Julio Borges
EL PAÍS
¿Te lo perdiste? En pleno año 2016 ocurrió un golpe de Estado en América Latina. Sin emitir un solo disparo, Venezuela es ahora el único país en las Américas, además de Cuba, en eliminar el derecho constitucional a elecciones democráticas.
El 20 de octubre, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela suspendió un proceso popular que serviría para destituir al presidente Nicolás Maduro, bajo cuyo mandato los venezolanos están sufriendo la peor crisis económica y social de la historia del país. Frente a desmesuradas tasas de inflación, la rampante corrupción estatal y la inimaginable escasez de comida y medicinas, los venezolanos estaban preparándose para participar a finales de este mes, en la última fase de una campaña para activar un referéndum revocatorio. Ante esto, de repente, el régimen desconoció los resultados de un requisito previo que consistía en recoger el uno por ciento de las firmas de la población. La denuncia de fraude de este solo porcentaje de apoyo, para la cual no se presentó la más mínima evidencia, pareciera irrisoria si la situación no fuese tan seria —ocho de cada diez venezolanos está en contra del presidente Maduro. Precisamente por eso su régimen convocó el autogolpe.
Pero el presidente Maduro olvidó lo más importante: el cambio es indetenible. El Gobierno de Maduro buscó robarle al pueblo venezolano la oportunidad para exigir un cambio pacífico y democrático que se realizaría a través de las urnas, sin tomar en cuenta que en las últimas elecciones parlamentarias los venezolanos ya demostraron su gran rechazo a la actual administración. En diciembre, 14 millones de venezolanos salieron a votar y le concedieron a la alianza opositora una amplia mayoría en la Asamblea Nacional y con ella el compromiso de defender la separación de poderes y el Estado de derecho. Por lo tanto, las amenazas y acciones provenientes del Gobierno en aras de disolver la Asamblea Nacional o prohibirle a los partidos de oposición su libre ejercicio, no representan entonces ataques en contra de un cuerpo legislativo, al contrario, son embestidas que van en contra de la población venezolana.
Entonces, ¿cómo debemos los venezolanos responder ante una dictadura? Al robarnos nuestro derecho a la participación democrática y electoral, el régimen de Maduro está imprudentemente profundizando la crisis social e incitando un vuelco hacia el extremismo. El presidente Maduro espera que el pueblo cometa el error de utilizar la violencia como pretexto para seguir tomando medidas drásticas en su intento desesperado de aferrarse al poder. Por eso, después de anular el proceso del referéndum revocatorio, el régimen calificó a los convocantes del plebiscito como delincuentes, hizo un llamado público para su detención y prohibió su salida del país. Es esta la razón por la cual simpatizantes de la actual administración, entraron por la fuerza a la Asamblea Nacional para irrumpir en el debate democrático que se estaba llevando a cabo y amedrentar y hostigar a los venezolanos que ahí se encontraban trabajando por brindarle un mejor futuro al país.
Al robarnos nuestro derecho a la participación democrática y electoral, el régimen está profundizando la crisis social e incitando un vuelco hacia el extremismo
Ante la ruptura del orden constitucional y las provocaciones del régimen actual, la alianza de partidos de la oposición está más comprometida que nunca en ofrecerles a los venezolanos una alternativa pacífica y democrática para que puedan elegir el mejor camino para el futuro de su país. Sin embargo, adoptar la ruta de la resistencia no violenta no significa que nos someteremos a un Gobierno ilegítimo. Juan German Roscio, uno de los héroes civiles de la independencia de Venezuela, decía que frente al abandono de la Constitución “tenemos el deber y el derecho a la rebelión”. Con la misma tradición de libertad, declaramos la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la flagrante indiferencia del presidente Maduro hacia los derechos de la ciudadanía.
En este marco, la Asamblea Nacional está preparando el terreno para un juicio legal y político del presidente. Además, ha creado una hoja de ruta para restituir el orden constitucional en Venezuela, incluyendo el nombramiento de nuevos miembros al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, los cuales actúan como instituciones títeres del régimen de Maduro. La Asamblea Nacional también ha solicitado a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia. Asimismo, los responsables de la persecución política al pueblo venezolano también serán llevados ante la justicia en la Corte Penal Internacional.
Con la radicalización del Gobierno de Maduro, la alianza opositora también llamó a los venezolanos a convocar manifestaciones públicas, a llenar las calles y demandar su derecho a un referendo revocatorio. Ante esto, las Fuerzas Armadas tienen el ineludible deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política, y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos.
Los venezolanos hemos elegido el camino del voto, de la democracia y de la Constitución, mientras que el presidente Maduro ha elegido el de la violencia y el golpe de Estado. Los venezolanos ejerceremos y haremos valer nuestros derechos. Con la rebelión pacífica, el deseo y la elección de los venezolanos, cambiaremos la historia de nuestro país.
Julio Borges es el líder de la fraccion mayoritaria de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador nacional de Primero Justicia, principal partido de oposición de Venezuela.
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