos las 8.000 acciones judiciales ejercidas hace 5 meses por el PSUV, por la presunta comisión de usurpación de identidad y falsa atestación, entre otros delitos.
El ex presidente de la Sala Electoral del TSJ, José Peña Solís, llama la atención sobre el modo de proceder: “Fue una actuación orquestada. Sentenciaron el mismo día, casi a la misma hora. Para más señas, fueron los dirigentes chavistas los que hablaron por los jueces. Esto no es una simple casualidad, sino un complot del régimen”, agregó el jurista.
Además de los cuestionamientos sobre la competencia de jueces penales para decidir en materia electoral, el ex magistrado recuerda que la mayoría de ellos son provisorios; es decir, fueron designados a dedo, no tienen estabilidad en sus cargos y son más vulnerables a presiones políticas. En Venezuela, 66% de los jueces tiene este perfil, reconoció el Estado venezolano ante la ONU el año pasado, pues desde 2005 no se realizan los concursos de oposición que establece la Constitución para obtener la titularidad del cargo de juez.
En esta oportunidad se usaron jueces municipales (entre ellos Norkys Bolívar), que comenzaron a ejercer sus cargos a partir del 1° de enero de 2013, luego de una reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Para entonces Luisa Estella Morales era presidente del TSJ y al juramentarlos les advirtió: “Ustedes han sido escogidos, no al azar, sino con una misión, como un ejército”.
Los jueces municipales egresaron de la Universidad Bolivariana, obtuvieron sus títulos de abogados en cuatro años (no en cinco años, como en las otras universidades del país), cursaron una especialización de dos años en gestión judicial y recibieron un curso de formación inicial de seis días.
El también ex presidente de la Sala Electoral, Luis Martínez, califica de “despropósito” las sentencias dictadas por estos cinco jueces, así como la emitida por la Sala Electoral del TSJ para establecer que el revocatorio es imposible si no está apoyado por 20% del padrón electoral en cada estado. “No se puede anular la voluntad de la mayoría y, de hecho, el Consejo Nacional Electoral ya había convalidado la recolección del 1%. Eso equivale a truncar el ejercicio de un derecho constitucional”, agregó.
Martínez fue el ponente de la sentencia del TSJ que determinó irregularidades en la recolección de firmas para el revocatorio del presidente Hugo Chávez, en 2004. Sin embargo, aclaró que en aquella oportunidad el Poder Electoral no había dado el visto bueno que sí le dio a la recolección del 1%.
“El problema es que no se conoce con precisión el contenido de estas cinco sentencias. Esperemos que el CNE, que las acató rápidamente, sí las haya revisado antes de decidir que el revocatorio está suspendido hasta nuevo aviso. En todo caso, los que se oponen al revocatorio le consiguieron la vuelta legal al asunto”, agregó Martínez.
El politólogo y ex rector del CNE, Luis Salamanca, está convencido de que el uso de jueces genuflexos es parte de una trama más compleja: “El barniz legal ya no alcanza para cubrir actuaciones tan autoritarias. ¿A quién van a meter preso? ¿A Chúo Torrealba?, ¿a todos los dirigentes de la MUD? La responsabilidad penal es personalísima, por lo cual deben perseguir a los que habrían cometido fraude. Y, en todo caso, ello no sería suficiente para impedir el revocatorio”.
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